Antea Izquierdo/Acacio Puig. LQS. Marzo 2018

No se justifica (por ningún objetivo mediático ni electoralista) anteponer a la larga lista de asuntos sociales, la reivindicación de equiparar cuanto antes los salarios de la gente uniformada y armada

Si bien los medios de comunicación han convertido en noticia importante la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad -es decir guardia civil, policía nacional y fuerzas de seguridad autonómicas- también el conjunto de formaciones políticas del arco institucional (¿lideradas por el PP?) otorgan al tema una urgencia de primer orden que requiere posicionamientos y soluciones

Nosotr@s, desde la izquierda socio-política, NO podemos otorgar al asunto esa “prioridad” por los motivos siguientes que proponemos a reflexión.

1.- Desde la visibilización a partir de 2007-2008 de la Crisis-Estafa, el deterioro de las condiciones de vida de la población española no ha hecho sino agravarse.

La nueva vuelta de tuerca del capitalismo neoliberal ha generalizado la precarización del trabajo, desactivado la anterior sincronización IPC e índice de actualización de pensiones, congelado el salario mínimo interprofesional y recortado los servicios públicos por la triple vía de recorte presupuestario, privatizaciones de la “gestión” de lo público y reducción de personal mediante la no convocatoria de oposiciones a pesar del crecimiento de demandas sociales en sanidad y enseñanza. Privatizando además los transportes colectivos y subcontratando múltiples trabajos que merecen contratación pública directa.

Podemos constatar que a la juventud precarizada solo se ofrece empleo público precisamente en el sector fuerzas de seguridad, lo que introduce un grave desequilibrio respecto a cualquier estrategia racional que busque generar empleo público de mayor utilidad social.

Confiemos en obtener resultados durante las previstas movilizaciones frente a la Precariedad que permitan revertir situaciones sin futuro para enormes sectores juveniles que aspiran a algo diferente a “vestir un uniforme”.

Recordemos también que el sector pensionistas está saliendo a la calle en todo el país por su evidente pérdida de poder adquisitivo y que casi un millón de pensionistas no contributivos (PNC) percibe hoy la miseria de 368.90 euros mensuales. Esas situaciones (junto al paro) son de mucha mayor gravedad que los relativos desequilibrios salariales entre las Fuerzas de Seguridad.

Nosotr@s entendemos que lo que debe caracterizar a las políticas de izquierda es PRIORIZAR LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS SECTORES sociales MÁS DESFAVORECIDOS y no creemos que las condiciones salariales de las fuerzas de seguridad se encuentren entre las propias de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad.

Por tanto, su reivindicación no puede ser prioritaria y menos aún, conociendo la tacañería administrativa de los amos de las arcas públicas: sabemos bien que con gobiernos de derechas, ¡lo que se da a unxs se quita a otr@s!

2.- No podemos obviar la situación creada por La Ley Mordaza (eufemísticamente llamada “ley de seguridad ciudadana”) que permite generalizar irresponsablemente las acusaciones de “terrorismo” (raperos, tuiteros, titiriteros y finalmente… ¡pensionistas!) como es fácil comprobar día a día.

La ley Mordaza blinda los desmanes de las fuerzas de seguridad (¡Barcelona 1-O! por remitirnos a un ejemplo que por fortuna ya recorre Europa). Sin embargo, NO nos consta que haya oposición a la misma por parte de las fuerzas de seguridad ni de sus organizaciones profesionales –nos resistimos a denominarlas organizaciones sindicales.

Entendemos que el rechazo a una Ley que merma derechos ciudadanos y protege desmanes (hipotéticos o reales) de las fuerzas de seguridad DEBIERA formar parte de la agenda democrática de cuerpos que aspiren a encontrar apoyo social a sus reivindicaciones laborales (y no solo a apoyos de “oportunidad” de medios y castas).

En consecuencia, entendemos que las llamadas fuerzas de seguridad del estado, son solo Fuerzas Gubernamentales de Orden Público, es decir cuerpos armados ajenos a cualquier control social democrático y solo fieles a las órdenes del ministro del gobierno de turno (sea Gobierno de la nación o Govern de Catalunya…)

Mirando hacia nuestro pasado inmediato, entendemos también que para una izquierda comprometida con la Verdad Histórica (es decir con la Memoria) es injustificable no solo la libre absolución de asesinatos y desmanes cometidos por Policía Nacional y Guardia Civil durante la dictadura franquista y la transición, sino el no exigir a esos cuerpos y sus actuales mandos una asunción de responsabilidades éticas que den paso a auditorías judiciales y reparaciones a las víctimas, acabando así con la prolongada IMPUNIDAD que se cobija en silencios y ocultamientos de todo tipo.

3.- Conclusiones

La izquierda transformadora no puede obviar los problemas de calado que avanzamos en los apartados anteriores con mero objeto de lucir etiqueta patriotera apostando ser “más papistas que el papa” es decir, engrasar más de orden público que los profesionales del orden público.

No se justifica (por ningún objetivo mediático ni electoralista) anteponer a la larga lista de asuntos sociales pendientes como los citados, la reivindicación de equiparar cuanto antes los salarios de la gente uniformada y armada.

Y sobre todo, frente al “ruido mediático” reflexionemos y escuchemos a la calle Comprobaremos –comprobaréis- que LA CALLE está inmersa en enormes problemas sociales pero que desde luego, para la calle, ese objetivo gremial de cuerpos más solventes que la inmensa mayoría de la población afectada por la crisis, NO ES objetivo PRIORITARIO!

* Antea Izquierdo es activista anticapitalista y concejala del Ayuntamiento de Burgos. Acacio Puig es militante memorialista.
Nota publicada en Burgos Digital
https://burgosdijital.net/

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