Colombia a un año de la masacre: urge la reforma policial
Por Piedad Córdoba. LQSomos.
Continuando con la serie de exigencias del Paro Nacional que duermen el sueño de los justos en el actual Congreso de la República, -que en cambio aprueba a pupitrazo limpio la enésima reforma tributaria del neoliberalismo- es la oportunidad de presentar el aplazado, pero vigente y urgente debate de la reforma a la Policía, sin la cual no hay gobierno alternativo que se sostenga, o como gobierno, o como alternativo.
Justamente hace un año, el 9 y 10 de septiembre de 2020, Bogotá, Soacha y otras ciudades del país se levantaron indignadas ante la tortura y asesinato del ciudadano Javier Ordoñez a manos de la Policía Nacional. También hace un año quedó nuevamente desnudada la ausencia de garantías democráticas para el derecho de la movilización, así como la falta de subordinación de los uniformados a las autoridades civiles locales. A protestas justas contra un homicidio, se le respondió con una auténtica masacre desde las armas oficiales. Hoy todavía no se aprecian los resultados de las “exhaustivas investigaciones” del Gobierno Duque, ni mucho menos medidas reales para reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Lamentablemente las acciones de brutalidad policial de septiembre de 2020, no fueron excepcionales, si no la confirmación de la regla. En 3 años de gobierno de Duque ha habido 3 masacres contra civiles desarmados a manos de la Policía Nacional: noviembre de 2019, septiembre de 2020 y abril-julio de 2021. En el informe “Bolillo, Dios y Patria” de la Organización Temblores se afirma que “durante los años 2017, 2018 y 2019, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (en adelante Medicina Legal), registró 639 homicidios cometidos por agentes de la fuerza pública en Colombia. Según estas cifras oficiales, 328 casos fueron presuntamente cometidos por las fuerzas militares, 289 por la policía y 22 por servicios de inteligencia. Para qué dictadura expresa si vivimos en un autogolpe?
La ‘Campaña Defender la Libertad: Asunto de Todas’ ha reportado: “entre el 28 de abril y el 30 de junio en el territorio nacional 6.889 violaciones a los derechos humanos, distribuidos de la siguiente manera: 84 homicidios de manifestantes o transeúntes, de los cuales 28 son atribuibles presuntamente a la fuerza pública, los demás fueron realizados por “civiles” sin identificar en el marco de la protesta social pacífica o no se tiene información clara sobre ello; 1.790 personas fueron heridas por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional, el ESMAD y civiles armados no identificados, de ellas 84 tienen lesiones oculares y ciento catorce (114) son personas heridas por arma de fuego; 298 personas defensoras de DDHH han sido agredidas en el marco de su labor; 106 personas fueron víctimas de violencias basadas en género (VBG) ejercidas por la Policía Nacional en contra de mujeres y población con orientación sexual e identidad de género diversa; 3.274 personas han sido detenidas, muchas de ellas de manera arbitraria aplicando de manera generalizada, indiscriminada y sin justa causa la figura del traslado por protección, siendo sometidas en muchos casos a tortura y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes; 8 allanamientos fueron declarados ilegales, incluyendo las capturas asociadas; 1.540 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial; y 84 personas siguen desaparecidas”
Cada día que avanzaba la movilización social del Paro Nacional, crecía el rechazo a la función represiva de la Policía -y del ESMAD en particular-, al tiempo que aumentaba el número de jóvenes asesinados o mutilados por protestar. Por ello nada más válido, que la rebelión callejera exija entre sus reivindicaciones elementales, reformar realmente la Policía Nacional. Por ello, hace un año, y a propósito de los luctuosos hechos ya mencionados, presenté en este mismo espacio un análisis y una propuesta para la transformación integral de toda la fuerza pública. (https://www.las2orillas.co/reformar-integramente-toda-la-fuerza-publica/ ). En la presente legislatura y dando cauce a las exigencias de las protestas, se presentó un nuevo proyecto de reforma policial de 30 artículos, que recoge los aspectos básicos de una transformación real de la institución e integra varias iniciativas legislativas archivadas. Sobra decir que el actual parlamento no se digna siquiera a abrir trámite a este proyecto, mientras que el Gobierno Nacional anunció como gran reforma el cambio de color de los uniformes y más presupuesto.
