Colombia. La defraudación de los recursos públicos de la salud y la reforma

Por Pedro Santana Rodríguez

¿Dónde está la plata? es un proyecto ciudadano que denuncia en su informe la “desaparición” de millones en las cuentas de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que no se encuentran ni en reservas técnicas, ni en caja, ni han sido pagados a proveedores de servicios de salud ni a clínicas y hospitales, es decir no aparecen por ninguna parte.

La Contraloría debe mostrar resultados en establecer la responsabilidad fiscal de desvíos, uso inadecuado de recursos públicos de la salud

Tres acontecimientos se desarrollaron en estos últimos días que volvieron a poner sobre la agenda de las decisiones políticas el tema de las reformas, pero principalmente de la reforma al sistema de salud, instaurado en Colombia con la ley 100 de 1993. El primero, lo protagonizó la sociedad civil el martes 2 de abril, en rueda de prensa entregó los resultados de una investigación con base en los reportes de las propias EPS sobre el manejo de los recursos públicos de la salud. El día viernes 5 se realizó una Audiencia Técnica convocada por la sala de Seguimiento a la Sentencia T760/2008 de la Corte Constitucional cuyo telón de fondo consistía en examinar el flujo de recursos del gobierno de Gustavo Petro al sistema de salud y el día lunes 8 de abril se realizó una reunión convocada por el Contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, con los demás organismos de control que fueron citados por él para entregar los resultados preliminares de una investigación sobre el manejo que 18 EPS de las 26 que sobreviven, dieron a los recursos de la salud durante el año 2020, año de la pandemia. Todo ello en medio de un agitado clima de debate público dado que en sesión del miércoles 3 de abril 9 senadores de los 14 que conforman la Comisión Séptima del Senado aprobaron el hundimiento del proyecto de reforma a la salud que había sido aprobado en el mes de diciembre en la Cámara de Representantes.

El informe de la sociedad civil realizado por el proyecto ciudadano ¿Dónde está la plata? con el respaldo y participación de la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T760/2008 y de la Cumbre Social y Política por una Reforma Estructural al Sistema de Salud, demostró que de acuerdo con los propios reportes de las EPS cuatro de ellas presentan de acuerdo con su informe a la Superintendencia de Salud a 31 de diciembre del año 2023, para el período 2020-2023, una suma de recursos que no se sabe dónde están, de cerca de 12 billones de pesos, así: EPS Sanitas 3.06 billones, Compensar 983 mil millones, Nueva EPS 6.9 billones y Salud Total 885.000 millones. Estos recursos no se encuentran ni en reservas técnicas, ni en caja, ni han sido pagados a proveedores de servicios de salud ni a clínicas y hospitales, es decir no aparecen por ninguna parte. La pregunta es ¿dónde está esa plata? Si se agregan otras EPS como Famisanar, Sura, Asmet Salud y Mutual Ser, la suma del faltante que no tiene soporte ninguno en los estados financieros de esas 8 Entidades Promotoras de Salud, EPS, la cifra llega a 13.2 billones de pesos. El informe ya fue radicado ante la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, La Superintendencia de Salud, y la presidencia de la Comisión Séptima de Senado y la presidencia del Senado de la República así como se presentó ante la Corte Constitucional bajo la figura de una Alerta Ciudadana, para que estos organismos investiguen dónde están esos recursos.

El día viernes 5 de abril se desarrolló una Audiencia Técnica en la Corte Constitucional que últimamente ha sido permeada por dos relatos promovidos por las EPS y sus agremiaciones, así como por organizaciones de pacientes instrumentalizados por estos actores. Estos dos relatos son, el primero, que el gobierno de Gustavo Petro ha inducido la crisis al retrasar los giros a las EPS tanto de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, que es el dinero que el Estado les gira anualmente por persona para que las EPS los atiendan en sus necesidades de salud y que este retraso se da también en el giro de los llamados presupuestos máximos que es el dinero que el Estado reconoce para pagar servicios de salud que no están incluidos en el plan de beneficios, es decir, en la suma que gira el Estado para que las EPS los atiendan. En esta Audiencia el director de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, Félix Martínez demostró que para el año 2023 el aumento de la UPC fue del 16.23% para el régimen contributivo y para el régimen subsidiado, siendo la inflación para dicho año del 13.12% es decir, con un crecimiento de 3.12%, por encima de la inflación. Para el año 2024 el aumento de la UPC para ambos regímenes fue del 12.01% con una inflación del 9.73% con un crecimiento del 2.28% por encima de la inflación. Se ve que este gobierno no está desfinanciando al sistema de salud y resulta falaz este argumento. Por el contrario, los ha aumentado por encima de la inflación para atender los nuevos costos en tecnologías, medicamentos, etc.

Tampoco es cierto que el gobierno deliberadamente haya retrasado el giro de los recursos de los llamados presupuestos máximos. También se le demostró a la Corte Constitucional que tal retraso no ha existido y que por el contrario este gobierno no solo se ha mantenido en los tiempos promedios de los gobiernos anteriores, sino que los ha mejorado, además no se puede hablar de desfinanciamiento del sistema de salud cuando los presupuestos máximos apenas representan un 2% del total de los recursos del sistema. Debió de haberle quedado claro a la Corte que no puede dejarse instrumentalizar yendo en contra de los hechos reales.

