Colombia: una fiscal sin legitimidad
Por Pedro Santana Rodríguez*
Finalmente se posesionó como fiscal encargada la cuestionada Martha Mancera para suceder al que sin duda pasará a la historia como uno de los peores fiscales que haya tenido el país, Francisco Barbosa. Mancera envuelta en un escándalo por proteger a funcionarios de la fiscalía presuntamente ligados con el narcotráfico en Cali y en el puerto de Buenaventura.
Todo el país estará pendiente de la decisión de la Corte Suprema de Justicia este jueves
En los días anteriores a su posesión que ocurrió el martes 13 de febrero, la Revista Raya y RTVC, sistema público de medios, publicaron una serie de investigaciones periodísticas en la que señalaron a Mancera de encubrir a funcionarios de la fiscalía y concretamente a Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, jefe del CTI en la Fiscalía de Buenaventura quien estaría ligado a la salida de alijos de cocaína en los buques que zarpan desde el puerto con destino a distintos lugares pero principalmente a los Estados Unidos y Europa.
La Revista Raya tuvo acceso y publicó el informe que días antes de su asesinato radico el agente encubierto del CTI Mario Fernando Herrera en que señalaba que Francisco Javier Martínez era quien facilitaba el envío de alijos de cocaína desde los buques que salen del Puerto. El informe lo radicó Herrera en el mes de marzo de 2021. En vez de investigar a Pacho Malo la vicefiscal Mancera torció la investigación y los agentes encubiertos fueron acusados del delito de narcotráfico y Pacho Malo termino siendo protegido por Mancera y aún hoy sigue vinculado a la fiscalía en la ciudad de Pereira. Mancera también ha sido señalada de proteger a funcionarios de la Fiscalía en la ciudad de Cali que estarían ligados con el cartel del Norte del Valle. No son pues ligeros los señalamientos y son de extrema gravedad.
Estos señalamientos los conocían no solo la opinión pública sino los 23 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son los encargados de elegir fiscal General de la Nación. Desde el mes de septiembre el presidente de la República Gustavo Petro presentó una terna con los nombres de tres mujeres con amplia experiencia penal a quienes ni siquiera el presidente conoce personalmente. Así lo han señalado las tres candidatas en las entrevistas que han tenido en la Corte Suprema de Justicia. De manera inexplicable la Corte Suprema de Justicia no ha elegido al sucesor de Barbosa a pesar que la terna fue declarada como hábil desde el mes de noviembre, es decir, que la Corte encontró que las tres candidatas están habilitadas para ejercer el cargo de fiscal General en propiedad.
Como ha quedado claro en el debate público la elección del fiscal es un acto administrativo encomendado a la Corte en la Constitución Política y no es parte de las funciones de investigación como tribunal de cierre de la jurisdicción penal en Colombia. Así que las llamadas presiones que la ciudadanía ha realizado no se refieren a investigaciones y fallos judiciales sino a un acto administrativo. Las manifestaciones que fueron pacíficas y que cuando algunos exaltados manifestantes, que no pasaban de cinco personas, arremetieron contra las vallas de entrada al parqueadero de la Corte Suprema fueron rápidamente controladas por los propios manifestantes. La jornada de protesta por la dilación de la Corte para elegir en propiedad a la nueva fiscal General de la Nación no solo es legítima, sino que corresponde al ejercicio del derecho ciudadano a la protesta pacífica que también está consagrado en la Constitución Política. Quienes han condenado las protestas como ilegitimas porque presionan a la Corte Suprema para la elección de la fiscal General en propiedad ignoran y no condenan que el frente de la Fiscalía quede una persona señalada de proteger a personas ligadas con el narcotráfico.
La directa responsable que al frente de la fiscalía General de la Nación haya quedado una persona con tan graves señalamientos no es otra que la Corte Suprema de Justicia. Es de tal gravedad que la Naciones Unidas, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han sumado para exigirle a la Corte Suprema que sin más dilaciones elija en propiedad de la terna que ella misma de forma autónoma señaló como apta para elegir a una de las tres juristas ternadas. Es obvio que tampoco les gusto estos pronunciamientos ni a las Cortes ni a quienes se oponen a que sea elegida en propiedad una nueva fiscal General de la Nación.
La nueva ronda de votaciones fue fijada por la Corte Suprema de Justicia para el jueves 22 de febrero. Para que no tenga excusas ese día no deberían celebrarse ni plantones ni manifestaciones. Todo el país estará pendiente de esa sesión y la Corte ya sumamente desprestigiada no solo por esta dilación que no tiene justificación de ninguna naturaleza viene de tiempo atrás con profundos cuestionamientos por la venta de fallos en lo que se conoció como el cartel de la Toga que comprometió a magistrados que ya han sido condenados o a los cuales se sigue investigando penalmente. No se explica cómo esta Corte se hace daño a sí misma cuando no cumple con celeridad y eficiencia la función administrativa a ella encomendada en la Carta Política.
Como hemos dicho no creemos que hasta el momento se haya dado un quiebre institucional, pero si podría darse, si las Cortes Judiciales no cumplen a cabalidad con las funciones que la Carta Política las ha encomendado. Por el bien de las maltrechas instituciones la Corte debería elegir ya y sin más dilaciones a la nueva fiscal General de la Nación. Esto es lo que esperamos que ocurra en la proyectada sala plena del próximo 22 de febrero.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
Colombia – LoQueSomos
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