Un proceso de paz con actores fragmentados (II)

Por Pedro Santana Rodríguez*

In memorian de Alfonso Cabrera Toscano
un luchador incansable por la paz.
Que la tierra te sea leve.

Ver: Un proceso de paz con actores fragmentados, primera parte

Culmino la ronda de negociaciones pactada en la reunión extraordinaria de la Mesa de Negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se había pactado en esa reunión celebrada del 1 al 7 de noviembre en Caracas y que se acordó se realizaría en esta misma ciudad entre el 19 y el 25 de noviembre. En lo fundamental los avances fueron pocos pues ni hubo rueda de prensa ni un comunicado conjunto. La delegación del gobierno hizo público un comunicado con sus propias conclusiones de las cuales se podrían destacar las siguientes:

1. Abrir una nueva etapa en el proceso de negociaciones con un nuevo encuentro que se realizará en el mes de enero de 2025 en una fecha y un lugar que se definirá más adelante.
2. La nueva ronda de negociaciones tendrá como propósito 1. Realizar una evaluación del desarrollo de los acuerdos sus cumplimientos como sus incumplimientos, introducir correctivos…2. Retomar la Agenda del Acuerdo de México, evaluar y definir la continuidad del cese al fuego y desarrollar la participación de la sociedad en la construcción de este proceso de paz.

Por su parte el ELN no produjo un comunicado escrito sobre esta reunión, pero su vocero dio varias entrevistas tanto a medios de comunicación nacionales como internacionales en todas ellas Pablo Beltrán señaló que se dieron avances, “pero siguen sin solución los problemas fundamentales” sin detallar a que se refiere cuando habla de estos problemas fundamentales. Suponemos se refiere a tres asuntos principales que se han ventilado desde hace ya un buen tiempo, pero sobre todo desde el mes de agosto en que no se refrendó el cese al fuego bilateral y en cambio se mantuvo la decisión por parte del ELN de mantener congelada la Mesa de Negociaciones.

Estos temas son 1. La exigencia del ELN de que esta organización sea retirada del listado de los GAO, Grupos Armados Organizados. 2. El tema critico de la fragmentación del ELN. Beltrán acuso al gobierno de tener una doble estrategia. Por una parte y de cara a la Mesa de Negociaciones se mantiene la agenda y la discusión de los puntos contenidos en la misma, pero dijo Beltrán que el gobierno por debajo de la Mesa trabaja en la fragmentación de esa insurgencia. Se refiere principalmente al hecho de haber abierto una Mesa de Negociaciones con el frente Comuneros del Sur. Dijo Beltrán que esa es una política del gobierno que está en marcha en los distintos procesos de negociación. Y 3. El ELN ha acusado a las Fuerzas Armadas Gubernamentales de mantener alianzas con grupos paramilitares sobre todo en el departamento del Chocó donde libra una guerra a muerte por el control del territorio con el Clan del Golfo. Pensamos que a esto es a lo que se refiere Pablo Beltrán cuando habla de que no se han abocado los problemas que dieron origen al congelamiento de la Mesa de Negociaciones.

Los Elenos como hemos dicho y lo reiteramos aquí se equivocan completamente al decidir que se mantendrán en la Mesa de Negociación, pero que en los veinte meses que le quedan a este gobierno no llegarán a un Acuerdo pues han decidido esperar al próximo gobierno. Esto de por sí mina las expectativas que se tienen en esa Mesa. Lo único que esperamos es que se avance al punto que la sociedad entienda y reafirme su voluntad de paz en el proceso electoral del año 2026. Los esfuerzos de la derecha van en la dirección de posicionar el tema de la seguridad mediante la difusión de todo tipo de bulos y mentiras y la propagación del miedo como estrategia para lograr este objetivo. Lo único que operaría a favor de la negociación política es que los acuerdos parciales a que se llegue en este tiempo sean lo suficientemente sólidos para evitar que el guerrerismo y la mano dura prometida por la oposición, se posicionen como la salida para enfrentar a las insurgencias.

Los equipos negociadores de las distintas mesas, pero sobre todo de las mesas que se mantienen con la fracción de Calarcá, Alexander Díaz Mendoza, y la Disidencia de la Segunda Marquetalia ahora denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que dirige Walter Mendoza son fracciones que al parecer han decidido emprender un proceso de negociación para abandonar las armas y proceder a la reinserción política y social.

El territorio, el narcotráfico y las comunidades

Una de las características más notorias del actual conflicto armado tiene que ver con el narcotráfico y las economías ilegales que no son solo la principal fuente de ingresos de los grupos armados ilegales, sino que constituyen buena parte de las actividades económicas que se realizan en estos territorios donde operan estos actores armados. Las comunidades a menudo no tienen otra fuente de ingresos que la que proporcionan estas actividades que son operadas por estos actores armados ilegales que proporcionan de esta manera una fuente de ingresos a las comunidades, la principal fuente de ingresos en estas regiones.

