¡Queremos juzgar a los vivos!

memo244Iñaki Alrui*. LQSomos. Octubre 2015

“…querer reabrir heridas del pasado…
Para eso con nosotros no van a contar.
Dejen en paz a los muertos…”
Rocío López

Con estas lapidarias frases entre otras lindezas, ha intentado liquidar Rocío López, la diputada que ha ejercido como portavoz del PP en el debate sobre la Proposición No de Ley del Grupo Mixto y la Izquierda Plural que instaba al Gobierno a juzgar o extraditar a Argentina a 17 ex altos cargos del franquismo y de la Transición por «crímenes de lesa humanidad».

¡Craso error Rocío! ¡¡¡Queremos juzgar a lo vivos!!!

Como por ejemplo a Utrera Molina, suegro del ex ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, que encabezó la cartera de la Vivienda en 1973 y fue ministro secretario general del Movimiento (1974-75), por su responsabilidad en la Memo-criminales_franquistas_LoQueSomospena de muerte del luchador libertario Salvador Puig Antich, último ajusticiado a garrote vil en España (1974).

A Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976 y con cargos de responsabilidad anteriores en el régimen franquista, por sus responsabilidades en los crímenes de Gasteiz, en marzo de 1976, de cinco trabajadores en una acción policial.

A Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, por su responsabilidad, hace solo 40 años, en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (dos miembros de ETA y tres del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).

memo271A Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Al ex capitán de la Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar, y a los ex policías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés y Atilano del Valle Oter.

Y también a Carlos Rey González, que fue miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, y a los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y a Jesús Cejas Mohedano, y al ginecólogo Abelardo García Balaguer, y a Antonio González Pacheco, conocido por “Billy el Niño”, miembro de la policía franquista y de la transición “democrática”, y al ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, condenado por el golpe de Estado del 23-F, y uno de los asistentes a la famosa paella celebrada con motivo del treinta aniversario del golpe en el cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro , organizada por el teniente coronel Antonio Tejero y… a un régimen asesino como fue el franquismo.memo273

Todos los anteriores están muy vivos y disfrutando de una cómoda posición social heredada de una régimen genocida, e ilegal.

REPETIMOS: un régimen nacido de un golpe militar contra un estado legalmente establecido, impuesto por la fuerza de las armas con la ayuda directa del nazismo alemán y el fascismo italiano, en su esplendor. Un sistema de control político y pensamiento único impuesto a sangre y fuego, con leyes a medida para asesinar, torturar y reprimir cualquier acto de disidencia. Una dictadura que mató de principio a fin, que nunca tuvo “aperturas”, un sistema que sobrepasó la propia muerte del dictador para seguir matando en la alabada como modélica “Transición”.

¡Queremos juzgar a los vivos! y lo de “Dejen en paz a los muertos…” tiene una difícil interpretación, incluso semántica.

A los muertos, se les despide desde nuestros mitos y quimeras, después entierro o incineración, y paz.

Usted se esta refiriendo a ASESINADOS, a crímenes cometidos sin justicia alguna, usted se está refiriendo a los exterminados por ser demócratas, por defender la libertad, el progreso, la República. Y, no lo olvide, además de asesinados fueron arrojados en fosas sin nombre, en cunetas, en simas o arrojados al mar.

Los muertos sí, que descansen en paz, que se dice. Pero a tod@s nuestros asesinados los seguiremos buscando para darles la luz que se merece su historia, uno a uno, fosa a fosa. Ellos amparaban con su lucha un mundo mejor, y no renunciamos a esa maravillosa herencia que nos legaron.

Y termino como empecé, ¡a los vivos, los juzgamos! por crímenes de lesa humanidad.

Más artículos del autor
* Miembro de la Asamblea de Redacción de LQSomos
En Twitter: @IkaiAlo

27 de septiembre 1975, en Bruselas

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Pablo Mayoral Rueda, Merçona Puig Antich, Manuel Blanco Chivite

Redacción*. LQSomos. Septiembre 2015

Las Jornadas por la memoria histórica y contra la impunidad que se celebran en el Parlamento Europeo, cuentan con la participación de dos miembros de la Plataforma Abierta “Al alba”, creada para la conmemoración del Cuarenta Aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo.
Manuel Blanco Chivite y Pablo Mayoral Rueda, son además dos de los procesados con petición de pena de muerte en los consejos de guerra sumarísimos de 1975.

La Jornadas arrancaron este pasado lunes, con una presentación a cargo de los eurodiputados Miguel Urbán e Izaskun Bilbao. Contaron con la presencia de Juan Diego Botto interpretando “El privilegio de ser perro”.

El martes se celebraron dos mesas participativas, “Antifascismo en Europa. Justicia y reparación para las víctimas” con varios ponentes y “La querella argentina y la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista”.

También contó con la emisión en directo de la transmisión radiofónica de “Carne cruda”, un programa especial desde el Parlamento Europeo sobre los últimos fusilados del franquismo, que contó con la participación de: Carlos Slepoy, José María Galante ‘Chato’, Paqui Maqueda, Merçona Puig Antich, Manuel Blanco Chivite y Juan Diego Botto.

Este programa con la fuerza de los testimonios casi nos impide hacer un comentario, por eso recomendamos encarecidamente que lo escuches, y darse cuenta del ejercicio de conciencia histórica, casi fotográfico, que captaron quienes todavía recuerdan los mínimos detalles, las cifras de detenidos/as, los nombres de los observadores internacionales que calificaron estos «juicios» como una farsa siniestra. De los diminutos detalles que recuerdan cómo en un apartado blindado de la memoria las familiares sobre los últimos tiempos de estos luchadores por la libertad, de lo que supuso el tardofranquismo como etapa acentuadamente criminal de este estado fascista. Del enorme desconocimiento existente sobre este pasado inmediato. De la ironía que supone hoy día que sea Argentina quien haya de juzgar a los asesinos… Escucha:

El martes se cerraría con un homenaje “40 aniversario a los últimos fusilados por el franquismo” con diversas intervenciones y un broche Manuel-gerena-PE-Loquesomosmusical del cantaor Manuel Gerena.

Este miércoles últimos día de la Jornadas cuenta con la participación de la conocida como “la jueza de la Querella” María Romilda Servini de Cubría, Jueza del Juzgado Criminal y Correccional Nº 1 de Buenos Aires (Argentina) que se ha reunido con miembros del Parlamento Europeo y ha participado en la mesa “Justicia Universal: instrumento contra la impunidad de los crímenes internacionales”, junto a los eurodiputados Miguel Urbán, Ernest Urtasun, Javier Couso y Manuel Ollé; y los juristas Ana Messuti, José Antonio Martín Pallín, Rafael Escudero.

mesa-PE-memoria-lqsEstas Jornadas en el Parlamento Europeo han sido coorganizadas por Podemos, IU-Izquierda Plural, EH Bildu, y (GUE/NGL), ICV y Primavera Europea (Greens/European Free Alliance) y PNV (ALDE)

Más información:
Contra la Impunidad
La Comuna. Presxs del franquismo
CEAQUA
Querella aregntina-LoQueSomos
40años, la generosidad de la resistencia

#27sep75 #QuerellaArgentina #juzgarOextraditar  #AlAlba

Apoyo de la ICAB a la “Querella Argentina”

apoyo-icab-querella-lqsRedacción*. LQSomos. Julio 2015

La Comisión de la Memoria Histórica del ICAB apoya la ‘Querella Argentina’ contra los crímenes del franquismo

La Comisión de la Memoria Histórica del ICAB defiende el principio de justicia universal y considera que la acción de la justicia argentina es una consecuencia de la absoluta pasividad y oposición de la justicia española a investigar los crímenes del franquismo, negando reiteradamente la revisión y declaración de nulidad de los procesos y las sentencias dictadas en procedimientos militares sin ningún tipo de garantía. Entre los hechos investigados por la llamada “Querella argentina” hay entre otros casos, el juicio y asesinato del presidente de la Generalitat, Lluís Companys i Jové. En este sentido, esta Comisión ha argumentado que es grave que los crímenes del franquismo tengan que ser investigados fuera del Estado.

