Colombia. La seguridad humana
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
Una investigación periodística de Noticias Caracol mostró que de los 59 Generales del Ejército en servicio activo 39 estaban siendo investigados por la fiscalía General de la Nación por diverso tipo de presuntos delitos como nexos con el narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales mal llamados en Colombia como Falsos Positivos, presuntos delitos de corrupción y presuntos delitos sexuales
Dos acontecimientos protagonizados por el gobierno de Gustavo Petro han conmocionado el debate sobre las políticas de seguridad nacional. El primero a cinco días de su posesión lo constituyó la conformación de la cúpula de las cuatro instituciones que con Colombia constituyen la Fuerza Pública: el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y la Policía Nacional. Y el segundo hecho ocurrió en Quibdó en el departamento del Chocó en donde el presidente presidió su primer Consejo de Orden Público. Allí formuló en la rueda de prensa, declaraciones que indican hacia donde quiere conducir este tema bajo su gobierno.
Sobre el primer hecho baste decir que es normal que un nuevo gobierno conforme una nueva cúpula de la Fuerza Pública como también es normal que salgan de las instituciones de la Fuerza Pública todos aquellos servidores que tengan más antigüedad que los recién nombrados, es una tradición que en Colombia se ha impuesto desde hace muchos años. Para la escogencia de la nueva cúpula de la Fuerza Pública pesaron varios factores. El primero de ellos lo señaló el propio presidente Petro en el acto de presentación de la nueva cúpula donde expresó “Esta cúpula queda a disposición de la sociedad colombiana. Queda a disposición de la paz y el respeto de los derechos y las libertades de toda la ciudadanía”. A ello hay que agregar que en campaña electoral fue el único candidato que señalo que en un eventual gobierno suyo trabajaría porque en la cúpula de la Fuerza Pública se deberían romper los nexos de la alta oficialidad con el narcotráfico y con la corrupción. Estos dos elementos sin duda pesaron en dos decisiones que tomó una vez elegido. La primera la designación como ministro de la Defensa Nacional del jurista y exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez Gómez quien en su vida pública se ha caracterizado por su lucha, desde los cargos públicos que ha ocupado, contra la corrupción, así como contra la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en las instituciones y en la vida de los partidos políticos.
Velázquez fue el magistrado que condujo de manera rigurosa la investigación que en Colombia se conoce como la parapolítica que llevó a la cárcel a más de 62 parlamentarios la mayoría de los cuáles eran de la coalición del gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que la valió la persecución desde dicho gobierno, o sea que, de su lucha por el combate a las mafias y a la corrupción, pocos dudan de la valentía y el compromiso que Velázquez ha demostrado. Todas las investigaciones judiciales y disciplinarias emprendidas contra él fueron desmontadas y el Estado tuvo que ofrecerle disculpas públicas por dicha persecución.
Desde su nombramiento se supo que el presidente Gustavo Petro había optado por la línea de la intervención sobre las denuncias de nexos de los altos mandos militares y policiales con el paramilitarismo y el narcotráfico. Una investigación periodística de Noticias Caracol mostró que de los 59 Generales del Ejército en servicio activo 39 estaban siendo investigados por la fiscalía General de la Nación por diverso tipo de presuntos delitos como nexos con el narcotráfico, ejecuciones extrajudiciales mal llamados en Colombia como Falsos Positivos, presuntos delitos de corrupción y presuntos delitos sexuales.
Ahora bien, creo que lo que finalmente convenció al presidente para optar por una línea de intervención inmediata y no de sucesivas reformas fueron esas denuncias, pero dos hechos lo inclinaron por un enfrentamiento de choque a esta problemática. El primero el haber podido conformar una amplia coalición de gobierno en el Congreso de la República y el segundo el contar a no dudarlo con la posición favorable a esta política de intervención a fondo y rápida, del gobierno de los Estados Unidos. Estos dos hechos a mi juicio convencieron al presidente que tenía las condiciones políticas para actuar a fondo y de manera rápida y eso explica que haya nombrado como ministro de la Defensa a Iván Velázquez y que haya optado por una nueva cúpula de la Fuerza Pública que produjo el retiro de más de 40 generales tanto de las Fuerzas Armadas como de Policía, nunca antes se había pasado a la reserva tal número de Generales.
