Colombia: la fiscalía politizada
Por Pedro Santana Rodríguez*.
La historia de la fiscalía General de la Nación desde su creación ha afrontado muchos problemas y la promesa de la Constituyente de 1991 que asumiendo el sistema penal acusatorio se combatiría con éxito la impunidad que ronda en cifras superiores al 90%, con un sistema judicial desbordado con millones de casos sin que se muevan, esa promesa ha resultado fallida
Hoy es una entidad que tiene más de 23 mil funcionarios con 35 seccionales que cubren todo el país. El arreglo institucional consistió en adscribirla al poder judicial, medida a mi juicio acertada, sin embargo, la forma de elección del fiscal General quedo en manos del presidente de la República que envía una terna para que sea elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Los primeros mandatarios casi sin excepción han postulado ternas de amigos más que de juristas con amplia experiencia penal pues es el organismo encargado de las investigaciones penales en el país.
Hay que recordar que el primer fiscal General de la Nación Gustavo de Greiff fue sacado del cargo sin que terminará su período porque quiso aplicar la ley 81 de 1993 de sometimiento a la justicia para negociar el sometimiento de los capos del Cartel de Cali para lo cual concedió algunos salvoconductos a capos de dicho cartel lo que contó con el rechazo del gobierno norteamericano que fue apoyado por el entonces presidente César Gaviria Trujillo. De Greiff fue sacado del cargo con una leguleyada pues en el ejercicio del mismo había cumplido 65 años, edad de retiro forzoso. Entonces Gaviria postuló una terna y fue elegido Alfonso Valdivieso que como se recordara acuso a Ernesto Samper ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por el ingreso de dineros del cartel de Cali a su campaña política. El Congreso absolvió a Samper y Valdivieso renunció para aspirar a la presidencia de la República con poco éxito.
Samper postulo su terna y fue elegido por la Corte, Alfonso Gómez Méndez quien ejerció durante la mayor parte del gobierno de Andrés Pastrana sin muchas realizaciones y logros. Se le recordará por habar acusado a Álvaro Leyva Duran, el actual canciller por el escándalo del proceso 8000. Leyva sería absuelto años más tarde. Gómez Méndez fue un crítico acérrimo del proceso de Paz del gobierno de Pastrana con las FARC y de la zona de despeje del Cuaguán. Se le abona en haber sido el fiscal que emprendió las primeras investigaciones sobre el paramilitarismo.
En 2001 Pastrana presentó su terna y fue elegido por la Corte Suprema de Justicia Luis Camilo Osorio, oscuro personaje cercano al paramilitarismo. Fue este fiscal el que cerró las investigaciones contra el general® Rito Alejo del Río y cobijó con un acto inhibitorio al exgobernador de Sucre, Salvador Arana. Estos dos personajes se encuentran hoy sometidos a la Justicia Especial para la Paz, JEP. En 2005 Uribe terno y fue elegido Mario Iguarán de quien siempre se ha dicho y lo ratificó recientemente Carlos Mario Jiménez, Macaco, que los paramilitares lo apoyaron con varios miles de millones para que la Corte Suprema lo eligiera. En su período comenzaron las investigaciones de la llamada parapolítica sin que haya sido un aliado muy estrecho de la Corte Suprema de Justicia quien llevó adelante esas investigaciones.
Cuando Iguarán terminó su período la disputa entre Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia estaba en su punto más álgido. Uribe presentó la terna, pero esta fue rechazada por la Corte Suprema, la única vez que esto ha ocurrido. Por eso Guillermo Mendoza Diago, ocupó el cargo de fiscal general hasta agosto de 2010 en que fue elegida Viviane Morales tras un paso breve de Martha Lucía Zamora como encargada. La elección de Viviane Morales fue demandada, la cual fue resuelta a favor de los demandantes, por supuesta violación del reglamento de la Corte Suprema al momento de su elección. Morales solo duró un año en el cargo. El presidente Santos ternó de nuevo y fue elegido Eduardo Montealegre inicialmente para terminar el período de Viviane Morales, pero en esos súbitos cambios de jurisprudencia que han caracterizado al Consejo de Estado, este determino que el período de Montealegre debería ser de cuatro años. Santos postuló de nuevo una terna de la cual fue elegido por la Corte Suprema de Justicia Néstor Humberto Martínez. Las coimas pagadas por el grupo Aval, la impunidad en el caso de Odebrecht y su férrea oposición a los Acuerdos de La Habana entre las FARC y el gobierno de Santos terminaron por sacarlo de la fiscalía por lo cual Iván Duque ternó y la Corte Suprema de Justicia sin pena ni gloria eligió a Francisco Barbosa.(1)
Este breve pero necesario recorrido nos muestra lo lejos que estamos de lo que pretendieron los constituyentes de 1991, hoy tenemos un organismo ineficiente, politizado, fuertemente infiltrado por la corrupción y por el paramilitarismo. Además, las seccionales de la Fiscalía en las regiones se encuentra en poder de los clanes políticos y mafiosos que dominan la política regional. Por esta razón las investigaciones en las regiones sobre la parapolítica y el paramilitarismo, así como sobre la corrupción en la contratación pública no avanzan porque los jefes de la Fiscalía en las regiones los ponen esos clanes regionales.
