Colombia: el obstruccionismo como política de la oposición

Colombia: el obstruccionismo como política de la oposición

Por Pedro Santana Rodríguez*

La oposición en Colombia, que hace apenas dos años estaba en el poder, ha adoptado una estrategia de obstruccionismo y desinformación como principal herramienta contra el gobierno actual. Este artículo analiza cómo esta táctica, apoyada por grandes medios corporativos, ha degradado el debate público y amenaza la calidad de la democracia en el país.

Bulos y fake news destilan odio contra todos los que asumen la defensa pública del proyecto reformista

La calidad y profundidad de la democracia y la solidez de un régimen político no solo depende de los partidos políticos que gobiernan sino también de la oposición. Esto lo plantea con meridiana claridad Gianfranco Pasquino en su obra, pero específicamente en su texto clásico La Oposición. En el mundo contemporáneo, por lo menos en occidente del cual formamos parte, esa calidad de la democracia ha venido en un franco deterioro. El debate público, aquí y en la mayoría de los países occidentales, ha profundizado su deterioro, con la toma corporativa de los grades medios de comunicación, que se han venido convirtiendo en los principales agentes de la oposición y de la defensa del régimen neoliberal para lo cual recurren con frecuencia a los fake news, a la difusión de noticias falsas sin contexto ni análisis. Se han convertido en medios a sueldo de las grandes multinacionales y de los conglomerados económicos y financieros en cada uno de nuestros países. En esta coyuntura es paradigmático como esos grandes medios de comunicación tratan de justificar el genocidio que los sionistas realizan actualmente contra el pueblo de Palestina.

En Colombia quienes hoy ejercen la oposición que fueron gobierno hasta hace apenas dos años persiguieron con saña a la oposición y a los movimientos y organizaciones populares. No solo aprobaron normas contra la protesta social, sino que en muchas ocasiones judicializaron a la oposición y la reprimieron. Aún hay investigaciones sobre interceptaciones ilegales, perfilamientos, falsas denuncias y acusaciones ante la justicia y claro no podemos dejar de señalar el genocidio de la Unión Patriótica que fue prácticamente exterminada con el asesinato de cinco mil de sus militantes y dirigentes. Como olvidar la represión al levantamiento popular de abril de 2021 en que fueron asesinados más de 80 manifestantes, un centenar de jóvenes fueron atacados en sus ojos y hay todavía decenas de detenidos, la mayor parte de forma injusta, sin que la justicia haya obrado con rapidez en las investigaciones sobre desmanes que los hubo también es estas masivas jornadas de protesta.

Quienes fueron gobierno hoy son oposición. Gozan de libertades para protestar, como debe ser. No hay contra ellos montajes judiciales ni falsos positivos. Los lazos que en el pasado siendo gobierno mantuvieron con los clanes regionales y con paramilitares y mafias del narcotráfico, se mantienen. Las redes de corrupción tejidas durante de decenas de años para esquilmar y apropiarse de los recursos públicos no han sido desmanteladas. Es una tarea que corresponde ahora a la fiscalía General de la Nación con la fiscal Luz Adriana Camargo que tiene en sus manos varios casos que podrían ser paradigmáticos si realmente se arrojan resultados. Casos como el de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, los recursos del OCAD-Paz, la corrupción en ECOPETROL con el robo de los combustibles, Odebrecht, el manejo opaco de los recursos públicos de la Salud, y la lista sigue, son retos que la fiscal tiene por delante.

Durante los dos años de este gobierno la oposición ha hecho del obstruccionismo y de la mentira sus principales armas de lucha contra el gobierno. Sus debates en el Congreso son superficiales no afrontan la discusión con argumentos, con estudios serios y rigurosos. Han hecho del filibusterismo, del obstruccionismo, su principal línea de actuación. En el seno del Congreso recurren a todas las triquiñuelas que les permite la ley 5 de 1992, la que determina el reglamento del funcionamiento del Congreso. Abusan de recursos como las denuncias sobre supuestas inhabilidades, muchas de ellas son ridículas, como aquella que demandaba que todos los parlamentarios estaban impedidos para debatir la reforma a la Salud pues todos estaban afiliados a una Entidad Promotora de Salud, EPS. Desbaratan el quorum, solicitan conformar subcomisiones para supuestamente llegar a acuerdos cuando lo que tratan es de agotar el tiempo del período legislativo para que las reformas no puedan ser aprobadas, abusan de los debates de control político y de las mociones de censura contra los funcionarios del Gobierno, para agotar los días de sesiones del Congreso destinadas al debate sobre los proyectos. Es una oposición sin proyecto político, o mejor su proyecto político es que nada cambie, que todo siga igual, que se mantenga el status quo.

