Costa Rica: ni pacífica, ni verde

Giorgio Trucchi*. LQSomos. Abril 2018

Costa Rica sabe vender muy bien su imagen ‘democrática’ y ‘conservacionista’. Se ha metido de lleno a la ‘economía verde’ y se está proponiendo como laboratorio climático

En Costa Rica se ha creado un imaginario de ‘país de paz’ y ‘país verde’ que sirve para ocultar una realidad impresentable que contradice ese discurso. Una realidad que está lejos de ser paradisíaca y que está impregnada de sangre, agrotóxicos y destrucción de la naturaleza.

De acuerdo con datos brindados por el movimiento ecologista, en casi 40 años (1970-2019) se han registrado al menos 26 asesinatos de personas que luchaban por la tierra y los bienes comunes.

El crimen más reciente ocurrió en marzo pasado, cuando desconocidos asesinaron sin piedad a Sergio Rojas Ortíz, dirigente indígena y defensor de los territorios del pueblo Bribri.

Costa Rica detiene también el record mundial de mayor consumo de agrotóxicos por hectárea (18,2kg/Ha).

Según el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), durante el 2017 se importaron 18,6 millones de kilogramos de ingredientes activos, una tonelada más que el año anterior.

La Federación para la Conservación de la Naturaleza (Fecon) asegura que ese record tiene relación directa con la entrada en vigencia de los polémicos decretos ejecutivos 39995-MAG y 40059-MAG, actualmente impugnados en la Sala Constitucional[1].

Costa Rica sabe vender muy bien su imagen ‘democrática’ y ‘conservacionista’. Se ha metido de lleno a la ‘economía verde’ y se está proponiendo como laboratorio climático.

No es un caso que, entre octubre y diciembre, coorganizará con Chile la COP 25 [2]”, dijo a La Rel, Henry Picado presidente de la Fecon.

Sin embargo, la realidad es muy distinta.

En Costa Rica el agronegocio es política de Estado. Las empresas que promueven monocultivos tienen asegurado todo tipo de subsidio, exención y exoneración de impuestos.

“Tenemos el caso de Pineapple Development Corporation – Del Monte (Pindeco) que recibió casi 3.400 millones de colones (5,7 millones de dólares), es decir cerca del 10 por ciento del total de subsidios otorgados al sector agroexportador”, explicó Picado.

El activista ambiental recordó que el resultado de estas políticas siempre es el mismo: expulsión de poblaciones, acaparamiento de territorios, devastación ambiental y lavado de imagen a través del circo de la ‘economía verde’.

Represión de la protesta

Cuestionar el proyecto neoliberal y el agronegocio es peligroso.

El ejemplo más brutal que vivió Costa Rica este año fue el asesinato de Sergio Rojas Ortiz, quien planteaba la defensa legal y legítima de las tierras de sus ancestros.

“Todo el mundo sabe que detrás del asesinato cobarde de Sergio están los terratenientes. Hay que identificar y castigar a los autores intelectuales y materiales del crimen.

Esto no puede quedar, como siempre, impune”, exige Picado.

Hasta la fecha ninguno de los ataques mortales contra defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes ha sido esclarecido. Todos quedaron en la impunidad.

Movimientos campesinos y pueblos indígenas son los que más sufren los embates de una represión cada vez más profunda, que va de la mano con el estado de indefensión y la inacción de las autoridades.

Otros actores sociales, como el movimiento LGBT, que levantan reivindicaciones muy inconvenientes para el proyecto neoliberal, están sufriendo la misma criminalización y represión.

“Todo esto también tiene que ver con el ascenso de propuestas políticas y electorales vinculadas a sectas religiosas.

En este sentido, Costa Rica ha sufrido un viraje muy conservador que ha calado en amplios sectores de la población.

Hay todo un proceso de derechización cultural que crea las condiciones para una profundización de la criminalización de la protesta y de los ataques violentos a través de varios flancos”, alertó Henry Picado.

La invasión de los agrovenenos

En el caso del registro, importación y comercialización de agrotóxicos, el presidente de la Fecon dijo que el gobierno está totalmente coludido con los sectores empresariales más conservadores.

“Los reglamentos de plaguicidas prácticamente están escritos de puño y letra por las empresas productoras y comercializadoras (de agrotóxicos).

Es por eso que estamos impugnando, ante la Sala Constitucional, dos decretos que pretenden propiciar la introducción de agrovenenos sin el control de las autoridades sanitarias y ambientales”, explicó Picado.

La decisión final quedaría en manos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), generando un gigantesco conflicto de intereses.

“Lo que más nos preocupa es que la mayoría de estos productos genéricos son copias replicadas en China de plaguicidas, cuyos datos de pruebas y patentes han vencido.

Nadie tiene el control de cómo se producen y cuáles son sus efectos. Por esto insistimos que deben ser revisados bajo la ciencia y la técnica”, sentenció Picado.

“Definitivamente que Costa Rica no es ningún país verde, ni país de paz. Es un país, como el resto de América Latina, lleno de contradicciones, pero con una clase dirigente muy hábil para usar elementos idiosincráticos y manipular la realidad”, concluyó .

Notas:
1.-  http://bit.ly/2KrrBdS
2.-  25° Conferencia sobre el Cambio Climático de la Naciones Unidas o 25° Conferencia de las Partes
*.- Rel-UITA

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Honduras. Las Revoluciones de Berta

Giorgio Trucchi*. LQS. Marzo 2019

Una mirada muy profunda desde un feminismo popular. Berta abrió un espacio de reflexión sobre como el machismo, el patriarcado, también atraviesan las comunidades y las organizaciones

Un libro sobre Copinh, Berta y la exigencia de justicia

El tercer aniversario de la siembra de Berta Cáceres y el Centro de encuentros y amistades «Utopía» del Copinh fueron el escenario más acertado para la presentación en Honduras del libro “Las Revoluciones de Berta”. La Rel conversó en exclusiva con Claudia Korol, activista feminista, escritora y amiga de Berta.

¿Cómo surge la idea de este libro?

-Es algo que hablamos con Berta en su momento. Ella tiene uno de los pensamientos políticos más férvidos y multidimensionales del continente latinoamericano y, para que no se quedara solamente en diálogos y entrevistas, decidimos intentar relatar la historia del Copinh (1) a través de su mirada.

Fuimos grabando cosas, escribiendo, corrigiendo, pero el tiempo se fue alargando. Berta siempre andaba en mil cosas, siempre estaba en revolución.

Después de su asesinato me costó mucho pensar de qué manera se podía llevar a cabo el proyecto. Había que hablar de su muerte. Además me dolía mucho revisar textos, escuchar su voz en las grabaciones.

Pasé un tiempo sin avanzar, hasta que un día surgió la idea de que Bertita y Laurita, hijas de Berta, participaran con el relato del proceso de búsqueda de justicia y la lucha de la familia y el Copinh contra la impunidad.

En ese momento se había intensificado el ataque mediático que pretendía desprestigiar la figura de Berta -y del Copinh– alejándola de su pueblo y de los pueblos del mundo.

Sentimos que se había trascendido el objetivo inicial del libro y que había que publicarlo.

Ya no se trataba solamente de enfocar su pensamiento político, sino de dar a conocer quién era Berta, con distintas miradas sobre una mujer que era muy libre, muy revolucionaria y una amiga entrañable para muchas de nosotras.

¿Qué aportó Berta a tu vida y a la de tantas compañeras y compañeros?

-El encuentro con Berta fue fundamental y cambió mi vida en muchos sentidos. Desde su mirada política problematizó muchos de los dogmas que tenemos y ayudó a reflexionar más en profundidad.

Era audaz y miraba más lejos. Tenía una capacidad muy creativa de interpretación de la realidad y de análisis político. Además tenía una confianza infinita en los pueblos, algo que a veces les falta a los dirigentes y a los intelectuales de izquierda.

Fue una amiga entrañable, una amistad sin cálculos, ni especulaciones. Ambas sabíamos que en lo que necesitáramos estábamos la una para la otra.

También tenía una mirada muy profunda desde un feminismo popular. Berta abrió un espacio de reflexión sobre como el machismo, el patriarcado, también atraviesan las comunidades y las organizaciones.

Sufrió en carne propia los ataques machistas adentro del movimiento popular e incluso del Copinh. Su reflexión durante su estadía en Argentina nos marcó, y de este encuentro surgió el proceso colectivo de formación que llevó a la creación de Feministas del Abya Yala.

Era de un feminismo profundo y muy radical en términos de ejercicio de construcción colectiva de poder para las mujeres, de lucha contra la violencia.