Se entiende que por ejemplo los habitantes de las regiones del Sur del Cauca acudan a la movilización y al bloqueo de la vía Panamericana ante la toma por parte de las Fuerzas Armadas del sector de El Plateado en el municipio de Argelia. Los actores armados presionan a las comunidades para exigir el retiro de las Fuerzas Armadas Gubernamentales pues sienten que su única o más segura fuente de ingresos corre riesgo, pues en innumerables ocasiones el Estado no ha desarrollado una verdadera política de desarrollo rural integral y una vez se estabiliza la situación se vuelve a la situación anterior, pues la presencia del Estado de forma integral no llega con infraestructura de vías de comunicación, escuelas, conectividad, centros de salud, cultivos lícitos, fuentes legales de economía social y popular. En estas regiones estas organizaciones independientemente de su ideología cumplen el papel de empleadores y de las funciones de policía rural pues a menudo norman la vida social en estas comunidades resolviendo conflictos, ofertando empleo, construyendo las vías terciarias, regulando la producción de productos para el consumo en estas comunidades. En un país centralista como el nuestro dónde las clases dominantes centralizaron de nuevo los recursos públicos, estas comunidades quedan al mando de actores armados ilegales pues el Estado no hace presencia en ellas.

Es por ello que la variable del territorio y su manejo, así como la conformación del poder político local, son temas centrales en las agendas tanto de las Disidencias de las FARC como de los grupos locales del Clan del Golfo. Una reforma como la que acaba de ser aprobada por el Congreso de la República sobre la participación de municipios y departamentos en los Ingresos Corrientes de Nación camina en la dirección acertada al dotar a municipios y departamentos que hoy solo reciben 23 de cada 100 pesos de los ingresos corrientes y con lo aprobado dentro de 12 años estarían recibiendo $39.50 pesos de cada 100 pesos del total de los ingresos corrientes de la Nación. Así los entes departamentales y municipales tendrán más recursos para impulsar y garantizar mejores condiciones de vida para los cerca de 14 millones de personas que viven en estos territorios.

Ahora bien, este paso hacia la descentralización afronta enormes retos que deben ser confrontados de manera urgente. Uno de ellos es el de erradicar la violencia de estos territorios, pero para ello no basta con la negociación política o el sometimiento de estos actores armados, esto es importante y necesario, pero no lo es todo. Se requiere la presencia del Estado, en muchas regiones se trata de construir realmente el Estado. Y ello supone que las administraciones municipales y departamentales tengan la capacidad de concurrir con las entidades del Estado Central para hacer presencia permanente en estos territorios. Pero se requiere además que los municipios desarrollen capacidades tanto administrativas como de planeación y ejecución de los recursos públicos. En el proceso de recentralización que vivió de nuevo el país desde 2001 en que se recortaron los recursos municipales y departamentales también se cercenaron los incipientes procesos de fortalecimiento de esas capacidades que se venían construyendo desde la elección popular de los alcaldes en marzo de 1988. Ahora esa capacidad hay que construirla de mano de entidades públicas como la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP.

Pero además se debe combatir la corrupción que esta enquistada en los gobiernos departamentales y municipales en manos de 57 clanes políticos que dominan buena parte de estas administraciones y ello solo será posible por tres vías. La primera y más importante un cambio en la Cultura Política de los ciudadanos en estas regiones para que voten bien, informados de los recursos públicos que estarán en manos de sus alcaldes y gobernadores. Hay que hacer una verdadera revolución educativa en dichas regiones para que las y los ciudadanos entiendan el papel crucial de las autoridades electas. Un segundo elemento fundamental consiste en la reforma a los organismos de control departamentales y municipales. Como hemos dicho en otras ocasiones debería haber un examen nacional para conformar un listado de elegibles para el cargo de personeros municipales que no pueden seguir en manos de los clanes que son los que postulan para que los concejos municipales elijan a estos importantes funcionarios de control; lo propio para la elección de los contralores departamentales y distritales. Se requiere con urgencia esta reforma sin ella los recursos públicos corren serio riesgo de seguir capturados por los clanes de la politiquería regional y local.

Un tercer factor que debe ponerse en marcha y de acuerdo con el catastro multipropósito es el de la actualización en todos los municipios del país del impuesto predial para fortalecer los ingresos propios y de esta forma combatir la pereza fiscal de que adolecen la mayoría de los municipios medianos y pequeños del país. De modo que no solo se trata de negociar con los actores armados que hacen presencia en el territorio, se trata de transformar el territorio para beneficiar a las comunidades que lo habitan.

Ver: Un proceso de paz con actores fragmentados, primera parte

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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