Una abstención cómplice que significa un cambio de rumbo de España frente a la ocupación israelí
Por Santiago González Vallejo*. LQsomos.
España ha girado, para mal, en su política internacional de defensa del derecho internacional y de la justicia. Esto se rebela en la opción elegida, la abstención, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Resolución que pedía que la Corte Internacional de Justicia hiciera un dictamen sobre si la ocupación prolongada de Israel, es colonización y crimen de lesa humanidad
Durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año se estuvo discutiendo en el seno de las Naciones Unidas una Resolución por la que se pediría a la Corte Internacional de Justicia un dictamen, como se hizo con respecto al Muro del apartheid que penetra en la Cisjordania ocupada, sobre si la ocupación prolongada que ejerce Israel sobre los Territorios Ocupados en 1967, se podría calificar de ‘colonial’ y, por lo tanto, que Israel está cometiendo un crimen de lesa humanidad.
Esta Resolución, finalmente aprobada el 30 de diciembre, con 87 votos a favor, 53 abstenciones y 26 en contra, contó con mucho rechazo por parte, como no, de Israel y sus aliados próximos Estados Unidos, Alemania, Reino Unido,.. y las presiones consiguientes para que la representación palestina la quitase del orden del día o la rebajase. De hecho, Israel ha impuesto más sanciones a la Autoridad Palestina por su atrevimiento de mantener que se hiciera la votación de esa Resolución. Hubo un número notable de abstenciones, entre ellas, la de España. Y no fue casual.
Previamente, los Estados mencionados quisieron hacer una maniobra administrativa. No queriendo que se les retratase en la votación negativa, intentaron rechazar la propuesta por no tener la Corte internacional de Justicia un epígrafe específico en su presupuesto que cubriese los gastos de realizar dicho Informe. Los proponentes de la Resolución, aunque argumentaron que el presupuesto general de la CIJ podría cubrir el coste de la realización del Dictamen, tuvieron que facilitar un presupuesto ad hoc para ese objetivo. Por supuesto, sin ayuda española.
La abstención de España se repitió en varias ocasiones.
Previamente a esta discusión, España se abstuvo en la votación de una Resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el 75 aniversario del desastre -Al Nakba- para conmemorar en las instalaciones de Nueva York una exposición sobre las consecuencias de la partición de la Palestina histórica.
Después, con respecto a la petición de una Opinión Consultiva a la Corte Internacional de Justicia, sobre si la ocupación continuada de Israel sobre Territorios Palestinos y Sirios supone una colonización y, por lo tanto, un crimen de lesa humanidad, se abstuvo previamente en la Comisión de Política Especial y de Descolonización.
Sobre esta abstención, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, presentó una pregunta parlamentaria el día 21 de noviembre: “Recientemente hemos podido conocer que España se ha abstenido en la votación dentro de la Comisión Política Especial y de Descolonización de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) de la resolución que reclama a la Corte Internacional de Justicia que se pronuncie sobre la ocupación israelí en Palestina. En concreto, el proyecto menciona la violación por parte de Israel de los derechos palestinos a la autodeterminación «por su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la ciudad santa de Jerusalén, y por su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas». La proposición ha salido favorable con 98 síes frente al rechazo de 17 países y 52 abstenciones,
– ¿Qué motivo alude el gobierno a haber votado abstención a esta resolución?”
La no respuesta del gobierno, vergonzosa, sin querer contestar a la pregunta, tópica, fue esta:
“España mantiene su firme compromiso con la materialización de la solución de los dos Estados, Palestina e Israel, conviviendo en paz y seguridad el uno junto al otro, sobre la base de los acuerdos suscritos entre las partes y de las resoluciones aplicables de Naciones Unidas. España, junto con sus socios en la Unión Europea, ha hecho reiterados llamamientos a las partes y a la comunidad internacional para restablecer un horizonte político que permita aplicar esta solución.
Al mismo tiempo, España ha expresado reiteradamente su preocupación por el deterioro de la situación sobre el terreno, por el incremento de la violencia y por los asentamientos y otras prácticas unilaterales y contrarias al derecho internacional, que ponen en peligro la solución de los dos Estados.
Madrid, 30 de enero de 2023″.
