España da miedo

Después de la detención de Raúl Capín y Adoldo Luján, fotoperiodistas independientes que han captado imágenes impactantes de la brutalidad policial, España ha demostrado que la censura y el autoritarismo no son cosa del pasado, sino tradiciones profundamente enraizadas. Saber que los diarios ABC, La Razón y El Mundo han incriminado a los fotógrafos, acusándoles de falsos periodistas implicados en actos violentos, sólo confirma que la prensa nunca rompió su alianza tradicional con el poder político. Los periodistas han declarado ante el juez y han quedado en libertad con cargos. Al salir de los juzgados de Plaza de Castilla, han manifestado que la democracia sólo es una falacia cuando la información se halla en manos de grandes grupos empresariales. Los que acusan a Capín y Luján de “piratas del periodismo”, olvidan la sentencia del Tribunal Constitucional, según la cual “las libertades de expresión e información podrán ser ejercidas por cualquier persona” (STC 6/1981). La represión policial e institucional contra los periodistas independientes añade una página más a la España negra e inquisitorial, una crónica interminable que ha mostrado su faz más terrorífica con los últimos informes de Amnistía Internacional y el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, donde se recogen testimonios “creíbles y consistentes” sobre torturas, violaciones e incluso muertes causadas por pelotazos de los antidisturbios. Una vez más, España da miedo, asco y vergüenza.
La tranquilidad que se presupone al ciudadano de una democracia se ha desvanecido o tal vez sólo era una ficción alentada por los grandes medios de comunicación, con la ayuda de intelectuales, escritores y columnistas al servicio de un relato escandalosamente falso sobre una España plural, democrática y tolerante. El derecho a informar es un derecho humano elemental. Si se impide o se reprime, ya no se puede hablar de libertades democráticas. Es evidente que el caso de Capín y Luján responde al propósito de ocultar el comportamiento brutal de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Hace poco, un grupo de ciudadanos organizó un escrache ante la sede del PP por el proyecto de ley sobre el aborto. En un vídeo que puede consultarse en Youtube, se advierte con escalofriante claridad cómo un agente introduce una navaja en el bolsillo de un detenido. Los manifestantes increpan al policía y le advierten que han visto todo. Da igual. El incidente se resolverá de la forma habitual: el juez aplicará la presunción de veracidad a los agentes y el testimonio de una docena de personas será ignorado o desestimado. Al detenido se le acusará de atentado contra la autoridad y tal vez acabe entre rejas. Estas escenas son cada vez más frecuentes. Hasta que la crisis no golpeó a miles de familias, nadie protestaba porque se utilizaran estos métodos contra los escasos disidentes de una democracia que se gestó en las cloacas del franquismo.
El informe de Amnistía Internacional
Hace unos días, Amnistía Internacional publicó su informe anual, denunciando que en el Estado español “tanto en 2011 como en 2012 ha habido un uso excesivo de la fuerza en muchas manifestaciones por parte de efectivos de seguridad”. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, se reunió con la prensa el miércoles 22 de mayo de 2013 y habló sin rodeos: “Hay un patrón: se produce el uso excesivo de la fuerza, la gente reclama ante los tribunales y los tribunales dicen si hubo o no ese uso, pero al no estar identificados [los agentes de policía] no se sigue ese procedimiento”. Es decir, se desestima, como en el caso de Consolación Baudín de Lastra, de 54 años, que pasó 40 días en la UVI, con varias costillas rotas y ventilación mecánica. Consolación se limitó a aplaudir a los mineros que se manifestaban en Madrid en julio de 2012 y un agente de la Unidad de Intervención Policial (UIP) le disparó un pelotazo a corta distancia. Iñigo Cabacas no tuvo tanta suerte como ella. Después de recibir una orden contundente (“entren al callejón con todo lo que tenemos”), la Brigada Móvil de la Ertzaintza venció cualquier reparo y disparó contra el joven de 28 años, que se encontraba en las puertas de una “herriko taberna”. Su madre, Josefina Liceranzu, contó que “lo mataron por la espalda mientras atendía arrodillado a una chavalita”. Cuando identificó el cuerpo en el hospital, Josefina se quedó horrorizada: “Mi hijo tenía lágrimas de sangre en los ojos y le salía sangre