El caso Arturo Ruiz: piedra de Rosetta de la Transición

Por Carlos Anxo Portomeñe*

El testimonio del asesino demuestra que el Estado facilitó su huida, le dio cobertura y le entregó documentación falsa para viajar, hechos denunciados durante años. El asesino, localizado en Argentina, podría ser detenido si se reactiva la investigación

Cuando en la Fiesta del PCE 2022 presenté junto a Manuel Ruiz mi libro La matanza de Atocha y otros crímenes de Estado (Atrapasueños, 2022), señalé que lo definí como un trabajo de investigación que aspiraba a convertirse en un libro de lucha. Con ello pretendía trasladar la idea de que, tras nueve años de estudio sobre algunos de los crímenes que marcaron el proceso de la llamada Transición a la democracia, sus conclusiones pudiesen tener efectos prácticos. Sin embargo, nada hacía presagiar que, menos de un año después, el libro se presentaría como prueba documental en la llamada Querella Argentina y contribuiría a las acciones jurídicas para reabrir las investigaciones sobre el asesinato de Arturo Ruiz, aquel que dio inicio a la “semana negra” de la Transición el 23 de enero de 1977 y, a mayores, permitiría la localización de José Fernández Guaza, el autor material del crimen.

Conocer a los hermanos de Arturo, Manuel y Miguel, nos permitió conjugar fuerzas y me impulsó a centrar la investigación en el caso concreto de su hermano, que ya contaba con un capítulo y varios apartados en el libro. El uso de esos datos facilitó la búsqueda concreta de Fernández Guaza en las redes sociales y me permitió localizar dos cuentas suyas en Facebook, abiertas mediante identidades falsas. El análisis de la información permitió establecer un perfil bastante definido del titular de ambas cuentas, coincidente en muchos aspectos con el de Fernández Guaza. De esa manera, en diciembre de 2022 entregué un informe a la familia Ruiz con fotografías actuales del asesino de su hermano, en el que se precisaba, entre otros datos, su localización exacta en Ingeniero Maschwitz, una pequeña localidad de quince mil habitantes perteneciente a la provincia de Buenos Aires.

En marzo de 2023, los tres nos trasladamos a Buenos Aires, formando parte de una delegación del Colectivo por los Olvidados de la Transición, una asociación de la que forman parte, entre otros, los hermanos Ruiz y familiares de otras víctimas de ese período histórico como fueron los jóvenes Ángel Almazán, asesinado el 15 de diciembre de 1976 en Madrid, o Gustau Muñoz, asesinado en Barcelona el 11 de septiembre de 1978. En los Juzgados federales de Buenos Aires prestamos declaración, en el marco de la llamada Querella Argentina, Gustau Muñoz, Javier Almazán, Miguel Ruiz y yo mismo, centrando mi testimonio en la relación directa del asesinato de Arturo con los sucesos de Montejurra, el asesinato del juez Vittorio Occorsio en Roma, la matanza de los abogados de Atocha y el desmantelamiento de un taller de armas en Madrid, todos ellos con el Estado y terroristas italianos como protagonistas comunes.

Batalla judicial

Días después, los abogados argentinos especialistas en Derechos Humanos que representan a la familia Ruiz, Duilio Jorge Ramírez, Carlos Zamorano y Héctor Trajtemberg, entregaron el informe en el juzgado y solicitaron la detención inmediata de Fernández Guaza a la jueza María Servini. Por tanto, en abril la justicia argentina disponía de la ubicación exacta del ultraderechista español en el país austral. La magistrada trasladó la petición al fiscal Ramiro González, que en un dictamen emitido el 19 de mayo no encontró indicios suficientes para catalogar el crimen como delito de lesa humanidad, dado que, en su opinión, la prueba aportada no era suficiente para acreditar la sistematicidad. Es decir, el fiscal sostenía que, pese a las pruebas aportadas, “no se encuentra fehacientemente contextualizado de qué manera dicho homicidio formó parte del plan sistemático y generalizado planificado para aterrorizar a españoles partidarios de la forma representativa de Gobierno”. Hace tres semanas, los abogados argentinos volvieron a aportar más datos ante el juzgado de Servini para tratar de desbloquear la situación jurídica.