Sobre los aspectos mínimos de la reforma policial hay grandes consensos, de los que el actual proyecto logra incluir atisbos: carácter realmente civil de la Policía, fuera del Mindefensa; sometimiento a las autoridades civiles –incluidas las territoriales-; renuncia a la doctrina de seguridad nacional, a la subordinación estratégica a potencias militares, y a la represión a la movilización social; funciones y estructura para la convivencia y la seguridad de las comunidades; ruptura con las gabelas de su pasado militar que le otorgan fuero, facultades, armas y equipamientos que no corresponden con su labor civil; desmantelamiento de estructuras violadoras de derechos humanos –como el ESMAD- o capturadas por las mafias –como las que operan con la DEA-; cambio doctrinario con formación enfatizada en derechos humanos, y recambio de la alta jerarquía policial responsable por cadena de mando de los últimos vejámenes a la ciudadanía; freno a su crecimiento desbordado de personal y presupuesto, así como a su participación en actividades económicas o en labores correspondientes a otros organismos del Estado; regulación estricta a todos los procedimientos policiales hacia la ciudadanía y en especial del uso de la fuerza; y un riguroso sistema de control externo con participación directa de la ciudadanía, el movimiento de derechos humanos y las organizaciones sociales. El problema no es el qué reformar, sino el cómo reformar.
Desde el 91, -sin contar el mal chiste de Duque- ha habido 4 supuestas reformas policiales, y todo cada vez peor. Las y los policías patrulleros son mayoritariamente de sectores populares, pero un generalato macho, blanco y adiestrado en el exterior continúa montado en la Guerra Fría, el racismo, el sexismo y la criminalización de la creciente pobreza. Las “manzanas podridas” no son las y los agentes; son las cúpulas las que han podrido el árbol completo haciendo cundir el mal ejemplo. Cuando el vicepresidente Naranjo confiesa que estigmatizó, investigó y judicializó a la universidad pública, cuando pasó por la DIJIN y eso no fue óbice para llegar a la Dirección Nacional de la Policía ¿Qué supone uno? ¿Qué piensa un policía de a pie, cuándo escucha al actual director nacional, General Jorge Luis Vargas, anunciar públicamente una medida de aseguramiento intramural contra el firmante del Acuerdo de Paz, Harold Ordoñez, sin que siquiera termine la audiencia donde se develó el montaje judicial en su contra? Qué siente una madre de familia de los más de 165 jóvenes judicializados por participar del Paro Nacional, cuando se entera que el Capitán del ESMAD Manuel Martínez Cubillos -quien le disparó a quemarropa a Dylan Cruz- no sigue solo libre sino activo en la Policía Nacional?
No se trata entonces de reformar un decreto o una norma específica. Mucho menos de manuales de procedimiento que abundan ya. No se puede reformar la policía sin desmontar el estado policivo, los negocios alrededor de la Policía ni el creciente autoritarismo. Junto a la reestructuración policial deben impulsarse cuando menos la Ley Estatutaria del Derecho a la Protesta, -deuda con el Acuerdo de Paz-, y las necesarias reformas del Código de Policía, de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Seguridad Ciudadana. Pero una vez más, si bien no hay satisfacción a la justa indignación del Paro Nacional sin cambiar la actual Policía, esto va a implicar cambiar el Congreso y el Gobierno, y tal vez la misma Constitución. No hay que bajar la guardia y continuar con el debate ya iniciado, convocando a todos los sectores involucrados en esta problemática de seguridad ciudadana y derechos fundamentales, incluidos obviamente a las y los uniformados de a pie, activos o en retiro.
La seguridad no puede ser una bandera de la derecha, porque su fórmula de poner un policía por cada habitante no solo ha sido estéril, sino es insostenible. Hay que asumir una propuesta alternativa y efectiva para construir democracia en nuestro país, atendiendo las preocupaciones ciudadanas sobre la inseguridad y avanzando en la construcción de una nueva Policía, sin la cual no puede ser sostenible un proceso de cambio desde el gobierno nacional.
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