Por Paula Giménez y Matías Caciabue*

El miércoles 26 de marzo, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, viajó a El Salvador para visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la ya famosa cárcel de máxima seguridad situada en una zona aislada, a 75 km de la capital. En este recinto fueron trasladados detenidos más de 200 migrantes venezolanos que fueron deportados desde EEUU el 16 de marzo.

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— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 28, 2025

Frente a una celda con decenas de presos hacinados con sus cabezas rapadas y el torso desnudo, la funcionaria estadounidense grabó un video, en el que agradeció al presidente salvadoreño, Nayib Bukele, por recibir “y encarcelar a nuestros terroristas” y advirtió a quienes intenten migrar de manera ilegal a EEUU que esa podría ser una de las consecuencias que les tocará enfrentar, si lo hacen.

En su cuenta de X, escribió: “Recorrí el CECOT, Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador. El presidente Trump y yo tenemos un mensaje claro para los inmigrantes ilegales criminales: VÁYANSE AHORA. Si no te vas, te cazaremos, te arrestaremos y podrías terminar en esta prisión salvadoreña”.

Los más de 200 migrantes venezolanos fueron trasladados a esta cárcel sin el debido proceso y tras haber sido invocada para ello la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1789. El pasado 14 de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una proclamación con la que invocó esta Ley, argumentando que EEUU estaba sufriendo una “invasión” de la banda criminal trasnacional, el Tren de Aragua, aunque no presentó pruebas y expertos legales pusieron en duda la validez de esta justificación. La ley de Enemigos, le otorga a los presidentes las facultades para detener y expulsar a aquellos ciudadanos nativos de países con los cuales EEUU se encuentre en guerra y solo ha sido utilizada en tres oportunidades a lo largo de la historia norteamericana, entre ellas las Dos Guerras Mundiales.

Trump declaró que el Tren de Aragua estaba “perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio de EE.UU”. Por lo cual ordenó que todos los ciudadanos venezolanos que estén en EE.UU., que tengan al menos 14 años de edad, que sean miembros del Tren de Aragua y que “no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales” sean “detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros”.

En línea con esto, el gobierno de EEUU firmó un acuerdo con El Salvador para deportar a ese país a los detenidos. La cadena de televisión estadounidense, CBS, reveló que el acuerdo incluye el pago de 20.000 dólares anuales por cada detenido alojado en el CECOT. Así la utilización del sistema carcelario para recibir deportados parece estar funcionando más como un negocio que como una política de seguridad. Al mismo tiempo, la propaganda estadounidense sobre el sistema carcelario y el modelo de securitización que impone el gobierno de Bukele, se amplifica a nivel regional y se reproduce en el idilio que ahora viven ambos mandatarios en relaciones bilaterales cada vez más estrechas.

El 20 de marzo, el juez James Boasberg interpuso medidas para el bloqueo del uso de la Ley de Enemigos extranjeros y el presidente salvadoreño se burló en x: “Ups… demasiado tarde”, escribió. Cuando Trump amenazó a Boasberg con un juicio político Bukele se pronunció en defensa del Presidente: “Estados Unidos enfrenta un golpe de Estado judicial”, expresó.

Desde Venezuela, en tanto, el presidente, Nicolás Maduro, denunció la humillación a los venezolanos por parte del régimen de Nayib Bukele en El Salvador y destacó las acciones que se estaban llevando adelante para lograr que regresen a su patria.

En ese marco, la Internacional Antifascista, una plataforma de coordinación mundial con integrantes de más de 125 países, lanzó una campaña internacional con la consigna “Migrar no es un delito”. Por otro lado, en Caracas, se creó un comité de familiares, para reclamar por el retorno de sus congéneres, sanos y salvos, a su casa.

El 25 de marzo el gobierno venezolano pidió a la Organización de Naciones Unidas actuar por los venezolanos detenidos en El Salvador y exige a Bukele cumplir con las normas internacionales de DDHH. Las crueles imágenes sobre el trato que recibieron estas personas sin atravesar por un debido proceso, tras haber sido acusados de delincuentes sin pruebas certeras, estremecieron al mundo.

* Publicado en El Destape
Matías Cacciabue es licenciado en Ciencia Política y Secretario General de la Universidad de la Defensa Nacional, UNDEF en Argentina.
Paula Giménez es Licenciada en Psicología y Magister en Seguridad y Defensa de la Nación y en Seguridad Internacional y Estudios Estratégicos.

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