Colombia. Hay futuro, si hay verdad
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Es obvio que el informe destaca en primer término la importancia del acuerdo producto de las negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no solo por ser la guerrilla más numerosa sino por la capacidad militar que llegó a desarrollar, que si bien no tuvo la fuerza para derrotar a las Fuerzas Armadas Gubernamentales, si tuvo la capacidad para dominar territorialmente en una buena parte de los municipios del país donde en realidad ejercía, como lo destaca el informe
El pasado martes 28 de junio, la Comisión de la Verdad entregó su informe final en un tomo de cerca de 900 páginas en que las y los Comisionados/as entregaron al país un detallado informe sobre los hallazgos y las recomendaciones sobre el conflicto armado que vivió el país durante los últimos sesenta años. Hay futuro si hay verdad, es el título del voluminoso informe. Es un informe equilibrado, desgarrador, en que se da cuenta de los horrores en que incurrieron todos los actores armados del conflicto y que resalta la pasividad en que se mantuvieron tanto las mayorías nacionales que guardaron silencio sobre lo que estaba ocurriendo, y resalta la pasividad, el silencio de la gran prensa para informar y denunciar lo que esta ocurriendo, del Congreso de la República que con sus decisiones echaba leña a la hoguera de la conflagración, de la irresponsabilidad de la mayoría de la clase política complaciente y de la instigación o respaldo de la comunidad internacional y sobre todo de los Estados Unidos que brindó asistencia tanto económica como militar a los actores gubernamentales. Por eso el padre Francisco de Roux presidente y director de la Comisión de la verdad reclamo con voz serena pero conmovida en dónde estaban las mayorías nacionales y también los líderes tanto civiles como políticos y religiosos para no actuar frente a los horrores y la degradación de todos los actores de la guerra.
El informe final será publicado en 10 tomos de los cuales ya he publicado dos sobre conclusiones que es el documento central, pues en él da cuenta de su lectura del conflicto que denomina como hallazgos en la primera parte, al tiempo que en la segunda detalla un cuerpo amplio y robusto de recomendaciones que recoge propuestas que considera que deberían ser puestas en marcha para superar el conflicto y construir una paz estable y duradera. Es obvio que el informe destaca en primer término la importancia del acuerdo producto de las negociaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, no solo por ser la guerrilla más numerosa sino por la capacidad militar que llegó a desarrollar, que si bien no tuvo la fuerza para derrotar a las Fuerzas Armadas Gubernamentales, si tuvo la capacidad para dominar territorialmente en una buena parte de los municipios del país donde en realidad ejercía, como lo destaca el informe, un poder paralelo al poder institucional amen de la capacidad para confrontar en esos territorios la capacidad militar de las fuerzas del Estado que no las pudieron doblegar, aunque en la última fase y sobre todo en el gobierno de Álvaro Uribe, tuvieron que replegarse lo cual dio posibilidades de negociar su desmovilización como en efecto ocurrió. El otro tomo publicado es sobre testimonios de la guerra por parte de las víctimas.
No pretendo en este breve escrito hacer un resumen de un documento que debería ser leído por la mayoría de los colombianos y esa es mi invitación, que sea leído y discutido con espíritu abierto y crítico para que puedan ser llevadas a cabo las propuestas que hace muchas de ellas a mi juicio atinadas, otras se quedan cortas e incluso la sociedad civil ha avanzado más allá de las propuestas contenidas en el documento. Un ejemplo, es más precisa y acotada, la propuesta de la sociedad civil sobre la necesidad de cambiar las reglas y procedimientos para el nombramiento del fiscal, el informe acertadamente señala, por ejemplo, que es necesario cambiar el procedimiento para que el fiscal sea autónomo del ejecutivo si se quiere superar la impunidad reinante en el país. La sociedad civil ha presentado propuestas que van más allá, la más adecuada a mi juicio, es que la fiscalía sea un organismo que pertenezca a la rama judicial y su nombramiento se haga por concurso público y sea nombrado por la Corte Suprema de Justicia, hay otras propuestas como que se invierta el procedimiento y que sea la Corte Suprema de Justicia la que elabore la terna y sea el presidente de la República quien escoja al fiscal de esa terna. Pero indudablemente la Comisión de la Verdad acierta en que este tema es crucial y que esa reforma deber hacerse. Así pasa con otros temas y propuestas.