La Comisión de la Memoria de la Memoria Histórica del ICAB ha hecho público su posicionamiento en el marco de la rueda de prensa que ha tenido lugar este pasado miércoles 22, en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona y en la que han intervenido Rosa María Barberà, vicedecana del ICAB; Jordi Palou-Loverdos, abogado y director del Memorial Democrático de la Generalitat; Ana Messuti, abogada de la querella; Felipe Moreno, querellante y portavoz de la ‘Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina’; Juan Martínez Martínez, querellante militante del PSUC y luchador antifranquista que declaró ante el Juzgado de Rubí para dar testimonio de las torturas, vejaciones, cárcel y exilio que sufrió; Pere Fortuny i Velázquez, llamado a declarar por el fusilamiento de su padre Josep Fortuny Torrens, alcalde republicano de Mollet que fue fusilado en el Campo de la Bota; Lluís Serra i Sancho, llamado a declarar por el fusilamiento de su padre Luis Sierra Giribert, alcalde de El Prat del Llobregat, también fusilado en el Campo de la Bota; y Antoni Bou, (del grupo ERC), coordinador de la querella por el fusilamiento del presidente Lluís Companys presentada en octubre de 2013 en Buenos Aires.

En este acto, la abogada Ana Messuti ha explicado cómo ha ido todo el procedimiento hasta que la jueza argentina María Servini de Cubría que instruye la causa 4591/10 por genocidio y / o crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura española y transición desde del 17 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977 remitió un exhorto para que diferentes querellantes declarasen ante el Juzgado en calidad de testigos de dicha querella argentina. También ha explicado cómo se han desarrollado las declaraciones realizadas en España.

Por su parte los cuatro querellantes presentes en la rueda de prensa -Felipe Moreno, Juan Martínez Martínez, Pedro Fortuny i Velázquez y Lluís Serra i Sancho- han dado a conocer su testimonio. También han recordado que la primera declaración se realizó ante el Juzgado de instrucción nº 6 de Rubí el día 7 de julio; la segunda ante el Juzgado de Instrucción nº 1 de Mollet del Vallés y el día 23 se realizará ante el Juzgado de Instrucción nº 26 de Barcelona.

Finalmente, Antoni Bou, coordinador de la querella por el fusilamiento del presidente Lluís Companys ha explicado las dificultades que se han encontrado en España para poder reclamar justicia por el fusilamiento del presidente Lluís Companys, que era el representante legítimo de la nación catalana, único presidente elegido democráticamente, y que fue asesinado dentro del contexto de la guerra civil y la segunda guerra mundial.

Comisión de la Memoria Histórica del ICAB

La Comisión de la Memoria Histórica del Colegio de la Abogacía se creó el 28 de junio de 2010 como órgano consultivo del Colegio en relación con la aplicación de las políticas de recuperación de la memoria histórica de esta Corporación.

* Nota aclaratoria:
Este comunicado de prensa relativo a la Comisión de la Memoria Histórica del ICAB es una nota elaborada y enviada a los medios por parte de esta Comisión del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
Las Comisiones promueven el debate jurídico y fomentan la participación de las personas colegiadas en los diferentes ámbitos de interés profesional. Sin embargo las actuaciones u opiniones que defienden no representan necesariamente la opinión de la Junta de Gobierno de esta corporación.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona es la voz oficial de esta corporación y se manifiesta a través de su Junta de Gobierno.

@LQSomos

Querella Argentina-LQSomos

Justicia universal

Querella-Justicia-universal-lqsJavier Coria. LQSomos. Junio 2015

Ana Messuti: “Cualquier Estado del mundo está obligado a no dejar sin investigar los crímenes de lesa humanidad”

En el marco de la conmemoración del 75 aniversario del fusilamiento (octubre, 1940) del President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, el Memorial Democrático y la Comisión de Memoria Histórica y de Justicia Penal Internacional del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) organizaron una mesa redonda con el título: “Justicia universal, por los crímenes de la guerra civil, el franquismo y el nazismo”. Los ponentes fueron la abogada Ana Messuti, en representación de la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, y el también abogado Antonio Segura, que investigó los crímenes contra españoles en los campos de concentración nazis.

En una sala repleta, la vicedecana del ICAB, Rosa María Barberà, y el director del Memorial Democrático de la Generalitat, Jordi Palou-Loverdos, presentaron a los ponentes que dieron una verdadera clase magistral sobre derecho penal internacional y sobre la aplicación del principio de justicia universal en la persecución de los crímenes de lesa humanidad. Por lo interesante de lo tratado, además de dar cumplida noticia del evento en su día, hoy queremos traer aquí un amplio resumen de lo expuesto por los ponentes.

La primera en intervenir fue la abogada argentina Ana Messuti, que forma parte del grupo jurídico de los querellantes españoles contra los crímenes del franquismo, causa 4591/10, que está instruyendo la jueza María Servini De Cubría, en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1, de la República Argentina (Buenos Aires). La llamada Querella Argentina comienza hace cinco años (el 14 de abril de 2010) con la denuncia de Darío Rivas, argentino de origen gallego, que ahora tiene 95 años, y cuyo padre fue asesinado por falangistas en 1936. La Querella investiga crímenes de lesa humanidad entre el periodo del 17 de julio de 1936, hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas en España. Se tuvo que acotar la denuncia de los crímenes al periodo de la dictadura franquista, pero por todos es sabido que en el postfranquismo, en la Transición, también se cometieron torturas y asesinatos a manos de bandas parapoliciales, como lo era el comando que asesinó a la joven estudiante Yolanda González en 1980, o las acciones de terrorismo de Estado del GAL, que duraron hasta 1985, con el gobierno del PSOE, con Felipe González como presidente. En España hay 114.000 reclamaciones de familiares de desaparecidos en fosas comunes durante la guerra civil, y en las querellas se han personalizado en 4.500 denunciantes hasta la fecha, 320 querellas individuales y otras colectivas, como el caso de ayuntamientos, asociaciones y partidos, como ERC y 47 cargos públicos del gobierno de la Generalitat de Catalunya. Todos ellos reclaman una justicia no retributiva, sino restaurativa.

Todo comenzó un abril tricolor

Ana Messuti es licenciada por la Universidad de Buenos Aires, especialista en filosofía del derecho por la Universidad de Roma y doctora en derecho por la Universidad de Salamanca, además de haber ejercido como funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Messuti nos contó:

Les voy hablar de las característica de la causa y de las cosas que he aprendido en mi contacto con los querellantes, en esta compleja trama de victimizaciones que uno tiene que analizar con la querella por crímenes del franquismo. La querella se presentó, ahora hace cinco años, el 14 de abril de 2010, y elegimos ese día no por casualidad. Se presentó por crímenes: genocidio/lesa humanidad. La barra entre las dos palabras que califican los crímenes de genocidio y lesa humanidad, yo ya la eliminaría, porque son tanto crímenes de genocidio, como de lesa humanidad. En los tribunales argentinos tuvimos una discusión sobre si es genocidio la masacre y exterminio de grupos políticos, ya que es una interpretación más amplia de la Convención contra el Genocidio. Sin embargo, tenemos víctimas suficientes como para calificar ambos crímenes tal cual están definidos en los instrumentos internacionales”.
Remitiéndonos a la actuación en este asunto, tanto del gobierno del PP, como de la judicatura, queda claro que España nunca va a juzgar a los imputados franquistas, aún vivos, por crímenes y torturas durante la dictadura. Sobre la competencia y obligación de los estados de perseguir estos crímenes nos dice la letrada:

“La competencia que se arroga la jueza argentina y el tribunal argentino es la competencia de cualquier Estado, es decir, es la Argentina como podía ser cualquier estado del mundo. En este momento está interesado México en iniciar una querella por estos crímenes. Es fundamental tener en cuenta que cualquier país está legitimado, pero no sólo facultado, sino que está obligado a ocuparse y no dejar de investigar, al menos investigar, los crímenes de lesa humanidad que se cometan. Las fronteras territoriales no existen cuando se trata de los crímenes más graves. Cualquier Estado del mundo está obligado a no dejar sin investigar los crímenes de lesa humanidad.

