28 de març. Homenatge a les víctimes del tardofranquisme i la transició
Por Agencia Mp3. LQSomos.
Cientos de personas, en todo el estado, fueron asesinadas en manifestaciones o controles policiales, víctimas de disparos de la policía y de los grupos de extrema derecha. En Alicante, Teófilo del Valle, en febrero de 1976, Miquel Grau, en 1977, Valentín González, en Valencia, en 1979 y Guillem Agullo en Montanejos, en 1993…
Dones i homes que vain dexar empremta
Hoy día 28 de marzo de 2023, día de recuerdo y homenaje oficial a las víctimas de la guerra, el franquismo y la transición al País Valencià, las entidades memorialistas abajo firmantes
MANIFESTAMOS QUE
Durante los últimos años del franquismo, lejos de disminuir, la represión, se incrementó. Se crearon tribunales especiales como el Tribunal de Orden Público, TOP, (1963-1977), continuaron actuando los tribunales militares, aumentaron las detenciones, castigos y torturas en comisarias y cuarteles de la Guardia Civil, se ampliaron los delitos sociales y los considerados sexuales, se crearon penales especiales para homosexuales y por supuesto la Brigada Político Social sirvió de avanzadilla para perseguir a una oposición política que recaía especialmente entre trabajadores y estudiantes, así como en los barrios populares. Sólo el Tribunal de Orden Público condenó a 9.146 personas, afectó a más de 50.000 personas en todo el estado español.
Las multas gubernativas, el cierre y secuestro de publicaciones, la detención de cantantes y artistas, acompañaron el resurgir de la oposición antifranquista. Los años de terror del primer franquismo no pudieron contener a partir de los años 60 un crecimiento de la resistencia contra la dictadura.
El aparato del estado franquista respondió declarando continuos estados de excepción. Se despidió a trabajadores por reclamar mejoras laborales y por tener antecedentes policiales. Se expedientó y expulsó a estudiantes que exigían sindicatos democráticos o mejoras en las Universidades. Se recrudeció el internamiento de mujeres jóvenes en los centros del Patronato de Protección a la Mujer y, entre otros delitos, miles de mujeres fueron víctimas del robo de bebés en los paritorios de maternidades públicas. Se multó a las incipientes asociaciones de vecinos que crecían en los barrios populares, sus dirigentes sufrieron acoso policial y detenciones. La Brigada Político Social persiguió todas las organizaciones contrarias a la dictadura.
La represión alcanzó a amplios sectores de la población, recordamos que la Justicia militar actuó contra sindicalistas detenidos en Valencia 1967 durante la primera manifestación convocada públicamente un primero de mayo, contra un grupo de anarquistas en 1968 y contra miembros de las Juventudes Comunistas en 1969. Entre las continuas detenciones producidas en Valencia recordamos las sufridas por militantes del PCE en los años 68 y 70 y las movilizaciones de sus compañeras y familiares por denunciar las torturas y malos tratos sufridos; a los estudiantes universitarios del PCE detenidos en 1971 y de la LCR en 1974; militantes del PCE (m-l) detenidos en 1973 y 1975. Fueron detenidos y condenados sindicalistas en Elda y Petrer en 1968, militantes del Partido Comunista alicantino fueron también encarcelados en 1974. Lo mismo ocurrió en las comarcas de Castelló, donde la represión se cebó en el movimiento obrero, especialmente en la Vall d’Uixó, con la detención de Vicent Zaragoza Michavila, líder del PCE de la Vall; y también las multas y largas detenciones que sufrieron intelectuales, activistas políticos de diferentes grupos y personas antifranquistas a nivel individual. 312 estudiantes universitarios fueron expedientados y ex-pulsados del campus valenciano en 1973. En junio de 1975, diez promotores del Consell Democràtic del País Valencià, representantes de los diversos partidos que lo componían fueron detenidos en Alacuás y procesados por el TOP.
