El suicidio de Amparo: ¿qué es terrorismo?
La Audiencia Nacional acaba de condenar por terrorismo a cuatro miembros de la organización independentista Resistencia Galega. Antón Santos y María Osorio cumplirán diez años de prisión. Eduardo Vigo y Roberto Rodríguez, dieciocho. Al parecer, los cuatro activistas pretendían atentar contra multinacionales, bancos, inmobiliarias, medios de comunicación y fuerzas de seguridad. Ante las protestas suscitadas por una sentencia desproporcionada y de escaso fundamento jurídico, la Fiscalía General del Estado ha respondido que las penas impuestas son “excesivamente leves”. Me pregunto si los fiscales que deploran la presunta indulgencia de la Audiencia Nacional, son los mismos que miran hacia otro lado cuando la Guardia Civil aprovecha el régimen de aislamiento para torturar a los detenidos, empleando como métodos habituales la bolsa, los golpes, los abusos sexuales, la privación de sueño y los simulacros de ejecución, según han denunciado el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Imagino que la Fiscalía General del Estado no considera terrorismo privar de asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles, desahuciar a familias con menores o ancianos discapacitados, rebajar las pensiones, socializar las pérdidas de la banca o suprimir becas de estudio. Imagino que tampoco considera terrorismo el suicidio de Amparo Amador, una mujer de 45 años, madre de tres hijos menores, que hoy se ha quitado la vida en Carabanchel, un día después de recoger una orden de desahucio de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Amparo, que tenía otros tres hijos y dos nietos, nunca había participado en ninguna asamblea de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y, aunque le recomendaron buscar su apoyo, pensó que se habían agotado las salidas. Su deuda era pequeña. Sólo 900 euros, pero la política de la EMV se ajusta a los criterios del Ayuntamiento de Madrid, que no acepta liquidar las deudas ni renegociarlas. Aunque su función es “facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos con mayores dificultades”, la EMV se niega a aceptar el dinero de los morosos, una vez se ha iniciado el proceso de desahucio. “Es algo que llevamos denunciando hace un montón de tiempo –afirma la PAH-. La indefensión es absoluta”. Al parecer, el Ayuntamiento pretende privatizar la EMVS y aplicar criterios de mercado, ignorando cualquier consideración ética o social. ¿Actuará la Fiscalía General del Estado? A fin de cuentas, ¿no es terrorismo impulsar una política que se cobra vidas humanas inocentes? ¿Acusará de terrorismo a Ana Botella, bochornosa alcaldesa de Madrid? Evidentemente no, pues la Audiencia Nacional es el brazo judicial de una democracia alumbrada por las élites del franquismo para garantizar sus privilegios y la impunidad de sus crímenes. Su función es semejante a la del antiguo Tribunal de Orden Público. Esperar un comportamiento imparcial, equitativo y democrático de la Audiencia Nacional, significa ignorar que los tribunales del Estado español ocupan los últimos lugares en las listas internacionales sobre independencia judicial. Nuestros tribunales poseen una larga tradición en infamias, imponiendo penas ridículas o absolviendo a policías y agentes de la Guardia Civil implicados en torturas o asesinatos. El policía José Amedo, uno de los cabecillas del GAL sólo pasó doce años en prisión, la mitad en régimen abierto. Por el contario, Manuel Pérez Martínez, secretario general del PCE (r), se encuentra en la cárcel desde 2000. Ya había cumplido condena entre 1977 y 1984. En total, 18 años por su presunta pertenencia a los GRAPO, un cargo que no ha sido probado, lo cual no impide que se le mantenga entre rejas, sin que exista por el momento ningún indicio de excarcelación. Con la última reforma del Código Penal, no sería improbable que cumpliera una cadena perpetua disfrazada de prisión permanente revisable.