por las orejas. Pedimos justicia y que se esclarezca la verdad”. A la luz de este drama, Ester Quintana, de 42 años, puede considerarse afortunada. Sólo perdió un ojo por el impacto de un pelotazo de los Mossos d’Esquadra durante la huelga general del 14 de noviembre. La lista de infamias es inacabable. En Tarragona, un niño de 13 años terminó con la cabeza rota por los golpes de porra de dos agentes. Felip Puig, conseller d’interior, admitió que el menor no participaba en ningún piquete, pero exculpó a los agentes con el pretexto de que obraron “en defensa propia” y valoró de forma “muy positiva” el trabajo de los Mossos durante “una jornada compleja”. Sus declaraciones concuerdan con las de David Piqué, comisario de los Mossos, que en su discurso del Dia de les Esquadres prescindió de cualquier eufemismo para referirse a los manifestantes: “Les iremos a buscar, ya se pueden esconder donde quieran porque les buscaremos, sea en una cueva o en una alcantarilla que es donde se esconden las ratas”. Los asistentes al acto le aplaudieron con un entusiasmo digno de las épocas más sombrías del franquismo.
España da miedo, sí. No es una impresión subjetiva, sino el propósito de las detenciones arbitrarias y las campañas de prensa criminalizando a manifestantes, disidentes, periodistas independientes, activistas e incluso a testigos de hechos incómodos. Al igual que en los casos del estudiante Enrique Ruano y el político comunista Julián Grimau, asesinados por la dictadura franquista, la prensa apoya al poder en sus abusos y ratifica sus mentiras. Raúl Capín y Adolfo serán juzgados por presunto atentado contra la autoridad durante las protestas del 23 de febrero y el 25-S. Además, Luján ha sido imputado por el delito de calumnias contra órganos públicos. Se estima que ha violado el artículo 504 del Código Penal al utilizar las redes sociales para acusar a agentes de paisano de lanzar botellas contra los antidisturbios, con el fin de justificar las cargas policiales y las detenciones. No sé cuál será el desenlace de los procedimientos judiciales, pero no podrán borrar los testimonios de infinidad de testigos, que aseguran haber presenciado incidentes semejantes. Tal vez el más sonado es el incendio de un Starbucks en Barcelona. Un documento de David Piqué, comisario de los Mossos, corrobora la existencia de una estrategia policial orientada a generar tensión y violencia. En su proyecto final del máster en Políticas Públicas de Seguridad organizado por la Universitat Oberta de Catalunya, David Piqué escribe: “Incluso si la concentración o manifestación, que es lo que estamos hablando, no se prevé bastante violenta, se puede llegar a provocar un poco, con detenciones poco justificadas y nada pacíficas unos días antes para calentar el ambiente. También se pueden hacer redadas preventivas en los lugares donde se encuentran habitualmente personas cercanas a la ideología de los convocantes con la excusa de buscar drogas o lo que sea necesario. La redada estará especialmente mal hecha y con trato humillante para encender más los ánimos, si es necesario. La consecuencia previsible de estos comportamientos previos y el diseño del dispositivo policial, es que acabará con una batalla campal. Además de la estrategia previa, en cuanto algún grupo descontrolado empieza las acciones violentas, las unidades de policía ni se mueven y cuando la violencia empieza a ser generalizada, la actuación policial se retrasa deliberadamente hasta que los daños producidos son socialmente inaceptables. Es entonces cuando se producen las cargas policiales que en ningún momento quieren ser disuasorias. No se disimula. Se va directamente contra los manifestantes, que ya son considerados vándalos, y se les ataca con suficiente velocidad para que no dé tiempo a la fuga y se provoque el enfrentamiento físico. En este estadio, los manifestantes atacan a la policía con todo lo que tienen y que les han dejado tener, realmente se están defendiendo, pero no lo parece. Han sido acorralados. La violencia entre agentes y manifestantes se desata, se personaliza y se descontrola. Es lo que se quiere. Comienzan a aparecer víctimas inocentes -daños colaterales se dice ahora. Los que han rehuido el enfrentamiento, se encuentran con el resto de las unidades policiales que les cierran el paso. […] La dispersión no es voluntaria. Es a golpe de defensa (porra) y cualquier atisbo de resistencia es contestada con contundencia exagerada y detenciones masivas”.