España no sólo no cumple este precepto de país democrático, sino que pone dificultades para cumplirlo, como lo hizo con la reforma, liquidación Querella-Justicia-universal-lqs3para algunos, de la Justicia Universal, que limita la actuación de los jueces españoles para perseguir delitos cometidos en el extranjero. Dicha ley también fue anteriormente reformada de forma restrictiva por el gobierno de Rodríguez Zapatero, del PSOE. La reforma exprés, que fue hecha por el gobierno de Mariano Rajoy a medida y gusto del gobierno de China que había sido denunciado por ciudadanos españoles de origen tibetano, ha dejado a los jueces con las manos atadas para perseguir, por ejemplo, algunos delitos de narcotráfico, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a calificar dicha reforma como “confusa”. También es curioso que unos tribunales, como lo fueron los tribunales españoles, hayan sido pioneros en la aplicación de la justicia universal en las causas de Chile y Argentina, investigando, enjuiciando y condenando a más de mil años de presión por crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, al militar argentino Adolfo Scilingo, uno de los autores de los “vuelos de la muerte”, y ahora se niegue el amparo judicial a las víctimas españolas que denuncian crímenes como esos. Sigue hablando Messuti:

Los estados como violadores de los derechos humanos

“Nosotros tenemos que definir la justicia a partir de la injusticia. Nos damos cuenta de lo que es la justicia cuando sufrimos la injusticia. Para buscar qué es la jurisdicción internacional, que es la que está ejerciendo la Argentina, tenemos que saber cuáles son los crímenes internacionales que nos llevan a ejercer esta justicia, que yo considero que es mejor calificar universal, que internacional. Es algo que les parecerá curioso, pero los tribunales argentinos, cuando están juzgando en estos momentos a los criminales contra la humanidad del régimen argentino de la última dictadura militar, están ejerciendo la jurisdicción universal. ¿Cómo?, me pueden decir, porque se trata de víctimas argentinas, de victimarios argentinos, territorio argentino… No hay punto de conexión con el derecho internacional, pero ya estamos transcendiendo incluso el derecho internacional entendido como el derecho entre estados, estamos más allá de ello, estamos en un plano universal, por eso yo prefiero hablar de justicia universal, de crímenes universales. ¿Y cuáles son esos crímenes que llevan a permitir y obligar a los estados de toda la comunidad internacional a ocuparse de ellos?, son los crímenes que revisten una gravedad tal, que la comunidad internacional los rechaza abiertamente, que la comunidad internacional se siente repugnada ante esos crímenes, y que no se podría aceptar continuar una vida de comunidad si se aceptara que los estados cometieran esos crímenes. A veces pensamos que los estados protegen al ciudadano, protegen los derechos humanos; los estados no sólo pueden llegar a ser los principales violadores de los derechos humanos, sino también pueden ser incapaces de proteger esos derechos humanos. Pueden interpretar sus leyes de manera tal, que se vean con las manos atadas para juzgar esos crímenes internacionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, ¿vamos a dejar tranquilamente que esos crímenes queden totalmente impunes?, ¿vamos a limitarnos al derecho estatal? Ante esto surge la reacción de la comunidad internacional toda. Partiendo de esta base, no nos tiene que extrañar que la Argentina, que en este momento está juzgando a sus propios criminales, abra las puertas de sus tribunales a las víctimas de otros países, de otros estados. Hay un principio de coherencia, de comportarse como se tiene que comportar con sus leyes, con su legislación, con su jurisprudencia y su Constitución. Porque hay un artículo en la constitución argentina, que fue reformada en 1994, ya en democracia, por el que se pueden aplicar directamente varios –hasta dieciséis- instrumentos internacionales pro Derechos Humanos. Hay una jurisprudencia que sanciona ese tipo de crímenes, y hay una ley que permite a las sociedades, a las asociaciones, presentarse como querellantes; y eso es muy significativo, porque teníamos un movimiento social importante con las Madres de Plaza de Mayo, y los hijos de los desparecidos, y tantos sindicatos y grupos políticos que necesitaban expresar esa insatisfacción ante la impunidad. Todos ellos han tenido y tienen la posibilidad de ser querellantes, y así pasa con las asociaciones españolas. Los lazos de solidaridad de nuestros pueblos están claros en la historia reciente, ustedes conocen la trayectoria del movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, y nosotros conocimos el exilio republicano español”.

Se habla de la querella argentina, ya que se sustancia en los tribunales argentinos, pero no es en modo alguno una querella argentina, es una querella presentada por ciudadanos españoles, y Ana Messuti nos recuerda los grupos de víctimas y los tipos de crímenes de los que estamos hablando:

Desde las víctimas de los “paseos”, hasta los “bebés robados”

“Las víctimas han sido víctima de desapariciones forzadas que perduran en tanto el Estado no de razón del paradero; una forma de victimización que se conoce como “paseos”, eran asesinados y arrojados a fosas comunes o no enterrados. Torturas; fusilamientos sin juicio previo; juicios sumarísimos sustanciados ante Consejos de Guerra sin las mínimas garantías procesales; penas de presión en condiciones deplorables; víctimas de trabajo esclavo, tenemos víctimas de robo de bebés, diversas formas de maltrato y represión de niños en preventorios; exilio, las víctimas del exilio, que no ha sido un exilo dorado, pensemos en los campos de concentración en Francia, los campos de trabajo, el abandono y la entrega de ciudadanos españoles a un régimen de extermino, lo que convierte al gobierno franquista en cómplice del régimen nazi. De todos estos grupos hay querellantes en esta causa. Hay una diversidad de formas de victimización, pero hay una unidad del contexto donde se han producido estos crímenes, el régimen franquista, hay un periodo de tiempo común, hay un territorio común. Pero las diversas formas de victimización nos llevan a pensar que cada uno de estos grupos no entiende lo mismo cuando hablamos de justicia. Quiero decir, que hay objetivos que se deben lograr, hay el objetivo, por ejemplo, del que quiere recuperar los restos de sus familiares para darles una digna sepultura, y no pueden señalarnos quién ha matado a su familiar, no pueden señalar a un posible imputado, sin embargo esa persona nos está reclamando algo en sede judicial, no lo está pidiendo a una administración pública o a un cementerio, lo está pidiendo a un tribunal penal, y tiene toda la razón, porque su familiar no ha muerto en un terremoto, ha muerto asesinado, se trata de un delito. Ahora bien, ¿porque no tengamos un imputado concreto no nos vamos a ocupar de él? Cuan injusto sería que el tiempo transcurrido y aquella parte del crimen mismo que es el ocultamiento del hecho, favorezca a la impunidad”.

Querella-Justicia-universal-lqs2Las víctimas de torturas que viven aún si que pueden, y así lo han hecho, señalar a sus torturadores. En la sala, por citar sólo dos casos, estaban Felipe Moreno, que pasó, en 1975, por las siniestras manos del policía Juan Carlos González Pacheco, alias “Billy el niño”, reclamado por la jueza argentina y que la justicia española ni lo extradita, ni lo juzga en nuestro país, como sería preceptivo. Y también familiares, como Antonio Martos, hermano de Cipriano Martos, el obrero de la construcción y militante antifranquista que fue torturado hasta la muerte en un cuartel de la Guardia Civil, de la ciudad tarraconense de Reus (Catalunya), corría el año 1973. La impunidad no es sólo una falta de condena del verdugo o de reparación económica de la víctima, de hecho hay querellantes que dicen que no buscan ni lo uno ni lo otro, que ni siquiera les importa que alguien vaya a la cárcel. Para que la palabra justicia se llene de contenido debe atender a los que buscan la verdad y que se les reconozca su condición de víctimas. Incluso en el caso de aquellos victimarios que ya no viven, debe investigarse, esclarecerse los hechos y dar una respuesta al demandante de justicia. Como dijo Messuti, que con esta querella está aprendiendo: “El derecho penal es más de lo que creíamos, lo asociamos siempre a pena, cárcel…, el derecho penal es dar una respuesta y mirar desde el punto de vista de la víctima”.

Con un hueso de mi padre me moriría tranquila

Entre los querellantes que viajaron a Buenos Aires había una señora que, durante el viaje, cumplió 89 años. Su testimonio conmovió a la jueza, que no es de conmoverse. La anciana declaró ante la magistrada y le dijo que sólo quería recuperar los restos de su padre: “Con un hueso de mi padre me bastaría para poder morirme tranquila si me entierran con él”. La querella argentina no puede garantizar la exhumación de las víctimas enterradas en las cunetas o las fosas comunes, porque es otro territorio y los problemas son muchos, pero la jueza María Servini se comprometió en hacer todo lo posible para cumplir el deseo de la demandante. Los restos se encontraban en el cementerio de Guadalajara, y había bastante precisión sobre la ubicación de los restos, ya que los responsables del cementerio tenían localizado el lugar. Se envió una comisión rogatoria desde Argentina, pero el juzgado de Guadalajara demoró los trámites, para finalmente, en un solo folio, denegar la exhumación. Esto es un ejemplo de lo que está en juego en esta causa y de la falta de humanidad y ética jurídica, con contadas excepciones, con el que se está tratando a estos ciudadanos españoles que se vieron obligados a recurrir a otro país para reclamar justicia, para vergüenza de la sociedad española.

