Diálogos con… Pablo Mayoral

Grupo Arenal Uno. LQSomos. Noviembre 2013

Pablo Mayoral Rueda nació en Madrid (1951). Militante antifascista en las filas del PCE(m-l) y del FRAP. En Julio de 1975 fue sometido a Consejo de Guerra Sumarísimo en el Juzgado Militar número 2 de la Primera Región Militar, y condenado a 30 años de prisión.

Pablo es un de los querellantes que quedó el pasado mes de mayo a las puertas de la embajada argentina en Madrid, sin poder declarar por videoconferencia, después de una zancadilla burocrática de la diplomacia española.

El 20 de septiembre el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino dio orden de que todas las representaciones argentinas en el exterior estuvieran habilitadas para recibir denuncias relativas a la causa abierta contra el franquismo. La orden establecía, concretamente, el objetivo de “recibir denuncias sobre la comisión de hechos de genocidio y/o lesa humanidad, entre los que se cuentan torturas, asesinatos, desapariciones forzadas de personas, y sustracción de menores, cometidos en España en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977”.

Paso a paso, la Querella avanza. La próxima cita se producirá en Buenos Aires el 2 de diciembre, y será en el emblemático Palacio de Tribunales de Buenos Aires donde se reciba a una delegación de víctimas del franquismo, entre ellos Pablo, acompañados de un grupo de diputados y alcaldes del Estado español.

Antes de partir para Argentina LQSomos le entrevisto.

¿Cómo fue tu detención?

Fui detenido el 16 de julio de 1975 (dos días después de que un policía fuese abatido por un comando del FRAP) junto a la que hoy es mi mujer, Mari Nieves Moral, y un compañero de trabajo. Inmediatamente fui acusado de participar en ese atentado y retenido durante 8 días de interrogatorios, palizas e intentos de linchamiento en la D.G.S. de la Puerta del Sol.

Fui encarcelado en Carabanchel y mantenido en completo aislamiento durante 36 largos días. El 11 de Septiembre (menos de 2 meses después de mi detención) fui procesado junto a 4 compañeros más (Xosé Humberto Baena Alonso, Manuel Blanco Chivite, Vladimiro Fernández Tovar y Fernando Sierra Marco) en el Consejo de Guerra 245/75 en el que se nos pedía a los cinco la Pena de Muerte.

Fui condenado a 30 años de prisión. En este Consejo de guerra se firmaron 3 penas de muerte. Manuel Blanco y Vladimiro Fernández fueron indultados en el último momento. No así Xosé Humberto Baena Alonso, que fue asesinado por un piquete de voluntarios de la Guardia Civil, el 27 de Septiembre de 1975. Ese mismo día eran también asesinados Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, militantes del PCE (m-l) y del FRAP, y Juan Paredes Manot y Ángel Otaegui, militantes de ETA.

¿Cómo era la España de aquellos últimos años de Franco?

Negra y oscura, con repetidos Estados de Excepción, con asesinatos por repartir octavillas, manifestarse, hacer pintadas, protestar en el trabajo o en la Universidad, en los pueblos… Solo en 1975, 20 personas fueron acribilladas a balazos en distintas localidades de España.

Más de un millón y medio de españoles estaban trabajando fuera de España.

Había un Tribunal de Orden Público que, desde 1964, procesó a más de 50.000 personas. En 1972 se creó una Segunda Sala de este Tribunal, pues cada vez se procesaba a más gente, la represión re recrudecía y la lucha también se acentuaba. El 65% de los procesados tenían entre los 18 y los 30 años.

Solo en 1975, 10.000 personas fueron procesadas.

¿Quedan secuelas de aquello?

Durante los años siguientes a la muerte de Franco, se sucedieron importantes luchas que arrancaron las libertades que aún hoy, tan mermadas, tenemos, a costa de un reguero de más asesinatos por parte de la Policía Armada, la Guardia Civil y las bandas de falangistas y ultraderechistas.

Pero no se logró castigar a los culpables de estos atropellos y de los asesinatos de la Dictadura franquista. Todos los intentos por castigar a los culpables fueron silenciados y aplastados, por  todos los gobiernos, desde la Transición hasta ahora.

Yo mismo fui detenido junto a otras 20 personas en noviembre de 1978 por participar en la constitución del Tribunal Internacional contra los Crímenes de Franquismo, en el Hotel Convención de Madrid.