Berta sabía siempre recrear la esperanza y estaba firmemente convencida de que la lucha revolucionaria trasciende a la persona. Muchos creían que terminando con la vida de Berta Cáceres acababan con la lucha del Copinh y de las comunidades de Río Blanco. Los hechos muestran lo contrario y Berta se ha multiplicado.

El legado de Berta

Tenía muy claro que uno de los principales problemas era el modelo económico impuesto a países como Honduras.

-Ella supo conjugar la lucha antipatriarcal y antiracista con el análisis del modelo, la lucha anticapitalista y antimperialista.

Además, en las entrevistas siempre fue muy precisa en las denuncias y en señalar, con nombres y apellidos, los vínculos que existían, por ejemplo, entre los militares, la empresa Desa (2), los políticos y los grandes grupos económicos.

Ella los conocía, los estudiaba, sabía cómo actuaban y los denunciaba. Esta franqueza era muy amenazante y nunca se lo perdonaron.

No se trata sólo de mostrar que el modelo de desarrollo es extractivista y que está en contra de los pueblos, sino de qué manera actúa. Berta tenía la gran capacidad de combinar la teoría con la práctica en términos metodológicos.

Vio venir con mucha antelación que Honduras iba a ser un laboratorio de ejercicio del poder imperialista y que la derecha conservadora iba a tomarse el continente.

Berta deja un gran legado…

-Hay una identificación simbólica, en particular entre las y los jóvenes, con una figura ética como Berta. Esto se da porque ven que es posible no venderse, ni rendirse ante la presión y cooptación. Ven que es posible no entregarse al patriarcado que disciplina y domestica.

Lo importante es que no haya una simple ritualización de la muerte, sino una identificación llena de contenido, desde la educación y la comunicación popular, a través de la articulación de otros movimientos.

El libro persigue también ese objetivo y espero pueda ayudar a seguir revolucionándonos en nuestra propia mirada del mundo y en nuestro actuar.

Berta hace mucha falta pero está más presente que nunca.

-Ella sembró algo muy importante y sigue caminando. Berta está presente en todas las luchas contra el capitalismo, el colonialismo, contra el patriarcado y el imperialismo. Ahí está ella.

Notas:
1.- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, del cual Berta Cáceres fue cofundadora en 1993
2.- Desarrollos Energéticos SA (Desa) titular de la concesión sobre el río Gualcarque y promotora del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca

* Rel-UITA
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Nicaragua. Comisión de la Verdad, Justicia y Paz presentó informe sobre crisis

Giorgio Trucchi*. LQS. Febrero 2019

Desde un inicio, la participación de la conferencia episcopal estuvo marcada por el manejo ambiguo de dos conceptos y realidades: iglesia católica – obispos de la iglesia y por la falta de definición rigurosa de dos conceptos determinantes: mesa de diálogo nacional y la función de mediación

Nuevos datos sobre fallecidos, incidencia de las redes sociales y rol de la iglesia católica

El último informe -el tercero- presentado recientemente por la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, CVJP, instancia creada por el parlamento nicaragüense con el objetivo de «conocer, analizar y esclarecer los hechos violentos y las muertes ocurridas en Nicaragua a partir del 18 de abril del 2018», presenta nuevos elementos de suma importancia, entre otros, una actualización de cifras de personas fallecidas, la incidencia de las redes sociales en la crisis, su impacto psicosocial y el rol de la iglesia católica.

De acuerdo al documento, «tras un proceso riguroso de investigación, análisis y verificación» se determinó que el número de personas fallecidas asciende a 253, en su mayoría hombres (243) y menores de 35 años (175).

Del total de muertes, 220 se encuentran directamente relacionadas al conflicto, 27 en fuego cruzado y 6 de forma indirecta.

Al menos 9 nombres retomados de listas publicadas por organismos de derechos humanos, incluso el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la OEA, no existen. También hay una diferencia de 14 fallecidos entre las dos listas (CVJP y GIEI/OEA).

Otro dato importante, que desmonta en parte de la teoria de la «masacre de opositores pacíficos y desarmados» planteada por grupos de oposición, organizaciones internacionales de derechos humanos y retomada por la OEA y la OACNUDH, es que del total de fallecidos, 31 pertenecen a «grupos autoconvocados», 48 tienen supuesta afiliación sandinista, 22 son policías y para los restantes 152 no hay información cierta (pag. 6).

Los tranques de la muerte

140 personas fallecieron a consecuencia de los tranques (barricadas) -centenares en todo el país- levantados por los grupos de oposición, 31 en protestas por la reforma de la Seguridad Social, 27 en fuego cruzado, 13 fueron asesinados (causas ajenas a la protesta) y 11 resguardando bienes públicos y privados.

El 56% de las muertes (141) ocurrió entre mayo y junio de 2018, al anunciarse la instalación de la Mesa de Diálogo y al multiplcarse los tranques «como forma de coacción contra el gobierno».

La inmensa mayoría de fallecidos eran obreros (60), trabajadores por cuenta propia (57) y desempleados (40). También fallecieron 7 estudiantes de secundaria y 8 estudiantes universitarios.

Ese último dato -8 estudiantes fallecidos- contradice la postura de los medios ‘mainstream’ y los ‘medios independientes’ de la oposición, que durante meses han posicionado nacional e internacionalmente la ‘noticia’ de que en Nicaragua hubo un gigantesco levantamiento estudiantil «pacífico, autoconvocado y desarmado», que luego fue reprimido con violencia por las fuerzas policiales y paramilitares, provocando una «masacre de estudiantes».

Detenidos judicializados

Contrariamente a los datos que manejan organismos y medios de la oposición, en diciembre pasado la CVJP detectó la presencia en las principales cárceles del país de 438 privados de libertad en el contexto de los hechos violentos del 2018. Nuevas visitas realizadas en enero del nuevo año confirmaron que 76 personas ya fueron declaradas no culpables, quedando un total de 362 privados de libertad (pag. 15).

El informe también brinda detalles sobre acceso a comunicación y relación con familiares, atención médica y otros servicios brindados, como actividades culturales y deportivas.

«Entre las y los privados de libertad, ninguno presentaba evidencia de lesiones corporales, y ninguno expresó haber sido objeto de torturas, tratos crueles o inhumanos», se lee en el documento.

También en ese caso, el informe contradice la información brindada por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, así como las cifras que circulan por la red acerca de casi mil o más detenidos, en su mayoría considerados por la oposición como ‘presos políticos’.

Tampoco se detecta la existencia de desaparecidos, otro de los temas con que los activistas opositores llenan las redes sociales.

Secuestros, torturas y vejámenes

La Comisión, con la cual recordamos ninguna de las organizaciones de derechos humanos internacionales que han visitado y han organizado misiones en el país quiso reunirse para cotejar datos y cifras, dijo estar sumamente preocupada por las múltiples denuncias de ciudadanos y ciudadanas que fueron víctimas de secuestros, torturas, vejámenes, tratos inhumanos en el marco de la crisis socio-política.

El documento contiene un amplio análisis de estos eventos (pag. 17), así como testimonios de afectados y sobrevivientes, el impacto de los tranques donde ocurrió la mayor parte de muertes y que fueron utilizados para «actividades ilícitas y el uso excesivo de violencia como herir, abusar, robar, humillar, ultrajar, dominar, torturar, destruir o causar la muerte» (pag. 21).

Daños a la propiedad, redes sociales e impactos psicosociales

El 55% de municipios (84 de 153) sufrió daños severos a las infraestructuras públicas (pag. 31) por un monto total de casi 28 millones de dólares. Los municipios más afectados por grupos delincuenciales fueron Masaya (27% del total de daños), Managua (19%) y Matagalpa (17%).

En cuanto a las redes sociales (pag. 40), si bien solamente un 10% de las y los nicaragüenses posee una computadora, más del 80% tiene acceso a internet, en su mayoría a través de dispositivos moviles. Las aplicaciones más usadas son Whatsapp (88%), Facebook (86.4%), Instagram (68%), Youtube (63%) y Twitter (55%).

«El comportamiento de las redes sociales durante las protestas de abril de 2018 fue determinante para viralizar, a través de aplicaciones como Facebook y Twitter, contenido creado con premeditación y alevosía, cuyo objetivo perseguía conectar con los sentimientos y emociones de la gente que generaran conducta enardecida y violenta en contra, no solo del gobierno, sino de simpatizantes del partido de gobierno, y hasta se condenó de manera insistente a quienes sostenían posiciones neutrales», escibe la CVJP.

«Las noticias falsas y su rápida viralización a través de las redes sociales asestaron un golpe certero que animó la protesta (…) Se abrió un espacio ideal a la noticia falsa de un joven estudiante de la Universidad Centroamericana (UCA) asesinado (…) La consecuencia fue la generación de sentimientos negativos extremos», continúa el informe.

