Febrero de 1873: un aniversario para meditar

Arturo del Villar*. LQS. Febrero 2019

El pueblo español llevaba siglos sufriendo la tiranía de los reyes, por lo que al saber que el último había huido y que estaba proclamada la República, decidió organizar entonces una revolución popular

El 11 de febrero de 1873 se producía la segunda huida apresurada de un rey de España, aunque la primera la había protagonizado en 1868 una reina, la disoluta Isabel II de Borbón. Su sucesor había sido elegido por las Cortes, el 16 de noviembre de 1870, por 191 votos, debido a la insistencia del general Juan Prim, que no consideraba a España preparada para convertirse en República, aunque la segunda opción más votada aquel día fue la República Federal, con 60 votos, un tercio de la triunfante. Al no conseguir el afecto del pueblo, Amadeo de Saboya renunció a la corona de un país al que nunca entendió, ni los españoles a él, y se marchó contento de librarse de unos súbditos a los que calificaba de locos y al país de manicomio.
Para resolver el vacío de poder se constituyeron el Congreso y el Senado en Asamblea Nacional, y aprobaron la proclamación de la República por 256 votos a favor y 32 en contra. Era la República Española, sin otro adjetivo, “dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de gobierno”, según decía la resolución acordada por la mayoría de los asambleístas, leída por uno de ellos, Francisco Pi y Margall. A las doce de la noche de ese día histórico la Asamblea eligió al Poder Ejecutivo de la República, presidido por Estanislao Figueras, con Pi y Margal al frente de la cartera más conflictiva, la de Gobernación.

Parece que el general Prim tenía razón, porque al día siguiente los republicanos comenzaron a destruir la República. En algunas localidades andaluzas estallaron motines, y en varios lugares se establecieron juntas revolucionarias que reclamaban todo el poder político, sin esperar a que el Poder Ejecutivo adoptase alguna resolucion. Ante tal desbarajuste, el ministro de la Gobernación se vio obligado a telegrafiar a los gobernadores civiles monárquicos, porque no le había dado tiempo para cambiarlos, conminándoles a mantener el orden, como primera necesidad para que el nuevo sistema político adoptado resultase viable. Terminaba el mensaje explicando: “Orden, libertad, justicia: tal es el lema de la República”, más severo que el de la Revolución Francesa inspirado por la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los ciudadanos.

Libertad sin orden

El pueblo español llevaba siglos sufriendo la tiranía de los reyes, por lo que al saber que el último había huido y que estaba proclamada la República, decidió organizar entonces una revolución popular. Lo hizo cuando ya no era necesaria, puesto que el pueblo pasaba a tomar el poder, depositado en sus representantes elegidos libremente por primera vez en su historia. El entusiasmo por saber que ya estaba abolida la odiada monarquía animó a los más impulsivos a constituir juntas revolucionarias, que desconocían la autoridad del Poder Ejecutivo.
El deseo de libertad contenido hasta entonces por la acción efectiva del ejército borbónico, estalló hasta inutilizar los otros dos lemas propuestos por Pi: el orden se desordenó, y la justicia se injustificó hasta convertirse en delito, ante el afán de vengar pasadas actuaciones por parte de los caciques, verdaderos detentadores del poder comarcal durante la monarquía. Pero el lema propuesto por Pi es imprescindible que actúe conjuntamente para hacer viable cualquier sistema político.
La Gloriosa Revolución alzada en Cádiz el 18 de setiembre de 1868 estuvo organizada y dirigida por unos generales acostumbrados a mantener la disciplina militar. El manifiesto firmado por el general Prim el día 16, dirigido “A los españoles”, invocaba a los militares y al pueblo a proclamarse únicos dueños de la soberanía nacional, con capacidad para regir el destino de la nación liberada de la opresión borbónica:

¡Españoles, militares y paisanos! ¡La patria necesita de nuestros esfuerzos! ¡No desoigamos el grito de la patria, voz doliente del sufrimiento de nuestros padres, de nuestras esposas, de nuestros hijos y de nuestros hermanos!

El llamamiento se hacía por los militares demócratas a todos los españoles de toda clase y condición. El descrédito en que había caído la dinastía borbónica desde el reinado conjunto de Carlos IV y su favorito Manuel Godoy exigía unas medidas drásticas para resolverlo. Por supuesto, la más contundente era organizar una revolución que la aboliese. Sin embargo, una vez triunfante la revolución resultaba forzoso organizarla, de modo que pusiera en práctica las ambiciones expresadas por los revolucionarios. Fue lo que se hizo con orden en 1868, gracias a un Gobierno provisional designado el 8 de octubre, presidido por el general Francisco Serrano, respetado por todos, que convocó elecciones generales inmediatamente para conocer la predilección de los ciudadanos que habían dejado de ser vasallos.