Un segundo tema de debate es el de la pretendida insuficiencia de la UPC que tampoco ha podido ser demostrado por las EPS y sus dos agremiaciones ACEMI y GESTARSALUD. A la Corte Constitucional se presentaron los resultados de las cinco mesas técnicas realizadas por Ministerio de Salud y la ADRES en los meses de octubre y noviembre del año 2023 donde sobre un examen de los 253 indicadores que se tienen en cuenta para el cálculo de la UPC y con cifras a 30 de junio del año 2023 presentadas por las 18 EPS que participaron de este espacio además de los dos gremios que las representan, no pudieron demostrar esa insuficiencia.

En cambio, el presidente de la Sala y de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes Cuartas, demando resultados en la lucha contra la corrupción que dijo se presenta en el sistema. Fue particularmente critico de la labor de la Fiscalía y de la Contraloría. ¿Cómo es posible que estos organismos que tienen la misión legal y constitucional de velar por el adecuado uso de los recursos públicos no muestren resultados en esta que es su misión? La Contraloría debe mostrar resultados en establecer la responsabilidad fiscal de desvíos, uso inadecuado de recursos públicos de la salud cuando el propio contralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga, entregó el informe preliminar de recursos presuntamente desviados a actividades que no son la atención a los pacientes que es para lo que se giran estos recursos. Obviamente este llamado de atención influyó, no tengo la menor duda, en la convocatoria de los organismos de control para una reunión en que se entregó ese informe. A la Fiscalía le cuestionó que no haya avances en las investigaciones penales por la defraudación de los recursos públicos de la salud.

Así pues, se precipitó un tercer hecho y fue la reunión convocada por el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga el día lunes 8 de abril en la Contraloría donde entregó el informe sobre el manejo que 18 EPS dieron a los recursos de la UPC durante el año de la pandemia 2020. Cómo se sabe todos los servicios durante este año y buena parte del año 2021 fueron suspendidos y solo quedaron abiertos los servicios de urgencias y la atención a las patologías crónicas. La atención a la pandemia del Covid19 se atendió con recursos provenientes de la Emergencia Económica, Social y ambiental desde el fondo que se creó con recursos propios, distintos a los recursos ordinarios para el sostenimiento del sistema de salud. El informe encuentra una presunta defraudación de estas 18 EPS por una suma de 9.2 billones de pesos para el año 2020. El Contralor entregó este informe a los asistentes a la reunión que fueron la Fiscalía General de la Nación, La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció ese mismo lunes 8 de abril la conformación de una Comisión Especial para abordar el informe preliminar de la Contraloría, así como las investigaciones que durmieron el sueño de los justos durante la fiscalía de Francisco Barbosa.

Al margen queda una pregunta flotando en el ambiente ¿Por qué la Contraloría no ha adelantado una investigación sobre el manejo de los recursos del Fondo Especial creado para manejar los recursos destinados a la atención de la pandemia? El país y la sociedad demandan celeridad de la Contraloría para que nos presente un informe al respecto. Como también un informe sobre el manejo de los recursos ordinarios de la salud durante el año 2021 durante el cual también hubo restricciones severas para la atención a los pacientes en el país por la continuidad de la pandemia durante la mayor parte de dicho año.

Una primera conclusión de todo esto es que los argumentos esgrimidos por la oposición y por las EPS, así como por los nueve senadores que hundieron el proyecto aprobado en la Cámara de Representantes han quedado totalmente desvirtuados. Las EPS no tienen reservas técnicas para administrar los riesgos financieros y la siniestralidad que se presenta en el sistema de salud. El déficit a 31 de diciembre de las 26 EPS que sobreviven, cuando en 1995 eran 157, es de 16 billones de pesos según datos de la Superintendencia Nacional de Salud. Por tanto, no son aseguradoras. La corrupción y el manejo opaco de los recursos públicos de la salud es un hecho evidente que gracias a las investigaciones de la sociedad civil se han venido destapando en estos últimos meses. En diciembre la Contraloría señaló que el déficit de reservas técnicas para 17 EPS con cifras a 30 de septiembre de 2023 era de 12.4 billones. De tal manera que las EPS no son aseguradoras lo único que hacen es mal administrar los recursos públicos de la salud como queda demostrado en el informe de la Sociedad Civil que muestra una presunta corrupción de 13.2 billones de pesos para el período 2020-2023 y que lo corrobora ahora la Contraloría en su informe preliminar para el año 2020 con un presunto desfalco de 9.2 billones de pesos.

Es por ello que lo mejor que puede hacer la plenaria del Senado de la República es revivir el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes para que sea estudiado por otra Comisión del Senado. Como hemos insistido el proyecto de Ley contempla las medidas y los cambios que requiere el sistema de salud. En manos de los senadores de la República esta la solución a la profunda crisis por la que atraviesa el sistema de salud. Ya está conformada la Comisión accidental y el 16 abril deberá presentar un informe para que la plenaria del Senado resuelva. Mi llamado es a que el Senado se ponga a la altura de la crisis y decida la reforma que con urgencia requiere el sistema de salud.

Amanecerá y veremos.

* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos

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