Militantes, mujeres y hombres, de todas las organizaciones antifranquistas fueron represaliados con despidos, expedientes disciplinarios, multas y detenciones, muchos sufrieron torturas y condenas de cárcel, muchos hubieron de exiliarse.
Tras la muerte de Franco, durante los años de Transición, el aparato represivo de la dictadura permaneció indemne, algunos torturadores fueron recompensados y continuó la represión policial, las agresiones contra medios de comunicación, los atentados contra librerías y personas y las amenazas golpistas desde los mandos del Ejército que concretaron sus intentonas con el golpe militar de Tejero, en febrero de 1981. Cientos de personas, en todo el estado, fueron asesinadas en manifestaciones o controles policiales, víctimas de disparos de la policía y de los grupos de extrema derecha. En Alicante, Teófilo del Valle, en febrero de 1976, Miquel Grau, en 1977, Valentín González, en Valencia, en 1979 y Guillem Agullo en Montanejos, en 1993.
La violencia fue constante, el terror y las amenazas individuales y colectivas, permanente y las víctimas numerosas. Prueba de ello fue la llamada “Batalla de Valencia”, orquestada por la extrema derecha con apoyos desde las estructuras intactas del franquismo. Librerías por todo el país sufrieron ataques con cócteles molotov de la extrema derecha, Crida, en Alcoi, Tres i Cuatre en Valencia, Set i Mig, Compas y Laos en Alacant, La Costera en Xàtiva. Atentados contra las viviendas de Joan Fuster, la persona de Sanchis Guarner, el despacho laboralista de Alberto García Esteve, el coche de Dionisio Vacas, militante del PCE en la Malvarrosa…
En esta última legislatura del Botànic II, con una intensa movilización del movimiento memorialista y el apoyo decidido de la administración, hemos avanzado bastante en materia de Memoria Democrática, pero aún queda mucho por hacer.
Queda pendiente poner luz de manera oficial sobre la magnitud de la represión y poner en pie medidas para la Justicia necesaria y la reparación de tantos crímenes.
A las personas represaliadas por luchar contra la dictadura y defender las libertades les debemos la democracia y los derechos que hoy tenemos. El estado debe, como establece el Derecho internacional en materia de Derechos Humanos, garantizar sus derechos a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de no Repetición.
Sin embargo, hasta la fecha, las víctimas de la represión del periodo que nos ocupa que han reclamado en los juzgados valencianos que se investigue las torturas de las que fueron objeto, por parte de Brigada Político Social o la Guardia Civil, en los años 1967, 68, 70, 71, 72 y 1975 solo han encontrado como respuesta la inadmisión de sus querellas.
Reiteramos, las víctimas de los crímenes franquistas merecen el reconocimiento oficial, deben tener el derecho inalienable a la tutela Judicial Efectiva, a la investigación. Ellas y el conjunto de la sociedad tienen derecho a la Verdad, conocer a los responsables: fueran gobernadores civiles, dirigentes policiales, ministros o destacados miembros de la jerarquía franquista en su administración, la que fuere. Asimismo, tienen derecho a la Reparación Integral del daño recibido por parte del Estado.
Reclamamos la puesta en marcha del Instituto de Memoria. Reclamamos la elaboración de un Mapa de la represión que ponga nombre a las víctimas y a los victimarios. Reclamamos la puesta en marcha ya de la Comisión por la Verdad, la Justicia y la Reparación, aprobada en el Decreto 1/2023 de gva, con participación de las víctimas y a fin de restablecer la verdad histórica, jurídica e institucional sobre los hechos acaecidos durante la guerra, la dictadura franquista y la Transición; así como el desarrollo y promoción de las políticas públicas de Reparación Integral de las víctimas. Al tiempo dicha comisión deberá poner en conocimiento de la autoridad judicial, como es preceptivo, aquellos crímenes de Lesa Humanidad que se puedan documentar y que son imprescriptibles e investigables de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
En València, a 28 de marzo de 2023.
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