Cuando en 2013 fueron los primeros imputados a la Audiencia Nacional en Madrid, para cumplir con el trámite de declarar si querían ser Querella-Justicia-universal-lqs1extraditados a Argentina, tanto el fiscal, como el abogado defensor de los imputados, como el propio tribunal -a los abogados argentinos no se les dejó intervenir-, hablaban el mismo idioma jurídico, estaban del mismo lado. Como dijo Borges sobre los argentinos y los españoles: “Todo un idioma nos separa”. Las torturas aisladas prescriben, pero dentro de un régimen que ejerció sistemáticamente una represión general contra los opositores políticos y lo ciudadanos en general, ya no son delitos aislados, son crímenes de lesa humanidad.

Españoles en campos de concentración nazis

Antonio Segura es abogado madrileño, y miembro del equipo Nizkor. Nizkor es un verbo judío que significa “los que nunca olvidamos”, y el equipo Nizkor es una organización de Derechos Humanos y de Derecho Internacional presente en más de noventa países que, entre otras cosas, se dedican a digitalizar documentación oficial y toda clase de informes históricos que combaten el negacionismo. Y dan amparo jurídico y solidaridad activa a las víctimas de vulneración de derechos humanos y civiles. Segura fue uno de los artífices de la condena a Adolfo Scilingo, y está personado en la Audiencia Nacional como acusación popular en el caso Guatemala, representando a la Asociación contra la Tortura de dicho país. También está personado en el caso del asesinato por militares estadounidenses del cámara de televisión español José Couso, representando a la Asociación Libre de Abogados, de la que Segura fue su presidente de 2002 a 2004. Entre otras querellas, Antonio Segura lleva la que denuncia a los creadores de la prisión de Guantánamo. Con el citado grupo Nizkor, es acusación particular en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el caso de los españoles internados en Mauthausen y contra los guardianes y jefes del campo de concentración.

Decano honorífico José Antonio Primo de Rivera

Antonio Segura se congratuló de que en Catalunya exista un Memorial Democrático en la Generalitat, para luego decir: “Nosotros en el colegio de abogados de Madrid tenemos como decano honorífico a José Antonio Primo de Rivera. El año pasado teníamos a Francisco Franco, lo conseguimos quitar en una asamblea, pero todavía no hemos podido quitar a José Antonio, pero en ello estamos”.

Querella-Justicia-universal-lqs7“Vivimos en un país raro”

No es un término jurídico, pero en verdad que vivimos en un Estado, un país muy raro:

“Cuando estás metido en la rareza, cuando vives en ella no te das cuenta, porque la ves normal, pero si tienes la suerte de tener un amigo jurista en otro país, en mi caso una amiga sueca, te dice que no puede entender…, que cuando hace unos años se empezaron a construir rotondas y los ensanches de las autovías y empezaron a aparecer restos humanos, ella no podía entender, repito, por qué no aparecía un juez y un forense cuando se descubría un cráneo perforado por una bala, muestra evidente para cualquier penalista de que se ha cometido un crimen violento. Eso no ha pasado nunca en este país, nunca ha habido un juez que se presentara en una fosa común para investigar. ¿Tenemos unos jueces tontos?, claro que no, es una anormalidad jurídica porque tenemos un régimen de impunidad perfectamente diseñado, por eso ha durado tanto tiempo. Un sistema de impunidad apoyado por mucha gente, donde los jueces han sido conniventes con esa impunidad, y los partidos políticos han estado de acuerdo y han firmado pactos para que esa impunidad siga existiendo”.

“La guerra la ganamos nosotros”

Para expresar lo dicho, Antonio Segura explica una anécdota muy esclarecedora:

“Cuando en 1997 empezamos lo de Argentina, yo le presenté a un profesor de derecho internacional de mi facultad… mira ésta construcción, los crímenes contra la humanidad, la Constitución española reconoce que los tratados internacionales firmados por España son de aplicación directa en España, aquí está la Convención del Genocidio, aquí está la Convención contra la Tortura, por lo tanto a través del artículo 23:4 se podía juzgar en España… el hombre me miraba muy atento, era ya mayor, y me dijo: “La construcción jurídica, Antonio, es perfecta, pero la guerra la ganamos nosotros”. Les juro que no lo entendí, y he tardado casi una decena de años en entenderlo, que la guerra la ganaron ellos, y el problema es que “ellos” siguen siendo ellos y están donde están”.

Crímenes ideológicos contra españoles

Antonio Segura nos habló de la diferencia de los procedimientos en derecho internacional, y por qué el proceso de Mauthausen es tan poco conocido y no está tan publicitado como otros.

“Hay causas que aun sabiendo que no llegarán a tener un resultado penal, sirven para dar conocimiento y publicidad a una historia, el caso de la querella que se puso en España por las masacres de los gobiernos chinos en el Tíbet es una muestra de ello. Pero el procedimiento que llevemos nosotros exige rigor jurídico, y es muy importante la prueba que se practica, y los tipos penales que se manejan, porque si cometemos el error de utilizar tipos penales, en este caso tipos penales del ordenamiento interno, lo que vamos a conseguir es todo lo contrario de lo que para nosotros pensamos que estamos trabajando, que es para las víctimas; podemos sin querer consolidar el sistema de impunidad logrando que se archive la causa o que haya condenas que no sean efectivas y no condenen a los verdugos”.

El triángulo rojo

Abundando en estas cuestiones, y la necesidad de definir bien los tipos penales, Antonio Segura nos explicó por qué lleva en triángulo rojo invertido en su jersey:

“En la causa contra Scilingo tuvimos bastante discusión en el tema crímenes contra la humanidad y genocidio. Hay que ser muy riguroso. Lo que veis en mi pecho es un triángulo rojo (el que llevaban los presos políticos en los campos), a los españoles que estaban en Mauthausen no los mataron por ni por cuestiones religiosas ni por cuestiones étnicas, los mataron por cuestiones exclusivamente ideológicas, fue un crimen político, y eso se llama crímenes contra la humanidad. Y esto no es caprichoso, porque podemos ir a un tribunal y que nos diga que en España no hubo genocidio, porque no se mató por cuestiones étnica o religiosas… fíjense la importancia del hecho”.

El derecho emanado de Núremberg

Continúa Antonio Segura:

“A mí, en 1997, no me enseñaron estas cosas del derecho internacional en la facultad, ahora sí se enseñan. En la causa de Mauthausen, hemos utilizado la prueba y el derecho emanado de Núremberg, y es muy importante saber que el derecho internacional viene de un desarrollo de Núremberg, incluso de antes. Nosotros utilizamos toda la carga probatoria que se utilizó en Núremberg, y en eso los americanos lo tienen muy bien organizado, porque conservan toda la documentación, que nosotros traducimos al castellano y se puede consultar en la web de Nizkor”.

“Ahora podemos contar nuestro objetivo último”

Para que no se levantara la libre, como recuerda el dicho, los abogados de la causa de Mauthausen no explicaron cuál era su objetivo último con la querella, cosa que ahora nos explica Antonio Segura:

“Al principio no lo dijimos, pero nuestra querella iba por el Estado español, por haber sido cómplice con el régimen nazi y el régimen fascista italiano a la hora de exterminar a españoles en los campos de concentración. Introducimos una prueba, junto a muchas más, que es el memorándum del embajador alemán en Madrid, de 8 de agosto de 1940. En ese memorándum se habla de las conversaciones del embajador con Franco y con Serrano Suñer, “compañero” del ilustre colegio de abogados de Madrid. Yo le he visto paseando por el colegio como si fuera un abogado ilustre, y lo que fue no lo voy a decir porque no quiero ganarme una querella de sus familiares, pero lo pueden leer en la documentación de la causa. Suñer es transcendental para conocer lo que pasó en Mauthausen y para conocer el sistema de impunidad. También presentamos la carta de Franco a Mussolini de 15 de agosto de 1940; la nota de la conversación entre el führer y el ministro del Interior Serrano Suñer, del 17 de septiembre de 1940; la carta de Franco a Hitler, de 22 de septiembre de 1940; la carta de Suñer a Von Ribbentrop, ministro de Hitler, del 10 de octubre de 1940; las notas de la conversación de Franco con Hitler en Hendaya, del 23 de octubre de 1940… todas esas pruebas están ahí, los alemanes son personas muy precisas y lo documentan todo. Esto se aportó para documentar la relación del régimen de Franco con el régimen nazi. También se aportó la lista de los presos españoles, nuestros clientes, que estuvieron en los campos. Y las fichas de los imputados, cuando entraron de servicio y las órdenes que ellos tenían. En esos informes se recoge la vida en los campos, por ejemplo, cuando un guardián hacía correr a un preso y le disparaba simulando una fuga, le daban siete días de permiso. Hasta ese punto estaba la exactitud de las pruebas que presentamos”.

