El narcotráfico y la violencia en Colombia
Colombia
Por Pedro Santana Rodríguez*. LQSomos.
El gobierno debe dotarse de una política frente al prohibicionismo en que se generen escenarios de discusión sobre el fracaso del prohibicionismo, pero también apoyando investigaciones científicas que aporten nuevas evidencias sobre los efectos del consumo de sustancias como la cocaína…
Hay un amplio consenso entre los investigadores sociales sobre el impacto que el narcotráfico ha tenido en relación con el conflicto armado interno, las diferencias radican principalmente en la intensidad y magnitud de ese impacto, pero no en negar que el narcotráfico haya impactado de manera negativa a la democracia, los derechos humanos y la convivencia democrática. Múltiples consecuencias negativas se asocian a las actividades del narcotráfico: la corrupción y cooptación de instituciones locales y regionales, la infiltración de los partidos políticos y la puesta a su servicio de sectores importantes del Congreso, la perversión de la descentralización y de la democracia local, la destrucción del tejido organizativo y el asesinato de miles de lideres y lideresas sociales, son entre otros efectos perversos que se derivan del poder del narcotráfico en Colombia. Aquí y coincidiendo con Rodrigo Uprimny tendremos como punto de partida que el impacto ha sido importante por cuanto se inserto en una realidad política de debilidad de las instituciones democráticas, de una amplia cultura de la ilegalidad, de excesiva concentración de la propiedad agraria y que desde los años ochenta del siglo pasado estableció alianzas con algunos terratenientes, poderes locales y sectores políticos que le brindaron amparo o se vincularon a sus redes. También contaron con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública. (Uprimny 2021). Pero además hay que anotar que en el primer nodo de sus actividades el narcotráfico contó con favorables condiciones para impulsar el cultivo de la coca en medio de un campesinado en zonas de baldíos sin regularización de la propiedad y sin presencia del Estado que facilitó la implantación de cultivos de coca que hoy alcanzan la cifra de 204.000 hectáreas. (UNDOC 2022).
Ahora bien, para los propósitos de este texto es necesario señalar que las relaciones del narcotráfico con los actores armados ilegales es una realidad que se materializó en el país desde la década de los años ochenta del siglo pasado. (Alfredo Molano 2012). La precariedad en las condiciones de vida de sectores campesinos en zonas de colonización hizo que la estrategia de los narcotraficantes para impulsar la siembra de plantíos de coca en el territorio nacional fuera exitosa y reemplazara el inicial aprovisionamiento de pasta desde Bolivia y Perú. En territorios con presencia de las organizaciones insurgentes éstas se vincularon a la protección a los cultivos inicialmente cobrando un terraje en territorios bajo su control, pero en los años siguientes su vinculación se dio principalmente en la fase de producción de clorhidrato de cocaína sin que se haya podido comprobar que fueran más allá es decir a la fase del tráfico y la exportación.
Tiene razón Uprimny al concluir que si bien el narcotráfico ha influido de manera importante no es la causa del origen de la conflagración armada que viene desde mediados del siglo XX. Esta conflagración tiene una naturaleza política afincada en fenómenos como el de la inexistencia de una reforma agraria que propiciara la redistribución de la tierra como si ocurrió en Bolivia o en el Perú. Aquí por el contrario la tendencia a la concentración de la propiedad agraria se ha profundizado llegando a una tasa de concentración del 0.91 medida por el coeficiente de Gini en que 1 es la desigualdad total. A este fenómeno ha contribuido el narcotráfico y las organizaciones armadas principalmente los grupos paramilitares que despojaron a millones de campesinos de sus parcelas y por el otro lado las guerrillas también contribuyeron y contribuyen al obligar al desplazamiento de millones de campesinos de quienes sospechan que colaboran con las Fuerzas Armadas y/o con los grupos paramilitares. Los modelos de actuación son sin embargo distintos. Los paramilitares no solo obligaron al éxodo, sino que se apropiaron de las tierras de los desplazados obligándolos a vender o simplemente con redes de notarios se apropiaron directamente o a través de testaferros de esas propiedades mientras las guerrillas no estaban interesadas en la propiedad sino en el dominio territorial y por eso no se ocuparon del despojo “legal” de las propiedades de los campesinos desplazados. El otro factor esgrimido por las insurgencias para su levantamiento armado es la existencia de un régimen político antidemocrático, por eso las negociaciones se centran en estos dos factores primordialmente.