El no castigar a los culpables de aquel genocidio está dando lugar, entre otras cosas, al endurecimiento de la represión hoy, y a que el Partido Popular, reducto de muchos franquistas, pretenda acabar por decreto con muchas de las libertades conseguidas a finales de los setenta y principios de los 80, gracias al sacrificio de miles de personas y a costa de la vida de muchos luchadores por la libertad.

El pasado 8 de mayo era la fecha señalada para el comienzo de las primeras doce declaraciones testimoniales de víctimas del franquismo a través de videoconferencias ¿Qué pasó?

Pues que el Consulado argentino anuló dichas declaraciones por presiones del Gobierno Español. La excusa fue que no se había seguido el protocolo firmado por ambos países. Lo cierto es que nos entretuvieron varias horas hasta que la prensa que había acudido se marchó de las puertas de la Embajada.

Hubo un segundo intento de declarar por videoconferencia que también fue anulado después de varias horas de espera. En esta ocasión, las presiones del Gobierno Español fueron directamente contra la jueza María Servini de Cubría, y ella misma suspendió temporalmente las declaraciones.

¿Cómo calificarías entonces la actitud del Estado Español respecto a la Querella?

Cómplice, esa es la palabra. Están demostrando ser cómplices de aquella dictadura y de sus responsables. Están intentando proteger por todos los medios a los encausados por crímenes de lesa humanidad, poniéndose así al lado de los verdugos de una de las dictaduras más sangrientas y de más triste recuerdo para la Humanidad entera, ya que fue un régimen aupado, apoyado y aliado de los siniestros regímenes nazi de Hitler y fascista de Musolini, que provocaron más de 50.000.000 millones de muertos en la II Guerra Mundial.

¿Crees que el boicot del Estado Español tiene como base que muchos franquistas están vivos, como, por ejemplo, Utrera Molina, uno de los imputados, ministro con Franco y suegro del ministro de Justicia actual?

Sin lugar a dudas. Parafraseando lo dicho por EL ROTO, “el hecho de que el franquismo no haya sido condenado es porque sigue vivo, y sigue vivo porque entre otras cosas no ha sido condenado”.

¿Hay posibilidades de dejar sin efecto la Ley de Amnistía de 1977?

Claro que sí. Recientemente el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones forzadas, que ha estado en nuestro país, ha instado a España, en relación a los crímenes franquistas, a adoptar “las medidas necesarias legislativas o judiciales para enjuiciar a los presuntos autores y, si son culpables, sancionarles de conformidad con la gravedad de sus actos, sin escudarse en la Ley de Amnistía, en plazos de prescripción o en la muerte de sus responsables”.

A más tardar, el 15 de noviembre de 2014, dice la ONU, España debe informar al Comité de las medidas que haya adoptado para atender sus recomendaciones más urgentes: dejar sin efecto la Ley de Amnistía, investigar las desapariciones del franquismo…

¿Eres optimista respecto a cómo terminará el proceso?

Solo el hecho de que se haya conseguido que la jueza Doña María Servini de Cubría, haya dictado orden de detención, vía Interpol, contra cuatro conocidos torturadores del franquismo es ya un éxito considerable.

El abogado argentino Carlos Slepoy, uno de los principales impulsores de la Querella, en el acto público de constitución de La Comuna (asociación de presos del franquismo de los años sesenta y setenta), nos animaba a apoyar dicha Querella argentina aunque solo fuera para que esos criminales no pudieran salir de España por miedo a ser detenidos, extraditados y juzgados por sus crímenes.

¿Qué apoyo tiene esta iniciativa entre la sociedad, los medios políticos y judiciales argentinos? ¿Qué apreciación haces de la actuación de la justicia argentina en este proceso a día de hoy?

Considero que el apoyo es fuerte pues, entre otras cosas, el pueblo argentino también sufrió una dictadura militar, y a diferencia de España, una buena parte de los responsables de esa dictadura argentina han sido procesados y condenados a pesar de la llamada Ley de Punto Final.

La justicia argentina está haciendo lo que en España la justicia no se ha atrevido a hacer, investigar los crímenes franquistas.

En Argentina está nuestro último resquicio contra la Dictadura franquista, después de que en Europa tampoco se haya pasado de distintas declaraciones “formales” de Condena al Régimen Franquista por parte de los organismos correspondientes de la Comunidad Europea.

Tenemos mucho que agradecer a todos los abogados que tanto están trabajando en esta Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo y a todas las organizaciones argentinas que la apoyan.

