¿Tarjeta sanitaria para todos/as?
Isabel Cervera*. LQSomos. Julio 2015
La nueva consellera de Sanidad del País Valenciano, Carmen Montón hacía público hace unos días el acceso a la cobertura sanitaria para los ciudadanos extranjeros en situación irregular “en las mismas condiciones que el resto de usuarios/as de la red pública Valenciana”.
Urge en mi opinión una nota aclaratoria y a ser posible reconductora: el apartado 3 del artículo 3 del decreto 126 /1999 de creación del SIP para todos los ciudadanos dice: “La tarjeta sanitaria se entregará a todos los ciudadanos incluidos en el SIP”, así como el apartado 2: “el SIP será de aplicación a todos los ciudadanos que tengan o adquieran, vecindad administrativa en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana”. Esto es, no dispone condición alguna ni de un tiempo mínimo de residencia , ni del tipo cartera (que se subdivide en básica, accesoria y complementaria a partir de la entrada en vigor del RD 16/2012 ); y que cada comunidad Autónoma tiene competencias para asumir dentro de sus presupuestos la inclusión o no de ciertos servicios que se contemplarían en carteras “complementarias”: como el servicio de ambulancias no urgente, los fármacos de distribución ambulatoria para enfermos crónicos y generalmente con patologías graves o las prestaciones ortoprotésicas, también incluidas en esta cartera complementaria.
Por lo tanto aquellas que hemos ejercido la desobediencia a este apartheid sanitario y hemos podido comprobar los terribles dramas humanos que ha desencadenado este RD que no se queda solamente en una exigencia de pago, sino que su función ha sido también exclusora socialmente sirviendo como “chivato” de la situación administrativa “sin papeles” de personas migrantes que han visto su nombre publicado en el DOGV como deudoras y a partir de ese momento han quedado imposibilitadas para regularizar su situación en el país. Ante estos “daños colaterales” urge tambien la reversión de esos procedimientos administrativos.
Para quienes hemos vivido puntualmente con ellas y ellos esta exclusión no podemos por menos que ser rigurosas y exigir de la nueva administración este mismo rigor. En primer lugar, echamos en falta la publicación de este compromiso en el DOGV y que no quede como una simple instrucción que se transformará en norma cuando el proceso suele ser a la inversa (ya que podría ocurrir que la información de la situación administrativa de estas personas de nuevo se propagara a todas las administraciones con las consecuencias antes descritas ya que solo la normativa SIP recoge que: “El titular del órgano administrativo responsable del fichero (SIP) adoptará las medidas de gestión y organización que sean necesarias para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos”. Creemos imprescindible que las personas en situación irregular obtengan una tarjeta SIP como las del resto de ciudadanos/as sin condición alguna y ante todo no puede determinarse la exigencia de tres meses de acreditación de residencia, ya que la casuística entre estos colectivos es muy variable y en ocasiones imposible de cumplir y la falta de derecho de las personas con menos de tres meses de residencia acreditable resultaría discriminatoria. Necesitamos hacer de los/as inmigrantes y las personas sin recursos individuas de plenos derechos y para ello es necesaria la empatía y el concepto de justicia social de quienes gobiernan, por que no podemos aceptar de nuevo confundir la beneficencia con el derecho universal a la sanidad pública.
Este pasará a la historia como un RD criminal, por eso esperamos que tal y como se afirma se exija su derogación en el Consejo Interterritorial del día 29. Porque tambien el copago farmacéutico ha finiquitado y acortado muchas vidas de personas no migrantes que entre comer o que no les cortaran la luz y comprar la medicación optaban por lo primero. Tambien ha producido este decreto una auténtica precariedad de las coberturas necesarias para todas las personas subdividiéndola en las carteras que antes mencionaba y que trae como consecuencia el repago para determinadas pruebas diagnósticas, servicios y prestaciones.
Creo que no hay nada más lejano a la democracia que entender esta como una “oportunidad” cada cuatro años y dejar hacer a quienes gobiernan sin fiscalizar esa gestión desde las bases.
* Trabajadora de la sanidad pública
Más artículos de la autora
– País Valenciá-LQSomos
Esperemos que así sea… Un pequeño detalle, después de la fiesta de las victorias electorales y dado en clarísimo reformismo de los nuevos gobernantes, tienen un muy grave problema, el tema económico. Para proceder a transformar algunos aspectos sociales es necesario, por no decir básico, disponer de solvencia económica. ¿Seran capaces? O al final jugáremos, como siempre, a poner trabas, ahora no es el momento… No quiero ser profeta, pero siento poco aire de cambio, solo una manita de pintura.