Después de leer este espeluznante trabajo académico, que incurre –al menos en el plano teórico- en una indiscutible prevaricación, no cabe extrañarse ante el informe de Amnistía Internacional, que responsabiliza al gobierno español de no investigar las denuncias de torturas o violencia policial. En el Estado español, cada vez son más frecuentes los casos de agentes “sin identificar que golpean con porras a manifestantes pacíficos, disparan balas de goma contra ellos y amenazan a los periodistas que cubrían la información de los hechos”, como sucedió el 25-S. “Las investigaciones de las denuncias de tortura y otros malos tratos son inadecuadas y así lo reconocen los tribunales y organismos de derechos humanos”. Amnistía Internacional cita los casos de Ángela Jaramillo, apaleada en 2011 a pesar de “su actitud pacífica”, y de Paloma Aznar, periodista que recibió el impacto de una pelota de goma durante la manifestación de los mineros, pese a llevar “colgada al cuello su acreditación de periodista”. Amnistía Internacional también deplora “que se pueda mantener a los sospechosos de terrorismo hasta 13 días recluidos, sin acceso a un médico ni a un abogado de su elección y sin poder consultar con su abogado de oficio de manera confidencial ni comunicar su paradero a su familia”. En el caso de los inmigrantes, afirma que se continúan violando sus derechos. En septiembre de 2012, “se expulsó colectivamente a 70 desde el islote español de Isla de Tierra a Marruecos. Ninguno tuvo acceso a un procedimiento de concesión de asilo individual”. Los casos de detención arbitraria, discriminación y malos tratos son habituales entre los inmigrantes sin papeles. Amnistía Internacional no pierde la oportunidad de señalar que “el gobierno español aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de sectores de población más vulnerables”, y recuerda que prohibir de antemano los escraches representa una violación de los derechos humanos.
España, una democracia de mínimos
Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, ha promovido una política de represión contra los indignados, los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (APH) y los ciudadanos que salen a la calle a manifestar su descontento. Se han realizado 447 detenciones y se han impuesto mil sanciones administrativas, con el pretexto de “frenar la anarquía” y “el nazismo puro” de los escraches. Sin embargo, los jueces no han hallado argumentos suficientes para dictar condenas penales. No se realizan investigaciones en profundidad, pero se admite que los imputados están ejerciendo derechos fundamentales y que la policía actúa de forma arbitraria. Las sanciones administrativas tampoco prosperan. Los recursos interpuestos se resuelven favorablemente a los ciudadanos, lo cual confirma que la Delegación del Gobierno ha intentado reprimir el derecho de manifestación, con sanciones indiscriminadas. ¿Vivimos en una democracia? Se afirma que una dictadura se caracteriza por la concentración de poder, las políticas represivas contra los disidentes y la inexistencia de una prensa libre y plural. En el Estado español, el poder se concentra en manos de la patronal y la banca, que imponen las directrices de la economía y las reformas de la legislación laboral, de acuerdo con sus intereses. Los debates se limitan a cuestiones que no afectan a la economía: el matrimonio homosexual, el aborto, la influencia de la Iglesia Católica, la prohibición del tabaco en lugares públicos. Los rescates bancarios, los derechos de los trabajadores y desempleados o la intervención militar en países ricos en petróleo, gas o con una posición geográfica crucial en la circulación de bienes y mercancías, nunca se someten a la opinión de los ciudadanos. El “No a la guerra” de Irak se convirtió en indiferencia o complicidad cuando el PSOE llegó al poder y se mantuvo la presencia española en Afganistán o se bombardeó Libia para “defender la libertad, la democracia y los derechos humanos”. Se toleran las protestas siempre y cuando no representen una amenaza real. La dispersión de la izquierda revolucionaria en infinidad de pequeños partidos, agrupaciones y asambleas produce un espejismo de pluralidad, pero en realidad sólo es la constatación de un fracaso. Una izquierda dividida y fragmentada revela la impotencia de la sociedad para organizarse de manera eficaz. No se puede responsabilizar a estas fuerzas de su dispersión, pues carecen de recursos para transformarse en un verdadero frente popular y su diseminación es una consecuencia del bipartidismo reinante.
