16-J: Declaración de familiares de los jóvenes de Altsasu
Redacción. LQS. Junio 2018
Tal y como sostienen diferentes asociaciones de abogados y de juristas que han estudiado la sentencia, las condenas son muestra de ensañamiento y crueldad. Son absolutamente desproporcionadas. Incluso dando por buena la descripción de los acontecimientos de aquella fatídica noche, los juzgados ordinarios suelen condenar este tipo de hechos con multas, indemnizaciones y bajas penas que no suponen ingreso en prisión
Al termino de la histórica manifestación celebrada en Iruña, más de 80000 personas reclamando JUSTICIA, en solidaridad con los jóvenes de Altsasu, se leía esta declaración de madres y padres de estos jóvenes vengativamente castigados de la manera más ilógica posible, sin ninguna prueba y bajo un montaje político-judicial:
Una vez más, os recibimos con un fuerte y dulce abrazo solidario a todas y todos aquellos venidos desde Cataluña, Madrid, Castilla, Aragón, Galicia, Extremadura, Andalucía, pueblos de la península, pueblos solidarios. Desde aquí queremos agradecer todas las muestras de solidaridad, aliento y apoyo que estamos recibiendo de todo el mundo, de África, de América, de Asia, de Europa y de Oceanía. Nunca alcanzaremos a agradecer lo que hemos recibido y estamos recibiendo de todas y todos vosotras.
¡¡Mila esker!! ¡¡Bihotz bihotzez!! ¡¡Muchas gracias de todo corazón!!
Muy a nuestro pesar nos hemos visto obligadas a llamar a esta segunda gran manifestación, porque se ha cometido un auténtico atropello judicial con la condena a largos años de prisión para nuestros hijos y porque no podemos, la sociedad no puede permitir que se repitan situaciones de este tipo. Siete de ellos se encuentran ahora mismo encarcelados a cientos de kilómetros de sus hogares, con una pena de entre 9 a 13 años de cárcel a la espalda, que van a truncar su vida y su futuro y van a hipotecar el día a día de sus familias.
Desde hace un año y medio venimos denunciando la vulneración de derechos y de principios básicos. Se han vulnerado durante la instrucción de la causa, durante la fase de juicio oral, y en la misma sentencia. Se han vulnerado derechos y principios legales con la imposición de prisión preventiva para tres de nuestros hijos que llevan más de año y medio y con el encarcelamiento reciente de otros cuatro de nuestros hijos alegando el riesgo de fuga. No ha existido, ni existe riesgo de fuga cuando se han presentado voluntariamente antes los juzgados tantas veces como se les ha requerido. No existe riesgo de fuga cuando desde julio del año pasado sabían que la fiscalía pedía un total de 375 años de cárcel y no se han movido de sus casas. No ha existido, ni existe riesgo de fuga cuando antes de que fueran detenidos llevaban cinco días haciendo vida normal e incluso reincorporándose al trabajo desde que conocieron la salvajada de esta sentencia.
No hay riesgo de fuga y por ello nuestros siete hijos deben estar en libertad ya, en sus hogares retomando su vida, sus trabajos y sus estudios.
Lo que sí hay es un deseo indisimulado de venganza y un tribunal que no ha buscado la verdad. Se han utilizado de manera torticera la calificación de los hechos como terrorismo para usurpar la competencia al juzgado ordinario de Navarra y trasladar la causa a un tribunal excepcional como la Audiencia Nacional. Un tribunal permeable a las influencias exteriores. La sombra de la Guardia Civil, y no sólo la sombra, ha sobrevolado en todo este proceso. La jueza instructora Lamela, la que no permitió a las defensas la inclusión de pruebas y relatos de testigos, está condecorada por la Guardia Civil. La Guardia Civil ha llevado a cabo la investigación de esta causa. ¿Dónde queda la imparcialidad en la investigación de los hechos? La Guardia Civil ha detenido a nuestros hijos. Testigos y peritos han sido miembros de la Guardia Civil. Y lo que es más alarmante, la presidenta del Tribunal que ha condenado a estos ocho jóvenes, está casada con un Coronel de la Guardia Civil y ha recibido la cruz al mérito de la Guardia Civil. ¿Dónde queda la neutralidad del tribunal y de la Justicia?