Barbosa un fiscal con ambiciones políticas
Uno no sabe cuál de los fiscales ha sido el más ineficiente, lo cierto es que la fiscalía es un fracaso, bueno hasta que llagamos a Barbosa… Con este fiscal este organismo se ha convertido en un bastión del uribismo. Su oposición al proceso de la Paz Total es abierto y descarado. Se opone al proceso de sometimiento de las bandas criminales que quiere adelantar el actual gobierno. Intenta por todos los medios que la investigación en contra del expresidente Uribe por la compra de testigos sea archivada. Montó un show mediático con la Revista Semana para la detención de Nicolás Petro, pero el acervo probatorio fue tan débil que el juez de control de garantías decidió que este debería defenderse en libertad. El show mediático fracasó, pero se afectó negativamente la imagen del presidente de la República.
La levedad por decirlo afablemente sobre las decisiones de la fiscalía y la mediocridad de las actuaciones de sus fiscales más cercanos es patética. Durante sus cuatro años las grandes investigaciones sobre casos emblemáticos de corrupción durmieron el sueño de los justos: Reficar, Odebrecht, cartel de la Toga, robo de la gasolina a Ecopetrol, financiamiento ilegal de la campaña de Duque por las mafias conocido como la ñeñe política, el clan Char y el financiamiento ilegal de las campañas y las irregularidades en la contratación pública de la alcaldía de Barranquilla en manos de este clan, no se investiga la infiltración en la fiscalía del Clan del Golfo, y un largo etcétera.
El último de los actos de Barbosa consistió en montar un show con viaje incluido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington a raíz del supuesto atentado que estaría fraguando el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en su contra y también en contra de María Fernanda Cabal y el excomandante del Ejército Eduardo Zapateiro. Las agencias de inteligencia y seguridad del Estado concluyeron que no hay ni evidencia ni prueba alguna de que el ELN en negociaciones con el gobierno haya estado en el montaje de dicho atentado. El ELN desde un comienzo negó que se estuviera fraguando ese atentado. Un verdadero oso el que cometió Barbosa con el escándalo mediático que nuevamente Semana y los grandes medios de comunicación montaron con este supuesto atentado.
Mientras tanto y para tratar de menguar su alicaída imagen y ante la confesión de los hechos de corrupción que el grupo Aval aceptó en los Estados Unidos, de manera apresurada la fiscalía imputa cargos a 55 personas por este caso de corrupción. Lo novedoso es que imputa cargos a los altos directivos de la multinacional corrupta brasilera, pero en Colombia imputa cargos a funcionarios medios principalmente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, bajo la administración de Luis Fernando Andrade. Pero al mismo tiempo el fiscal coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema Justicia, Gabriel Jaimes, exonera por anticipado a Néstor Humberto Martínez pues dice no hay nada nuevo que lo comprometa en esa trama de corrupción.
Para que las investigaciones avancen habrá que esperar a que la Corte Suprema elija a una nueva fiscal de la terna que le presentó en semanas anteriores el presidente Gustavo Petro. Pero haría bien el primer mandatario en revisar la misma por los cuestionamientos que se han hecho al nombre de Amparo Cerón en torno a decisiones que tomó en el caso de Odebrecht y a la denegación de protección que solicitó el controller de la firma Corficolombiana, Jorge Enrique Pizano, pieza clave en las investigaciones sobre esta trama de corrupción despedido de esta firma en 2016 y muerto en extrañas circunstancias aún no aclaradas en el año 2018 junto a su hijo Alejandro quien murió por una ingesta de cianuro de manera accidental. El presidente tiene la posibilidad de enmendar la terna y debería hacerlo si persisten las dudas sobre el nombre de Amparo Cerón.
Finalmente, el diseño institucional para el nombramiento del fiscal General, debería ser revisado lo cual requiere una reforma constitucional. Bien podría ser invirtiendo la conformación de la terna que podría ser elaborada por la Corte Suprema de Justicia, o por los presidentes de las tres altas Cortes o mediante un concurso meritocrático entre las Facultades de Derecho para que quien elija en el primer caso sea el presidente de la República o en el segundo caso la misma Corte Suprema de Justicia. Es un hecho que el mecanismo constitucional de 1991 no ha arrojado buenos resultados y la crisis de la justicia sigue su marcha y es cada día más grave.
Notas:
1.- Las vueltas de las ternas para Fiscal General, El Espectador, abril 21 de 2016.
*.- Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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