El Estado español sólo acepta el debate democrático en las cuestiones menores. Es lo que Gramsci llamó la “pequeña política”. La “gran política” acontece en despachos, cuando la banca y la patronal se entrevistan con el gobierno para negociar sus intereses. A cambio, los políticos salientes de la cosa pública obtienen cargos altamente remunerados como consejeros independientes o asesores externos. Todos saben que José María Aznar y Felipe González disfrutan de esas prebendas, después de gobernar al dictado de las grandes empresas. Este verdadero contubernio se consolida con el monopolio de los grandes medios de comunicación. Hugo Chávez ha sido satanizado por casi todos los periódicos, pese a ganar doce comicios electorales bajo supervisión internacional. En cambio, Álvaro Uribe, ex presidente de Colombia, o Teodoro Obiang, presidente de Guinea Ecuatorial, implicados en torturas, asesinatos extrajudiciales y desapariciones, no han soportado el mismo acoso mediático. Durante sus mandatos, la corrupción ha sido galopante y, en el caso de Uribe, la Corte Penal Internacional considera que hay pruebas suficientes para juzgarle por crímenes contra la humanidad por al menos 3.500 asesinatos de sindicalistas, campesinos, activistas sociales, periodistas, defensores de los derechos humanos y opositores de izquierdas. En el pequeño pueblo de La Macarena, región del Meta, a 200 kilómetros al sur de Bogotá, se descubrió en enero de 2010 una gigantesca fosa común con 2.000 cadáveres sin identificar. Las fuerzas de élite del gobierno colombiano han utilizado esta fosa desde 2005. Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, acompañó al lugar a una delegación de parlamentarios ingleses. “Lo que vimos fue escalofriante”, declaró al diario Público. “Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN (no identificados) y con fechas desde 2005 hasta hoy. El comandante del Ejército nos dijo que eran guerrilleros dados de baja en combate, pero la gente de la región nos habla de multitud de líderes sociales, campesinos y defensores comunitarios que desaparecieron sin dejar rastro”. La fosa de La Macarena no es algo excepcional. Periodismo Humano y otros medios independientes calculan que hay más de mil fosas comunes y sin identificar en Colombia. Algunos paramilitares desmovilizados han declarado que se descuartizó a los desaparecidos y se les incineró en hornos clandestinos. John Jairo Rentería, alias Betún, confesó a la justicia colombiana que participó en el asesinato de al menos 800 personas. “Había que desmembrar a la gente. Todos en las Juntas de Autodefensa tenían que aprender eso y muchas veces se hizo con gente viva”. Las víctimas fueron enterradas en una fosa situada en la finca Villa Sandra en Puerto Asís, región del Putumayo. Alfredo Molano, sociólogo y escritor colombiano, que no tuvo otra alternativa que exiliarse después de recorrer el país, recopilando datos que apuntaban a Álvaro Uribe como máximo responsable de las matanzas, señala que “la propia Fiscalía General de la Nación habla de 25.000 desaparecidos […]. Hay cementerios clandestinos enormes en Colombia. Hay gente borrada. También es posible que hayan hecho desaparecer muchos restos en hornos crematorios, como los del nazismo. […] Ni en los años cincuenta hubo en Colombia tanta brutalidad como la que muestran estas acciones de los paramilitares, pero el gobierno no tiene voluntad de investigar a fondo, y sólo dejará que aparezcan algunas tumbas. Además, los plazos son larguísimos y las dificultades técnicas para las identificaciones, pruebas químicas y ADN son enormes”. Sobra decir que la sombra de Estados Unidos planea sobre este nuevo genocidio. George W. Bush condecoró el 13 de enero de 2009 a Álvaro Uribe con la Medalla de la Libertad por “su contribución especialmente meritoria a la seguridad y los intereses nacionales de Estados Unidos”. Rodríguez Zapatero recibió ese mismo año a Uribe en el Palacio de la Moncloa y le abrazó efusivamente. Sin embargo, el villano por excelencia de la prensa española es el desaparecido Hugo Chávez. ¿Se imaginan a Vargas Llosa o a Fernando Savater escribiendo sobre los 25.000 desaparecidos en Colombia, salvo para minimizar los hechos o negarlos con insuperable cinismo? ¿Hacen falta más pruebas para demostrar la deshonestidad de los grandes medios de comunicación españoles? ¿Se puede continuar negando que los intelectuales han firmando una alianza con el poder político y financiero, convirtiéndose en cómplices de sus crímenes?