Las decisiones militares

Los organizadores de la Gloriosa se pronunciaron contra la golfería dominante en palacio, a causa de la lujuria desenfrenada de la gruesa soberana y su bien apodada Corte de los Milagros, pero no pretendían hacer una revolución social, como habían buscado los franceses en 1789. El pueblo español aceptó con entusiasmo los manifiestos lanzados por los militares, reconocidos verdaderamente entonces como salvadores de la patria.
Sin embargo, todos sabían que en otras ocasiones el ejército había terminado contundentemente, incluso sangrientamente con los conatos revolucionarios tanto del estamento militar como del pueblo. En consecuencia, la Gloriosa Revolución planificada por los militares demócratas contra la corrupción de la corte isabelina debía mantenerse dentro de unos cauces ordenados. Las juntas populares constituidas en las ciudades quedaban bajo la inspección de los militares. El pueblo aceptó las decisiones del ejército libertador de la tiranía borbónica, y controló sus ansias de libertad.
La Asamblea estaba constituida mayoritariamente por radicales del partido presidido por Manuel Ruiz Zorrilla, a los que no entusiasmaba la República. Sin embargo, fracasada la experiencia de la monarquía instaurada en un rey extranjero, y desestimada como imposible la restauración de la dinastía borbónica, la única manera de resolver enseguida el vacío de poder consistía en proclamar la República. Los radicales la aceptaron por oportunismo, pero no por convicción. Sus 274 diputados imponían sus decisiones, porque la segunda fuerza en el Congreso, los republicanos, solamente contaban con 79 escaños; otros dos grupos eran residuales: los progresistas sumaban catorce, y los alfonsinos nueve.

La soberanía nacional

La transición del régimen despótico borbónico al democrático popular se hizo ordenadamente, de acuerdo con el plan previsto por el general Prim, que fue posible precisamente gracias a su autoridad, con el general Francisco Serrano como regente. Aprobada la Constitución el 1 de junio de 1869 y promulgada el día 6, aseguraba en el artículo 32 que “La soberanía reside esencialmente en la Nación”. Es la primera vez que no se promulgó en nombre del monarca reinante, desde la de Bayona de 1808, sino de la nación española. Claro está que al hallarse el trono vacante no era posible que la sancionase un rey, no obstante explicar el artículo 33 que “La forma de Gobierno de la Nación española es la Monarquía”. Había, pues, que buscar un rey a toda prisa, pero el elegido no resultó apto para regir un país con el que no tenía ningún vínculo. No se veía otra solución que probar el sistema republicano.
A ese estadio se llegó bajo la protección de los militares revolucionarios, quienes cedieron el poder a los políticos una vez completado el período constitucional. Gracias a ello la proclamación de la República se hizo en paz el 11 de febrero de 1873, pero al día siguiente empezaron a establecerse juntas revolucionarias que dieron paso a los cantones independentistas en ciudades y pueblos. Se tomó como modelo la Comuna de París, aunque su historia de dos meses en 1871 terminó en una sanguinaria represión por el ejército que debiera haber alertado a los cantonales españoles.
La idea central de Pi consistía en implantar la federación de las nacionalidades españolas de arriba abajo, es decir, por la decisión de las Cortes Constituyentes inauguradas el 1 de junio, como representantes del poder político. Sin embargo, los impacientes no quisieron aguardar los acontecimientos legales, y decidieron hacerlo desde abajo arriba, sin esperar las resoluciones de las Cortes.
El 30 de junio Sanlúcar de Barrameda instauró el primer cantón, ejemplo seguido por otras localidades a lo largo del mes de julio. Además el 8 de julio se produjo una huelga general en Alcoy contra la República, con un carácter sanguinario que desprestigió al nuevo régimen, y Pi se vio obligado a resolverlo mediante el empleo de la fuerza.