A ese proposito, el estudio de la Comisión advierte sobre la existencia en Nicaragua de organizaciones que se han dedicado a «formar y capacitar durante años a centenares de actores de diferentes sectores para el manejo de las redes sociales y la promoción de campañas, las cuales estuvieron dirigidas particularmente contra el partido de gobierno, su liderazgo y simpatizantes, así como en contra del quehacer gubernamental y sus autoridades».

También se analizan los impactos psicosociales de la crisis en la población (pag.47) y el rol de la iglesia católica (pag. 54).

«Desde un inicio, la participación de la conferencia episcopal estuvo marcada por el manejo ambiguo de dos conceptos y realidades: iglesia católica – obispos de la iglesia y por la falta de definición rigurosa de dos conceptos determinantes: mesa de diálogo nacional y la función de mediación».

En este sentido se analiza la falta de condiciones mínimas (serias limitaciones, ambigüedades y confusiones) para que la mesa de diálogo nacional, donde los obispos eran ‘mediadores y testigos’, pudiese garantizar algún tipo de resultado (pag. 57).

«A lo largo de todo el proceso, ciertos obispos sostuvieron que podían asumir al mismo tiempo dos funciones, la de mediadores y la de defensores y promotores del sector opositor al gobierno (…) Este error tuvo graves consecuencias. El lenguaje de algunos obispos radicalizó los ánimos (…) y hasta provocó fuertes contradicciones en la comunidad católica», se lee en el informe.

Para la CVJP, existe un consenso nacional y universal de que la crisis en Nicaragua tiene que resolverse por medio del diálogo.

«Acabamos de vivir una experiencia fracasada de intento de capitulación. La única conclusión es que todos los actores tenemos que revisar nuestros comportamientos, para discernir mejores estrategias que permitan superar la crisis e impedir daños inmensos e irreparabes para las y los nicaragüenses.» concluye el informe.

Leer y descargar (PDF) el Tercer Informe de la CVJP

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El Sur de Honduras y el avance del proceso de despojo

Giorgio Trucchi. LQS. Febrero 2019

Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de desalojo ha sido imprescindible

Resistencia y lucha comunitaria ante la profundización del extractivismo

En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). El gran capital nacional y transnacional olfateó el negocio y ya se está abalanzando sobre territorios y bienes comunes.

En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas.

Durante las últimas dos décadas, las familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado proceso de pérdida de territorios, acompañado por una creciente militarización, la criminalización del derecho a la tierra y la judicialización de cientos de personas que sobreviven principalmente de la agricultura y la pesca.

Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de desalojo ha sido imprescindible.

Cinco reportajes de Alba Sud sobre lo que está ocurriendo en el sur de Honduras.

1) Zacate Grande (Honduras): criminalización de la lucha en defensa de territorios y playas

La península de Zacate Grande concentra numerosos conflictos entre comunidades y empresarios y familias acaudaladas, que les han despojado de las tierras donde vivían desde hace décadas, para aprovechar el nuevo impulso de la zona en los sectores energético, minero, turístico y de infraestructuras.

2) Honduras: Mujeres en el banquillo. ¿Turismo para quién?

Intereses de grandes proyectos turísticos en la península de Zacate Grande, Honduras, criminalizan y enjuician a las comunidades locales. Así les ha ocurrido pobladoras de Playa Blanca que habilitaron un espacio para que los turistas nacionales pudieran estacionar sus vehiculos.

3) Zacate Grande (Honduras): “Nos desalojan en nombre del desarrollo”

Los pobladores de esta isla enfrentan desde hace años a un intenso proceso de desposesión por parte de familias poderosas del país. Recientemente, los intereses turísticos han acentuado la amenaza de desalojo.

4) “No queremos un turismo que genere más despojo y exclusión”

Activistas sociales hondureños en el Golfo de Fonseca cuestionan el discurso del gobierno hondureño sobre los beneficios del desarrollo turístico y denuncian la brutalidad del proceso de despojo a las comunidades de estas inversiones.

5) Honduras: Una espada de Damocles suspendida sobre la Isla Exposición

Las familias afincadas desde hace décadas en esta isla del Golfo de Fonseca, viven desde el año pasado pendientes de la ejecución de una orden de desalojo dictada por los tribunales de justicia. El atractivo turístico de la zona pone en riesgo los medios de vida de estos pobladores.

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Honduras: Para botar la dictadura debemos unirnos

Giorgio Trucchi*. LQS. Enero 2019

Nuestra lucha es contra esta dictadura, para sacar a Juan Orlando Hernández del puesto que está usurpando, por la liberación de todos los presos políticos, de la captura y castigo de los autores de los crímenes post-electorales y para que se garantice la libertad de expresión

Culmina semana de protesta contra el régimen de JOH

Este 27 de enero, a un año de la toma de posesión de un presidente y un gobierno que son el resultado de un colosal fraude electoral, concluyó la semana de protestas promovidas por la Convergencia contra el Continuismo (CCC) y la Acción Ciudadana contra la Dictadura, que culminó con movilizaciones a nivel nacional del partido Libertad y Refundación (Libre).

Carlos H. Reyes, miembro de la CCC y del Comité Ejecutivo Latinoamericano de la UITA, analizó para La Rel los alcances de esta semana de lucha.

“Ha sido una semana de plantones y movilizaciones con el propósito de denunciar la dictadura que se ha instalado en nuestro país. Se trata de una dictadura especial, porque además de ser oligárquica, tener el respaldo de los militares y del imperio gringo, hunde sus raíces en el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad”, dijo.

“Nuestra lucha es contra esta dictadura, para sacar a Juan Orlando Hernández del puesto que está usurpando, por la liberación de todos los presos políticos, de la captura y castigo de los autores de los crímenes post-electorales y para que se garantice la libertad de expresión”.

-¿Qué tipo de actividades se han realizado?
-Realizamos varios plantones, entre otros, frente a Radio Globo, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia. También presentamos un escrito ante el Ministerio Público, con el propósito de que se investigue la relación de Juan Orlando Hernández con su hermano Tony Hernández, quien fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, visitamos a la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) y realizamos un plantón frente a la embajada de Estados Unidos.

Washington, el principal aliado de la dictadura

-¿Por qué la decisión de manifestarse frente a la embajada estadounidense?
-Estados Unidos es el primer y más importante aliado de este régimen. Le ha dado su apoyo a pesar del descarado fraude electoral.
Rechazamos el injerencismo del gobierno estadounidense y de su embajada en Honduras, así como condenamos el hecho de que hayan sido ellos lo que decidieran quién iba a ser el presidente de nuestra nación.
Hemos visitado a la señora encargada de negocios de la embajada y, entre otras cosas, le hemos dicho claramente que lo que está pasando en Honduras es responsabilidad del gobierno estadounidense por haber reconocido a un gobierno ilegal e ilegítimo.

-Sacar a una dictadura nunca es tarea fácil. ¿Qué falta para alcanzar el objetivo?
-Las dictaduras no se caen solas, hay que botarlas. Es una tarea difícil y nunca lo vamos a lograr si no nos unimos todos. No podemos seguir con esta fractura de lo social con lo político.
La Convergencia contra el Continuismo y la Acción Ciudadana contra la Dictadura buscan la unidad y debemos seguir trabajando con otros espacios sociales y políticos para fortalecernos.
Agradecemos infinitamente a la Rel-UITA por estar siempre acompañándonos en esta lucha.

* Rel-UITA
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Honduras. Mujeres siguen luchando y resistiendo

Giorgio Trucchi*. LQS. Enero 2019

Las mujeres campesinas siguen sin tener acceso a la tierra, casi el 80% de las trabajadoras domésticas no tienen contrato laboral y más del 40% sufre malos tratos

25 de enero, día de la mujer hondureña

Este 25 de enero, fecha en que se conmemora la conquista del derecho al sufragio, las mujeres hondureñas volvieron a las calles para exigir el respeto de sus derechos y plantear varias demandas.

Un nutrido grupo de mujeres que integran diferentes plataformas y organizaciones se movilizaron hasta el parque central en Tegucigalpa.

De acuerdo con datos de la Plataforma 25 de noviembre, la violencia de género ha recrudecido y se contabilizan 3.476 mujeres asesinadas en los últimos siete años, que equivale a casi 500 femicidios por año. El 90% de estos crímenes están en completa impunidad. Sólo en estas primeras semanas de enero se han cometido 22 femicidios.

En relación con los derechos económicos, las mujeres campesinas siguen sin tener acceso a la tierra, casi el 80% de las trabajadoras domésticas no tienen contrato laboral y más del 40% sufre malos tratos.