Durante los seis años en el poder de Felipe Calderón, se produjeron en México al menos 25.000 desapariciones. De nuevo, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos, opositores. No son rumores, sino datos de la Procuraduría General de la República de México, que ha elaborado un listado con 20.851 víctimas, y de la Secretaría de la Gobernación, que ha recopilado 26.121 casos. El número total de muertos asciende a 60.000, de los cuales 2.134 son niños de entre seis meses y catorce años, presuntamente confundidos con narcos. Leon Panetta, ex director de la CIA y Secretario de Defensa de Estados Unidos, ha llegado a hablar de 150.000 víctimas. La guerra contra la droga fue una pantomima concebida para llevar a cabo un genocidio ante el estupor de la opinión pública internacional, incapaz de comprender lo que sucedía realmente. Al parecer, Felipe Calderón rompió el equilibrio entre los carteles de la droga, aliándose con el cartel de Sinaloa. Ya son muchas las voces que han denunciado la complicidad de los Estados en el tráfico de estupefacientes. “Si se sigue la pista del dinero, nunca sabes hasta dónde llegarás”, comentan los personajes de The Wire, la excelente serie televisiva de David Simon y Ed Burns ambientada en Baltimore. Hace pocos años, la Federación Rusa se negó a que la OTAN continuara utilizando su territorio para trasladar grandes cargamentos de heroína. Aunque no ha podido probarse, hay poderosos indicios de que Wall Street y la City londinense han mejorado su liquidez, lavando dinero procedente del tráfico de drogas. Es un negocio redondo, pues al margen de las ganancias que produce, desactiva políticamente a los jóvenes, arrojándolos a los brazos de una cruel dependencia y forzándoles a delinquir, convirtiéndolos en peones de mafias despiadadas.
¿Por qué los grandes medios de comunicación españoles omiten estas cuestiones y no dejan de publicar artículos a favor de la economía de mercado y la pax norteamericana o ferozmente opuestos a la Cuba de Fidel Castro, la Revolución Bolivariana o los movimientos de liberación nacional? La respuesta es sencilla. Todos están controlados por la banca y las grandes empresas. En Traficantes de información, el periodista Pascual Serrano señala que el Grupo Planeta controla simultáneamente La Razón y La Sexta, pese a que el ultraconservador diario y la progresista cadena televisiva mantienen un antagonismo ficticio. José Manuel Lara Bosch, presidente del Grupo Planeta, es además el mayor accionista de Antena 3. Muchos se preguntarán por qué el Grupo PRISA ha batallado con tanta ferocidad contra Hugo Chávez y Evo Morales. El Grupo PRISA se estableció en Miami, con la intención de abrir mercado en América Latina. No es extraño que en un editorial de 2002 apoyara el golpe de estado de Pedro Carmona, presidente de la patronal venezolana, contra Hugo Chávez. El Grupo PRISA, propietario de El País, Cinco Días, Editorial Santillana y la Cadena SER, posee tres diarios en Bolivia (Extra, El Nuevo Día y La Razón) y es el mayor accionista de la mayor cadena televisiva (ATB). En Venezuela, posee grandes inversiones en la Organización Cisneros, el mayor grupo mediático del país, con la cadena Venevisión a la cabeza.