¿Por qué tantos años después y no antes?

Como he dicho anteriormente, el Franquismo es hoy todavía fuerte en nuestra sociedad; muchos de sus responsables han estado y están fuertemente anclados en puestos de responsabilidad y tienen muchos cómplices. De ahí en parte este retraso de cerca de 40 años en procesar a algunos de los responsables de la Dictadura.

Ahora ha sido determinante que muchas voluntades dispersas de distintas sensibilidades políticas progresistas nos hayamos puesto de acuerdo en apoyar este pequeño resquicio legal, a muchos kilómetros de distancia, que es la querella argentina.

Dicha querella puede poner otra vez en primer plano de la actualidad la exigencia de responsabilidades a los cabecillas del alzamiento militar y faccioso contra un Régimen legalmente constituido como era la República, y contra los responsables de miles y miles de asesinatos, en el transcurso de los 40 años de la odiada dictadura franquista.

¿Cuáles serán los pasos siguientes? ¿Hasta dónde crees que se puede llegar con este proceso?

Hace relativamente poco tiempo, el abogado Carlos Slepoy estuvo en Argentina, junto a otros compañeros, para intentar que la jueza María Servini de Cubría agilizase los trámites judiciales para la continuidad de la querella. De dichas gestiones, y del importante apoyo conseguido por distintas personalidades y organizaciones argentinas, salió la petición de detención y extradición de conocidos torturadores franquistas para su interrogatorio.

Ahora con este viaje de numerosos querellantes y miembros de distintas organizaciones que apoyan la Querella, queremos que se emita también una orden de detención para su interrogatorio y procesamiento de varios altos responsables de crímenes concretos, tales como Martín Villa y Fernando Suárez (uno de los ministros que firmó las últimas penas de muerte del franquismo el 27 de septiembre de 1975).

Además, en este viaje queremos ampliar denuncias concretas por bebés robados, denuncias por trabajo esclavo y por vejaciones continuadas en los preventorios franquistas.

Hasta dónde podemos llegar está por ver. Nos anima la imagen de un dictador como Videla, enjuiciado y condenado por los crímenes de su dictadura. Todo va a depender como siempre de la movilización que alcancemos a desarrollar. Y, sobre todo, de que seamos capaces de demostrar que la represión de hoy y los intentos de acabar con derechos fundamentales como el de Huelga y Manifestación, están íntimamente ligados a la falta de depuración de responsabilidades de los crímenes franquistas, entre otras cosas.

De hecho, si finalmente logramos que se extradite y procese a los torturadores franquistas y se les apliquen las condenas pertinentes, estaremos en mejor disposición de procesar y condenar a los torturadores de hoy.

¿Cómo ves la situación y la evolución actual de las libertades en España? ¿Te recuerda en algo a lo que vivía en aquellos años 70?

Como he dicho antes, la ausencia de exigencia de responsabilidades concretas del Régimen Franquista ha dado lugar a que los franquistas y sus herederos hayan estado más o menos campando libremente y en estos momentos incluso aparezcan cada vez más en los medios de comunicación con su simbología fascista, sin que nadie les ponga freno. Y también cada vez hay más intentos de criminalizar la protesta y la denuncia de arbitrariedades gubernamentales contra los ciudadanos. Los intentos de acabar con la eficacia de las huelgas, son maniobras para limitar las libertades públicas de los trabajadores y ciudadanos y su lucha contra los poderes gubernamentales al servicio de grandes corporaciones financieras y multinacionales.

Ni de lejos la situación hoy es parecida al terror en que vivíamos en España, o en la Argentina o el Chile de los años 70, pero lo que sí es verdad es que hoy muchísimos jóvenes y no tan jóvenes, son apaleados en manifestaciones, son hostigados para intentar que renuncien a manifestarse en defensa de sus derechos y en contra, entre otras cosas, de la apabullante corrupción de los poderes públicos de PP y PSOE.

No tengo estadísticas concretas pero habría que sacar a la luz los cientos de detenciones en los últimos años y los procesamientos de manifestantes y huelguistas, quizás nos lleváramos alguna sorpresa, al comparar dichas detenciones, los procesamientos e incluso encarcelamientos, de hoy con las de entonces.

En resumidas cuentas si hoy luchamos contra los responsables de crímenes franquistas también estamos queriendo poner coto al incremento de represión en la actualidad.

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– Pablo Mayoral en LoQueSomos