Violencia institucional
Claudia Brihuega Ortiz*. LQSomos. Junio 2016
Muchas personas acaban en un Centro de Internamiento para extranjeros (CIE) al no poder regularizar su situación o renovar sus tarjetas de residencia o por haber perdido su empleo. El internamiento se utiliza sin analizar las circunstancias de cada caso y, en muchas ocasiones, no existen motivos para ejecutar la expulsión. Se recurre entonces a sanciones penales que utilizan las fuerzas de seguridad para justificar la deportación.
Samuel, de una familia acomodada, llegó a España en avión. Intentó regularizar su situación pero no pudo. Su abogada lo estafó. Estuvo retenido en un CIE durante 60 días. El cortometraje 23 30 Una historia cautiva, dirigido por David Marrades, muestra historias como la de Samuel. Este proyecto permite conocer las instalaciones y parte de lo que sucede dentro de los recintos cerrados de los CIE. Realidades desconocidas, invisibles y sin voz para muchas personas.
Los CIE no son espacios físicos sino fronteras. “Espacios simbólicos que dictaminan quién es ciudadano y está sujeto de derechos y quién no”, afirma el abogado Nacho Trillo, que forma parte de Red Jurídica, una cooperativa de abogados que lucha por crear un derecho inclusivo para cambiar realidades genéricas, individuales y colectivas desde casos concretos.
Noura, ciudadana marroquí residente en España, fue identificada y detenida por no tener permiso de residencia. Sufrió abusos sexuales por parte de uno de los agentes en el calabozo donde pasó la noche. Sin embargo, la denuncia no detuvo el proceso de expulsión. Este sistema mantiene los controles policiales como herramienta de castigo y represión, priva de libertad y viola los derechos humanos con expulsiones masivas que no atienden a las necesidades de cada persona. Noura estuvo más de cuarenta días recluida en uno de los CIE de la Comunidad Valenciana antes de ser deportada a Marruecos.
El informe CIE, Criminalizados, Internados y Expulsados, elaborado en 2013 por Pueblos Unidos, sostiene que los centros de internamiento para extranjeros “son puertas de entrada y puertas de salida de España. Entre las personas llegadas hay posibles refugiados, menores y mujeres víctimas de trata de seres humanos”. Halid es argelino y tiene 31 años, lleva en España dieciséis años, llegó como menor no acompañado y ha residido en varios centros de menores. Fue diagnosticado de epilepsia e ingresado en el hospital, donde se le proporcionó tratamiento. Con 21 años ingresó en prisión, al finalizar la condena, fue detenido a la salida de prisión y recluido en un CIE. En el centro de internamiento se interrumpió el tratamiento y los medicamentos que recibió son perjudiciales para su enfermedad. Después de 48 días, fue puesto en libertad con orden de expulsión. Existen derechos fundamentales de los que no están privadas las personas internas en los centros.
Las organizaciones de la sociedad civil que colaboran con los internos no tienen acceso a información sobre la situación jurídica o a sus expedientes, aunque cuenten con su autorización expresa. Se detiene a los inmigrantes mediante identificaciones en la vía pública o en medios de transporte. El Ministerio del Interior español publicó, en 2013, que un 44% de las personas ingresadas en el CIE de Barcelona no tenía antecedentes, fueron privadas de libertad por estancia irregular.
Algunas personas no son recibidas por sus países de origen ante la inexistencia de un convenio de repatriación por parte de la Unión Europea o del Estado español. Se presenta la lógica de lo absurdo, miles de españoles repartidos por todo el mundo y desde el Gobierno controlan, detienen y expulsan a otras personas por razones cuestionables. Mandela escribió que “una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada”.
Existen alternativas para evitar un circuito cerrado de personas institucionalizadas y recluidas en un sistema que ejerce violencia institucional y abusos intolerables contra los derechos humanos.
* Periodista. (CCS)
