Víctimas y verdugos

Juan Gabalaui*. LQSomos. Octubre 2017

La Constitución del 78 tiene dos patas que la sostienen. La primera es la unidad de la nación española y la segunda es la monarquía. Ambas son incuestionables y fueron una condición de los poderes del franquismo para apoyarla. Si se cuestionaran, el Estado tendría que hacer cualquier cosa para evitar que fueran dañadas, desde el enfrentamiento civil al recorte de derechos democráticos. Si una de las patas de la tan loada Constitución hubiera sido la democracia, los españoles hubiéramos podido votar si queríamos una república o una monarquía, y los vascos, catalanes y gallegos si su país quiere continuar junto con el resto de territorios que conforman el Estado o independizarse.

Poder elegir el sistema político en el que uno quiere vivir es un derecho fundamental de cualquier persona pero a los españoles nos dijeron que el mejor sistema era la monarquía. Como si fuéramos niños pequeños. Tomaron la decisión por nosotros y después nos convencieron de que la habíamos tomado nosotros. Cuando controlas los medios de comunicación puedes conseguir estas cosas y más.

También nos dijeron que la unidad de la patria era indisoluble e indivisible, lo que se callaron fue “por la gracia de dios” por sus connotaciones divinas y franquistas pero, realmente, en su concepción está que la división es un sacrilegio inmoral que solo un extremista, enemigo de España, puede desear. Un ataque a todos los españoles. Durante años se dedicaron a criminalizar, banalizar y despreciar las posiciones independentistas. Fue un trabajo de pico y pala dirigido a crear un estado de opinión contra el independentismo que sirviera de vacuna en el caso de que alguien tuviera la loca idea de llevarlo a cabo.

De esta manera pudieron blindar ideológicamente a la población frente a las ideas independentistas y activar, cuando fuera necesario, una reacción de rechazo ciega. Nos convirtieron en víctimas del independentismo. La posibilidad de que una parte del Estado quisiera independizarse supondría un ataque contra todos los españoles. A pesar de que la decisión de continuar o no dentro de un Estado es una decisión democrática, el Estado español la convirtió en un anatema y en una agresión. Regateó a la democracia para imponer una forma de ver el Estado que provenía directamente del fascismo español. Nada de lo que hizo el Estado español al respecto tiene que ver con la democracia.

Aún así crecimos pensando que nosotros habíamos elegido al jefe del Estado y que la unidad de la nación española es un estado natural incuestionable a no ser que fueras un mentecato. Ah y también que éramos demócratas aunque cada vez que alguien sugería que Euskal Herria pudiera independizarse le tacharan de proetarra, delincuente y tonto del culo. La condescendencia y el catastrofismo también han sido recursos argumentativos para neutralizar las veleidades independentistas. Cuántos chistes y risas se han echado a costa de los catalanes. Cuánta indignación y agresividad se han derivado de las noticias relacionadas con el nacionalismo e independentismo.

Fue tal la campaña de criminalización que el nacionalismo español fue ocultándose como si no existiera. A pesar de que en el año 2017 todavía hay muertos en las cunetas esperando a ser enterrados por sus familiares, el nacionalismo español pareciera haber desaparecido. La noticia de su muerte ha sido difundida por decenas de articulistas de tal manera que la indignación y la agresividad fuera dirigida exclusivamente a los nacionalismos que llaman periféricos.

Si no entendemos las fuerzas que han modelado la opinión pública a lo largo de las últimas décadas, nos costará entender que haya tanta gente que defienda que el Estado, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad, agrediera a personas que estaban ejerciendo un derecho. No estaban robando, asesinando o timando sino que querían introducir una papeleta en una urna respondiendo a una de esas preguntas que no nos han dejado contestar nunca porque el Estado natural de la nación española es intocable. En una democracia nada es intocable salvo los derechos fundamentales y libertades y, entre ellos, el derecho a decidir de las personas sobre qué sistema político quieren y con quién desean caminar juntos.

Nunca los españoles han podido debatir sobre ninguna de las cuestiones que afectan a la unidad y a la monarquía. Hemos sido testigos de transgresiones de leyes por parte del Estado, del incumplimiento de derechos constitucionales como el de una vivienda digna o el derecho a la vida y a la integridad física y moral, y nada de esto ha soliviantado tanto a la sociedad española como la celebración del referéndum catalán. Es curioso que los atentados a la democracia sean mirados de reojo y el ejercicio de un derecho, susceptible de ser reprimido. No es que tengamos la mira desviada sino que nos han formado para que reaccionemos emocionalmente a un tema en el que nos convirtieron en víctimas. Es discutible que la nación española sea indivisible y es indiscutible que yo pueda decidir sobre ello desde un punto de vista democrático.

Han apretado el botón y hemos reaccionado automáticamente. Somos un robot bien engrasado. La virulencia y la agresividad mostrada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tiene su equivalencia en el apoyo moral de una gran parte de la sociedad española, que ha justificado y aplaudido una estrategia de violencia y enfrentamiento. Una gran parte de esta sociedad es partidaria de que se aplique el artículo 155 y que actúe el ejército en caso de que la desobediencia se mantenga. La ley es la ley, dicen. Sin este apoyo, nunca se hubiera enviado a 10.000 policías a Catalunya. Una vez tomada esta decisión, la violencia por parte del Estado estaba garantizada. Este apoyo es el que permite que un miembro de una Unidad de Intervención Policial (UIP) o del Grupo de Acción Rápida (GAR) levante su porra y agreda ciegamente a una persona que quiere decidir sobre su país.

Esta unidad, por la gracia de dios, ha permitido sobrepasar líneas rojas por parte del gobierno del Estado. Se ha dado alas a la extrema derecha, como fuerza de choque civil contra los manifestantes proderechos. Se les ha blanqueado atribuyéndoles la representatividad de los españoles, convirtiendo manifestaciones convocadas por organizaciones ultras en marchas por la unidad de España. La estrategia del gobierno ha multiplicado el numero de independentistas y partidarios del derecho a decidir pero también ha multiplicado el número de ultras. No ha salido nadie del gobierno ni del Partido Popular, PSOE y Ciudadanos diciendo que no nos representan sino que les han agradecido su apoyo y les han alabado su amor a España. De repente, los ultras han salido en las portadas de todos los periódicos como defensores de la Constitución frente a los separatistas. Esta maniobra traerá consecuencias graves para la convivencia democrática en el Estado.

Por una parte, estamos viviendo un evento que pasará a la historia de la desobediencia y de la movilización proderechos y, por otra parte, sufrimos un retroceso en nuestros derechos gracias a la deficiente construcción democrática de este Estado. Nos han convertido en víctimas y verdugos de nosotros mismos. Víctimas porque nos han sustraído el derecho a decidir sobre nuestro sistema político y a formar parte de un proyecto común y verdugos porque el condicionamiento emocional para reaccionar agresivamente contra la lucha por esos derechos ha sido tremendamente exitoso. Tanto como para aplaudir que unos funcionarios del Estado arranquen violentamente unas urnas a aquellos que quieren tomar sus propias decisiones. Es una locura muy real.

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– Foto montaje para LoQueSomos.
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