El dictador Franco llegó a decir que “tras los Pirineos no hay españoles”, por lo que además del triángulo rojo de presos políticos, algunos republicanos españoles llevaban el triángulo azul, de apátridas. Hasta eso les quiso arrebatar el régimen franquista.

Se admitió y luego se archivó el “caso Mauthausen”

Esta querella no había más remedio que admitirla a trámite, como así fue. La aceptó el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, de cuyo titular el juez Ismael Moreno, nos dice Antonio Segura:

“Quédense con ese nombre, porque son importantes los nombres, porque luego se mitifica mucho a otros jueces, y se olvidan otros. Ismael Moreno, que luego archivó este procedimiento y ha mantenido una posición de obstrucción, pero por lo menos mantuvo, él y el fiscal, durante dos años parado el procedimiento, sin ningún tipo de motivación y haciendo inefectiva, la posibilidad de tener ante nosotros a uno de los imputados y poderlo juzgar. Admitida a trámite la querella, llegó el día emocionante en que declararon los supervivientes, y era la primera vez que en sesenta años que un tribunal español les escuchaba. Es verdad que sobre los campos de concentración en España no se ha hecho mucho, aún estamos esperando que un jefe del Estado vaya alguna vez a uno de los aniversarios de Mauthausen (donde estuvieron 7.000 españoles) o Auschwitz (1.200). Por ejemplo, “La Nueva”, la compañía de españoles que encabezaron la liberación de París, desde 2004 (también tarde) son héroes en Francia, y estamos en 2015 y en España aún están esperando el reconocimiento. Un presidente de la república española (Manuel Azaña está enterrado en Montauban) está enterrado en una ciudad de Francia y nadie se ha preocupado en ir a buscarlo y rendirle honores de Jefe de Estado. Eso sí, al abuelo del actual rey lo enterraron en El Escorial. Bueno, no quiero apartarme del caso. En la declaración de los supervivientes, y tras el avance del procedimiento, se pidió la detención de tres personas que estaban en EE.UU. y que nosotros sabíamos, aunque hay cosas que no les puedo contar, que los americanos les habían retirado la nacionalidad norteamericana porque se ha acreditado que pertenecieron a la SS “Totenkopf”. En los tribunales de Núremberg, solamente por pertenecer a esta organización, ya era delito, como organización criminal catalogada por el Derecho Internacional. Dos de ellos, que tenían un buen abogado, mandaron informes médicos diciendo que no estaban en condiciones mentales para ser juzgados. Pero otro, John Demjanjuk, alias Iván el Terrible, le pedimos la extradición, pero tenía nacionalidad alemana y Alemania se nos adelantó, pese a no haber hecho nada hasta entonces. Pero Alemania lo reclamó por asesinatos, porque los asesinatos en Alemania no prescriben, se le juzgó”. Se le condenó a 5 años de cárcel por haber colaborado en el asesinato de 28.060 judíos en el campo de Sobibor, pero nunca llegó a cumplir la condena. Demjanjuk, el asesino nazi, murió en libertad a los 91 años en una residencia de ancianos, en marzo de 2012. Pero sigue Antonio Segura: “Unos estaban gagás, otro se nos muere, pero luego está el caso que este sí es de juzgado de guardia, y lo remarco. Se trata de Theodor Szehiskyj, que tenía sus facultades en plena forma, que no lo podía reclamar Alemania porque es croata, que no lo reclamaba nadie, y que también se le retiró la nacionalidad norteamericana por pertenecer a las SS “Totenkopf”. Ampliamos la querella y lo incluimos en ella. En vez de reclamar al imputado, las autoridades españolas le encargan a la Guardia Civil que lo busquen. ¿Pero cómo?, si nosotros les dijimos donde estaba, y que ya no era ciudadano norteamericano. Estamos hablando del 2012, como era apátrida, ni si quiera se necesitaba una orden de extradición, sino una orden de embarco, que las autoridades norteamericanas lo metieran en un avión y ya está, pero al juez no se le ocurre mandar eso, y pide una extradición. En fin, que este proceso de extradición se alargó en el tiempo, y eso que un funcionario de la embajada de EE.UU. había ido al juzgado para que les mandaran la orden de embarque, porque lo querían entregar. Y en todo esto llegó la reforma de la ley de Justicia Universal y se archivó este procedimiento. Todo estaba hecho, pero España no quiso traer a un imputado, porque sabía que el tema de Mauthausen era poner en tela de juicio el régimen de impunidad del franquismo. Eran y son españoles contra los que se ha cometido un delito y no encuentran amparo jurídico, porque el Estado español fue cómplice de ese delito, y es lo que no se quiere reabrir”.

El juez Baltasar Garzón guardó en un cajón la querella al franquismoQuerella-Justicia-universal-lqs6

Así como hay jueces y fiscales que han puesto palos en las ruedas en los procesos de los que estamos hablando, en la Audiencia Nacional ha habido jueces que han mantenido votos particulares, y que Antonio Segura cita:

“Es verdad que en la Audiencia Nacional hay jueces que han demostrado un buen conocimiento en estas materias y han mantenido votos particulares como Ramón Sáenz Valcárcel, Marta Bayarri o Francisco Javier de Prada. Quiero subrayar estos nombres porque no me parece justo que se diga que el juez Garzón fue el que abrió los procesos del franquismo en España, no es verdad. El juez Garzón admitió una querella en los juzgados españoles, pero esa querella estuvo guardada durante mucho tiempo en un cajón. Y cuando, por la oportunidad, el juez tuvo problemas por otras razones, se vio en la necesidad de sacarla para sentirse arropado por el movimiento memorialista, la sacó. Y no lo digo yo, lo dijo él, porque cuando fue al Supremo y le preguntaron si él había realizado alguna gestión o algún acto para investigar los crímenes del franquismo, él dijo que no, eso fue lo que dijo, y esos son los hechos. Además a Garzón no se lo quitan del medio por el tema del franquismo, se lo quitan del medio por unas escuchas ilegales que hace a unos abogados, que es posible que hicieron cosas ilegales, sí a mí me parece muy bien…, es por el tema de la Gürtel porque se lo quitan del medio”.

La verdad es que la obstrucción a esta querella en España ya empezó con el gobierno del PSOE de Rodríguez Zapatero, que creó un gabinete en la sombra para gestionar estos casos, y luego se sacaría de la manga la Ley de la Memoria Histórica. Luego el gobierno del PP, con Mariano Rajoy como presidente, reformó limitando el llamado “título de viaje”, que era una fórmula para casos humanitarios, donde los indocumentados y apátridas podrían viajar, era la fórmula que los abogados querellantes habían solicitado para traer a los imputados nazis a España. Sobre la Ley de Amnistía y la Ley de la Memoria Histórica nos habla ahora Segura:

La Ley de Memoria Histórica limita la investigación

“El régimen de impunidad se sustenta en la Ley de Amnistía, como lo fueron en su día los sistemas de impunidad de Argentina y Chile, diferentes a las de España, pero con el mismo objetivo, no conocer y poder juzgar los crímenes contra la humanidad. Como la Ley de Obediencia Debida y de Punto Final, o la Ley de Amnistía de Chile. En España el muro para no investigar, es la Ley de Amnistía. Y es más, la Ley de Memoria Histórica ha venido a poner una traba más para impedirlo, porque lo que está diciendo es: vamos a administrativizar el tema de las fosas, y eso no se puede hacer, eso es derecho penal, si no hay un juicio, esto no vale para nada. Entiendo a las víctimas, que quieran que las administraciones les ayuden a recuperar a sus familiares, pero el derecho internacional no lo entiendo, es que lo he estudiado. Y lo que dice Naciones Unidas es que la reparación, la verdad y la justicia, sobre todo la verdad, no puede ser a nivel individual, porque los crímenes contra la humanidad es la memoria de un país, y si ese país no hace juicio a las personas que han cometido esos crímenes está perdiendo su soberanía, con el peligro de que esos crímenes se vuelvan a cometer. No sólo que el familiar pueda recupera los restos de su familiar, la sociedad debe ser garante de la justicia, porque además esas personas murieron luchando por todos, no solamente luchando por su familia, luchando por la libertad, por la república”.