El poderoso empresario venezolano Gustavo Cisneros es accionista de Sogecable y es socio principal de Valores Bavaria, que ha invertido grandes cantidades en el Grupo Latino de Radio, un holding con un 87% de acciones del Grupo PRISA. Valores Bavaria también ha invertido en Caracol Radio, la cadena líder de Colombia. PRISA posee el 19% de las acciones de esta cadena. REPSOL-YPF y Telefónica, dueña del 20% de las acciones de Sogecable, invierten importantes sumas en publicidad en las publicaciones del Grupo PRISA. Lo mismo sucede con el BBVA y el BSCH, las dos primeras entidades financieras en América Latina. Sus intereses económicos se han visto seriamente perjudicados por el socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. La confluencia de grandes grupos empresariales del sector financiero, energético y mediático sólo confirma que el capitalismo es una trama con una voracidad insaciable y la farsa democrática, su triste consejo de administración. En un alarde de ingenuidad, El País publicó el 13 de marzo de 2006 un editorial titulado “España se la juega en América”, donde afirmaba que “la gran aventura empresarial en América Latina es sumamente audaz. […] Empresas como Telefónica o los bancos de Santander y Vizcaya pasan a convertirse en poderosos instrumentos de influencia de la política exterior, que anuncian el regreso de España como agente activo de la vida internacional”. Sin embargo, esta arriesgada apuesta podría frustrarse por culpa de “explosiones telúricas de un magma indigenista, etnopopulista y nacionalista, más o menos hostil al capital extranjero”. Para el diario El País, el progreso se encarna en la figura de Gabriel Cisneros, el Berlusconi venezolano, con una fortuna personal de 5.000 millones de dólares y con empresas en 50 países de América, Asia y Europa. Un verdadero emprendedor que posee un equipo de béisbol (Los Leones de Caracas) y que financia y organiza el concurso Miss Venezuela. Amigo personal de Henry Kissinger, George Bush padre e hijo, David Rockefeller, Mario Vargas Llosa y Felipe González, Cisneros logró en 1985 que el gobierno venezolano prohibiera el libro del economista Lyndon H. LaRouche, Narcotráfico S. A., donde se le vinculaba con el lavado de dinero procedente del tráfico de drogas. Durante el intento de golpe de estado de 2002 contra Hugo Chávez, sus canales de televisión ofrecieron una amplia cobertura a los insurrectos, renunciando incluso a la publicidad e inventándose una supuesta masacre de antichavistas, que no soportó el contraste con la realidad. En la dictatorial Venezuela de Hugo Chávez, el canal Venevisión de la Organización Cisneros nunca ha dejado de emitir su programación, atacando a la Revolución Bolivariana sin tregua. Al referirse a la campaña de PRISA contra el chavismo, el profesor de filosofía Carlos Fernández Liria evocó los lazos entre Felipe González, El País y Gustavo Cisneros. Cisneros compró Galerías Preciados a precio de ganga después de la expropiación de RUMASA. Sólo fue una operación especulativa, pues no tardó en vender los almacenes, obteniendo unas ganancias fabulosas, no sin antes reflotar la empresa mediante despidos y ajustes draconianos. El País nunca ha ocultado su estrecho vínculo con el PSOE ni su interés por Venezuela. Atacó a Hugo Chávez desde el principio y su hostilidad prosigue más allá de su muerte. “Es como si estuvieran pagando –señala Fernández Liria- alguna deuda de amistad mafiosa con alguna élite venezolana”.