El Estado de Honduras aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ni el Convenio 189 de la OIT que protege a las trabajadoras domésticas, al tiempo que sigue prohibiendo el uso y distribución de la Pildora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) y penalizando el aborto.

La falta de oportunidades, la discriminación, inseguridad y la violencia originada por la imposición de megaproyectos extractivos hace que las mujeres sigan siendo expulsadas del país y de sus territorios. No es un caso que las caravanas de migrantes que en los últimos meses han salido de Honduras rumbo a Estados Unidos son mayoritariamente integradas por mujeres y menores de edad.

Ante esta situación, la Plataforma 25 de Noviembre exigió respuestas claras a las autoridades, entre otras la aprobación de varias leyes que abordan las problemáticas más urgentes que afectan a las mujeres, cuyos contenidos deberán ser consensuados con las organizaciones de mujeres y feministas.

Asimismo, exigen la despenalización del aborto, la ampliación y fortalecimiento de las Unidades de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios, acabar con la impunidad, ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW y el Convenio 189.

Además crear programas de apoyo a hijos e hijas de madres víctimas de femicidio, protección para defensoras de derechos humanos, no desalojos para pueblos negros e indígenas y la no criminalización de la migración.

Finalmente exigieron la derogación del decreto que prohibe el uso de la PAE y la ampliación de los juzgados especializados en violencia doméstica.

* LINyM
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Honduras. «No queremos un turismo que genere más despojo y exclusión”

Giorgio Trucchi*. LQS. Enero 2019

Hemos visto como han venido militarizando el territorio, como la población está perdiendo sus lugares, como unas pocas familias han venido acaparando tierras y playas. Así que ‘protegen’ las islas para la llegada de quienes van a invertir en proyectos turísticos

Activistas sociales hondureños en el Golfo de Fonseca cuestionan el discurso del gobierno hondureño sobre los beneficios del desarrollo turístico y denuncian la brutalidad del proceso de despojo a las comunidades de estas inversiones,

En junio de este año, el gobierno de Honduras creó el Distrito Turístico de la Ruta del Sol. Su objetivo es potenciar el turismo y la generación de empleo en la zona del pacífico hondureño, en el sur del país. El nuevo distrito –el tercero después de Joya de los Lagos (centro) y Lenca Maya (occidente)– cuenta con un motor dinamizador que es la nueva Carretera del Sur. La obra, por la cual se invirtieron 157 millones de dólares en materia de infraestructura vial, une la capital Tegucigalpa a la localidad de Jícaro Galán, se complementa con el tramo que llega hasta San Lorenzo y continúa hacia las fronteras con Nicaragua y El Salvador.

Para el gobierno, potenciar el turismo en el sur significa también mejorar los hoteles existentes, los restaurantes, los medios de transporte terrestre y marítimo, así como atraer nuevas inversiones a medida que irá creciendo la demanda. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) para la región del Golfo de Fonseca, Romel Oliva, las plazas de trabajo en la región podrían incrementarse en hasta un 70%. “Lo que pretendemos es dinamizar el rubro del turismo porque éste ofrece ventajas como la derrama económica que no se da en otros rubros. Cada día más en Valle y Choluteca el crecimiento de la planta hotelera y restaurantes se está haciendo más visible. Con esta carretera de primer mundo que tenemos ahora el sur va a convertirse en un polo de desarrollo”, aseguró el funcionario.

Ese gran proyecto se enmarca tanto en el Plan maestro para el desarrollo del Golfo de Fonseca, acordado entre El Salvador, Honduras y Nicaragua, y la instalación en la zona sur de Honduras de la primera Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocida como ciudad modelo [1], que tiene entre sus ejes la creación de distritos especiales de inversión turística y que ha despertado el interés tanto de grupos económicos nacionales como de grandes empresas transnacionales.

A ese propósito, en noviembre de 2018 se realizó en Managua la XVI Reunión Técnica Trinacional del Golfo de Fonseca, para evaluar el avance de los proyectos de inversión y desarrollo económico, la gobernanza trinacional, un cronograma de trabajo y una posible reunión de jefes de Estado. Entre los proyectos con claros fines turísticos y comerciales figuran un ferry que conecte los puertos de La Unión (El Salvador) y Corinto (Nicaragua), y un transbordador entre La Unión y las zonas de Amapala y San Lorenzo (Honduras) y Potosí (Nicaragua). Además, revisaron los avances de los planes de la ZEDE y el parque logístico en el Golfo de Fonseca que tendrá una extensión aproximada de unos 3.200 kilómetros cuadrados.

No todo lo que brilla es oro

Queremos un turismo que nazca de las comunidades. El turismo ya no puede dejar solamente despojo y privatización

Fabián Ávila tiene 28 años y vive en una de las comunidades de la isla de Zacate Grande, convertida en península a finales de los años 60 cuando el gobierno de ese entonces decidió construir una carretera que la uniera a tierra firme. Igual que sus amigos y amigas tiene un vínculo muy fuerte con su tierra. La familia, en particular la madre, le transmitió el valor de luchar y defender esos lugares contra la voracidad de terratenientes, políticos sin escrúpulos y empresas.

Fabián es miembro de la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y locutor de la radio La Voz de Zacate Grande, emisora fundada en el 2010 que ha venido denunciando sistemáticamente la represión sufrida por quienes luchan en defensa de la tierra y los bienes comunes. El 18 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a él y a los demás comunicadores de la radio. La solicitud de medidas cautelares indica que, desde la apertura de la emisora, sus comunicadores han sido objeto de hostigamientos y agresiones por parte de personas privadas y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo un ataque con arma de fuego contra el entonces coordinador de la radio, Franklin Meléndez [2].

“Con un grupo de compañeros y compañeras fuimos a La Esperanza, Intibucá, donde la organización Comunicadores y comunicadoras Populares por la Autonomía (COMPPA) impartía un taller de capacitación sobre comunicación. Era el 2008. Dos años después, en plena lucha contra el golpe de estado, se fundó La Voz de Zacate Grande. La represión a manos de terratenientes, guardias de seguridad privada, policías y militares fue inmediata. De las 18 personas que estuvimos capacitándonos, hoy quedamos sólo 6 en la radio. La mayoría tuvo que irse de Zacate Grande. Algunos se fueron hacia las ciudades y otros tuvieron que abandonar el país”, recuerda Fabián Ávila.

“Yo vengo de una familia que ha estado luchando por el derecho a la tierra, defendiendo nuestro territorio. Da tristeza ver como estos ricos se adueñan de todo, incluso de las playas donde crecimos, donde íbamos a jugar, donde disfrutábamos del tiempo libre con nuestras familias, con amigos y amigas. Da rabia ver cómo llega gente de afuera a decirte que la tierra que te vio nacer ya no es tuya, que tienes que irte so pena de ser desalojado. Mi mamá fue entre las personas que empezaron esta lucha y por eso fue acusada en los tribunales. Yo vi su compromiso y decidí seguir su ejemplo”, dijo el joven activista a Alba Sud.

¿Reservas naturales en venta?

Lo vemos el sector turismo, donde la mirada está puesta en la generación de más y más ganancia para unos pocos y muy poco o casi nada para las comunidades y su gente…

Durante el recorrido en lancha de Puerto Grande a la Isla Exposición, donde el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH) iba a desarrollar un taller sobre transformación de conflictos y derechos humanos dirigido a miembros de las diferentes comunidades de Zacate Grande, Fabián iba señalando puntos de la costa donde ya no hay acceso para la población. Una sucesión interminable de mansiones detrás de una vegetación muy espesa marcando la pauta de nuestro viaje.

“Allá está la mansión de los Facussé y la de (Fredy) Nasser. Todos los ricos tienen sus mansiones aquí. Aquella con el embarcadero era del ex presidente (Rafael Leonardo) Callejas, pero ya la vendió. Esa es la isla Tigrito -explicó el joven-. Los Facussé se apoderaron de ella y de sus playas y hasta construyeron un terraplén para unir la isla a tierra firme. Nadie se puede acercar y los pescadores tienen que dar toda la vuelta porque no hay pasada. Lo mismo ocurrió con otras playas. Los muros que levantaron terminan hasta dentro el agua y la zona está llena de guardias armados”, dijo Fabián.

Tanto en la isla Exposición como en otras de las islas que integran el Archipiélago del Golfo de Fonseca aparecieron rótulos que advierten que se trata de ‘zona protegida’ [3]. “La pregunta es ¿para quién las están protegiendo? Seguro que no para la gente de las comunidades, ni para los jóvenes. Cientos de muchachos y muchachas que a diario deben abandonar sus tierras, sea por la falta de oportunidades que por la represión y criminalización de la lucha”, aseveró el locutor de La Voz de Zacate Grande.

