Aprender de los errores del pasado. Construir una alternativa al sistema capitalista
A partir de una intervención de la CUP en el Parlamento de Cataluña, se ha generado un debate sobre la participación de determinadas personas de izquierdas en los consejos de administración de las Cajas de Ahorro. El debate es oportuno y pienso que también puede contribuir a sacar lecciones sobre la participación en los consejos de administración de las empresa municipales de Reus (Tarragona). Pero sería un error darle un contenido meramente municipal o local. Mi punto de vista es que estamos ante un tema fundamental que debemos aclarar todos juntos si verdaderamente queremos construir una alternativa al actual orden capitalista.
No se trata, en todo caso, ni de insultar ni de hacer daño a nadie. Lo importante es aclarar las cosas lo antes posible y rectificar errores, en el caso de que se hayan cometido.
En primer lugar, hay que decir que un consejo de administración no es una institución impuesta a los capitalistas. Es justamente lo contrario: una institución de origen típicamente burgués. Esto no implica que las clases trabajadoras sean indiferentes a la forma que tenga la empresa que este consejo administra. No es lo mismo, por ejemplo, el consejo de administración de una empresa creada con el único fin de obtener beneficios que el de una empresas municipal o el de una caja de ahorros. Comparada con las empresas privadas, una entidad pública puede priorizar la satisfacción de necesidades sociales en vez de buscar la extracción de plusvalía para enriquecer a los capitalistas. Ahora bien, esto último no garantiza un modelo alternativo y es muy fácil que este tipo de empresas acaben contaminadas por los criterios de gestión propios del sistema capitalista. De hecho, como explicaré a continuación, es justamente lo que ha ocurrido en las últimas décadas.
Personalmente, soy partidario de la extensión y consolidación de las empresas de titularidad pública. Pero sin olvidar que esta opción choca permanentemente con los intereses de los capitalistas y con las ideas hegemónicas en la sociedad, muy influenciadas hoy día, por el neoliberalismo. Partiendo de esto, es inevitable un conflicto entre las concepciones capitalistas y socialdemócratas de gestión de estas empresas y las posiciones claramente anticapitalistas.
Y aquí es donde está la contradicción más flagrante en las conductas que desde la izquierda mayoritaria ha mantenido (hemos mantenido) en las últimas décadas. Mientras por un lado se ha hablado de la extensión de los derechos democráticos y sociales y de la democracias participativa, por la otra, se ponía estas empresas en manos de gestores que cobraban sueldos astronómicos, se mimaba a los miembros de los consejos de administración y al mismo tiempo se degradaban las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras.
Considero un error creer, como se ha hecho, que con la participación indirecta de los plenos municipales o de las diputaciones a las empresas de titularidad pública o en las cajas, el problema democrático queda resuelto. Estas instituciones, aunque se elijan por sufragio universal, siguen siendo un prototipo de institución de la democracia representativa indirecta y suelen manifestar una profunda desconfianza respecto a la capacidad de las clases trabajadores de gestionar directamente sus propios asuntos.
Quiero recordar, una vez más, que llevo años y años reivindicando la figura de Antonio Gramsci, aunque más de uno me ha querido silenciar. En sus escritos sobre los Consejos de Fábrica, Gramsci contrapone democracia obrera y democracia capitalista y considera que los consejos de fábrica son, precisamente una expresión de la primera.
Por ello, Antonio Gramsci decía que el sistema de democracia obrera en las empresas daría forma y disciplina a las masas, sería una magnífica escuela de experiencia política y administrativa, que permitiría darse cuenta de que las clases trabajadoras pueden gestionar ellas mismas su destino .
La izquierda mayoritaria, en la que yo personalmente de momento todavía me incluyo, ha caído en una trampa y ha actuado en la dirección contraria a la que Gramsci sugería. Proclamar, por una parte, la necesaria extensión de la democracia, y exigir, por otra parte, el fortalecimiento de la gestión corporativa de cada empresa, equivale a querer conciliar el agua con el fuego. Es una tarea imposible y que tarde o temprano tiene que acabar mal como de hecho ya ha pasado.
Por desgracia, algunas personas han ido muy lejos en esta vía y han reclamado plenos poderes para ellas; después han hecho lo mismo en relación a los gerentes de estas empresas. En lugar de promocionar los trabajadores de la empresa y sugerir formas de autogestión, como Gramsci proponía, se ha puesto todo el poder en manos de personas externas. Este tipo de actuaciones conllevan, evidentemente, una restricción y no una extensión de las libertades democráticas, e incluso perjudican la democracia en el seno de los respectivos partidos políticos.
No seré yo quien ahora sugiera cuál debe ser la alternativa, ya que esta es una tarea colectiva. En todo caso considero que es importante señalar que la actuación dentro de las empresas públicas reviste una cierta importancia. Se trata de garantizar que este sector se estructure como un verdadero contrapoder, donde no rijan las estructuras y las jerarquías propias de la empresa capitalista. Si no es así, no habrá ninguna alternativa. Sólo habrá la sustitución de una "élite de derechas" por una "elite de izquierdas" Pero al final, se tratará de una élite que no cuestionará la cúspide del sistema capitalista y continuará ignorando a la mayoría.