Una guerra llena de horrores
En los hallazgos y solo para mencionar partes sustanciales para mí del informe. El primero el acierto del informe al definir el conflicto como “un entramado de alianzas, actores e intereses, nos permite observar que las responsabilidades de la tragedia que este representa va más allá de quienes empuñaron las armas, y que se extiende como una responsabilidad ética y política -y en algunos casos una responsabilidad directa- de sectores políticos (de todas las ideologías) económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra que dejó más de nueve millones de víctimas, tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir no solo en un mismo suelo, sino también una historia compartida”.
“Este conflicto terminó si vencedores ni vencidos -aunque si con beneficiarios- y con un saldo de víctimas de proporciones bíblicas: más de nueve millones de las cuales cerca de medio millón fueron asesinadas y más de 100 mil fueron objeto de desaparición forzada. Nueva de cada diez víctimas eran civiles. La mayoría de éstas eran habitantes del sector rural. En la guerra los campesinos, las comunidades indígenas y afrocolombianas no solo perdieron la vida sino, en muchos casos las tierras, y han tenido que luchar sin descanso para ser incluidos en el proyecto de Nación”. Según datos existentes en el país y analizados en el proyecto JEP-CEV-HRDAG, entre 1985 y 2018 perdieron la vida 450.664 personas a causa del conflicto armado. Entre 1995 y 2004, el período más álgido del conflicto, hubo aproximadamente la mitad de las víctimas (45%) , El 80% de las víctimas de asesinatos fueron civiles y solo el 20% combatientes. Si se tiene en mente los 121 mil desparecidos los civiles pusieron el 90% de los muertos.
Los responsables de los asesinatos fueron los paramilitares con el 45%, las FARC-EP con el 21%, los Agentes del Estado con el 12%, otros actores el 9%, múltiples actores el 6%, el ELN el 4% y otras guerrillas el 2%.
Los territorios más afectados han sido el departamento de Antioquia con 125.980 víctimas (28%); Valle del Cauca 41.201 asesinados (9%); Norte de Santander 21.418 víctimas (4.8%); Cauca, 19.473 (4,3%) y Cesar 16.728 víctimas (3.7%). Entre 1958 y 2019 de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, se registraron 4.237 masacres, en ellas se asesinaron a 24.600 personas. Entre 2020 y 2022 se registraron 231 masacres en el país, en que han muerto 877 personas. Entre 1990 y el año 2018 se registraron 50.770 secuestros o personas tomadas como rehenes.
Para continuar con estas cifras dantescas el informe registra que entre 1985 y 2019 se registraron 7’752.964 víctimas de desplazamiento forzado, mientras que el Registro Único de Víctimas presenta una cifra superior que es de 8’273.562 víctimas de desplazamiento forzado con corte a mayo del año 2022. Entre 1985 y 2013 más de 537.503 familias de civiles han sido despojadas de sus tierras o las han tenido que abandonar y según la misma fuente que es la Encuesta de Verificación del cumplimiento de la Sentencia T025/2004 emitida por la Contraloría General de la República, entre 1985 y 2013 más de 8 millones de hectáreas de tierra fueron despojadas u obligadas a ser abandonadas a causa del conflicto armado interno.
Estas cifras y otras sobre violencia sexual, torturas y otros tratos crueles e inhumanos son presentadas en el informe que de esta forma da cuenta de manera descarnada de los efectos del conflicto sobre la destrucción del tejido organizativo, el debilitamiento de la sociedad civil de los sectores populares, en fin, con los efectos devastadores de la guerra sobre los liderazgos sociales y sus organizaciones. Entre tanto, muestra la raquítica respuesta del Estado en materia de reparación en donde las políticas de reparación económica solo han llegado a un 12% de las víctimas y en dónde solo 3 de cada 10 víctimas tuvieron algún tipo de asistencia psicosocial por parte del Estado.
La Comisión de la Verdad entrega como ya dijimos un cuerpo robusto de recomendaciones que aquí en este breve escrito no pretendo agotar. Solo mencionaré algunas de las que considero propuestas para mi muy significativas. La primera y más significativa que es de largo plazo y que debe construirse en la sociedad, es trabajar por construir desde la sociedad civil, pero con un compromiso de la institucionalidad estatal, una cultura de paz y ello debe hacerse alrededor de un Pacto Nacional por la Convivencia. Y en la base de ella debe estar el rechazo de la violencia como medio de resolución de los conflictos, hay que desterrar las armas de la política, esto es absolutamente clave. Pero como lo advierte el informe, para ello se deben emprender reformas profundas de las instituciones políticas donde la clave esta en profundizar la democracia y como parte de la misma en rodear de instrumentos y garantías a la oposición. La Comisión de la Verdad exhorta a la aprobación de la reforma política recomendada por la Misión Electoral Especial, MEE, surgida de los Acuerdos de La Habana y llama la atención a mejorar la representación de las mujeres y de las minorías étnicas.