Luis Méndez, coordinador de proyecto del CIPRODEH, explica que existe un fuerte interés de parte tanto del gobierno como de la empresa privada de hacer del sur de Honduras un enclave económico para las grandes corporaciones. Todo en el marco de la instalación de la primera ZEDE. “Hemos viajado varias veces a estas zonas y hemos visto como han venido militarizando el territorio, como la población está perdiendo sus lugares, como unas pocas familias han venido acaparando tierras y playas. Así que ‘protegen’ las islas para la llegada de quienes van a invertir en proyectos turísticos, igual lo hacen con los territorios que están en la mira de empresas que impulsan proyectos energéticos y la minería. Lo que el Estado debería hacer es proteger de verdad el territorio y los bienes comunes, así como la gente que sufre amenazas, represión, criminalización y judicialización”.

El experto capacitador advirtió que la situación en el sur de Honduras es muy grave. “Hay una gran cantidad de puntos críticos. Se están apoderando del territorio y lo hacen en contubernio con todo el aparato estatal, que está para servicio de los grupos económicos y no para defender los intereses y derechos de las comunidades. Lo que viene con la Zede y con estos programas dizque de desarrollo va a profundizar aún más el conflicto. Si bien es cierto que la represión no para, tampoco va a parar la resistencia”, aseguró el coordinador de proyectos del CIPRODEH.

“En toda la zona ha venido surgiendo una conciencia colectiva de las comunidades por la defensa de los territorios. Lo vemos en los conflictos que se están dando por la imposición de proyectos extractivos y agroindustriales. Lo vemos también con el sector turismo, donde la mirada está puesta en la generación de más y más ganancia para unos pocos y muy poco o casi nada para las comunidades y su gente”, agregó Méndez.

También para Fabián Ávila, el turismo podría ser algo muy importante para mejorar las condiciones de vida de la gente. “Siempre lo hemos dicho: los que luchamos por la defensa del territorio no nos oponemos al desarrollo. Queremos desarrollo, queremos trabajo, queremos que lleguen los turistas, que disfruten de las bellezas de nuestra isla, de estas bellas playas, de las aguas y el sol del sur de Honduras. Pero debe ser algo que beneficie a todos. Tenemos décadas viviendo aquí y las comunidades deben ser consultadas y participar de estos procesos. Queremos un turismo que nazca de las comunidades. El turismo ya no puede dejar solamente despojo y privatización. Estamos cansado de ello”, concluyó Ávila.

Notas:
1.- Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
2.- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDHMC) 115/11 – Comunicadores de La Voz de Zacate Grande, Honduras.
3.- Islas Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pájaros, Zacate Grande.
*.- Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).

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Honduras. “Nos desalojan en nombre del desarrollo”

Giorgio Trucchi*. LQS. Diciembre 2018

Zacate Grande: los pobladores de esta isla enfrentan desde hace años a un intenso proceso de desposesión por parte de familias poderosas del país. Recientemente, los intereses turísticos han acentuado la amenaza de desalojo

La isla de Zacate Grande, situada al sur de Honduras, posee un largo de siete kilómetros y un ancho de diez y está rodeada por las aguas del Golfo de Fonseca. En la isla hay 11 comunidades y varios caseríos, todos pertenecientes al municipio de Amapala, ubicado en la majestuosa Isla del Tigre. Cuentan los activistas de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) que la mayoría de las personas que pobló la isla llegó en la década de los 50. En 1969 el gobierno de aquel entonces decidió construir una carretera que uniera la isla con tierra firme.

La nueva condición de ‘península’ despertó los apetitos de las más connotadas familias de Honduras, que buscaban lugares especiales donde construir sus mansiones para vacaciones. El Club del Coyolito, como se conoce a ese grupo de personas y familias que controlan los destinos políticos y económicos de Honduras, fue poco a poco apoderándose de las mejores tierras y playas de Zacate Grande, en detrimento de comunidades y caseríos.

Las más de 800 familias de Zacate Grande no cuentan con un título de dominio pleno sobre los inmuebles, sino que tienen una posesión natural y efectiva de las tierras. Viven sobre todo de la pesca, la agricultura, pequeños comercios y micro actividades relacionadas con el turismo. Los nuevos terratenientes aseguran que sus tierras fueron adquiridas legalmente y que nadie puede estar ocupando sus propiedades.

Uno de los personajes más emblemáticos de la zona fue el ya fallecido empresario de palma africana Miguel Facussé Barjum, tristemente famoso por el grave conflicto agrario de la región del Bajo Aguán, al noreste de Honduras, donde decenas de campesinos y campesinas han perdido la vida defendiendo el derecho de acceso a la tierra.

Facussé, al igual que varios de sus ‘amigos’ del Club del Coyolito, siempre argumentó que sus tierras las compró a la señora Carmen Malespín, prácticamente la dueña de toda la isla. Ella la heredó de una familia nicaragüense, la cual la recibió del señor Terencio Sierra, quien ocupó la presidencia de la república a finales del siglo XIX. Lo único y cierto en toda esta larga y enredada historia es que la isla estaba totalmente desierta, que los primeros pobladores llegaron a inicio del siglo XX y que, más de noventa años después, sus herederos siguen en posesión de estas tierras y las defienden contra viento y marea.

Para contrarrestar el avance del Club del Coyolito, a inicio del nuevo siglo varias comunidades decidieron unirse y conformaron el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en ADEPZA. En el 2010, en la comunidad de Puerto Grande, se creó la radio La Voz de Zacate Grande. La respuesta de los terratenientes no se hizo esperar y, con el apoyo incondicional de los órganos de justicia y los cuerpos de seguridad del Estado, dieron inicio a una escalada represiva.

La militarización del territorio trajo consigo la criminalización de la lucha por la tierra, con desalojos, detenciones, atentados y la judicialización de decenas de pobladores. ADEPZA registra más de 70 personas criminalizadas cuyas vidas se ha vuelta un infierno. Para tratar de frenar la ola represiva, en el 2012, con el apoyo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y el Comitato Italia Centro America (CICA), se instaló a la par de las instalaciones de la radio el Campamento Internacional de Observación de Derechos Humanos. La presencia internacional contribuyó a reducir un poco la intensidad de la represión.

Poder fáctico

El sacerdote jesuita Ismael Moreno Coto, mejor conocido como padre Melo, es director de Radio Progreso. En un reportaje sobre la situación en Zacate Grande publicado por la revista Envío, Moreno cuenta que, en el año 2003, Miguel Facussé logró despojar de sus tierras a la familia Cárcamo, para entregar Playa Gaviota –una de las más bellas de la zona– a su hija Elisa con motivo de su casamiento con Fredy Nasser, presidente del Grupo Terra, un conglomerado de empresas con énfasis en el sector energético.

En su relato, el sacerdote jesuita explica que la familia Nasser Facussé había comprado un terreno colindante con la casa de los Cárcamo, y que le habían propuesto comprarle el solar por unos 80.000 lempiras (4.500 dólares). Al negarse, la humilde familia había recibido severas amenazas. Un testigo del desalojo de la familia Cárcamo narró al padre Ismael Moreno lo que vio: «Aquel ambiente apacible y casi celestial fue interrumpido por el ruido del motor de un vehículo que pasó a unos 50 metros de la casa. Llegaron unos diez policías. Y mientras los que estaban en la casa curioseaban por ver lo que pasaba, nada frecuente, repentinamente por la parte de atrás de la casa llegaron otros veinte policías. Sumándose a los diez primeros rodearon la casa inmediatamente y con sus grandes fusiles apuntaron amenazantes a los hijos de Germán y Narda Cárcamo. Les gritaban: ¡Váyanse de aquí, que esto no es de ustedes! ¡Sálganse, sálganse! Ustedes han usurpado este terreno».

Pero esto no fue todo. Cuenta el testigo que después de la lectura de la sentencia de desalojo por parte del juez, un policía apagó el fogón, agarró la olla con la comida de la familia Cárcamo y la tiró al piso. Otros agarraban sus pertenencias y las lanzaban fuera. Hasta los sacos donde guardaban el maíz cosechado unos meses atrás fueron abiertos y tirados en el suelo. Después del desalojo, un juez confirmó que la propiedad era de Facussé y los Cárcamos tuvieron que irse definitivamente.

Las ZEDE ya están operando

Una situación compleja la de Zacate Grande, que ahora podría hasta empeorar con la instalación en el sur de Honduras de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city) [1].

“Sobre la ZEDE hay mucha confusión. La gente cree que se trata de un solo mega proyecto, de una obra gigantesca que va a entrar de un solo golpe a los territorios. Algo que se puede identificar claramente, pero no es así. La ZEDE ya comenzó a operar y tenemos los primeros impactos sobre los territorios, los bienes comunes y las poblaciones”, dijo Alan Torres, coordinador de la ADEPZA, a Alba Sud.

