Trabajadores migrantes indocumentados atrapados en el Magreb
Por Zahra Rahmouni*.
Una espiral de racismo contra negros
“Existe un plan criminal destinado a modificar la composición demográfica de Túnez para que este país termine considerándose africano y se elimine su carácter arábico-musulmán”. Estas palabras, pronunciadas por el presidente tunecino Kaïs Saïed en febrero, en el transcurso de una reunión del Consejo de Seguridad sobre la migración irregular en Túnez, causaron consternación. Volvían a poner sobre la mesa el tema del racismo que sufren los ciudadanos procedentes de países situados mayoritariamente al sur del Magreb que se encuentran en el territorio, ya sean estudiantes beneficiarios de un programa de becas, candidatos a la emigración a Europa o trabajadores sin papeles instalados en Túnez.
Aunque la región del Magreb sigue siendo una zona de tránsito para quienes aspiran a emigrar de África a Europa, los controles fronterizos efectuados por Túnez, Argelia y Marruecos obligan a los migrantes a permanecer más tiempo del deseado, a veces meses o incluso años.
En lo que respecta al empleo, estos países aplican el principio de preferencia nacional en la contratación. Los empleadores que intentan regularizar la situación de sus trabajadores procedentes de otros países africanos se ven obligados a realizar tediosos trámites para obtener un visado o un permiso de trabajo, aunque sea temporal.
Estos trabajadores migrantes indocumentados se encuentran, por tanto, en una situación de vulnerabilidad y de inseguridad jurídica, ya sea en términos de derecho laboral (son susceptibles de estar mal pagados o incluso explotados) o de acceso a la vivienda y a la sanidad o a los servicios de policía en caso de agresión.
n Argelia, ante la ausencia de datos oficiales, el fenómeno sigue siendo difícil de evaluar, pero las organizaciones de la sociedad civil calculan que podría haber 100.000 migrantes, en su mayoría provenientes del Sahel y del África Occidental francófona.
En las dos últimas décadas el país se ha convertido en un destino preferente tras la “reactivación económica” y los numerosos planes de construcción emprendidos por las autoridades para hacer frente a la crisis de la vivienda, señala Aomar Baghzouz, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tizi-Ouzou, en su estudio L’Algérie face aux questions migratoires et de mobilité (Argelia frente a las cuestiones migratorias y de movilidad), publicado en 2017. El país no practica la regularización sistemática, pero las autoridades hacen la vista gorda respecto al empleo de migrantes, señala.
Así pues, desde hace varios años, no es raro ver a estos trabajadores clandestinos en las obras de construcción de las grandes ciudades del norte y el sur de Argelia, que se transforman en precarios alojamientos temporales. Al igual que en Marruecos y Túnez, también trabajan en la hostelería, el servicio doméstico y la agricultura.
Acusados de robar el trabajo a la población local
En Túnez, algunas de las personas que han sido agredidas y desalojadas tras las declaraciones del presidente Kaïs Saïd acudieron a la policía para denunciar las agresiones, pero terminaron siendo detenidas.
En este país, el racismo contra los negros apunta a los no naciones, pero también a los tunecinos negros, “que representan entre el 10% y el 15% de la población”, explica Salsabil Chellali, directora de Human Rights Watch (HRW) Túnez. Las organizaciones de la sociedad civil, muy activas en el país, promovieron la adopción de una ley contra el racismo en 2018, pero varios años después, la Comisión Nacional de Lucha contra la Discriminación Racial, que debería supervisar su aplicación, sigue sin haberse creado.
En consecuencia, la ley no se está aplicando, lamenta la directora de HRW Túnez, que constata reticencias y un racismo latente en el seno de instituciones “como la policía o la justicia”. La aparición del Partido Nacionalista Tunecino (El Hizb el Qawmi el Tounsi, en árabe), reconocido por el Estado desde 2018, también tiende a alimentar el discurso racista que ya existía en las redes sociales. Sus miembros denuncian un proceso de colonización y un “plan para instalar a largo plazo a los subsaharianos en Túnez”.
Este “grupúsculo antisistema desarrolla la teoría del gran reemplazo y acusa a los subsaharianos de robar el trabajo a los tunecinos. También ataca a los trabajadores migrantes mediante actuaciones sobre el terreno en Túnez, manifestando que no se les debe contratar ni alojar”, explica Salsabil Chellali.
Sin embargo, las cifras oficiales revelan una presencia relativa. De los 5.500 permisos de trabajo concedidos anualmente por las autoridades tunecinas a extranjeros, solo entre el 4% y el 5% son para nacionales de países africanos, cifras muy inferiores a la de los de países europeos, árabes o asiáticos, según un informe de la ONG Terre d’Asile, publicado en 2020 y dedicado al acceso al trabajo de los extranjeros en Túnez.
El país, que cuenta con una población de 12 millones de habitantes, registraba en 2021 “alrededor de 59.000 extranjeros, de los cuales 21.000 eran de origen subsahariano, incluidos estudiantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Túnez”, señala Mahmoud Kaba, responsable del Programa de Migración y Asilo de EuroMed Rights Túnez.