Antonio Segura terminó su parlamento recomendando un libro, Españoles en el Holocausto, de David W. Pike. Y permítanme a mí terminar con esta reflexión:

La Ley de Amnistía, con independencia de que se negociase en los despachos de los partidos, y que formara parte de los pactos de silencio y olvido de la nada modélica Transición, debe de ser una ley nula, porque no deja de ser una ley franquista, una ley pre-Constitucional. Como es obligatorio, para vivir en plena democracia, se deben declarar nulas todas las sentencias de los Juicios Militares, las sentencias del Tribunal de Orden Público del franquismo, donde se juzgó ilegalmente y sin garantías procesales a miles de republicanos, demócratas, estudiantes, sindicalistas, antifranquistas… Mientras el Tribunal Supremo no anule esas sentencias, tendremos que colegir que la actual justicia española da carta de naturaleza a la represión franquista, o por lo menos no la condena con hechos, y no con meras declaraciones institucionales. Mientras no se rompa con el régimen de 1978, no se podrá hacer justicia. No olvidemos que la reparación viene de la justicia y de la verdad.

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La ONU suspende a España por no actuar contra la tortura

extradición-gpacheco-lqs-aquaXarxa Catalana i Balear / Querella*. LQSomos. Mayo 2015

El comité contra la Tortura de la ONU deja en evidencia al estado español. En su último informe dedica un par de apartados a la decisión de no extraditar a la República Argentina a miembros del gobierno y del aparato del estado franquista y a la ley de Amnistía, que utilizan como amparo. Así mismo recuerdan la no prescripción de estos crímenes de lesa humanidad.

Una nueva llamada al orden por parte de este organismo, que viene denunciando en sus diferentes informes la falta de respeto por los derechos humanos de un estado en el que cada día perdemos más derechos, entre ellos los fundamentales para hacer de una democracia digna de llamarse así, que son la verdad, la justicia y la reparación.

Extractos de las observaciones finales del Comité contra la Tortura que hacen referencia a nuestra querella en los tribunales argentinos.

Obligación de extraditar o enjuiciar (aut dedere aut judicare)

14. El Comité observa con preocupación la denegación por parte del Estado parte de las solicitudes de extradición interpuestas por las autoridades argentinas en relación con los presuntos responsables, incluidos varios ex ministros, de delitos de tortura cometidos durante el régimen franquista, argumentando que los hechos de los que se les acusa no son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto están sometidos a prescripción. Al respecto, inquieta al Comité que esta situación pueda generar impunidad en aquellos casos en los que el Estado parte no inicia investigaciones sobre los supuestos delitos, además de constituir una violación de la Convención (arts. 5 y 7).

El Comité recuerda al Estado parte que, para evitar la impunidad, debe aplicar el principio de aut dedere aut judicare cuando el presunto autor de actos de tortura se encuentre en su territorio, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 5 de la Convención. Asimismo, el Comité reitera que la investigación y el enjuiciamiento de actos de tortura no deben verse limitados por los efectos del régimen de prescripción.

Amnistía

15. El Comité observa con seria preocupación que la Ley de Amnistía de 1977 sigue vigente hoy en día. Asimismo, preocupa al Comité que el Tribunal Supremo estableció que no procede la investigación penal por casos de violaciones graves de los derechos humanos ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975) puesto que, entre otros motivos, dichos delitos habrían prescrito, los presuntos responsables estarían muertos o les sería aplicable la Ley de Amnistía de 1977 (art. 12, 13 y 14).

El Comité urge al Estado Parte a adoptar todas las medidas necesarias legislativas y de otro índole para asegurar que los actos de tortura, incluidas las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía o prescripción, y que esta prohibición se 5 cumpla escrupulosamente en la práctica. Además, el Estado parte debería velar por que las víctimas de torturas y malos tratos reciban reparación e indemnización adecuadas, y una rehabilitación lo más completa posible. El Comité recuerda también que la desaparición forzada es un delito permanente y una violación continua de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido.

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* Xarxa Catala i Balear de suport a la Querella Argentina

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“Los internados del miedo”- Documental de Montse Armengou y Ricard Belis

20150414-TitolxblogJavier Coria. LQSomos. Abril 2015

Hasta bien entrada la democracia, miles de niños y niñas continuaban encerrados en internados

Colegios religiosos, orfanatos, preventorios antituberculosos o centros de Auxilio Social se convirtieron en una especie de prisión para estos niños. Allí sufrieron abusos físicos, psíquicos, sexuales, explotación laboral o prácticas médicas dudosas. Hoy se destapa este pasado oculto y silenciado. A diferencia de países como Irlanda, que han reconocido los malos tratos a niños bajo tutela de estas instituciones, en España estos abusos no han sido nunca juzgados ni reparados.

Ser hijo de madre soltera, pobre, con padres en prisión por motivos políticos o con algún familiar enfermo de tuberculosis era motivo suficiente para que un niño o una niña fueran internados en un centro religioso o del Estado. La duración de la estancia era variable, pero para muchas criaturas estos centros se convirtieron en auténticas cárceles donde estuvieron encerradas desde el nacimiento hasta la mayoría de edad.

Palizas, violaciones, trabajo esclavo y vejaciones convirtieron en una pesadilla en la infancia y la adolescencia de miles de criaturas, y no sólo durante los primeros años del franquismo. La Transición llegó tarde (una vez más) a muchos de estos internados y los abusos continuaron hasta bien entrada la democracia.descarga

El régimen franquista invirtió pocos recursos en asistencia, pero explotó la beneficencia con finalidad propagandística dando la imagen de una atención exquisita a estos niños. Pero la realidad era bien distinta. Las criaturas recibían caridad a cambio de adoctrinamiento y a menudo sufrieron unos malos tratos que excedían lo que se pudiera considerar normal para los castigos de la época.

Los malos tratos no eran, por suerte, una práctica generalizada, pero sí demasiado frecuentes. Tampoco tenían lugar exclusivamente en centros religiosos, ya que muchas víctimas sufrieron los abusos en centros dependientes del Estado. A las tensiones morales y la hipocresía de la época, se añadía la impunidad de abusar de unas criaturas que difícilmente podían denunciar nada.

Xalet-Puigcerda_ARAIMA20121130_0144_38Las secuelas de los abusos han perseguido toda la vida aquellos niños. Ahora, ya adultos, han decidido abrir el cuarto oscuro de la memoria y denunciar unos hechos que en otros países, como Irlanda, han merecido la condena del Estado y de la Iglesia.

La mayoría de protagonistas del documental no confían en la justicia española y por ello se han añadido a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo que ha abierto en Buenos Aires la jueza María Servini de Cubria. Mientras tanto, han confiado su relato al programa Sense Ficció de TV3, en unas entrevistas que para muchos han sido la reparación que les niegan las instituciones.

«Els internats de la por» es un documental dirigido por Montse Armengou y Ricard Belis, que cierra la trilogía sobre la infancia como víctima del franquismo, iniciada con «Los niños perdidos del franquismo» (2002) y «¡Devuélveme el hijo!” (2012).

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ONU: «Obligados a cumplir el derecho a la verdad de las víctimas»

memo244Redacción/Agencias. LQSomos. Marzo 2015

La ONU advierte a España de que está «obligada» a extraditar a los mandos franquistas. El Gobierno del PP se negó a extraditar a los 17 altos cargos acusados por la justicia argentina. El jefe para Derechos Humanos de la ONU dice que «no se está cumpliendo el derecho a la verdad de las víctimas». España está «obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos mientras no se tomen medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas», aseguró este viernes un grupo de expertos de la ONU en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos explicó, en un comunicado, que la declaración emitida hoy por el grupo alude a la decisión del Gobierno español de no extraditar a 17 acusados por la justicia argentina de violaciones graves de los Derechos Humanos durante el régimen franquista, incluidos varios exministros.

«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», indicaron los expertos de la ONU.
En la nota, se explica que el grupo «ha mantenido comunicación con el Gobierno español en relación con las extradiciones ordenadas en octubre de 2014, en el marco de la llamada ‘querella argentina’, en la que se investigan fusilamientos, torturas, robo de bebés y otros delitos», se añade en la nota.

La jueza argentina María Servini de Cubría había pedido la extradición de 20 acusados para ser juzgados en la causa que instruye desde 2010 contra crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

Servini estableció que los delitos que investiga constituyen crímenes de lesa Humanidad y pidió poder juzgar a los responsables, bajo el principio de jurisdicción universal.

«Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición», indicaron los expertos, pero, en ese caso, «tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad».

Los expertos independientes recalcaron que los argumentos preliminares presentados por el Gobierno español «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los Derechos Humanos».

«En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar o juzgar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos», señalaron, al insistir en que «la tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa Humanidad».

Los expertos resaltaron que «el derecho internacional es muy enfático: los crímenes de lesa Humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables».

«Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los Derechos Humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona», aclararon.