Es el caso del proyecto de energía solar fotovoltaica Los Prados, ubicado en el municipio de Namasigüe, Choluteca, que consiste en la instalación de cinco plantas solares sobre una superficie de casi 90 hectáreas con una capacidad instalada de 53 MW, de parte de las empresas de capital noruego Scatec Solar y Norfund. Contra la instalación de los paneles solares se han movilizado sectores de las comunidades de la zona. Han instalado campamentos de resistencia para impedir el acceso de las maquinarias al lugar del proyecto. El resultado ha sido que 17 pobladores fueron acusados de coacción a los empleados de la empresa y esperan el juicio.

En el municipio de El Triunfo, la empresa minera Los Lirios, subsidiaria de la estadounidense Electrum Group LLC, pretende explotar más de 1.800 hectáreas de tierra para la extracción de oro, bronce y plata, afectando a unas 20 comunidades de la zona costera, asegura el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida). Todo esto es parte de un nuevo modelo que promueve la creación de parques mineros industriales (zonas de libre comercio), como el que ya está operando en el municipio El Corpus, Choluteca, donde la empresa minera Cobra Oro de Honduras, subsidiaria de la canadiense Glen Eagle Resources Inc, adquirió 15.000 metros cuadrados de terreno.

A mediados de noviembre de 2018, pobladores de los municipios sureños de Choluteca y Valle manifestaron masivamente su rechazo a los proyectos extractivos, bloqueando la carretera Panamericana. La actividad fue coordinada por MASS-Vida y la iglesia católica. Entre otras demandas, exigieron la cancelación inmediata de las concesiones mineras en El Tránsito, El Triunfo, El Corpus y del proyecto fotovoltaico en Namasigüe. “No podemos quedarnos callados ante la realidad social del pueblo, hay gente que aparece hablando a favor de la minería, pero no trae nada bueno al pueblo, pero sí al dueño de la mina”, declaró el sacerdote Jaime Velásquez, de la parroquia San José de Nacaome, a medios nacionales.

Turismo: una oportunidad

“Lo mismo que pasa con los proyectos de energía fotovoltaica y la minería ocurre con el turismo. Buena parte de la costa (de Zacate Grande) y sus playas ya no son accesibles. Los terratenientes han construido grandes muros perpendiculares al mar que se prolongan hasta dentro del agua y que impiden la libre movilización por las playas. Hay guardias armadas que te amenazan. La gente siente temor y ni se acerca”, explicó Alan Torres.

Las familias de Zacate Grande viven principalmente de la agricultura y la pesca. Cuando hay temporadas malas, el turismo es una alternativa y una oportunidad para generar ingresos. Sin embargo, la voracidad de los terratenientes parece no tener límites. “Las mujeres son las que encabezan la resistencia y son las más criminalizadas. El caso más reciente es el de Playa Blanca donde hay tres mujeres acusadas en los tribunales”, recordó el también locutor de radio La Voz de Zacate Grande.

Alan Torres vive en la comunidad de La Flor que colinda con una de las propiedades de los Facussé. Los pobladores buscan mantener un bajo perfil. No les conviene entrar en conflicto con gente armada. “Se han apoderado de la isla Tigritos y de la playa La Llorona. Todo alrededor han construido un muro de cemento y piedras y ya nadie puede acercarse. También hicieron un relleno para unir Tigritos a la tierra firme y construir otra casa de verano. Pese a las dificultados no nos hemos dado por vencidos y logramos rescatar dos playas: el Sordo y el Mudo. Organizamos grupos de trabajo para limpiarlas, reactivamos un pozo e instalamos una bomba. También acondicionamos el lugar para que se desarrollaran unas ramadas. El acceso es libre y ya llegan turistas y organizaciones a realizar reuniones y talleres”, dijo Torres.

Pero no fue fácil. Los grupos de pobladores encargados de rescatar las dos playas fueron emboscados más de una vez por grupos de policías, militares y guardias privados. Desconocidos quebraron la bomba del pozo y quemaron las ramadas. “Es odio lo que nos tienen. Les molesta que estemos empoderándonos del territorio y que les saquemos provecho con el turismo y la presencia de organizaciones amigas que nos visitan. El turismo debería ser un recurso importante para comunidades tan empobrecidas como las nuestras. Desafortunadamente, tanto el capital nacional como el transnacional lo ven como una oportunidad más para seguir enriqueciéndose a costa de nuestra pobreza. Dicen que van a generar desarrollo, pero va a ser para los millonarios, no para nosotros”.

El joven coordinador de la ADEPZA aseguró que obviamente no se oponen al desarrollo –uno de los temas que usan políticos y empresarios para descalificar la lucha en defensa de la tierra y los bienes comunes– siempre y cuando sea incluyente y respetuoso del medio ambiente y los pueblos. “Aprobar leyes que autorizan la expropiación de tierra y el desalojo de familias y comunidades para realizar proyectos extractivos, energéticos, turísticos, no es desarrollo. Queremos un desarrollo integral que involucre a las comunidades, a su gente. Queremos que se nos consulte y que se nos escuche. Queremos que acaben con la criminalización de la lucha y la judicialización de compañeros y compañeras. No queremos más muertos. No queremos que, en nombre del desarrollo, vengan a destruir y a reprimir”, concluyó Torres.

Notas:
1.- Territorios con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas, que estarán sometidos a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
*.- ALBA SUD
Este artículo se publica en el marco del proyecto «El Objectius de Desenvolupament Sostenible i el turisme: estratègia d’educació per al desenvolupament», ejecutado por Alba Sud con el apoyo de la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) (convocatoria 2017).

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Honduras. Mujeres en el banquillo. ¿Turismo para quién?

Giorgio Trucchi*. LQS. Diciembre 2018

En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas

Intereses de grandes proyectos turísticos en la península de Zacate Grande criminalizan y enjuician a las comunidades locales. Así les ha ocurrido pobladoras de Playa Blanca

En el sur de Honduras la conflictividad ha alcanzado niveles muy preocupantes. Proyectos energéticos, agroindustriales, mineros y turísticos han acompañado la instalación de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) [1]. El gran capital nacional y transnacional olfateó el negocio y ya se está abalanzando sobre territorios y bienes comunes. Desde hace décadas, la península de Zacate Grande y el Golfo de Fonseca, con su archipiélago y playas, han estado en la mira de grupos y familias que controlan y mueven los hilos de la política y la economía hondureña.

En estas zonas es brutal el contraste entre la pobreza extrema de caseríos y comunidades y el lujo, la opulencia de las mansiones de verano de terratenientes y poderosos. Largos y altos muros rodean las propiedades vigiladas por hombres armados que hasta niegan el acceso a las playas.

Durante las últimas dos décadas, las familias que viven en estas zonas han venido sufriendo un acelerado proceso de pérdida de territorios, acompañado por una creciente militarización, la criminalización del derecho a la tierra y la judicialización de cientos de personas que sobreviven principalmente de la agricultura y la pesca. Para las familias del lugar, organizarse, resistir y defender su tierra y su vivienda ante las amenazas de desalojo ha sido imprescindible.

Despojo y represión

El estudio “Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra”, realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), señala que en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesadas judicialmente. No menos de mil son mujeres que están participando activamente y que hasta encabezan el proceso de defensa del territorio y los bienes comunes. Sólo en Zacate Grande, la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) asegura que hay unas 70 personas –entre ellas muchas mujeres– que están siendo criminalizadas.

“Como abogados y activistas ambientalistas hemos registrado una fuerte ola de intimidación, hostigamiento y criminalización de familias que resisten a los embates de este proceso de expulsión de sus tierras. Vemos, por ejemplo, el caso de las personas del caserío de Puerto Sierra, comunidad de Playa Blanca, que están siendo demandadas injustamente por el señor Jorge Cassis Leiva por supuestos daños a la propiedad y agresión física”, dijo Denia Castillo, profesional del derecho de la Red de Abogados del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASS-Vida), a Alba Sud.

Se trata del mismo terrateniente que hace unos años acusó a Abel Pérez y Santos Hernández, pobladores del mismo caserío, de usurpación de tierra, daños y amenazas. Después de ser encarcelados por casi cuatro meses, los dos pescadores fueron condenados a 5 años y un mes de prisión y están esperando que Casación se pronuncie.

Su culpa fue haber limpiado, con más de 40 familias de Puerto Sierra, un predio baldío para hacer un estacionamiento que sirviera a los turistas que durante Semana Santa llegan a las playas. Su culpa fue haber pensado que promover el turismo fuera algo que también las familias pobres, las comunidades, podían aprovechar para mejorar sus condiciones de vida.