Expulsiones sumarias
En Argelia, las autoridades han reconocido la importancia de estos trabajadores para determinados sectores de actividad. En 2017, Abdelmadjid Tebboune, por aquel entonces primer ministro y actualmente presidente, mencionó incluso la creación de un censo de migrantes para integrarlos en el mercado laboral, pero este anuncio no llegó a concretarse. Al contrario, los migrantes son regularmente objeto de expulsiones colectivas, en el marco de “redadas”, y de una “caracterización racial” de personas de piel negra, según han denunciado ONG tales como Amnistía Internacional.
Hay varios testimonios de trabajadores indocumentados detenidos en su lugar de trabajo y conducidos directamente a centros, a la espera de su expulsión en la frontera con Níger, sin que se tenga en cuenta su nacionalidad y sin que puedan siquiera recuperar sus efectos personales.
“Una vez en Argelia, trabajamos, no robamos. Los trabajos más duros de la obra los hacemos los migrantes. (…) Se llevaron mi teléfono, mi dinero, mis zapatos, me quedé sin nada”, contaba un trabajador maliense indocumentado expulsado a Níger en 2020, en un testimonio recogido por Alarm Phone Sahara, un proyecto de cooperación que documenta la situación de los migrantes en la zona del Sahel.
Según la organización, al menos 11.000 personas de diversos países africanos han sido expulsadas de forma sumaria de Argelia a Níger durante los tres primeros meses de 2023. Pese a los llamamientos de las organizaciones de la sociedad civil, al parecer la situación no cambia.
En diciembre de 2022, el sindicato de personal de la Administración pública, Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP-CGATA), señaló que “la ausencia de vías legales para la entrada de subsaharianos a los países del Magreb solo beneficia a las redes de traficantes y al crimen organizado, que amasan decenas de millones de euros al año gracias al tráfico ilegal de migrantes únicamente entre Níger y Argelia”.
La organización también solicitó la “regularización de los trabajadores migrantes en situación administrativa irregular que deseen residir y trabajar en Argelia” y “luchar contra todos los prejuicios y estereotipos a los que se ven sometidos los migrantes subsaharianos y sus familiares”.
En Túnez, la Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) reconoce la existencia de trabajadores no declarados en el país y, en 2018 estableció en varias ciudades “espacios migrantes” con el objetivo de informarles sobre la legislación laboral y los mecanismos existentes en caso de abusos, y ofrecerles asistencia en caso de conflictos con sus empleadores.
Entre estos trabajadores del sector de la economía informal hay estudiantes extranjeros que trabajan en paralelo a sus estudios universitarios, atraídos por las oportunidades educativas que ofrecen los centros educativos públicos y privados de Túnez. Sin embargo, las cifras están disminuyendo mucho debido al “clima de inseguridad y a los problemas administrativos que alargan los procedimientos de concesión de permisos de residencia”, señala Mahmoud Kaba, responsable del Programa de Migración y Asilo de EuroMed Rights Túnez.
Regularización a medias en Marruecos
Algunos de estos estudiantes deciden entonces marcharse a Marruecos, donde las cifras oficiales indican que algo más del 80% de los estudiantes extranjeros son africanos, principalmente de Gabón, Costa de Marfil y Senegal.
“Fue el primer país de la región en dotarse de una estrategia nacional de inmigración y asilo como solución a una serie de problemas, en particular la integración socioeconómica de las personas migrantes”, explica Youssra Boughdadi, coordinadora de Diálogo en EuroMed Rights Marruecos.
Esta política, adoptada en 2014, dio lugar a una campaña de regularización en varias tandas, que se tradujo oficialmente en la concesión de permisos de trabajo a cerca de 50.000 personas. Sin embargo, esta cifra es cuestionada por las organizaciones de la sociedad civil, que constatan una tregua en las políticas represivas contra los migrantes hasta 2018, momento en que volvió a imponerse la política de gestión de las fronteras.
Con la generalización del acceso a la cobertura social en 2022, “que abarca a jornaleros y trabajadores del sector de la economía informal [ya sean marroquíes o extranjeros sin papeles], el debate sobre el acceso a esta seguridad social, y, por tanto, a una serie de derechos para las personas en situación irregular, se ha reactivado”, prosigue Youssra Boughdadi.
“Todavía se está debatiendo, pero la situación económica no ayuda. En Marruecos hay una inflación del 11% y además está en alza la teoría del gran reemplazo en el mercado de trabajo”, explica.
En su opinión, el país se ha convertido en “un lugar para instalarse, pero no necesariamente por gusto”. “Cada vez es más difícil salir de Marruecos”, observa la coordinadora de Diálogo de Euromed Rights Marruecos, que recuerda que el acceso a Europa por las fronteras del norte (Ceuta, Melilla y Gibraltar) está completamente cerrado y que el paso por las Islas Canarias es demasiado peligroso.
Estas condiciones llevan a situaciones extremas, como la tragedia de Melilla que se produjo en junio de 2022, en la que murieron 23 migrantes (37 según las ONG) tras intentar atravesar a la fuerza el territorio marroquí en dirección al enclave español y ser violentamente reprimidos por las fuerzas del orden marroquíes.
* Este artículo ha sido traducido del francés por Guiomar Pérez-Rendón, en Equal Times
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