El Gobierno español también invocó los principios de jurisdicción preferente y de no doble incriminación, pero, según los expertos de la ONU, estos principios no son aplicables en este caso, ya que «más de 40 años después de los hechos en España no se han iniciado investigaciones sobre estos delitos, que incluyen tortura, desapariciones o ejecuciones cometidas durante el franquismo».

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Querella Argentina: Lucena no se luce

querella-Maurici-Lucena-lqsCRBLL*. LQSomos. Febrero 2015

Transcribimos a continuación la intervención de Maurici Lucena, diputado del PSC, sobre la Querella Argentina, porque creemos que toda la gente que ha votado o piensa votar a este partido, que tanto ha significado para muchas personas, lo tenga presente.

Votantes que han sufrido la represión franquista en su persona o en la de sus familiares o compañeras y compañeros, deben saber cuál es la verdadera posición de traición a la memoria de los suyos. Y cuál -según Lucena- es el papel que le reserva la historia: el de inmolados por una Transición que les dio el poder, a cambio del silencio y la ocultación de los que lucharon y pagaron por unas libertades de las que no disfrutarán sus nietos, porque sus representantes no respetan ni los derechos humanos.

Solo decir que el diputado del PP, que tenía la palabra a continuación, dijo que subscribía totalmente las palabras de Lucena. Sin vergüenza alguna.

Aquí van las “perlas” del dicurso del sr. Lucena en letra cursiva... y en letra destacada en negrita ¡nuestros comentarios! No nos hemos podido resistir a hacer la versión comentada.

Diputado del PSC, Sr. Lucena: “Gracias presidente. Nosotros entendemos que esta propuesta de resolución, puede tener sentido desde un punto de vista histórico estático, pero claro, es que la historia es algo más compleja. Sorprende a veces escuchar por boca de algunos partidos políticos (hace referencia a ICV y ERC), digamos, posicionamientos tan contundentes y tan diferentes a los que los antecesores de estos mismos partidos políticos, en la época donde realmente nos jugábamos los cuartos (¡Lucena nació en 1975!) en los 70, pues tuvieron una actitud absolutamente diferente, tanto por parte del Partido Comunista, el PSUC, y también, por ejemplo, por parte del expresidente Tarradellas que tuvo una actitud, yo diría más fina y matizada que la que se está expresando”.

CRBLL: Le dijo la sartén al cazo, aunque a algunos les fue mejor que a otros.

Sr. Lucena: “Los procesos de transición a una democracia después de dictaduras terribles, como la que sufrió España y Cataluña, son enormemente complejos. Yo recomiendo la lectura, por ejemplo, del voluminoso libro de Tony Judt “Posguerra” (920 páginas son muchas para Lucena…) (título completo Postguerra, una Historia de Europa desde 1945), donde explica Judt, las dificultades que tuvo, por ejemplo, el Canciller Konrad Adenauer para gestionar una transición realmente dificilísima”.

CRBLL: Los escenarios y los papeles de los actores tras la II Guerra Mundial no tienen ningún punto de coincidencia. En esa peli los malos pierden y las transiciones tras una guerra no pueden equipararse, bajo ningún punto de vista, a las que suceden tras una dictadura.

Sr. Lucena: “Siempre son transiciones imperfectas donde hay, digamos, un lema básico, que se trata de respetar, en aras de la paz social y la llegada de la democracia, para intentar respetar lo máximo posible, respetar aquello de que no haya vencedores, ni vencidos”.

CRBLL: Pero señor Lucena, hubo vencedores y vencidos tras la guerra. Hubo vencidos represaliados salvajemente hasta el último suspiro del dictador, y tras la muerte en lecho del asesino, hubo vencidos entre los que lucharon para que la Transición no se convirtiera en una traición a los sueños de los que cayeron en el empeño de la democracia.
Siguieron habiendo vencidos, muchos convencidos de que su nuevo sacrificio sería en beneficio de sus hijos y nietos. Siguieron vencidos con leyes de perdón a los represores, con leyes de memoria insultantes, con leyes que amparan la corrupción que afianzó el franquismo como modus vivendi de la inacabable Transición. Y siguen vencidos y vejados por los que les siguen pidiendo ocultación para sostener la gran mentira de que los pactos sellados con su silencio eran en nombre del progreso y las libertades… Y lo peor es que siguen exigiéndolo para conservar un poder cuya arquitectura bipartidista se hunde bajo unos pies, que siguen pisando la Memoria.

Sr. Lucena: “Esto quiere decir, por lo tanto, que las leyes de amnistía, que son probablemente muy injustas, como decía desde un punto de vista estático, desde un punto de vista dinámico no lo son tanto”

CRBLL: Son injustas desde el punto de vista estático, desde el punto de vista estético repugnantes, y totalmente inadmisibles en un Estado que quiera gozar del estatus de democrático aunque sea desde del punto de vista de la velocidad de la luz.

Sr. Lucena: “Y los socialistas, así como otros partidos políticos, creo que no tenemos que demostrar nada a la hora de defender la contundencia con la cual combatimos la Dictadura. De hecho muchos de nuestros militantes lo pagaron con la vida y con penas de prisión”.

CRBLL: Después del discurso infumable y pretencioso del señor Lucena, nombrar a unos muertos que no se considerarían, si levantaran la cabeza, ni de él, ni de los que como él se recrean en unas siglas prostituidas y vaciadas de contenido, para desgracia de los históricos de verdad, se lanza a la cruda propaganda del constitucionalismo setentaochero.

Sr. Lucena: “Por lo tanto, yo creo que lo responsable en este punto, sería reconocer el valor y la valentía de las medidas que se aprobaron entonces, y el grupo socialista lo que hará es abstenerse”.

CRBLL: Dos reflexiones,
Primera, podríamos aceptar que por cobardía se renunciara a la República que defendieron los antifascistas con su vida. Que por cobardía se aceptaran los privilegios y se respetaran las cotas del gran poder de la Iglesia renunciando al estado laico. Que por cobardía se perdonara a los asesinos y represores que durante 40 oscuros y larguísimos años torturaron y privaron de libertad. Aceptaríamos que por cobardía los mismos perros cambiaran el collar para seguir siendo los dueños de los medios de producción, del control del capital, las mismas familias esclavizadoras durante generaciones de los oprimidos. Aceptamos que por cobardía siguiera el mismo sistema judicial franquista sin real separación de poderes y con el poder franquista y el Opus creciendo en su seno. Aceptamos que por ser cobardes los torturadores de las Fuerzas del Estado fueran condecorados y promocionados en un todo sigue igual salvo el uniforme. Tragamos que por cobardía una Corona impuesta por el dictador viva a costa de nuestras arcas públicas. Y se podría seguir… por cobardía y por intereses. Lo peor es que nos dicen que fue a cambio de progreso, de trabajo, de sanidad, de educación, de igualdad de oportunidades, para erradicar la palabra exilio en cualquiera de sus modalidades bajo el epígrafe Reconciliación Nacional, y ahí no solo estuvo el PSOE, hubo otros, que al menos hoy intentan compensar lo que fue un gran error no enmendar hace mucho tiempo. Así ahora nos asomamos a las ventanas de las vidas de tantas y tantos y no se ve nada a cambio de tantos sacrificios, salvo a los que los pidieron intentando proteger sus sillas mientras muchos se han llenado los bolsillos y se han ido de rositas por la puerta giratoria.
– Segunda, no es usted muy consecuente, ni muy valiente señor Lucena, si después de su discursito se abstiene, lo suyo es que votara en contra como sí lo hizo el mismo PP que aplaudió sus palabras.

Sr. Lucena: “Quiero simplemente notar que uno de los exministros franquistas perseguidos es el suegro de Alberto Ruíz Gallardón, porque viene a ser el Secretario General Ministro del Movimiento”

CRBLL: El orden de los factores no altera el producto, por desgracia.

Sr. Lucena: “Y evidentemente Martín Villa no necesita más presentaciones. Muchas gracias».

CRBLL: Gracias por la anotación, no lo sabíamos, y claro que Martín Villa no necesita presentación, su partido lo conoce muy bien.

* Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat

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Contra la INjusticia ¡exministros franquistas a la Audiencia Nacional!

diana312Redacción/Agencias. LQSomos. Febrero 2015

Contra la decisión del juez Velasco. Las víctimas exigen que la Policía entregue «en 24 horas» a los exministros franquistas en la Audiencia Nacional. Recurren la negativa a detener a Martín Villa y otros exministros por vulnerar su derecho fundamental a obtener Justicia.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco de archivar su petición de detener a los 19 acusados por la juez argentina María Servini de crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre ellos los exministros José Utrera Molina o Rodolfo Martín Villa, al entender que ha sido vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

En el recurso, las víctimas piden a la Audiencia Nacional que requiera a la oficina española de Interpol y al Ministerio del Interior que «de forma inmediata» procedan a ejecutar las órdenes de detención preventivas con fines de extradición cursadas por Argentina, arresten y pongan a disposición judicial a los requeridos en «un plazo máximo de 24 horas».