Mujeres dignas

En el caso de María Veneranda Cruz, Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz, el terrateniente los acusa de haber derribado un muro que él hizo construir para delimitar su propiedad, y de haber agredido a uno de sus seguidores. Un muro que prácticamente cercaba el caserío, impidiendo el acceso a sus viviendas a más de 60 familias.

“Nos están acusando de haber derribado el muro. Mírenos. ¿Le parece que tenemos la fuerza y la capacidad de botar un muro hecho con grandes piedras y cemento, y con la parte de arriba cubierto de vidrios y botellas quebradas?”, preguntó María Veneranda Cruz, de 64 años.

“Todo esto es una represalia por el tema del predio. ¡Hubiera visto usted en qué condiciones estaba!. Puro monte y un gran espinero. El lugar estaba abandonado. Nadie se preguntaba de quién era porque solamente servía para cruzar hacia la comunidad o para que vehículos llegaran a descargar productos (alimenticios) o material (de construcción). El señor Cassis Leiva ni siquiera se asomaba al lugar”, agregó Cruz.

María Concepción Hernández es amiga de las tres mujeres enjuiciadas. Con ellas comparte la lucha por el derecho a soñar con un futuro mejor. “Fuimos especialmente las mujeres a darle vida y a mantener activo el proyecto (del estacionamiento). Aguantamos de todo. Llegaban los seguidores de Cassis armados a presionarnos, hostigarnos, amenazarnos. Para asustar a los turistas que dejaban sus vehículos les entregaban fotos de los compañeros encarcelados, diciendo que éramos todos unos delincuentes. Este mismo señor –continuó Hernández– nos ofendió a las cuatro (mujeres). Nos dijo que éramos un atajo de ladronas, unas usurpadoras sinvergüenzas porque le habíamos robado su tierra. Hasta nos tildó de prostitutas”, recordó con enojo profundo.

Como muchas veces ocurre en situaciones como estas, donde las familias no tienen título de propiedad del inmueble pero sí el derecho de posesión, la estrategia tanto de grupos económicos, terratenientes, familias pudientes como de empresas transnacionales es de dividir a las comunidades, echando a pelear a las familias que viven en un determinado territorio.

“Hay personas que por interés se han plegado a este señor y se encargan de hacer el ‘trabajo sucio’. Una señora hasta llegó a decirme que iba a llorar lágrimas de sangre. Nunca van a entender que están siendo manipuladas y que la única forma para salir de la pobreza es juntar esfuerzos”, manifestó la pobladora.

“Mire mis manos”

María Venerada Cruz trabajó 18 años para la familia Cassis Leiva. “Trabajaba en oficios domésticos, pero este señor no tiene memoria. A él no le importa. Tengo 64 años y nunca he tenido problemas con la justicia. Viera usted el susto que me llevé cuando nos dijeron que teníamos requerimiento judicial y orden de captura. Casi me da un infarto. Mire mis manos- Son manos de trabajadora. Durante toda mi vida no he dejado un solo momento de trabajar. Hice de todo. Yo nunca le he robado a nadie. Es una barbaridad lo que nos están haciendo”, lamentó.

Lo que más duele a la joven Jessica Cruz Cárcamo es la forma en que las están tratando. “Nos están persiguiendo como si fuéramos delincuentes. Lo único que queremos es seguir con nuestra pequeña actividad y promover el turismo. Los turistas llegan y ahora tienen donde dejar sus vehículos. Somos familias pobres y esto nos ayuda bastante. El turismo debe ser también algo que podamos aprovechar nosotras para mejorar las condiciones de pobreza en que vivimos”, dijo.

“En las comunidades hay mucha angustia –agregó la abogada Castillo–. La gente se siente amenazada y sabe que en cualquier momento puede ser desalojada, porque la ley siempre protege al más rico. Ya lo hemos visto en la Costa Caribe, en Trujillo, donde los proyectos turísticos, agroindustriales, energéticos lo que han venido haciendo es despojar a las familias campesinas, a los pueblos indígenas, a los garífunas. Comunidades que viven de la agricultura y la pesca mueren si se quedan sin tierra, ni acceso al mar. Estos proyectos turísticos están hechos a la medida de los poderosos y lo que traen a la gente es más despojo y criminalización. Pero la gente está reaccionando. Hay resistencia”, concluyó.

Más criminalización

En agosto pasado los cuatro pobladores de Puerto Sierra, acompañados por la Red de Abogados del MASS-Vida y la ADEPZA, se presentaron al juzgado y lograron que se retirara la orden de captura. La primera audiencia, reprogramada en varias ocasiones, se llevó a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre pero los resultados no fueron los esperados. Esto refuerza aún más la percepción de la creciente criminalización de la lucha social.

La jueza del Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala dictó sobreseimiento definitivo para María Venerada Cruz y auto de formal procesamiento en contra de Oneyda Cárdenas Flores, Jessica Cruz Cárcamo y Jacinto Hernández Cruz, quienes tendrán que presentarse de forma voluntaria para poder tener acceso a medidas sustitutivas de la prisión preventiva.

Pero lo más grave fue que, a solicitud del Ministerio Público, la jueza aceptara la ampliación del requerimiento fiscal en contra de Abel Pérez, Santos Hernández y María Concepción Hernández, contra los cuales giró orden de captura por daños continuados y agravados.

Notas:
1.- Espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros, para implementar actividades económicas en total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad.
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Este artículo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una eina d’Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia Global 2017

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Honduras: criminalización de la lucha en defensa de territorios y playas

Giorgio Trucchi*. LQS. Diciembre 2018

A finales de los años 90, las familias de las comunidades y caseríos de Zacate Grande comenzaron a ser notificadas que las tierras donde vivían les pertenecían a empresarios, familias acaudaladas, terratenientes. En contubernio con un cada vez más desacreditado sistema judicial, estos sujetos fueron adueñándose de las mejores tierras y playas

La península de Zacate Grande concentra numerosos conflictos entre comunidades y empresarios y familias acaudaladas, que les han despojado de las tierras donde vivían desde hace décadas, para aprovechar el nuevo impulso de la zona en los sectores energético, minero, turístico y de infraestructuras.

Desde hace años, la península de Zacate Grande, departamento de Valle, al sur de Honduras, está en el ojo del huracán. La antigua isla, que en la década de los 70 fue unida a tierra firme a través de la construcción de una carretera, está rodeada por tres lados por el Golfo de Fonseca.

La península cuenta con 11 comunidades [1] donde habitan un poco más de 1000 familias que viven principalmente de agricultura y pesca, y tienen escaso acceso a servicio básicos y a trabajos remunerados. Aunque no posean el dominio pleno de los terrenos donde viven desde hace décadas, las familias tienen posesión efectiva de dichos inmuebles [2].

La ubicación geográfica de Zacate Grande es estratégica. La península es parte del Parque Nacional Marino “Archipiélago del Golfo de Fonseca” (PNMAGF) [3], que en 1999 fue declarado como un área natural protegida e integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras (SINAPH). Además, en estos lugares se instalará la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), popularmente conocida como ciudad modelo (charter city). Se trata de espacios territoriales con condiciones especiales otorgadas a inversionistas extranjeros para implementar actividades económicas. Las ZEDE estarán sometidas a reglas diferentes del resto del país y gozarán de total autonomía en cuanto a política fiscal, aduanera, laboral, judicial y de seguridad. También podrán establecer sus propios sistemas de salud, educación y seguridad social.

No es para extrañarse, entonces, si las familias más pudientes del país, corporaciones y grupos económicos nacionales, terratenientes y empresas transnacionales han puesto sus ojos en esta zona. Es justamente aquí donde el gobierno pretende implementar un plan estratégico de ‘desarrollo’, a través de inversiones multimillonarias en el sector energético, minero, turístico y en infraestructuras.

Tragando playas

A finales de los años 90, las familias de las comunidades y caseríos de Zacate Grande comenzaron a ser notificadas que las tierras donde vivían les pertenecían a empresarios, familias acaudaladas, terratenientes. En contubernio con un cada vez más desacreditado sistema judicial, estos sujetos fueron adueñándose de las mejores tierras y playas. Buena parte de la costa ya resulta inaccesible a la población.

Algunos, como es el caso del ya fallecido empresario palmero Miguel Facussé Barjum, hasta levantaron largos y altos muros para que nadie tuviese acceso a sus nuevas propiedades vacacionales, cuidadosamente protegidas por guardias armados. Son los miembros del “Club del Coyolito”, como le llaman los habitantes de la zona a ese grupo de ‘ricos y famosos’ que hacen y deshacen a su antojo.