Una circunstancia negativa

Aquel momento era muy delicado para el ejército nacional, puesto que tenía varios frentes de batalla abiertos. En el Norte de España debía combatir a los guerrilleros carlistas, partidarios del autoproclamado rey Carlos VII, quien había levantado a sus partidarios el 21 de abril de 1872, y en Cuba tenía que enfrentarse a los patriotas que el 10 de octubre de 1868 iniciaron una revuelta comandada por Carlos Manuel Céspedes para lograr la independencia de la isla. A ello se añadía la insurrección cantonal.
Por si fuera poco, los mandos militares eran monárquicos en su inmensa mayoría. Los sublevados contra Isabel II no lo hicieron por la República, sino por la necesidad de poner término a ese reinado vergonzoso que mancha la historia de España con caracteres increíbles. Por eso buscaron un rey y lo importaron de Italia. Al fallarles la dinastía saboyana se resignaron a tolerar la República, pero sin ningún entusiasmo, con el pensamiento puesto en colocar a otro monarca en el trono.
La Iglesia catolicorromana apoyaba al carlismo, por coincidir en su fanatismo religioso. En el ejército rebelde se enrolaron muchos curas, a los que se denominó trabucaires porque llevaban una cruz en el pecho y un fusil en bandolera. Algunos de ellos se distinguieron por su ferocidad, ya que mataban religiosamente en nombre de su dios vengativo. No aceptaban la monarquía isabelina por sus corrupciones, pero tampoco el régimen republicano, juzgado por ellos ateo. Los que no luchaban en las guerrillas carlistas combatían predicando desde los púlpitos contra la República.
La situación económica era lamentable, porque el reinado de Isabel II se había encaminado a enriquecer a la gruesa soberana, desbaratando el Tesoro Nacional. Tanto es así que el Estado se vio obligado a tener que suspender los pagos de la Deuda Pública, con el consiguiente desprestigio internacional de la República.
El paro laboral era enorme, ya que los industriales pasaban por un momento descapitalizador acelerado, y las noticias sobre insurrecciones les atemorizaban, por lo que en vez de contratar nuevos obreros despedían a los que ya tenía asalariados. Los banqueros, terratenientes y burgueses adinerados huyeron rápidamente a Francia, para poner sus capitales a buen recaudo en bancos extranjeros
Y los partidos políticos se hacían la guerra entre ellos. Resultó especialmente complicada la que enfrentó a las diversas facciones de los republicanos federales entre sí, y a los unitarios contra todos los federales.

Así no podía ser

Con esta situación resultaba imposible que la República se consolidase. Hubiera hecho falta una mano muy dura para dirigirla rectamente. Se le ofreció a Pi la posibilidad de aplicarla, después de vencer una sublevación de la Milicia Nacional el 23 de abril, pero la rechazó porque su conciencia le impedía asumir lo que él mismo denominó “una dictadura revolucionaria”. Con ello permitió que las fuerzas conjuradas contra la República siguieran su labor, con tanta virulencia que le animaron a dimitir, por no ser capaz de resolver los problemas acumulados.
Y continuaron haciéndolo bajo la presidencia del Poder Ejecutivo por Nicolás Salmerón y Emilio Castelar, hasta aquella infausta madrugada del 3 de enero de 1874 en que Manuel Pavía, capitán general de Castilla la Nueva, ordenó a las tropas a sus órdenes asaltar el Congreso, y convertir a la República en un protectorado militar, en espera de que otro militar traidor, Arsenio Martínez Campos, acabase con ella el 29 de diciembre, al proclamar rey a Alfonso de Borbón apodado El Puigmoltejo por los apellidos de su padre biológico, ya que solamente era Borbón por su madre, la golfísima Isabel II. Así comenzó la dinastía puigmolteja, no reconocida oficialmente en los manuales, pero cierta.
De esta aventura histórica podemos extraer una moraleja: que no es conveniente esperar un suceso extraordinario para proclamar la República, sino que debe prepararse meticulosamente, y después contener contundentemente tanto a los republicanos impacientes como a los antirrepublicanos, porque de no hacerlo así su actividad contribuirá de forma inexorable a terminar con el sistema adoptado.
Si Pi y Margall hubiera aceptado asumir todos los poderes después del 23 de abril, la historia sería diferente de como resultó. Y resultó muy mal. Escribió en su ensayo La República de 1873. Apuntes para escribir su historia por F. Pi y Margall. Libro primero. Vindicación del autor, publicado por su cuenta en 1874, página 31, que obró bien atendiendo el dictado de su conciencia, pero añadió: “Lo dudo ahora si atiendo al interés político.” Lo que no cabe dudar es que el interés político debe estar por encima de la conciencia individual de un dirigente en todo momento. La historia lamentable de la I República sería otra si Pi hubiera supeditado su conciencia al interés general.