45 años de ignominia: Acuerdos tripartitos de Madrid
José Ignacio Algueró Cuervo*. LQS. Noviembre 2020
Han pasado cuarenta y cinco años, han muerto y siguen sufriendo el exilio y la represión muchos saharauis, y la consulta no se ha producido…
El 14 de noviembre de 1975, delegaciones de España, Marruecos y Mauritania, con un marcado componente económico, firmaban en el palacio de la Zarzuela, en presencia del Príncipe Juan Carlos, jefe del Estado en funciones y uno de los más firmes defensores del entendimiento con Marruecos, los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid. Oficialmente, lo pactado beneficiaría a todas las partes, incluida la población saharaui (sic), y contribuiría al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, pero la realidad era otra bien distinta. El secretismo había presidido las negociaciones, hasta el punto de que la delegación española pidió a la marroquí que no se hiciera público el documento.
A propósito del mismo, el futuro ministro de Exteriores, José María de Areilza, hablaría meses después de contrapartidas infladas; entre ellas estaría la autorización a 800 barcos españoles a faenar en aguas del Sahara durante veinte años, sin pagar canon durante los cinco primeros. (Conviene recordar que hasta la firma los barcos españoles, principalmente canarios, faenaban libremente en la zona).
¿Cuántos lectores recuerdan que Sahara fue una provincia española entre 1958 y 1975?
Por su parte, el entonces ministro español de Industria, Alfonso Álvarez de Miranda, desvelaría en 1978 ante las Cortes los siguientes datos: Se estableció la compra (por parte marroquí) del 65% de Fosbucraa (empresa creada por el Gobierno español para explotar los fosfatos del Sahara), quedando el 35% en manos del Instituto Nacional de Industria. A este respecto, cabe señalar que la empresa pasaría de unos beneficios cercanos a los mil millones de pesetas en 1974, a unas pérdidas superiores a los mil quinientos millones en 1976.
Las extraordinarias contrapartidas económicas ofrecidas a España explican la composición de las delegaciones firmantes de los acuerdos, y convierten estos en una pura venta del territorio, de sus riquezas y de su población a Marruecos y Mauritania. Además, lo firmado es de más que dudosa legalidad, por cuanto: no se incluyen ni una vez los términos referéndum y autodeterminación, compromisos aceptados previamente por España; el texto nunca sería ratificado por los Parlamentos de los respectivos países, como era preceptivo; y el texto nunca sería publicado en el Boletín Oficial del Estado.
¿Cuántos lectores saben que el Sáhara Occidental es el único territorio de África pendiente de autodeterminación?
Dado que suponían la descolonización de una provincia española, las Cortes franquistas debían aprobar una ley que autorizara al Gobierno a abandonar (no a entregar a terceras potencias, como ocurría en realidad) el territorio. Antonio Carro, ministro de la Presidencia y otro gran defensor de la negociación directa con Marruecos, habla ante los procuradores de la importancia de la Ley para fortalecer la posición de España frente a la ONU y otras potencias, y afirma sin inmutarse que no afectaba a la soberanía ni a la integridad territorial de España, ya que el Sahara es de España pero no es España, pues no existe allí igualdad ante la ley y solamente existen dos municipios (sic). Vuelve a mentir al afirmar que hoy por hoy el Gobierno español no está vinculado por compromiso formal alguno respecto a la suerte del territorio y de la población (ya se había firmado la entrega), y cuando afirma que fue la gallardía y la firmeza de nuestro Ejército el más apreciable y eficaz argumento disuasorio para la retirada de la marcha verde (y no el hecho de que Hassan II había conseguido su objetivo. Sus señorías acabarían aprobando la Ley que consumaba el abandono del Sahara por 345 votos a favor, 4 en contra, y 4 abstenciones, con la ausencia de más de 100 procuradores, incluidos todos los canarios.
La relación de las consecuencias de todo tipo que se derivarían de los Acuerdos de Madrid excede con mucho de la extensión de este artículo. La ONU, mediatizada por la presión de Francia y Estados Unidos, defensores de la posición marroquí, aprobaría dos resoluciones contradictorias (3458A y 3458B), mientras su secretario general hablaba de estricta ocupación militar que impide cualquier consulta (el referéndum). Para Marruecos, el Sahara acababa de ser restituido legalmente a sus legítimos propietarios. Por el contrario, la mayoría de los saharauis consideraba que se les había privado de su legítimo derecho a autodeterminarse, se les obligaba a la guerra y al exilio, y se daba vía libre a la apropiación ilegal de sus riquezas. Para España, por último, con la retirada oficial, producida el 26 de febrero de 1976, se pondría fin a su presencia en el Sahara Occidental y a su participación en la administración temporal del territorio. Aquel día, el comunicado oficial del Gobierno, tras justificar el abandono, se teñía de legalidad tardía al afirmar que la descolonización… no culminará en tanto la opinión de la población saharaui no se haya expresado libremente, (lo que) requiere la presencia de un representante de la ONU en dicha consulta.
Han pasado cuarenta y cinco años, han muerto y siguen sufriendo el exilio y la represión muchos saharauis, y esa consulta no se ha producido. La ilegalidad de la ocupación marroquí la evidencia el hecho de que ningún tratado (salvo los Acuerdos aquí analizados), y ninguna organización internacional la avalan. Sin embargo, se prefiere mirar para otro lado; el casi generalizado silencio de los medios de comunicación españoles sobre todo lo referido al Sahara Occidental es una muestra de esta evidencia.
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