Estas diferencias de criterio explican la durísima condenada contra los cuatro independentistas gallegos. No sé cuál era la capacidad operativa Resistencia Galega, pero el material incautado no parece más peligroso que el de algunas peñas de fútbol. En casos similares, la justicia se ha mostrado mucho más benévola. Por ejemplo, en 2012 el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que disolvía la organización neonazi Hammerskin-España y condenaba a quince de sus miembros a penas de entre un año y medio y dos años de prisión. Se consideró probado que promovían el odio racial e ideológico, la homofobia y la xenofobia. Se requisaron navajas, bates de béisbol, puños americanos, petardos e incluso armas de fuego. Ni siquiera se planteó la intervención de la Audiencia Nacional, pues se estimó que no se trataba de un caso de terrorismo, sino de simple vandalismo. Al parecer, amedrentar, hostigar y agredir a inmigrantes y homosexuales, no es terrorismo. Por el contrario, atentar contra los intereses de multinacionales, bancos e inmobiliarias constituye un gravísimo desafío al Estado de Derecho, que exige condenas ejemplarizantes. Casi todo el mundo reprobará el uso de la violencia contra las multinacionales, los bancos y las inmobiliarias, pero -al margen de las palabras y de las consecuencias legales de expresar ciertas opiniones- son muchos los que experimentan una ira legítima contra esas entidades, pues muy pocos ignoran que sus maniobras especulativas han desatado una crisis económica mundial, cuyas víctimas se cuentan por millones. Sólo en nuestro país, millones de empleos destruidos, cerca de 200.000 desahucios ejecutados, niños malnutridos y un número indeterminado de suicidios. En España, todos los años se quitan la vida unas 3.000 personas. El suicidio ya es la primera causa de muerte violenta. La Asociación Española de Psiquiatría afirma que el 50% de los suicidios se deben a la crisis económica. Algunas fuentes aseguran que 3.158 personas se han suicidado desde 2008, huyendo de la exclusión social. Al menos 119 casos están relacionados directamente con la inminencia de un desahucio. El caso de Amparo es uno más, probablemente una noticia incómoda para el Ayuntamiento de Madrid, pero que se olvidará pronto. Los nombres de las víctimas suelen olvidarse enseguida, salvo que sean explotadas por el Estado para organizar un circo mediático. Casi nadie ignora el nombre de Miguel Ángel Blanco, pero muy pocos recuerdan a Gladys del Estal, María Luz Nájera, Germán Rodríguez o Iñigo Cabacas, jóvenes asesinados a sangre fría por las Fuerzas de Seguridad del Estado. La definición de terrorista es un privilegio del poder político. La accidentada Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, acusó a la PAH de connivencia con el terrorismo. María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha, afirmó que los “escraches” eran nazismo puro y Esperanza Aguirre, ex presidenta de la Comunidad de Madrid, se indignó con el Parlamento Europeo cuando premió a la PAH por su defensa de los derechos de los ciudadanos. La “Juana de Arco neoliberal” (expresión acuñada por la pluma venal de Vargas Llosa) acusó a los parlamentarios europeos de estar “borrachos de un sentimiento de superioridad que da miedo”. Imagino que experimentó la misma ofuscación cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo público un dictamen, acusando a la ley española relativa a los desahucios de violar la Directiva 93/13 por introducir cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios.
¿Qué es terrorismo? Tal vez haya que concederle la palabra a un loco para que responda a este interrogante. Leopoldo María Panero afirma que “el loco miente pero no yerra, pues tiene la manía de decir siempre la verdad”. ¿Cuál es su punto de vista sobre esta cuestión? “España es un país de mierda. Se puede mentir, robar y asesinar en nombre de Dios, ¡pero ay de aquellos que meen en la calle! Desearán no haber nacido”. ¿Hay fuerzas políticas alternativas, con la intención de introducir un cambio real? Sin miedo, Leopoldo María Panero contesta: “ETA es la única y verdadera oposición que hay contra el gobierno”. Creo que es imposible suscribir esa opinión sin acabar ante la Audiencia Nacional, pero el privilegio del loco es su presunta inimputabilidad. No pretendo realizar una apología de ETA, pues la violencia produce un sufrimiento terrible y unos odios perdurables, casi inextinguibles, pero entiendo la respuesta de Panero y no creo que represente un desatino. Simplemente, constata que la democracia española no es una democracia real, sino una pantomima urdida por el franquismo –donde incluyo a la Monarquía-, las grandes empresas, los grandes partidos políticos, los grandes medios de comunicación y los grandes sindicatos. Desde que se aprobó la Constitución de 1978, todas estas fuerzas han trabajado conjuntamente para aplastar a los pequeños partidos políticos, a los pequeños medios de comunicación, a los pequeños sindicatos y, sobre todo, a los ciudadanos, infinitamente pequeños para el poder político y financiero. Amparo era una de esas pequeñas ciudadanas. Por supuesto, no será considerada víctima del terrorismo y su familia no recibirá ningún tipo de indemnización o reparación. Los únicos homenajes procederán de otros ciudadanos no menos vulnerables y desamparados frente a un Estado que se define como social y democrático. No sucederá, pero creo que alguien debería pagar por la muerte de Amparo. En la España de Juan Carlos I, la justicia tal vez sólo pueda esperase de un “viejo poeta asesino” como Leopoldo María Panero.
* Into The Wild Union
