Tres años y ocho meses ante Exteriores por los presos políticos saharauis
Por Alfonso Lafarga*
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que intervenga ante las autoridades marroquíes por la libertad de los presos políticos saharauis, condenados en procesos injustos según Human Rights Watch y Amnistía Internacional. El Gobierno socialista, que proclama la defensa de los Derechos Humanos como una señal de identidad, guarda silencio sobre las vulneraciones que padece el pueblo saharaui
“Libertad para los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes”. Es la pancarta que desde hace tres años y ocho meses muestran ante el Ministerio de Asuntos Exteriores para que España, potencia administradora del Sáhara Occidental, actúe ante Marruecos, ocupante de la excolonia española, un territorio no autónomo pendiente de descolonización.
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) se concentra todos los lunes en la Plaza de la Provincia de Madrid para pedir al Gobierno socialista que no mire para otro lado y tenga en cuenta al pueblo saharaui, al que en su día se consideró español.
Delante del MAEC recuerdan al ministro José Manuel Albares, como antes lo hicieron con la ministra Arancha González Laya, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cerca de cuarenta presos saharauis languidecen en cárceles marroquíes, condenados en procesos injustos con penas de hasta cadena perpetua, como han denunciado Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Juristas internacionales también han puesto de relieve las irregularidades y falta de garantías de los juicios contra los activistas saharauis -de los que se obtuvieron confesiones bajo tortura-, todo por defender los Derechos Humanos y reclamar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como se acordó en el alto el fuego de septiembre de 1991 entre el Frente Polisario y Marruecos, referéndum al que se niegan las autoridades marroquíes.
Mientras, desde el Gobierno de Sánchez no se hace referencia alguna a los presos políticos saharauis ni a la vulneración de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental ocupado por parte de Marruecos, como denuncian constantemente las principales ONG del mundo.
Sin embargo, las palabras “Derechos Humanos” son esgrimidas continuamente desde el Gobierno como una señal de identidad de la política exterior de España.
Solo en octubre, el ministro Albares ha reflejado en la red social X en seis ocasiones, al menos, la apuesta de España por los Derechos Humanos. El día 4 dijo en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados que la política exterior está basada en “la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos” -intervención que destacó el ministro al ser reproducida por el Real Instituto Elcano-, valores que también esgrimió el día 5 en un artículo en La Vanguardia.
El día 9 Albares mostró su alegría por haber sido elegida España para el Consejo de Derechos Humanos en el periodo 2025-2027, lo que dijo era “un logro de todo el país y de su política exterior que muestra el compromiso y el peso de la voz de España en favor de los derechos humanos, el multilateralismo y la paz”.
El día 21, con motivo de la presentación del Plan Director 2024-27 de la Cooperación Española, afirmó que “la centralidad de los DDHH, la promoción de desarrollo inclusivo y sostenible que garantice la igualdad son rasgos de una política exterior de cooperación con identidad propia”.
Y por si había quedaba alguna duda, el día 30 insistió en un coloquio con el historiador económico y profesor de la Universidad de Columbia Adam Tooze y un grupo de alumnos de este centro que “España tiene una política exterior con voz propia, basada en principios como el multilateralismo, la democracia y los derechos humanos.”
Silencio del Gobierno de España
A pesar de la continua referencia a la defensa de los Derechos Humanos, el Gobierno de Pedro Sánchez nunca la ha ejercido con el pueblo saharaui, que sufre la persecución del régimen marroquí desde finales de 1975 cuando invadió su territorio, y al que desde marzo de 2022 apoya en su ocupación del Sáhara Occidental.
Este silencio afecta especialmente a los presos políticos saharauis, que padecen situaciones de reclusión extremas, malos tratos y falta de atención médica, ante lo que la huelga de hambre es su única posibilidad de protesta, como ya expuso Contramutis en noviembre de 2018
Según la Liga para la Protección de los Presos Saharauis en cárceles marroquíes (LPPS), en 2023 los reclusos saharauis realizaron 23 huelgas de hambre que duraron entre 48 horas y 36 día y que en la mayoría de los casos terminaron después de que la dirección penitenciaria marroquí prometiera responder a sus demandas, promesas que “a menudo fueron negadas por la propia dirección penitenciaria, ignorándolas y no cumpliéndolas”.
La LPPS denunció “informes fabricados y juicios simulados” contra los activistas saharauis y criticó el traslado de los presos saharauis a cárceles lejos del Sáhara Occidental, lo que interpreta como un “intento de venganza contra ellos y sus familias y una violación flagrante del espíritu del derecho internacional”.
La situación de los DDHH le ha sido planteada directamente alas autoridades españolas. En marzo pasado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, y el director de la organización en España, Esteban Beltrán, pidieron al Gobierno que promueva “activamente” ante las autoridades marroquíes el respeto a los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental en un encuentro con el ministro José Manuel Albares.
En este contexto, el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis sigue pidiendo todos los lunes ante el MAEC, de 12.30 a 13.30 h, protección para los reclusos saharauis “que sobreviven a duras penas en las cárceles de Marruecos, pues esa protección frente al ocupante-verdugo es una de las principales obligaciones legales que España tiene como potencia administradora de iure”, según dijo Luis Portillo Pasqual del Riquelme al cumplirse tres años y cuatro meses de lucha por quienes más directamente sufren la opresión marroquí.
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