14 años exhumando fosas, recuperando dignidades
En el año 2000, los ’13 de Priaranza’ fueron exhumados de la fosa común en la que yacían desde 1936. Aquella labor, impulsada por Emilio Silva, fue el germen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
Cuando Emilio fue detenido en el Ayuntamiento de Villafranca el 16 de octubre de 1936, podía imaginarse el fatal destino que le esperaba al encontrarse con otros 14 hombres en un camión custodiado por pistoleros falangistas. En medio de la oscuridad, dos de ellos intentaron escaparse, pero sólo logró huir Leopoldo Moreira (su otro compañero sería abatido a tiros). Él sería el que guardaría en su memoria el lugar donde reposarían los huesos de sus compañeros, la fosa común de los ’13 de Priaranza’.
64 años después, su nieto, el periodista y sociólogo Emilio Silva, comenzaría su búsqueda, apoyado por un equipo de arqueólogos, médicos forenses y antropólogos. La exhumación de la fosa común de Priaranza sería el germen de la conocida Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que en sus catorce años de actividad ha ayudado en la recuperación de centenares de fusilados en todo el país.
Aún hay más de 100.000 desaparecidos en toda España, olvidados en más de 3.000 fosas comunes
Todo este trabajo ha servido, según Emilio Silva, para “enunciar y denunciar lo que pasó”. Antes de la exhumación en Priaranza, la sociedad y los diferentes gobiernos democráticos habían decidido mirar hacia otro lado, con “pactos de silencio” que aún siguen pesando como losas sobre las fosas comunes donde reposan todavía más de 100.000 personas. Según un informe de Aministía Internacional, España es el segundo país del mundo con más desaparecidos tras Camboya. En cualquier otro lugar del mundo, “los represaliados serían héroes”, denuncia Silva en una entrevista con ileon.com, quien lamenta que “ningún gobierno haya querido encargarse de esto”.
España, el país que ha olvidado la cultura de los Derechos Humanos
El año 2000, recuerda Emilio Silva, hoy presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, supone “un verdadero cambio para la democracia en España”. Hace solo unos días, el politólogo Ignacio Sánchez Cuenca, investigador de la Universidad Carlos III, sugería que en ese año se producía un “verdadero punto de inflexión” al recordar la Transición, ya que los nietos de las víctimas comenzaban a buscar a sus familiares desaparecidos, reivindicando su memoria.
Catorce años después de aquellas primeras exhumaciones, y tras los 83 años de la proclamación de la II República, Silva celebra que “se haya superado ese complejo de inferioridad”. La labor de la ARMH, sin duda, ha servido para “sacar del olvido a las víctimas, exhumando también su historia”. Y aunque el trabajo de la Asociación se haya centrado en encontrar a los miles de desaparecidos que aún reposan en fosas comunes, su labor también ha consistido en devolver la memoria, ante la “dejadez del Estado”, según denuncia Marco González, vicepresidente de la ARMH.
El papel de la Asociación ha sido fundamental para que se produzca un “aprendizaje social” en la ciudadanía. Emilio Silva cuenta que cuando comenzó a buscar los restos de su abuelo, hubo quien en el Bierzo le dijo “que estaba apoyado por el mismísimo Felipe González”. Nadie entendía hace catorce años que las familias tuvieran derecho a exhumar a sus desaparecidos.
A pesar de que este período de tiempo ha servido para demostrar que desenterrar a los fusilados no iba a abrir viejas heridas, sino más bien a ayudar a curarlas, aún queda mucho por hacer. En ese sentido, la ARMH sigue denunciando comportamientos como el del diputado del Partido Popular Rafael Hernando, quien dijo que “los familiares de las víctimas del franquismo solo se acordaban de desenterrar a su padre cuando había subvenciones”.
El año pasado se censuró en Bruselas una exposición sobre las víctimas del franquismo y el trabajo en la exhumación de fosas
Sus declaraciones, denunciadas ante el Tribunal Supremo por la Asociación, reflejan también “el olvido y el insulto” al que han tenido que someterse los desaparecidos y sus familias durante décadas. El año pasado, por ejemplo, el propio Partido Popular europeo censuró una exposición sobre las víctimas del franquismo en Bruselas, dado que “las imágenes eran demasiado impactantes”. Olvidaban, sin embargo, que en la misma sala del Parlamento europeo había habido fotografías expuestas sobre el Holocausto nazi y los atentados de ETA.
Arqueología y genética forense para exhumar las fosas
Esta dejadez política también se observa claramente en la redacción de la Ley sobre la Memoria Histórica, según denuncia Marco González. Y es que en el proceso de exhumación de fosas, tras la recopilación de toda la información posible sobre los desaparecidos y la recogida de testimonios por especialistas en antropología social, la Asociación debe solicitar los permisos oportunos para realizar las excavaciones.
En la provincia de León, en palabras de González, “nunca ha habido problemas con terrenos de las administraciones públicas o el Obispado”. No sucede lo mismo cuando se trata de fincas privadas, ya que en ocasiones, los propietarios se niegan a conceder esos permisos para proceder a la exhumación de los cuerpos. La propia ARMH ha llevado a juicio a una salmantina que llegó a pedirles dinero para autorizar la apertura de la fosa común.
Según González, “estas situaciones son un fallo provocado por la propia Ley de Memoria Histórica, que aunque habla de expropiación temporal de los terrenos, no dice quién debe hacerlo”. El limbo legal en el que se encuentran las víctimas, cuando se cumplen 75 años del fin de la Guerra Civil, es una buena muestra del olvido democrático y el silencio sobre los crímenes ocurridos desde 1936, tras el golpe de estado de Franco.
En el caso de que puedan realizar la exhumación de la fosa, la ARMH se apoya en voluntarios con formación científica y técnica para desenterrar los cuerpos e identificar a los fusilados. Para ello han tenido que contar con arqueólogos, médicos forenses o genetistas que brindan sus horas libres para que “los huesos hablen, ya que las personas que están en las cunetas tienen mucho que decir a nuestra democracia”, reclama González.
Ciencias como la arqueología y la antropología forense o la genética son claves para identificar a los desaparecidos. En las pruebas de laboratorio, según explica González, los investigadores realizan mediciones de los huesos y analizan las causas de la muerte, donde habitualmente se observan perfectamente los cuerpos tiroteados.
Los análisis genéticos también han sido fundamentales para reconocer con un 99% de precisión a las víctimas. Las muestras se suelen extraer de dientes o del fémur de los desaparecidos, para así estudiar el ADN nuclear o mitocondrial y compararlo con el de sus familiares. En Burgos, provincia donde se ha exhumado el mayor número de fosas, existe un proyecto piloto para utilizar muestras de ADN en la identificación, que ha contado con la colaboración de biólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, en palabras de Silva.
Las pruebas de ADN permiten identificar con un 99% de precisión a las víctimas
Es necesario reconocer el papel de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, una entidad sin ánimo de lucro que ha conseguido en catorce años crear una conciencia social sobre el pasado, reivindicando la historia de las miles de víctimas que aún siguen en fosas comunes reclamando justicia.
Este pionero movimiento ciudadano, nacido del trabajo voluntario de decenas de personas anónimas, ha conseguido sacar del olvido a los más de 100.000 desaparecidos, curando las heridas provocadas por el golpe de estado militar que desencadenó la Guerra Civil y los cuarenta años de dictadura. Su labor ha ido más allá de la mera exhumación de fosas, recuperando la dignidad de una democracia que silenció el horror franquista.
* Publicado en “ileón.com”
– Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
