Dos años y medio ante Exteriores por la libertad de los presos político saharauis
Por Alfonso Lafarga*.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, guardan silencio, igual que cuando se producen expulsiones del Sáhara Occidental ocupado
El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) ha reanudado, tras el paréntesis de agosto, su concentración de los lunes ante la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en la plaza de la Provincia de Madrid, para pedir la intervención de España ante Marruecos para la liberación de los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes.
La manifestación ante el MAEC, que se realiza todos los lunes, a las 12.30 horas, desde hace dos años y medio, reclama al Gobierno de España que, como potencia administradora de derecho del Sáhara Occidental, actúe para que se protejan los Derechos Humanos de los presos políticos saharauis y sean puestos en libertad. Actualmente hay alrededor de 40 preso saharauis, condenados en “juicios farsa”, sin garantías y sin pruebas, según han denunciado juristas internacionales presentes en las vistas y organizaciones de Derechos Humanos.
En ocasiones, los juristas han sido expulsados por las autoridades marroquíes, que no quieren la presencia de observadores en los juicios. Desde junio de 2018, fecha en la que accedió al Gobierno de España Pedro Sánchez, en 18 ocasiones se expulsó a abogados y abogadas de nacionalidad española que acudieron como observadores a juicios contra activistas saharauis o para investigar violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de ocupación marroquíes.
En ese mismo periodo de tiempo hubo otras 11 expulsiones: 8 integrantes de una delegación parlamentaria catalana y de organizaciones solidarias, una médica, una fotoperiodista y un investigador universitario.
La última expulsion fue las de las letradas Inés Miranda y Lola Travieso, el 3 de junio pasado, a las que se impidió entrar en El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. En abril, las autoridades marroquíes no permitieron a la abogada francesa Elise Taullet visitar a presos saharauis del grupo de Gdeim Izik, que llevan sin asistencia letrada desde 2017, y la expulsaron cuando iba a reunirse con familiares de los reclusos.
A lo largo de estos dos años y medio de concentraciones por los presos políticos saharauis, el MAEC ha mantenido un absoluto silencio, igual que cuando se producen expulsiones de personas de nacionalidad española, tanto del Sahara Occidental como de Marruecos.
Más de 500 víctimas saharauis de desapariciones forzadas
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas Desapariciones Forzadas, el 30 de agosto, el Colectivo de Defensores de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha pedido a la comunidad internacional una investigación “sobre los crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas marroquíes en su continua ocupación ilegal del Sáhara Occidental”.
En un comunicado titulado “El colonialismo español y las fuerzas de ocupación marroquíes son responsables de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos contra civiles saharauis”, CODESA denuncia “la continuada falta de revelación de la suerte de cientos de saharauis secuestrados por las fuerzas de ocupación marroquíes”.
Entre las víctimas de la desaparición forzadas señala el caso de un grupo de 15 jóvenes saharauis, cuyas familias acusan a las fuerzas de marroquíes de secuestrarlos el 25 de diciembre de 2005, coincidiendo con manifestaciones pacíficas por el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación.
CODESA se ha dirigido al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, a la Coalición Internacional de Lucha contra las Desapariciones Forzadas y a organizaciones internacionales humanitarias y de Derechos Humanos para que presionen al Estado español, como antigua potencia colonizadora, y al Estado de ocupación marroquí “para que revelen el paradero de los desaparecidos saharauis y trabajar para implementar el principio de no impunidad para los perpetradores de estos crímenes”.
Por su parte, la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos (CONASADH) pide que se aclare el paradero de las más de 500 víctimas civiles saharauis que siguen en paradero desconocido y ha exigido que se libere a todos los presos políticos saharauis.
CONASADAH recuerda la responsabilidad del Estado español en la desaparición del líder saharaui Mohamed Sidbrahim Bassiri, “secuestrado por las fuerzas españolas durante su brutal ataque contra los manifestantes saharauis” que participaron en el levantamiento contra el colonialismo en El Aaiún el 17 de junio de 1970, exigiendo que se revele su paradero y recordó a España que “sus responsabilidades jurídicas hacia la descolonización del Sáhara Occidental siguen vigentes y no prescriben con el tiempo”.
La comisión exige llevar ante la justicia internacional a los responsables del Estado marroquí de graves violaciones de Derechos Humanos contra civiles saharauis y hace un llamamiento al Comité Internacional de la Cruz Roja afin de que presione a Marruecos para que respete los Derechos Humanos, libere a todos los presos políticos saharauis y revele la suerte de los saharauis desaparecidos.
Reclama, también, que se permita el acceso “a los territorios ocupados de la República Saharaui a los medios de comunicación, observadores internacionales, personalidades y delegaciones parlamentarias internacionales”.
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