En el frente externo recurren a dos escenarios. Intentan por todos los medios judicializar la política con actuaciones ridículas para armar ruido. En el pasado reciente y en medio del debate de las reformas quisieron convertir a la Corte Constitucional y a los jueces en organismos de consulta haciendo solicitudes sin ningún fundamento jurídico para que supuestamente los tribunales de justicia impidieran el trámite de las reformas pensional, de salud y laboral, protegiéndolos por supuestas arbitrariedades en el seno del Congreso. Interponen tutelas para que los jueces resuelvan sobre violaciones a los derechos de la oposición supuestamente vulnerados en el trámite parlamentario. Desconocen de manera grosera la autonomía del Congreso en su función constitucional de debatir y aprobar o improbar los proyectos de ley. Todas estas actuaciones torticeras tienen un gran despliegue en los grandes medios corporativos que les dan amplia difusión. En los espacios informativos entrevistan a supuestos expertos para tratar de darle solidez a estas actuaciones sin ningún fundamento.

Y el otro frente es el de la convocatoria a la movilización para la cual recurren a la mentira, como ya lo hicieron con relativo éxito en el plebiscito contra el Acuerdo de Paz el 2 de octubre de 2016. Recurren a la emotividad para lo cual difunden mentiras, bulos, que no son desmentidos en los grandes medios de comunicación. El objetivo entonces era sacar berraca a la gente a votar en contra del Acuerdo de Paz y a fe que lo lograron ganando el plebiscito, así haya sido por un estrecho margen. Ahora dicen sin ningún argumento serio que este gobierno destruye el sistema de salud el cual ellos mismos califican como uno de los mejores del mundo, pero no presentan o desmienten los elementos centrales de una crisis estructural del sistema de salud, nada dicen de cómo se afrontará el pago de los 25 billones de pesos que las 29 EPS que sobreviven -de 157 que estaban habilitadas en 1995- deben a los prestadores de servicios de salud, nada dicen del déficit de reservas técnicas que a 31 de diciembre de 2023 había llegado a 16 billones de pesos, nada dicen del informe preliminar de la Contraloría que encontró un faltante de 9.2 billones de pesos de los recursos públicos de la salud solo en el año 2020, y por supuesto nada dicen del informe de la sociedad civil que muestra que 8 EPS tenían un desfase de 13.2 billones de pesos entre lo que reportaron como gastos y los recursos que recibieron del Estado en el período 2020-2023. Y en esto los grandes medios de comunicación son cómplices de este filibusterismo y de este obstruccionismo de la oposición. En realidad, fungen como sus medios de comunicación.

Claro que la oposición tiene el derecho de protestar ante políticas que no comparte de este gobierno, pero debería hacerlo esgrimiendo argumentos y si así lo hicieran esto redundaría en una mejor formación de la opinión pública. El problema es que la oposición no realiza este debate y en sus llamados a la movilización social recurre al engaño y la mentira. Y recurre además a personalizar la discusión y a demonizar y desacreditar a sus opositores. Al lado de los bulos y fake news destilan odio contra todos aquellos que asumen la defensa pública del proyecto reformista. Sectores que defienden las reformas también caen en esa demonización con lo que se ha degradado el debate público y la construcción de una cultura democrática.

Comunicación y Pedagogía

En estas circunstancias corresponde al gobierno y a las organizaciones de la sociedad civil realizar una amplia pedagogía sobre las políticas públicas en marcha y sobre las reformas que se encuentran estancadas en el Congreso. Esta labor ha sido muy deficiente desde el gobierno. En esa falta de pedagogía sobre los reales contenidos de las reformas, sus beneficiarios, los sectores afectados, su viabilidad, radica en buena medida que sobre ellas se den falsas informaciones que generan miedo en sectores amplios de la población. Y a pesar de que con cerca de 18 meses de retraso el gobierno finalmente tomo los medios de comunicación públicos aun carece de una estrategia de comunicación de largo aliento.

Y claro también correspondería a los partidos de la Coalición de Gobierno realizar dichas actividades, pero la verdad tampoco se ve ni claridad política sobre esa necesidad y menos disposición y voluntad para volcarse a ayudar en esa tarea. Un evento tan importante como la Asamblea Nacional por las Reformas ni siquiera pudo ser realizada en las fechas acordadas. Falta compromiso y voluntad política para emprender esta y otras tareas como la construcción de un partido político democrático que la realidad demanda. Son tareas urgentes. Hay que hacerlas.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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