También por supuesto es de resaltar la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, ésta última debe desmilitarizarse y salir del ministerio de la Defensa y debe crearse un ministerio de la Paz y la convivencia en donde debería ubicarse este organismo que debe ser un cuerpo armado de naturaleza civil como reza la Constitución Política de 1991 que nos rige, al tiempo que las Fuerzas Armadas deben reestructurarse con base en una concepción de respeto por los Derechos Humanos que deben ser en su protección misionales de los cuerpos armados del Estado, abandonando las teorías del enemigo interno y de la seguridad nacional. La Justicia Penal Militar no debe asumir ni las investigaciones ni juzgamiento de violaciones a los derechos humanos y al DIH, pero también se debe tener en cuenta que ningún oficial comprometido con ejecuciones extrajudiciales o graves violaciones a los derechos humanos debe ser promovido en los ascensos en la carrera militar.
Todo ello recaba el informe debe hacerse al tiempo que se avanza en un programa de reformas económicas y sociales que nos conduzca a un país más justo. En particular llama a retomar el cumplimiento y desarrollo de la reforma rural integral consignado en el punto 1 de los Acuerdos de La Habana dándole especial énfasis al fondo de tierras para la paz que debe entregar de forma gratuita a las familias víctimas y a los campesinos sin tierra, los tres millones de hectáreas al tiempo que se formaliza la propiedad rural de otros siete millones de hectáreas y se avanza, dice el informe, en el catastro multipropósito y la reglamentación y puesta en marcha de las zonas de reserva campesina. Todo ello para satisfacer y garantizar los derechos de la población campesina.
Son igualmente significativas las recomendaciones sobre las negociaciones con el ELN y el sometimiento de las bandas paramilitares y las bandas del narcotráfico, en donde la propuesta del presidente electo Gustavo Petro coincide y también en que se debe cambiar el paradigma del prohibicionismo en la lucha contra el narcotráfico situándose en una perspectiva de despenalización y de tratamiento al problema de las drogas como un problema de salud pública.
En fin, este abrebocas no quiere ser más que una invitación a que se lea el informe, se organicen eventos de discusión del mismo y se apoye al nuevo gobierno que por boca del presidente electo, Gustavo Petro, debe ser llevado a la práctica según señaló en el acto de entrega de las conclusiones del informe. Y es que es afortunado que haya un nuevo gobierno que ha señalado su compromiso de trabajar por la paz del país, hacer trizas la guerra y conquistar lo que el presidente Petro ha llamado la Paz Grande. Allí tienen cabida una muy buena parte de las recomendaciones del informe. Ojalá que así sea.
Una nota sobre un nombramiento
Esta Revista y la Corporación Latinoamericana Sur se congratulan y agradecen al señor presidente electo Gustavo Petro, la designación como ministra de Salud de nuestra presidenta la médica psiquiatra Carolina Corcho Mejía. Corcho ha sido objeto de una campaña de cuestionamientos y ataques por su férrea defensa de la salud como un derecho fundamental y del trabajo por una reforma estructural que lo garantice. Es una propuesta de ruptura en aspectos centrales en contra del modelo de la salud como un negocio entronizado desde la ley 100 de 1993. Esperamos y le auguramos a la nueva ministra éxitos en su trabajo y nuestra colaboración y respaldo decidido en este propósito. Que el Gobierno del presidente Petro sepa que lo acompañaremos en su ambicioso programa de reformas muchas de las cuales están contenidas en el libro que produjimos y publicamos con el título Agenda de Transición Democrática: Otra Colombia es Posible. Será una dura tarea, pero las mayorías hablaron en las urnas y esperamos éxitos en la agenda reformista y por supuesto, la estamos apoyando.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Síguenos en redes sociales… Mastodon: @LQSomos@nobigtech.es Diaspora*: lqsomos@wk3.org Telegram: LoQueSomosWeb Twitter: @LQSomos Facebook: LoQueSomos Instagram: LoQueSomos