La Audiencia Nacional se ha pronunciado contra la reapertura del caso a pesar de la Ley de Memoria Democrática. Sólo les rebatió el magistrado Ricardo de Prada

En el caso de la justicia española, los hermanos Manuel y Miguel Ruiz siguen presentando batalla en los tribunales, ahora con más ímpetu si cabe, tras la localización del asesino. Aunque la Audiencia Nacional declaró la prescripción del crimen hace más de dos décadas, presentaron un recurso de réplica para intentar reabrir el caso atendiendo a la Ley de Memoria Democrática. Sin embargo, a mediados de septiembre la sección primera de la propia Audiencia Nacional desestimó sus pretensiones. Concretamente, los magistrados Francisco Vieira y Jesús Eduardo Gutiérrez zanjaron el asunto atendiendo a dos motivos principales: no puede perseguirse al autor del asesinato porque los hechos han prescrito; y no puede aplicarse la Ley de la Memoria Democrática porque no consta que el asesino estuviese relacionado con la dictadura. Evidentemente, en ningún momento tuvieron la más mínima intención de plantearse aplicación de la nueva Ley. De hecho, un tercer magistrado, José Ricardo de Prada, emitió un voto particular rebatiendo de manera tajante los argumentos de sus colegas. En su exposición asegura que el asesino formaba parte de un “grupo criminal armado con conexiones con las fuerzas de seguridad del Estado”, que la Ley de Memoria Democrática reconoce a las víctimas el “derecho a la verdad” y que deberían haber dado cuenta del asunto a la Fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado. El auto muestra las claras intenciones de los magistrados conservadores de restar validez a la Ley de Memoria Democrática e impedir su aplicación; algo que pone de manifiesto las limitaciones que la norma legal presenta, denunciadas por buena parte de las asociaciones memorialistas de nuestro país durante su tramitación. Días después del fallo judicial, y espoleados por el voto particular del juez De Prada, los incombustibles hermanos Ruiz presentaron un recurso de varias páginas aún más contundente, con firmes argumentos que demuestran la pertenencia de Guaza a las fuerzas represivas franquistas y la incluión del caso dentro de un plan sistemático de eliminación de la oposición política al Régimen.

El ultraderechista reconoce a la prensa que formaba parte de los servicios de información españoles y que realizaba actividades de guerra sucia contra ETA

El testimonio de Fernández Guaza

En mayo de 2023, el dossier fue entregado a los periodistas de El País José María Irujo y Joaquín Gil, que han conseguido entrevistar en Argentina a Fernández Guaza. En sus declaraciones, el ultraderechista no muestra el más mínimo arrepentimiento por su crimen, reconoce que formaba parte de los servicios de Información españolesy realizaba actividades de guerra sucia contra ETA. Asimismo, reconoce que las autoridades españolas eran conocedoras de su estancia en Argentina y, concretamente, afirma que contaba con la complicidad de los servicios de Presidencia de Gobierno. Su testimonio demuestra que el Estado facilitó la huida, le dio cobertura y le entregó una documentación falsa para viajar por varios países, hechos denunciados durante años.

Quizás sea la última oportunidad que tenga la justicia argentina de terminar con más de cuatro décadas de impunidad

Lo más importante es que las declaraciones de Guaza validan las principales argumentaciones manejadas en las denuncias y los recursos judiciales presentados por la familia Ruiz. Y, por supuesto, dotan al caso de amplias connotaciones políticas.La localización de Guaza al margen de las vías gubernativas, judiciales y policiales demuestra que estas instituciones nunca han tenido la más mínima voluntad de encontrar a Guaza. Y las declaraciones a la prensa del propio asesino echan por tierra de un plumazo los argumentos esgrimidos por los magistrados de la Audiencia Nacional. Por eso los abogados argentinos esperan que se reactive la investigación en su país y Guaza pueda ser finalmente detenido. “Quizás sea la última oportunidad que tenga la justicia argentina de hacer justicia con el caso de Arturo y poder terminar con más de cuatro décadas de impunidad que viene padeciendo la familia Ruiz”, señaló el abogado Duilio Jorge Ramírez.

El ministro de Interior era Rodolfo Martín Villa. Cuando fue imputado por la jueza Servini, todos los expresidentes del gobierno, y muchos ex dirigentes políticos y sindicales cerraron filas con él

Es preciso destacar que, en las fechas del asesinato de Arturo, el ministro del Interior era Rodolfo Martín Villa. Cuando el político leonés fue imputado por la jueza argentina María de Servini en el marco de la Querella Argentina, todos los expresidentes del Gobierno, además de casi setenta ex dirigentes políticos y sindicales cerraron filas y mostraron su apoyo a quien debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Ya es hora de terminar con la omertá existente en torno a los crímenes de Estado cometidos durante la Transición, dirigidos a materializar el principio lampedusiano de que era preciso que todo cambiase para que todo siguiese igual. No hay más que echar un vistazo a la realidad para comprobar que ese fue el modelo triunfante.