El gobierno de Rajoy ampara a genocidas y torturadores

El Partido Popular pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para “limitar el alcance de la jurisdicción universal”. El pasado octubre la Audiencia Nacional admitía el recurso de apelación presentado contra el gobierno chino por crímenes contra la humanidad en el Tíbet. La querella exigía la detención de Hu Jintao, ex presidente de la República Popular China. En noviembre, estimaba otro recurso que solicitaba la orden de busca y captura de otros altos cargos del gobierno chino, como Jiang Zemin, ex presidente de China y secretario del Partido Comunista Chino. El gobierno quiere evitar un conflicto diplomático con el gigante asiático y está dispuesto a saltarse –una vez más- la división de poderes, piedra angular de un sistema presuntamente democrático. Se reforma el Código Penal para criminalizar las protestas sociales, pero al mismo tiempo se exonera a genocidas y torturadores. Es evidente que el poder ejecutivo, legislativo y judicial están en guerra con los ciudadanos y colaboran estrechamente entre sí para no molestar a los amos del mundo ni obstruir el trabajo de sus esbirros.

En su Exposición de Motivos, el PP no proporciona ningún argumento jurídico sólido e ignora el Estatuto de la Corte Penal Internacional, según el cual “es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. Aunque España ha firmado y ratificado los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, los interpreta a su antojo o, sencillamente, los ignora. No importa que los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 establezcan que “cada una de las Partes Contratantes tendrán la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, cualquiera de las infracciones graves [“crímenes de guerra”], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”. La reforma propuesta por el PP sostiene, en cambio, que nuestros tribunales sólo serán competentes cuando el presunto criminal posea nacionalidad española o se trate de un extranjero que resida habitualmente en España.  O bien un extranjero que se hallase transitoriamente en nuestro país y al que las autoridades españolas hubieran denegado su extradición. La Proposición de Ley también establece que en los casos de tortura o genocidio, sólo podrán actuar los tribunales cuando la víctima sea española y el presunto culpable se encontrase en España. “Las causas que en el momento de entrada en vigor de esta Ley se encuentren en tramitación por los delitos a los que se hace referencia en la misma quedarán sobreseídas hasta que no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella”. En el futuro, sólo se admitirá a trámite las querellas presentadas “por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”. Esto significa que la sociedad civil ya no podrá ejercer la acción popular. Estas medidas se encuadran de una ambiciosa reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero su intención inmediata es paralizar los casos abiertos en la Audiencia Nacional por delitos de lesa humanidad. Si se aprueba la Proposición, se dará carpetazo a las querellas en curso por el genocidio de Guatemala, el genocidio del Tíbet, el genocidio de Ruanda, el genocidio judío, el genocidio del pueblo saharaui, las torturas y asesinatos contra los miembros de Falung Gong, los vuelos secretos de la CIA, las torturas de Guantánamo y los delitos de genocidio ordenados por Carlos Vielman, ex Ministro del Interior de Guatemala. Incluso se archivarán los casos que afectan directamente a ciudadanos españoles, como Carmelo Soria, Ignacio Ellacuría y José Couso.

Carmelo Soria, diplomático español y asesor de Salvador Allende,  fue torturado y asesinado en 1976 por la temible DINA del régimen de Pinochet. Se fingió un accidente de coche para ocultar los hechos. Ignacio Ellacuría, jesuita, teólogo y rector de la UCA de San Salvador, fue asesinado a sangre fría por el Batallón Atlácatl de la Fuerza Armada salvadoreña con otras siete personas: cinco sacerdotes jesuitas españoles, uno salvadoreño y dos mujeres encargadas de la limpieza. Las mujeres –Elba y Celina- eran madre e hija. Elba sólo tenía dieciséis años, lo cual no preocupó a sus ejecutores. José Couso, cámara y reportero gráfico, fue asesinado en 2003 por un M1 Abrams el Ejército de los Estados Unidos, que disparó su cañón de 120mm contra el Hotel Palestine de Bagdad, mientras cubría la invasión de Irak. Se dijo que el carro blindado confundió a los periodistas con francotiradores, pero las filtraciones del WikiLeaks revelaron que no se trató de una equivocación, sino de un intento de intimidar a los periodistas.

El gobierno del Partido Popular ha presentado su iniciativa como proposición de ley para prescindir de la petición de informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial, lo cual implica que se tramitará con la máxima urgencia y se aprobará en unos dos meses. Mientras tanto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la extradición de Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, sádico torturador franquista reclamado por la justicia argentina. El fiscal español alega que sus delitos han prescrito. Se trata de una argumentación jurídica insostenible, pues se trata de delitos de lesa humanidad, absolutamente imprescriptibles, conforme a los tratados internacionales sobre la materia. Los familiares de José Couso ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La justicia argentina ha acusado a la Audiencia Nacional de proteger y encubrir a un conocido torturador. Es imposible prever el desenlace, pero todo invita al pesimismo. El PSOE sentó un precedente que ayudará a que se apruebe la proposición de ley del Partido Popular.  El 25 de junio de 2009 el gobierno de Rodríguez Zapatero –inverosímil socialista- aprobó con los votos del PP, CiU y PNV la reforma del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limitaba el principio de jurisdicción universal a los casos en que existieran víctimas españolas o los responsables se encontrasen en España. Miguel Ángel Moratinos, Ministro de Asunto Exteriores, intervino personalmente para que no prosperara una querella contra Tzipi Livni, viceprimera ministra de Israel, acusada de crímenes de guerra por ordenar el lanzamiento de una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al-Daraj en Gaza, causando la muerte de 15 civiles y heridas muy graves a 150. Entre las víctimas mortales, había ocho niños. Todo se hace más comprensible si reparamos en que el régimen de 1978 se levantó y consolidó sobre 2.000 fosas clandestinas. Los restos de un número indeterminado de hombres y mujeres (las cifras oscilan entre 114.000 y 200.000) siguen esperando una cada vez más improbable exhumación. Nuestra democracia –me temo- solo es una reforma del franquismo que garantizó la impunidad de los verdugos y los privilegios de las oligarquías. La Iglesia Católica y el Ejército nunca pidieron perdón por sus crímenes. Franco reposa tranquilamente en el horrible Mausoleo del Valle de los Caídos. Es normal que se proteja a torturadores y genocidas y se reprima ferozmente a la ciudadanía. Ojalá los torturadores y genocidas pagaran por sus fechorías. Ojalá se respetará la libertad de los pueblos y su derecho de autodeterminación. Me temo que el gobierno de Rajoy –y todos los que le han precedido desde 1978- harán lo imposible para que no sea así. España seguirá siendo el país de las 2.000 fosas sin exhumar, con una legislación antiterrorista que promueve y ampara la tortura y unas Fuerzas de Seguridad del Estado que apalean, humillan, multan o desahucian a los ciudadanos, bajándose la visera del casco para ocultar el indiscutible placer que les produce su trabajo.

* Rafael Narbona

 

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