El crecido número de Generales que pasa a retiro 52, entre las Fuerzas Armadas 28 y 24 de la Policía Nacional. En la Policía Nacional tiene otra causa y es que al decidir el presidente y su ministro de Defensa llevar a la subdirección de la Policía Nacional a la Mayor General Yaqueline Navarro todos los Mayores Generales con mayor antigüedad que ella salen a retiro. Este hecho lo señaló el propio presidente de la República quiere enviar el mensaje que “Este mundo (el de la Fuerza Pública) ya dejó de ser de hombres y (es hora) que empiece a tener una presencia con poder de la mujer. Mujer que en la fuerza pública tiene que ser absolutamente respetada y valorada porque es la enseñanza de la sociedad en general de unas nuevas realidades que tienen que ver con la igualdad entre la mujer y el hombre”.
Seguridad humana vs seguridad nacional y el enemigo interno
Los cambios operados en la Fuerza Pública como los que vendrán en el futuro inmediato como la salida de la Policía Nacional del ministerio de la Defensa para pasar al nuevo ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad, en realidad significa pasar de la doctrina de la seguridad nacional y el enemigo interno, que en Colombia se hizo dominante con la llamada Seguridad Democrática hecha doctrina, a la doctrina de la seguridad humana. Esta es la apuesta del gobierno de Gustavo Petro. Todo ello está además relacionado con la propuesta de la Paz Total que ha puesto ya andar el nuevo gobierno.
La teoría de la seguridad democrática pone el énfasis en el enemigo interno que serían las guerrillas y el narcotráfico y la amenaza terrorista y en la defensa de las instituciones estatales por encima de la garantía desde esas instituciones de los derechos humanos, la vida y las libertades y derechos políticos de los ciudadanos. Esta es la real confrontación que se presenta en la coyuntura colombiana desde hace ya más de tres décadas. La reforma de la Policía Nacional consignada en la ley 2179 del año 2021 vuelve a ratificar la primacía de la defensa de las instituciones estatales por encima de la defensa de los derechos humanos, la vida, bienes y honra de los ciudadanos como está consagrado en la Constitución Política. Contrario a ello la teoría de la seguridad humana consignada en las Naciones Unidas como su concepción general que deberían poner en marcha los Estados miembros de la ONU como lo es Colombia pone el énfasis en la protección de las libertades y los derechos humanos y no en la seguridad de las Naciones ni en la protección y defensa de las instituciones y esto es lo que quiere el presidente Gustavo Petro que sea la guía y la teoría que oriente las acciones de las instituciones estatales de la Fuerza Pública en Colombia.
Decíamos al comienzo de este texto que en la rueda de prensa que se hizo al terminar el primer Consejo de Seguridad que presidió el presidente Gustavo Petro en la ciudad de Quibdó, hizo énfasis que en adelante los Consejos de Seguridad deberían contar con la presencia de delegados de las comunidades y de las universidades de la región respectiva. Como lo escribiera el inolvidable Norbert Lechner no es posible hablar del orden público sin involucrar en su creación al público, es decir a la sociedad. El orden social es una aspiración de la mayoría de la sociedad que quiere vivir en paz y en convivencia. Desafortunadamente la izquierda abandonó o no se ocupó nunca de la problemática del orden, de la convivencia y de la conquista del orden democrático y ello supone tener una teoría sobre la seguridad ciudadana y también sobre la seguridad nacional, pero, en el centro de esta construcción deberá estar la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, así como la plena vigencia de los derechos humanos y de las libertades. La misionalidad de la Fuerza Pública, es decir, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional debe ser la protección de la vida y de los derechos humanos, la defensa de la democracia y el respeto por las libertades y derechos de ciudadanía y eso es lo que no ha podido ser instaurado en Colombia.
Todas las reformas de la Fuerza Pública que vendrán sin duda en este gobierno del Cambio tienen que tener como norte esta teoría de la seguridad humana que logre construir en el seno de nuestras Fuerzas Armadas el respeto por la dignidad humana y sus derechos que debe ser su primera y principal obligación. Así que bienvenidas esas reformas para transitar a una sociedad con más democracia y con más libertades.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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