La persistente amenaza de perder lo poco que tienen motivó a varias familias a organizarse para resistir los embates de la invasión. Fue así que en el año 2000 crearon el Movimiento de Recuperación y Titulación de Tierra de Zacate Grande, que luego se estructuró en la Asociación por el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA). En el 2010 se creó la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, uno de los bastiones de la lucha de las comunidades de la península en defensa del territorio, la tierra, la playas y el mar.

La respuesta al esfuerzo organizativo de las comunidades no se hizo esperar. Comenzaron las amenazas, el hostigamiento, la persecución. El territorio fue militarizado y la lucha criminalizada. Decenas de activistas de la ADEPZA fueron demandados por usurpación de tierra y daños a la propiedad. Ejército y policía llevaron a cabo desalojos violentos y en diversas ocasiones los pobladores fueron agredidos, golpeados, heridos y detenidos.

Una de las estrategias adoptadas por los ‘nuevos dueños’ fue dividir a las comunidades y romper la unidad interna. Eso debilitó a la organización. También hubo atentados contra la vida. En el 2011, el entonces director de la radio, Franklin Meléndez, fue herido de bala en una pierna. Meses después, Pedro Canales, antiguo coordinador de ADEPZA, sufrió un sabotaje a su vehículo y fue amenazado con armas de fuego. Varios jóvenes comprometidos con la defensa de la tierra tuvieron que abandonar sus comunidades, como es el caso de Miguel Ángel Vásquez, quien fue amenazado, perseguido, encarcelado, sufrió atentados y finalmente tuvo que auto exiliarse.

En la zona se generó un ambiente de terror. La gente vivía con miedo de que, en cualquier momento, uniformados pudiesen llegar a sacarlos de sus casas, encarcelarlos o hasta asesinarlos.

Criminalizar la lucha

Según el estudio Zacate Grande: una comunidad que persiste en la defensa por el derecho a la tierra [4], realizado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), en Honduras existen más de cinco mil campesinos y campesinas procesados judicialmente. La mayoría de esos casos remontan al período sucesivo al golpe de Estado del 2009 e involucran a unas mil mujeres. ADEPZA registra al menos 70 personas criminalizadas en Zacate Grande.

El caso de Abel Pérez y Santos Hernández, del caserío Puerto Sierra, es un claro ejemplo de la represión que están sufriendo los pobladores. En agosto del año pasado, la Sala Dos del Tribunal de Sentencia de Choluteca los condenó a 5 años y un mes de prisión por usurpación de tierra, daños a la propiedad y amenaza constitutiva de falta en perjuicio del terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva. Otro acusado de los delitos fue Santos Tomás Cruz, quien finalmente quedó absuelto.

Ambos son miembros de ADEPZA y Abel Pérez también es parte de la Red de Defensores de Derechos Humanos del Sur (REDEHSUR), que acompaña al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) en la defensa de los dos activistas.

El conflicto remonta a 2014, cuando unas 45 familias del dicho caserío, colindante con la comunidad de Playa Blanca, decidieron limpiar un predio abandonado que históricamente había servido como camino de paso para los habitantes. El terreno servía también para vehículos comerciales que llegaban a abastecer el lugar con productos alimentares o material de construcción.

La situación económica de las familias de la zona es muy precaria y las personas sobreviven de la agricultura y la pesca. Para complementar los escasos ingresos, las familias decidieron acondicionar el predio como estacionamiento para las personas que, durante las vacaciones de Semana Santa, iban a visitar las playas. En efecto, tras el ‘cierre’ de playa Guayaba Dorada y playa La Gaviota –el acceso fue ilegalmente prohibido por empresarios y terratenientes instalados en la zona– la playa de la comunidad de Playa Blanca iba a ser un importante atractivo turístico para los veraneantes de estos.

“Los turistas que llegan a la playa no tienen donde dejar el vehículo. Pensamos entonces que para promover el turismo podíamos limpiar el predio y crear un parqueo comunitario. Nos juntamos un representante por cada una de las 45 familias y comenzamos a trabajar. Todo el caserío se involucró y la ADEPZA nos apoyó con la alimentación. Trabajamos durante un año y hasta tuvimos que mover grandes rocas y hacer un relleno con piedras y tierra. Finalmente llegó Semana Santa [de 2014], inauguramos el parqueo y nos organizamos para atraer a los turistas”, dijo Abel Pérez a Alba Sud.

El primer año no llegó mucha gente, pero la población de Puerto Sierra siguió cuidando el lugar. Al año siguiente hubo mucha más presencia de veraneantes y las cosas iban bien para las humildes familias del lugar. Desafortunadamente Cassis Leiva decidió demandar a los ‘tres cabecillas’ por haber usurpado y ocasionado daños a su terreno.

Cárcel y castigo

A los imputados se les concedieron medidas sustitutivas a la prisión, como firmar cada 15 días en el juzgado de Amapala en la isla del Tigre, no salir del país, no acercarse al predio, ni al demandante. Pero Abel Pérez y Santos Hernández no tenían las capacidades económicas para asistir regularmente a firmar a Amapala. Además, fueron acusados por personas de la comunidad de Playa Blanca afines al terrateniente de haber llegado al predio. Todo eso hizo que el juez revocara las medidas y ordenara su encarcelamiento.

“Cuando las personas vieron lo que nos estaban haciendo se asustaron. La mayoría de las familias se retiró del proyecto. Cassis nos usó para sentar un precedente e infundir miedo en la comunidad. Pero hay familias que resistimos y no nos dejamos atemorizar. En 2016 y 2017 la afluencia de turistas fue grande y nos ayudó muchísimo. Todo lo que recaudamos con el parqueo se reparte en partes iguales entre las familias”, explicó Santos Hernández.

Los dos pescadores guardaron prisión durante más de 100 días. En agosto de 2017 fueron sentenciados a 5 años y un mes. De inmediato los abogados presentaron un recurso de Casación y están esperando la audiencia pública.

“Fue injusto lo que nos hicieron. No tenemos un empleo fijo y con costo llegamos a ganar unos 100 lempiras diario (4 dólares). Una familia de 5 o 6 personas no sobrevive con esa cantidad. Se nos hacía imposible viajar dos veces al mes hasta el juzgado de Amapala, pero no les importó. Fueron casi cuatro meses de infierno. Calor insoportable, hacinamiento, hostigamiento continuo. Fue una experiencia demasiado grande para ambos y nos cuesta quitárnosla de encima. Ni quiero pensar que pasaría si nos vuelven a encerrar”, dijo preocupado Pérez.

“Vivir aquí no es fácil. Estamos rodeados de terratenientes. Sólo queríamos aprovechar las playas y el turismo para mejorar un poco nuestra condición económica. El turismo debe ser incluyente, para que las familias que vivimos aquí podamos aprovechar de las bellezas naturales. Los ricos se están adueñando de todo. Privatizan las playas, amenazan a quien se acerca, no permiten que la gente transite por estos lugares. No es justo y es ilegal, pero a nadie le importa. El sistema de justicia prefiere mirar para otro lado y ensañarse contra los más débiles”, concluyó Hernández.

Más criminalización

Un sistema de justicia que hasta podría llevarlos nuevamente a la cárcel después de que el Juzgado de Letras de lo Penal de Amapala decidiera aceptar la solicitud del Ministerio Público de ampliar el requerimiento fiscal en contra de dos mujeres (Oneyda Cárdenas Flores y Jessica Cruz Cárcamo) y un hombre (Jacinto Hernández Cruz), todos pobladores de Puerto Sierra acusados por el mismo Cassis Leiva de daños a la propiedad y agresión física, involucrando en el caso propio a Abel Pérez, Santos Hernández y a otra pobladora (María Concepción Hernández) por los supuestos delitos de daños continuados y agravados, y girando orden de captura.

Notas:
1.-  Jocote, Coyolito, El Zope, Playa Blanca, El Ojochal, La Pintaviera, Los Langues, Los Huatales, Puerto Grande, La Flor, Novillo.
2.- Artículo 717 del Código Civil de Honduras. La posesión efectiva es equivalente a decir que tienen dominio útil del inmueble.
3.- Integrado por 13 islas: Exposición, Sirena, Inglesera, Violín, Coyote, Garrobo o San Carlos, Pacar, Comandante, Las Almejas, El Padre, Conejo, Los Pájaros, Zacate Grande.
4.- El estudio de CESPAD sirvió de rferencia para enfocar el contexto del reportaje

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Honduras-LoQueSomos
@nicaraguaymas
* ALBA SUD
Este artículo se publica en el marco del proyecto Turisme Responsable: una eina d’Educació per a la Justícia Global, ejecutado por Alba Sud con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona en la convocatoria del Programa de Educación para la Justicia Global 2017

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