Pobreza, marginación y democracia
España no es una democracia. España da miedo. Sería injusto comparar el sufrimiento del pueblo español con el del colombiano o mexicano, víctimas de genocidios recientes (o incluso en marcha) que han pasado desapercibidos. Álvaro Uribe y Felipe Calderón deberían acabar sus días en una celda de la Corte Penal Internacional, pero se pasean por el mundo, recibiendo honores y agasajos. Se les puede responsabilizar de al menos 100.000 asesinatos, pero vivimos en un tiempo de canallas patrocinado por Estados Unidos, donde se usa la palabra democracia para encubrir toda clase de abusos y crímenes. Presuntamente, la democracia es el gobierno de los ciudadanos. Es evidente que ese principio teórico no se aplica en la realidad, pero tal vez habría que señalar que la fórmula en sí misma no es satisfactoria, pues en el centro de la política no debe estar el ciudadano, sino el pobre, el paria, el marginado, el excluido. “Las democracias occidentales –escribe Jon Sobrino- han reducido la pobreza en algunas de sus manifestaciones, pero no han hecho central al pobre ni en la teoría ni en la práctica. En mi opinión, por eso son tan débiles en erradicar otros males como el individualismo aislacionista, la trivialización de la existencia, el desentendimiento de la familia humana. Y es que cuando el pobre no está en el centro, tampoco lo está la misericordia. Y sin ella, desaparece lo humano” (Terremoto, terrorismo, barbarie y utopía, 2002). La reforma de las pensiones es un ejemplo de esa insensibilidad criminal. Aunque es una imposición de la troika, el gobierno de Mariano Rajoy ha encargado a un comité de doce expertos un estudio previo. Ocho de esos expertos han trabajado en el sector bancario y en compañías de seguros interesadas en promover los planes de pensión privados. Preside el comité Víctor Pérez-Díaz, catedrático de sociología de la Universidad Complutense, neoliberal confeso, colaborador de El País y conferenciante habitual de la Fundación FAES. Sus conclusiones, recientemente publicadas, eran previsibles: desvincular las actuales pensiones del IPC y bajar las futuras pensiones. Por supuesto, esta medida no será sometida al consenso democrático, pero los partidos políticos mayoritarios seguirán aprobando leyes represivas para defender el Estado social y democrático de Derecho.
España da miedo, sí. Los tricornios y las mitras siguen ensombreciendo la vida cotidiana, con su poder de intimidación y su fanatismo tridentino. El toro de Osborne sigue orillando nuestras carreteras, mostrando que la esencia de la cultura hispánica consiste en maltratar a los animales en un obsceno festejo popular. Los políticos siguen obedeciendo a la patronal y a la banca, humillando sin descanso a la clase trabajadora. Las familias son desahuciadas y apaleadas. Los jóvenes se marchan al extranjero para buscar trabajo. La sanidad, la educación y las pensiones son privatizadas de forma más o menos encubierta. Se detiene a los periodistas y se tortura impunemente. Los grandes medios de comunicación, los políticos y los jueces –salvo contadísimas excepciones- trabajan conjuntamente para reprimir las protestas y el descontento social. Esperanza Aguirre citaba hace poco a George Orwell para escarnecer a los “ideólogos socialistas” (por cierto, no creo que merezcan ese nombre los líderes del PSOE). Curiosamente, la “neolengua” a la que se refería para criticar la LOGSE es una de las señas de identidad del actual neoliberalismo: reformas, flexibilidad, competitividad, ajuste presupuestario, factor de sostenibilidad, saneamiento, orden público, seguridad. Todos sabemos lo que esconden esas palabras: explotación laboral, corrupción, liquidación de derechos, represión, insolidaridad, tortura. Definitivamente, España da miedo, pero espero que algún día perdamos ese temor y no dejemos dormir a los miserables que crucifican y pisotean a los pueblos, invocando el bien común y el interés nacional. No permitamos que otros escriban nuestro destino. Emiliano Zapata nos legó varias frases memorables: “Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres”, “Mejor morir de pie que vivir toda una vida arrodillado”. No se me ocurre ningún argumento para impugnarlas, salvo el terror que propaga el Estado, sembrando el derrotismo, la impotencia y el desánimo. Sin embargo, nada puede impedirnos soñar con una humanidad definitivamente liberada de toda explotación y opresión.

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