La madre de Joxi Zabala debe pagar… por pedir que la reconozcan como victima

Por Cecilia Remis. LQSomos.

“Es un despropósito. Nos quitan lo que más queremos y, además, le exigen pagar unas desorbitadas costas”. Pili Zabala

La Audiencia Nacional obliga a pagar las costas por un recurso en el Constitucional a la madre de Joxi Zabala

En 1983, los GAL secuestraron a Joxi Zabala y Joxean Lasa, de 21 y 20 años,los torturaron, los llevaron a un descampado, y les hicieron cavar una fosa, les pegaron un tiro y los enterraron en cal viva. En abril del 2000 la Audiencia Nacional condenó por este crimen a Enrique Rodríguez Galindo, general de la guardia civil destinado en Intxaurrondo; Ángel Vaquero, teniente coronel de la guardia civil del mismo cuartel; Julen Elgorriaga, gobernador civil de Guipúzcoa; Enrique Dorado y Felipe Bayo, miembros de la guardia civil.

Ahora la Audiencia Nacional obliga a pagar a la madre de Joxi Zabala la cantidad de 9.252 euros en costas por pedir que la reconozcan como víctima. El auto emitido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y firmado por la letrada Elena Oca de Zayas señala que “conforme al Art. 241 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al no haber sido impugnada la tasación de costas practicada en fecha 30 de marzo de 2022, por ninguna de las partes, procede a aprobar la misma sin más trámites”. Felipa Artano Sagastume, de 91 años y madre de Joxi Zabala, deberá asumir el pago de 9252,06 euros en concepto de costas.

Cuando el Ministerio del Interior decidió que su familia no recibiera la indemnización complementaria prevista en la Ley de Víctimas del Terrorismo esta madre lo recurrió. El Tribunal Constitucional avaló que la familia Zabala no recibiera la indemnización complementaria prevista en la Ley de Víctimas del Terrorismo. La familia recurrió la decisión alegando que nunca se demostró que Joxi Zabala fuera miembro de ETA. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso y obliga a pagar las costas del juicio a Felipa Artano Sagastume.

Se vuelve a producir una nueva situación de “ciencia ficción” con la (in)justicia española: después de que funcionarios del estado, y apoyandose en su estructura, asesinaran intencionadamente a un ciudadano violando los Derechos Humanos y por supuesto toda la “ley” ¡Crimen de estado!, ahora además se castiga la búsqueda de la justicia y el reconocimiento ¿Puede haber mayor despropósito?

– El poder de las palabras bien dichas

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