Colombia. Es la presencia del Estado, no su ausencia
Luis Emil Sanabria*. LQS. Abril 2021
El Estado ha llegado con sus planes y proyectos de “desarrollo” centralizados, violentando la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y desconociendo los derechos al agua y al territorio de los pueblos ancestrales y los campesinos
Los informes que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas a la reincorporación política, económica y social y las garantías de seguridad para los integrantes de la FARC, sus familias y las comunidades, como parte fundamental del seguimiento internacional pactado en el Acuerdo de Paz firmado con las extintas FARC-EP, juegan un papel de importancia.
A pesar de las dificultades, los ataques o estigmatizaciones de las cuales ha sido objeto, la Misión a través de los informes, logra presentar a la comunidad internacional y a la sociedad colombiana una radiografía sobre los avances y dificultades en la implementación del Acuerdo de Paz. Éstos afortunadamente van más allá de lo misionado en el acuerdo, reconociendo la integralidad del mismo y tratando de superar las miradas fraccionalistas que quieren limitar su alcance real a la dejación de armas, desmovilización y reincorporación – DDR -, como si el Acuerdo en general no fuera el fruto de una negociación política, con compromisos de las dos partes firmantes.
Sin embargo, y sin dejar de reconocer la importancia de los informes, me atrevo a discrepar de una afirmación contemplada en el documento presentado con fecha 6 de abril de 2021 y que, en muchas ocasiones, es también argumentada por importantes sectores de la vida política y social, que defienden la paz y la reconciliación. Al respecto, el numeral 25 de dicho informe dice: “La concentración de la violencia en algunas regiones es el resultado de una presencia limitada del Estado, elevados niveles de pobreza y la proliferación de grupos armados ilegales y organizaciones criminales que se enfrentan por las economías ilícitas”.
Para mí, y seguramente para muchas organizaciones sociales y comunitarias, la concentración de la violencia en algunas regiones y en todo el territorio nacional no es el resultado de una presencia limitada del Estado, sino al contrario, es el resultado de la presencia del Estado como lo conocemos y la implementación de políticas de gobierno, que tienen grandes fallas estructurales ligadas a la administración y la planeación centralizada, la limitada democracia, el desconocimiento a las formas organizativas y de gobierno tradicionales indígenas, afrodescendientes y comunitarias, entre otras consideraciones, que generan las violencias que elevan la pobreza y promueven la proliferación de grupos armados ilegales, criminales y economías ilícitas.
El Estado ha llegado con sus planes y proyectos de “desarrollo” centralizados, violentando la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y desconociendo los derechos al agua y al territorio de los pueblos ancestrales y los campesinos. El Estado ha llegado con su máquina de guerra legal y sus aliados ilegales a despojar territorios, a sembrar violencia y desigualdad, a violar los derechos humanos, a confinar o desplazar comunidades. El Estado dominado por las corporaciones privadas que administran y se apropian de sus recursos económicos ha llegado a los territorios a convertir los derechos a la salud, la vivienda y los servicios básicos en un negocio corrupto y violento que le arrebata la dignidad a la gente y sus organizaciones, ese mismo Estado que asume las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El Estado ha llegado a los territorios a brindarle garantías a las multinacionales que implementan las políticas extractivistas que destruyen las selvas y condenan a la diversidad biológica a la extinción.
Se trata de abordar el análisis a la problemática y las soluciones desde otra orilla, desde la de quienes creemos y trabajamos por la paz territorial, concebida como la construcción integral y participativa de nuevas realidades más equitativas y justas, desde ejercicios participativos de soberanía popular, los reconocimientos de los derechos a la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales, según se pactó, entre otros, en los artículos 3º, 7º y 8º de la Constitución Política. Esta mirada nos plantea el reto de reconocer, respetar e integrar a los diferentes conceptos y a las prácticas de Estado, las autonomías y la soberanía de los pueblos étnicos a la gobernabilidad democrática y participativa con poder de decisión, para que emerja desde el territorio el Estado legítimo y legal capaz de construir paz duradera y estable.
De allí la importancia de la implementación integral del acuerdo, que no puede dejar fuera de su desarrollo, por ejemplo, el punto 2: Participación política: apertura democrática para construir paz, el cual reconoce la necesidad de superar uno de los elementos principales e históricos generadores de violencia –la negación de espacios democráticos para que otras expresiones políticas y sociales participen en la vida democrática y hagan parte real de las diversas formas de concebir un Estado y gobernar en función de sus ideales– En ese sentido, el Acuerdo advierte que la construcción y consolidación de la paz en todo el territorio nacional demandan la ampliación y consolidación de la democracia, en especial de la democracia participativa que, a su vez, debe reconocer en la democracia directa el componente equilibrador frente a la democracia representativa y, desde allí, allanar la emergencia de las fuerzas políticas, sociales y comunitarias excluidas y/o ninguneadas en los escenarios de toma de decisiones públicas.
Dicho en otros términos, no se trata de que el Estado que ha generado violencias llegue al territorio a hacer o a no hacer de forma demencial “más de lo mismo”, como está ocurriendo con la perversa intención de retomar las aspersiones aéreas con glifosato. De lo que trata la paz territorial, y así la entendimos quienes apoyamos y aportamos al logro del Acuerdo de Paz, es de construir una nueva vivencia de Estado que, emergiendo desde lo local, reconozca en la ciudadanía habitante y defensora del territorio las capacidades para planear la permanencia en éste y la respalde como responsable y garante de la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad, la valore como salvaguarda de la vida y la ancestralidad y como depositaria verdadera de derechos, una comunidad ciudadana a la que hay que fortalecer organizativa y políticamente, para que sea ella misma, respaldada por el Estado nacional, la que genere los cambios que serán necesarios para lograr una vida en dignidad.
Se trata de desarrollar, amparados en el Acuerdo de Paz, en las comunidades y en el marco de la Constitución Política, escenarios de encuentro y construcción colectiva, capaces de generar realidades políticas, económicas y sociales que, bajo la legitimidad que otorga la participación ciudadana amplia y democrática, destierre de los territorios a la violencias en todas sus expresiones.
La territorialidad para la paz y la reconciliación es principalmente un reto que debe contemplar la generación de una nueva forma de ver y vivir, capaz de engendrar desde la periferia, una realidad política incluyente y dignificante de la vida. Papel importante juegan en estos escenarios los gobiernos y las democracias propias de los pueblos étnicos, las economías ligadas a la soberanía y el desarrollo endógeno, la autoprotección y el autocuidado de la vida, las organizaciones sociales, comunitarias, ambientalistas, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz, las organizaciones y expresiones políticas progresistas que deben buscar la unidad territorial, capaces de asumir el reto de promover y presionar la reforma rural integral, la superación del narcotráfico, la sustitución concertada de los cultivos de uso ilícito, la reparación integral a las víctimas, en especial la reparación a los colectivos territoriales y nacionales víctimas del conflicto armado, entre otros compromisos del Acuerdo Final de Paz pactado con las FARC-EP.
* Luis Emil Sanabria, bacteriólogo, docente universitario con estudios en derechos humanos, derecho internacional humanitario y atención a la población víctima de la violencia política. Presidente de Redepaz. La línea del medio @luisemilpaz
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