Pero ya, en la votación definitiva el 30 de diciembre del pasado año de esa Resolución, A/77/400 se encienden las alarmas por la abstención premeditada por parte del gobierno de España. Entonces, desde la coalición de Unidas Podemos, los diputados Enrique Santiago, Gerardo Pisarello, Lucia Muñoz y Antón Gómez-Reino, hacen una nueva pregunta al gobierno:
“El pasado 30 de diciembre de 2022, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que solicita a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que emita una Opinión Consultiva sobre la legalidad de los 55 años de ocupación israelí de la Cisjordania palestina. Con el título de “Practicas y actividades de asentamiento israelíes que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados”, la resolución pide al tribunal que se pronuncie sobre las “consecuencias jurídicas derivadas de la continua violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su prolongada ocupación, asentamiento y anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y de su adopción de leyes y medidas discriminatorias conexas”.
En concreto, la resolución pide a la CIJ que evalúe como las practicas israelíes “afectan al estatus legal de la ocupación”. En otras palabras, si la ocupación de los territorios palestinos por parte de Israel durante cincuenta y cinco años es legal o no, tal y como se caracteriza en el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) y en el derecho internacional consuetudinario. Además, también se solicita a la CIJ que evalúe la obligación de los “Terceros Estados Parte”, como es el caso de España, de defender el Estado de derecho de la comunidad internacional.
En mayo de 2022, la Comisión Internacional lndependiente de lnvestigacion sobre los Territorios Palestinos Ocupados (comisión Pillay), presento “pruebas creíbles prima facie… de que Israel no tiene intención de poner fin a la ocupación, tiene políticas claras para garantizar el control total del Territorio Palestino Ocupado y actúa para alterar la demografía mediante el mantenimiento de un entorno represivo para los palestinos y favorable para los colonos israelíes”. A finales de septiembre de 2022, en su primer informe como relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese describió a Israel como un “régimen intencionadamente adquisitivo, segregacionista y represivo diseñado para impedir la realización del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación”, y pidió el desmantelamiento de la “ocupación colonial de colonos y sus prácticas de apartheid”. Con estos informes ante la ONU, en noviembre de 2022 la representación del Estado de Palestina presentó un punto del orden del día de la Comisión Política Especial y de Descolonización de la ONU (Cuarta Comisión) en el que, entre otras cuestiones, solicitaba la opinión consultiva de la CIJ.
El 30 de diciembre, por 105 votos a favor, 13 en contra y 37 abstenciones, la Quinta Comisión aprobó el coste previsto de una Opinión Consultiva de la CIJ. Horas más tarde, la Quinta Comisión presentó su presupuesto aprobado a la Asamblea
General. Por 87 votos a favor, 26 en contra y 53 abstenciones, la Asamblea General aprobó la resolución de la CIJ. Apoyaron la resolución Bélgica, Portugal, Polonia, Islandia y Luxemburgo, junta con la mayoría de los Estados árabes, africanos y asiáticos. España, Francia, Países Bajos, Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia se abstuvieron.
Según fuentes de distintas organizaciones de derechos humanos, las fuerzas israelíes han matado en 2022 a más de 251 palestinos en Cisjordania y Gaza ocupadas, entre ellos al menos 47 niños. Al menos otros 9.000 han resultado heridos. Además, Israel ha demolido 950 hogares palestinos, y ha practicado más de 3.000 detenciones administrativas (sin presentación de cargos). Israel ha. detenido a 130 periodistas palestinos en 2022 y 20 reporteros siguen privados de libertad, en violación flagrante de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Dada la disparidad de criterios en la votación de los países de la UE, ¿qué reuniones, reclamos de información o cualquier otro tipo de gestiones ha realizado la representación diplomática española en la ONU en el proceso que ha llevado a solicitar la opinión consultiva de la CIJ?
¿Cuáles fueron los motivos para que España se abstuviese en la votación de la Asamblea General de la ONU en lugar de votar a favor como han hecho otros países de la Unión Europea como Portugal, Bélgica o Luxemburgo?
A la vista del seguimiento que realiza el Gobierno español a la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados por Israel en Palestina, ¿opina el Ministerio de Asuntos Exteriores que las políticas y prácticas realizadas por Israel en los territorios ocupados vulneran los derechos humanos de la población palestina?”