No se les ha condenado por terrorismo, pero el objetivo expeditivo está más que cumplido. Y por si fuera poco, antes de ayer supimos que la fiscalía ha recurrido la sentencia, pretendiendo alargar este sufrimiento. No conforme con la barbaridad de la condena impuesta, la fiscalía tiene sed de más castigo, más sufrimiento, más venganza. No podemos soportar semejante atrocidad.
Tal y como sostienen diferentes asociaciones de abogados y de juristas que han estudiado la sentencia, las condenas son muestra de ensañamiento y crueldad. Son absolutamente desproporcionadas. Incluso dando por buena la descripción de los acontecimientos de aquella fatídica noche, los juzgados ordinarios suelen condenar este tipo de hechos con multas, indemnizaciones y bajas penas que no suponen ingreso en prisión. 9571 casos similares ocurrieron en el año 2016. Retamos a que se nos indique en cuántos casos equivalentes, -donde la lesión más grave ha sido una fractura de tobillo y donde no se han utilizado armas-, se ha castigado con penas que supongan el ingreso en prisión. Hace pocos días hemos conocido la sentencia sobre unos hechos similares ocurridos con unos Policías Nacionales en un bar de Pamplona y la condena máxima ha sido de un año y nueve meses.
Estamos ante un abuso de poder. Un abuso de poder intolerable. Nos dicen que hay que respetar las decisiones judiciales y la separación de poderes como base de la democracia. Pues bien, cuando Mostesquieu desarrolló la teoría de la separación de poderes, no hablaba sólo de separación, también hablaba de equilibrios de poderes con el fin de que ninguno abusara del que tuviera conferido. Hablaba de equilibrios y de vigilancia mutua en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos. Hablaba de que el poder detenga al poder.
Por ello, y en la defensa de la calidad democrática, los derechos humanos, los principios que deberían ser garantizados en un verdadero Estado democrático de Derecho, la convivencia, la paz, la libertad y la Justicia con mayúsculas, solicitamos a los actores institucionales, políticos, sociales, académicos, mediáticos y del sistema judicial a que propongan e implementen las medidas necesarias para revertir esta situación injusta y para impedir que nada parecido pueda ocurrir a ninguna ciudadana o ciudadano.
Medidas legales para impedir el uso extensivo de la ley y los abusos de poder. Medidas para reformar rigurosamente el delito de terrorismo en el sentido de lo recomendado por los Relatores de Naciones Unidas. Medidas para que ninguna persona navarra pueda ser juzgada por hechos ocurridos en Navarra en otro juzgado que no sea el ordinario, tal y como ya ocurría antes de la limitación de los Fueros en 1841. (Un apunte revelador: la única excepción a la jurisdicción ordinaria en aquella época era la Santa Inquisición ubicada en Logroño). Medidas para acotar la injerencia externa y el excesivo poder de unos tribunales excepcionales.
Para todo ello ofrecemos a los actores políticos, sociales, culturales, académicos, jurídicos e institucionales la propuesta para la creación de una “Mesa para la regeneración democrática y la recuperación de derechos y libertades”. Una propuesta que invitamos a ser debatida y a llenar de contenido para que encontremos soluciones efectivas a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir a nadie y se haga por fin JUSTICIA.
Queremos Justicia. Exigimos justicia con mayúsculas, justicia garantista, justicia enraizada en nuestra tierra, justicia que actúe al nivel de los estándares democráticos de respeto a los derechos y las libertades que prevalecen en la sociedad navarra.
¡Eskerrik asko! ¡Muchas gracias1
¡Justizia nahi dugu! ¡Reclamamos justicia!
¡Altsasukoak aske!
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– Altsasu Gurasoak. Queremos JUSTICIA!
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