Acusan al juez de vulnerar el artículo 24 de la Constitución y el 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva. «Este derecho excluye que la normativa procesal se interprete de forma rigorista, excesivamente formalista o desproporcionada en relación con los fines que preserva y los intereses que se sacrifican».

La Asociación entiende que el juzgado parte de una premisa «errónea» cuando entiende que ha querido personarse en el procedimiento de extradición, cuando se trata en realidad de denunciar la «inacción» del Gobierno y de la Policía respecto a las órdenes de detención preventivas con fines de extradición acordadas por el Juzgado Nacional de lo Criminal y lo Correccional Federal número 1 de Buenos Aires.

«Lo que ha pretendido esta parte es poner en conocimiento de la autoridad judicial competente la existencia de dichas órdenes de detención para que se procediera a la ejecución de las órdenes de detención», advierte, para insistir en que no se trata de la tramitación de un expediente de extradición en sí mismo, sino de una acusación ejercida en un proceso penal del que dimanan dichas órdenes de detención por la comisión de presuntos crímenes de lesa humanidad.

En su opinión, Velasco debe averiguar la situación de las órdenes de detención cursadas contra los 19 acusados y, en su caso, incoar un expediente de extradición para proceder a su ejecución. Además, añade que la Ley de Extradición Pasiva invocada por el juez no es aplicable en este caso, pues se refiere a la entrega y no a las detenciones previas.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 decretó el archivo de las diligencias abiertas por la falta de legitimación activa de la Asociación al considerar que el proceso extradicional está reservado a los Estados, en virtud del Convenio de Extradición y Asistencia Judicial en materia penal suscrito entre Argentina y España en 1987, así como de la Ley de Extradición Pasiva.

La Asociación, integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), denunció ante el juzgado de Velasco el «incumplimiento grave» por parte de las autoridades policiales españolas de la legislación vigente y la «omisión escandalosa y disconforme a derecho» del Ministerio del Interior al no poner a disposición judicial a los requeridos por Servini.

La sección argentina de Interpol pidió en noviembre de forma «urgente» la detención preventiva con fines de extradición, pero la oficina de Madrid protestó ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la queja.

«Dichas autoridades no solo incumplen con su obligación de poner a disposición judicial a los requeridos por el juzgado argentino, sino que remiten las órdenes de detención a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, órgano ajeno e incompetente para tramitar y ejecutar las citadas órdenes por cuanto que su actuación se produciría una vez que los imputados fueran puestos a disposición judicial», explican.

En este sentido, las víctimas exponen que la comunicación cursada por Interior a la Fiscalía de la Audiencia Nacional «no puede resultar más improcedente y contraria a derecho» y que además, en un «alarde de desconocimiento e ignorancia inexcusable» de la ley, se permite afirmar que los jueces españoles no han solicitado hasta el momento que se lleven a cabo las órdenes de detención.

«Esto es, se pretende por parte de las autoridades gubernativas que sean las autoridades judiciales las que ejecuten las órdenes de detención, cuando no se les ha comunicado la existencia y el contenido de las mismas, ni por parte del Ministerio del Interior ni por parte de la Fiscalía de la Audiencia Nacional», concluyen los denunciantes.

La magistrada imputó el pasado noviembre a Martín Villa (ministro de Gobernación entre 1976 y 1979), a Utrera Molina, -suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón-, a otros políticos de la dictadura, ex miembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un antiguo ginecólogo.

Entre los políticos, se encuentran los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre 1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de Presidencia entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el pasado septiembre.

En concreto, acusa a Utrera Molina, Licinio de la Fuente, Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa.

A Rodolfo Martín Villa le considera responsable de la represión de una concentración de trabajadores en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que fueron asesinados cinco trabajadores y hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego.

Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1.975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegui Echeverría.

Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez, mientras que Osorio está acusado por su responsabilidad en la muerte de los trabajadores de Vitoria.

Además de estos cargos políticos, la Querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores.

A petición de la Fiscalía, imputó a Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar), Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) y a antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.

Además, imputó a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967, donde trabajaba como médico ginecólogo.

La Audiencia Nacional rechazó extraditar al expolicía Antonio González Pacheco ‘Billy el niño’ y al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas por estar prescritos sus delitos.

El caso tiene su origen en la denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus familiares agrupados en la Coordinadora CEAQUA al entender que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de 1936 constituían un plan sistemático y planificado de «aterrorizar a españoles» por su ideología y de sustracción de menores.

La Querella-LQSomos

Ana Messuti: se hace justicia al andar

Ana Messuti se hace justicia al andar-lqsRedacción*. LQSomos. Enero 2015

En las jornadas de Memoria de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, -en este caso con el apoyo de la Xarxa Catalana i Balear de Suport a la Querella Argentina-, la conferencia de Ana Messuti sobre la Justicia Universal ha supuesto un paso más hacia la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la represión franquista y de los querellantes en Argentina contra los crímenes del franquismo.

Ana nos habló de una manera muy sencilla de conceptos como universal, internacional, estatal, referidos a la justicia. Nos explicó que la universalidad es una garantía para los crímenes considerados de lesa humanidad, que juzgados con las leyes propias de cada estado pueden encontrarse con barreras como la prescripción o leyes de punto final como nuestra ley de Amnistía. A veces con leyes pensadas para proteger los derechos de los ciudadanos cuyas garantías nacionales pueden convertirse en un lastre para juzgar lo que en nuestro caso son crímenes imprescriptibles.lqs-Ana Messuti se hace justicia al andar

También hizo hincapié en el universo de los horrores denunciados y de sus cifras desbordantes. No quiso olvidar a los querellantes, para ella lo principal y fundamental. Una manera de mencionarlos a todos sin nombrarlos uno a uno, fue enumerar los bloques que constituyen aunque su diversidad está enmarcada en una única situación que los une a todos y que es la represión franquista del 17 de julio del 36 al 15 junio del 77. Nombró a los desaparecidos, a los niños robados, al exilio, a los internos en campos de concentración, a los esclavos del franquismo, a los torturados de los últimos años… sin olvidar el papel de la Iglesia en la represión y la que ejercieron sobre sus miembros disidentes. Ana tuvo un recuerdo para nuestro querido Félix Padín, militante anarquista, luchador antifranquista y esclavo del franquismo, que falleció el año pasado, pero que antes de morir a los 98 años, fue visitado por la jueza Servini en su viaje al estado español y pudo hacer su declaración ante un juez de Miranda de Ebro.

Hubo turno de palabra para los asistentes que redundaron en que el compromiso social y el apoyo a la Querella, la perseverancia y la presencia de la misma en la calle eran fundamentales para este proceso hacia la Justicia. Ana recordó la experiencia Argentina en la derogación de leyes de impunidad y la importancia de las Madres de la Plaza de Mayo en ello, madres, abuelas, hij@s y niet@s. Felipe lqs+In+memoriam+Félix+PadínMoreno también presente en la mesa recordó al público asistente que aquí hay colectivos como la Mesa de Catalunya d’Entitats Memorialistes, que engloba a diferentes colectivos de la memoria, que lleva 6 años concentrándose el último sábado de cada mes en la Plaça de Sant Jaume pidiendo verdad, justicia y reparación.

El resumen de esta interesante y didáctica charla a cargo de la abogada de la Querella es optimista, ha hecho fijar nuestra atención en lo conseguido, que es mucho, sin perder de vista lo que queda por conseguir. Cada pisada es un pequeño triunfo, un logro para quienes no teníamos nada, ahora hay una jueza, un fiscal, unos abogados, unas declaraciones, unos exhortos, unos imputados, órdenes de exhumación y de extradición, declaraciones ante jueces españoles para la Querella en Argentina… y todo gracias a más de trescientos querellantes y más de un centenar de denunciantes en diferentes países. Pero gracias también al trabajo desinteresado y comprometido de nuestra abogada Ana Messuti, que para nosotros es conocimiento, humanidad y una amiga en este andar que hace justicia con el que, parafraseando a Machado, cerró esta aplaudida exposición.

* Xarxa catalana i balear de suport a la Querella Argentina
La Querella-LQSomos