El narcotráfico ha proporcionado recursos económicos a los grupos insurgentes. Sin embargo, hay que tener en consideración y eso se puso a prueba en la negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que mayoritariamente la relación de estos grupos con el narcotráfico no es la razón de ser de estas organizaciones. Persiste en ellas su naturaleza política. En este sentido cobra plena vigencia considerar este delito, el del narcotráfico, en el caso de las organizaciones insurgentes como conexo con el delito político. Esta es la razón para establecer aquí en este texto el tema del narcotráfico y su necesario relacionamiento con las negociaciones de paz.
Por otra parte, hay que considerar que es legítimo que una política de paz total como la promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro se ocupe del acogimiento o sometimiento de las organizaciones multicrimen. Estas organizaciones actúan al margen del Estado y éste ha sido incapaz de derrotarlas dado el amplio nivel de corrupción que es impulsada desde sus estructuras en sus relaciones de cooptación de los poderes locales y regionales y en sus nexos con sectores de la Fuerza Pública. Pero además porque construyen redes de colaboración con amplios sectores de la sociedad en territorios específicos y no solo en territorios rurales sino en entornos urbanos. Hay que tener en cuenta que mientras exista un mercado que demanda este tipo de sustancias y que mientras su producción y tráfico este prohibido el negocio ilegal genera rentas extraordinarias y su combate en sociedades como las nuestras en donde pululan las necesidades sociales y la ausencia del Estado, habrá sectores dispuestos a vincularse al negocio y a asumir los riesgos que esta actividad conlleva. Riesgos que son minimizados por su poder corruptor y por la intimidación o el asesinato de quienes se opongan a sus actividades. Todo ello alimenta la impunidad en que se realizan sus actividades criminales.
Así pues en el horizonte de corto y mediano plazo en que como hemos señalado no se ve factible una despenalización y regularización de estas sustancias por lo menos de la cocaína y los opiáceos, el Estado debe construir una política que se mueva en medio del prohibicionismo para reducir el daño no solo sobre las personas consumidoras o los campesinos productores de la hoja de coca sino sobre el daño y el sufrimiento que la violencia ligada a esta actividad ha generado y sigue generando en la actualidad. Es asumir un realismo trágico, pues somos defensores de la legalización regulada de estas sustancias y como hemos dicho el Estado colombiano debe abrir espacios de discusión y ojalá acuerdos regionales que permitan trabajar en el desmonte del prohibicionismo. (Uprimny 2021).
Es por ello que la política de sometimiento o acogimiento de las bandas criminales ligadas al narcotráfico debe ser parte integral de la política de paz total. Y es por ello también que el gobierno debe dotarse de una política frente al prohibicionismo en que se generen escenarios de discusión sobre el fracaso del prohibicionismo, pero también apoyando investigaciones científicas que aporten nuevas evidencias sobre los efectos del consumo de sustancias como la cocaína para ser presentadas en estos espacios como la propuesta Conferencia Mundial sobre las Drogas contenida en los Acuerdos de Paz con las FARC y con el auspicio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en los aquí propuestos encuentros regionales y en el seno de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud que han avalado estas políticas prohibicionistas. Pero al tiempo que se abren estos escenarios el Estado colombiano debe trabajar con realismo trágico para disminuir el daño y por ello en este (1) documento se presentan diversas alternativas tanto para darle un tratamiento de salud pública a los consumidores que generan adicción así como políticas de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, impulso de cultivos alternativos, programa piloto en los 14 municipios que concentran la mayor parte de las hectáreas de cultivos de coca, y otras que se detallan y resumen más adelante en este documento.
Bibliografía:
– Uprimny, Rodrigo (2021). ¿Qué hacer con el narcotráfico y las drogas ilícitas en Colombia? Elementos metodológicos para una política de Estado. Revista Análisis Político No 103, septiembre diciembre 2021, págs. 167-192.
– Molano, Alfredo. (2012). Fragmentos de la historia del conflicto armado (1920-2010). Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia. Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas. Ediciones desde abajo, Bogotá agosto de 2015. Págs 565-623.
– Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) – Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2021 (Bogotá UNODC-SIMCI, 2022).
Notas:
1.- Este texto es parte de una investigación del Obervatorio del Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris que será publicado en los próximos meses. Este texto es parte de mi contribución a esa investigación.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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