Lesmes y Marchena, jueces poderosos en una democracia “defectuosa”

Por Domingo Sanz. LQSomos.

Ciertamente, se quedaba corto el senador Cosidó sobre la capacidad de Marchena para controlar al Supremo, pues hay que añadirle también el arte suficiente para agarrotar a los políticos se atreven a dudar de su poder “ejecutivo”…

La democracia española acaba de ser degradada al nivel de “defectuosa” en un ranking que analiza 167 países del mundo y publica “The Economist”.

La cosa tiene importancia, pues llevamos años escuchando a los líderes del PSOE, del PP y de Ciudadanos presumiendo de que España es una democracia “plena”.

Entrando en detalles, dicen los expertos del ranking que lo de España se debe, en gran parte, a la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues significa ruptura del papel que deben cumplir los diferentes poderes en cualquier democracia.

Tienen razón, pues el mandato de los miembros del CGPJ finalizó hace tres años y, en diciembre pasado, Pedro Sánchez dio por imposible que se pueda renovar antes de finalizar la legislatura, a pesar de que aceptaron a Espejel y Arnaldo en el TC con la nariz tapada. Esto significa que Lesmes batirá récords de okupación indigna, pues nada hace pensar que la particular ética que rige su comportamiento le convenza de que debe dimitir.

Sobre Marchena, aunque a muchas personas el cuerpo se lo estuviera pidiendo, quizás habría sido un exceso convocar manifestaciones para convencerle de que dejara de dictar sentencias después de que un senador del PP, el inolvidable Cosidó, dijera de él que les aseguraba el control del Tribunal Supremo “por la puerta de atrás”. Pero la vida sigue y cada día pasan cosas.

Hoy mismo me he enterado de que el ex diputado canario Rodríguez, cuando se le concedió la última palabra en el juicio que lo condenó por pegar una patada a un policía en una manifestación contra los desahucios en 2014, anunció que acudiría al TEDH si era condenado.

No parece que, en una democracia incluso defectuosa, anunciar el derecho que a cualquiera le asiste de recurrir a un tribunal superior, aunque sea europeo, sea algo que pueda llamar la atención. Por eso, lo que nos trasladó a tiempos franquistas es que los jueces, en el mismo texto de la sentencia, le reprocharan que estaba intentando “perturbar al tribunal”.

Se lo reprocharon a él y, siendo públicas las sentencias, lo convirtieron en aviso a navegantes, y todos lo somos.

Aquel tribunal estaba presidido por Manuel Marchena, el mismo juez que después consiguió que Batet expulsara del Congreso a Rodríguez con un auto en el que ni siquiera reclamaba expresamente tal acción. ¿Acaso sintió la presidenta del Congreso la misma amenaza que sienten los independentistas catalanes en su Parlament cuando desde algún poder judicial les prohíben hablar de lo que consideren conveniente?

Ciertamente, se quedaba corto el senador Cosidó sobre la capacidad de Marchena para controlar al Supremo, pues hay que añadirle también el arte suficiente para agarrotar a los políticos se atreven a dudar de su poder “ejecutivo”, el de ejecutar con sentencias a quienes no entienden las leyes como él mismo ordena que se entiendan.

¿Qué la justicia europea tira después sus sentencias a la papelera? No hay problema, pues cuando esas resoluciones definitivas llegan ya han cumplido su función los hechos consumados que practica con sus sentencias.

Pero más que mérito del propio juez autoritario soy de los que piensan que el problema es de la cobardía y la corrupción que caracterizan a la clase política que ha proliferado durante estos más de 40 años de monarquía con urnas desde que murió el dictador. Pero esto requiere un abordaje monográfico.

Para terminar, una explicación necesaria en un día como hoy.

Le agradezco que haya leído hasta el final, pues hoy solo queremos leer el enésimo artículo sobre las elecciones  en Castilla y León, pero he decidido esperar al recuento definitivo, por si las moscas.

Lo que sí se vuelve a confirmar es que unas candidaturas que no han llegado al 50%+1 en las urnas conseguirán más del 54% en las Cortes.

Aunque a los de “The Economist”, para establecer la calidad de una democracia no parezca importarles si la ley electoral respeta la igualdad de todos los votantes a la hora de convertir la voluntad popular en poder parlamentario, a mí siempre me ha parecido que cualquier edificio, aunque sea el que la sociedad construye para llamarlo política, debe contar con unos buenos cimientos.

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