Una vez encendidas las alarmas y la reiteración de aclaraciones al Gobierno, el ministerio de Asuntos Exteriores que dirige el inefable Álbares, intenta justificarse con su apoyo, posterior, a una declaración que carece de relevancia jurídica:
“España reitera su firme compromiso con la solución de los dos Estados, única respuesta a las legítimas aspiraciones nacionales de israelíes y palestinos.
España mantiene un firme compromiso con el Tribunal Internacional de Justicia. El pasado 16 de enero, España se adhirió junto con una mayoría de Estados Miembros de la Unión Europea a la declaración propuesta por Palestina en Nueva York en la que reiteró su firme compromiso con el Tribunal Internacional de Justicia, el derecho internacional y el multilateralismo como eje del sistema internacional.
España trabaja con sus socios en la Unión Europea y con la comunidad internacional para restaurar la perspectiva política para la materialización de la solución de los dos Estados, y para ello impulsa la acción de la Unión Europea y, en particular, la labor del Representante de la Unión Europea para el Proceso de Paz en Oriente Próximo. España aboga también por profundizar las relaciones entre la Unión Europea con Palestina y con Israel y apoya los esfuerzos internacionales y regionales en torno a la Iniciativa Árabe de Paz.
La protección de los derechos humanos constituye uno de los ejes inspiradores de la política exterior de España con carácter general y, en particular, también en la región de Oriente Próximo, tanto en nuestras relaciones bilaterales como a través de la Unión Europea y de los mecanismos multilaterales de protección de los derechos humanos, en particular de Naciones Unidas.
Madrid, 20 de febrero de 2023.”
En definitiva, desde nuestro punto de vista, la política exterior española del gobierno de Pedro Sánchez, ha girado alineándose con la política exterior de Estados Unidos. Lo vimos con el Sáhara Occidental y ahora con Palestina.
Se pasa de la defensa verbal de los derechos humanos y del derecho internacional a un deslizamiento en que se pierden los valores universales de la justicia y de la defensa del derecho internacional por una real politik occidentalista.
Se sigue sin poner sanciones a las empresas españolas que actúan lucrándose con la ocupación, como CAF, Edreams, GMV, INECO, OSSA, SEMI, TYPSA. Pudiéndolo hacer, no se prohíbe el comercio entre España y las colonias que usurpan a los palestinos y se siguen encontrando dátiles y otros productos de parcelas expropiadas a los palestinos.
El reconocimiento de Palestina, por parte de España, como lo han hecho otros países europeos, como Suecia, sigue durmiendo en un twit de Pedro Sánchez y en el programa del gobierno de coalición.
Reconoceremos al Estado palestino cuando sea presidente del Gobierno. #ElCambioQueUne #Jaén pic.twitter.com/1Wh4LhzDdT
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 22, 2015
Eso explica, entre otras cosas, la aparente incoherencia del partido socialista que pretende castigar a Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, por suspender el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv. La argumentación de la suspensión, avalada por el Sindic de Greuges, ha sido similar a la que utilizó para la suspensión del hermanamiento de Barcelona con San Petersburgo, la ocupación de su Estado a tierras ajenas, sin que haya habido manifestación en contra de esos ayuntamientos a la acción de su Estado. O, también, la visita de una delegación de parlamentarios socialistas (junto con PP y VOX) a Israel a ver fábricas de armamento israelí, testado en las vidas y bienes palestinos.
Este cambio lamentable de posición del ministro Albares, de su ministerio, de Pedro Sánchez y el PSOE nos obliga a seguir trabajando cara a la opinión pública, a esa organización y a las que le apoyen y reclamando coherencia, exigir a nuestros representantes la defensa del derecho internacional frente a cálculos alejados de la justicia.
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Pedro Sánchez no es sólo uno de los políticos más mentirosos que hemos tenido en nuestro maltratado país, especialmente por parte del partido “pesoista” (sólo Felipe Gonzalez, el mister X del grupo terrorista de los GAL, es capaz de superarlo). Con su abstención a que se declaren las torturas, ocupaciones y asesinatos contra el pueblo palestino como crímenes de lessa humanidad, Pedro Sánchez se convierte en cómplice de las atrocidades que el estado nazi-israelí comete contra poblaciones palestinas indefensas… Todo un orgullo para el electorado español que lo votó en las últimas elecciones.