El turismo como única verdad de la Ley de Costas
“Simplificación de la normativa ambiental”, “agilizar trámites”, “ir de la mano de los empresarios”, etc. El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAAM), Miguel Arias Cañete, ha anunciado una reforma de la Ley de Costas que ha hecho sonar las alamas de los grupos ecologistas y hasta de los propietarios afectados por la norma, que ven en este anuncio la intención de abrir la puerta a nuevos negocios urbanísticos en los tramos de costa que aún quedan libres y olvidarse de los problemas de los pro- pietarios de viviendas.
Aunque aún no se saben todos los detalles, lo que Arias Cañete ya ha dejado claro es que su objetivo prioritario es “compatibilizar la protección del espacio natural con actividades eco- nómicas que creen empleo y riqueza”. Para ello ya ha anunciado que aumentará el plazo de las concesiones para los propietarios, la posibilidad de vender derechos de ocupación de las concesiones, mayor flexibilidad para realizar obras en la costa, la apertura a nuevos usos del litoral, posibles cambios en los criterios para definir un terreno como de dominio público, la desprotección de las zonas que se consideren ya degradadas y agilizar los trámites para su desprotección. En resumen: más libertad para que se pueda sacar dinero de la costa.
La inversión extranjera primero
Los grupos ecologistas han puesto el grito en el cielo ante lo que interpretan como una nueva amenaza al litoral. Ecologistas en Acción ha acusado al ministerio de “dar rienda suelta a la privatización” con esta reforma y recuerda que, aún con la ley de 1988, el litoral ha sido víctima de la especulación durante los últimos veinte años, por lo que, en vez de reformar la normativa, debería fortalecer estrategias de protección ya existentes. Desde Greenpeace advierten que “autorizar nuevos usos es abrir la puerta a un montón de amigos que tienen sus ojos puestos en los últimos tramos de costa sin construir”, según afirma Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas.
La organización advierte que cambiar los criterio para los deslindes, que aún no se han ejecutado completa- mente, tendría un ingente gasto económico ya que supondría la compensación de los derribos ya ejecutados de propiedades y alerta de que estos cambios en la ley podrían dar luz verde a proyectos como el Algarrobico, Marina de Cope o la construcción de diez nuevos puertos deportivos en Baleares, por ahora paralizados.
Precisamente en Baleares la situación que provocaría la reforma de la CANTABRIA. Urbanización junto al mar paralizada por denuncias de grupos ecologistas. Ley de Costas es especialmente preocupante debido a que se sumaría a la Ley General Turística de las islas, que entrará en vigor en la próxima temporada, y al bloqueo del Plan Hidrológico de Baleares, elaborado hace un año con “bastante participación social”, según explica Sandy Hemingway, de Amics de la Terra Mallorca y que con el cambio de Gobierno ha sido paralizado “seguramente para poder eliminar la pro- tección de las zonas húmedas y permitir su urbanización”. “Aquí la gran prioridad es conseguir inversiones extranjeras y para ello están dispuestos a abandonar el medioambiente a su suerte”, sentencia Hemingway.
La Plataforma Nacionalde Afectados por la Ley de Costas también mira con recelo la reforma anunciada por Arias Cañete. “Tengo la intuición de que no va a servir a los afectados, y no es una intuición infunda- da, por lo que ha dicho el ministro y por sus silencios”, explica José Ortega, secretario y asesor jurídico de la plataforma. Hasta el momento, el Ministerio no ha contestado a la solicitud de audiencia de la plataforma, a pesar de que hace dos años que tiene en su cajón su propuesta de reforma, el tiempo que Europa lleva recomendando a España que cambie la ley para garantizar los derechos de los propietarios. “Es un mal síntoma”, comenta Ortega a DIAGONAL.
La plataforma afirma que el Ministerio está haciendo “un uso muy medido de la retórica para llamar la atención de los afecta- dos, como estrategia política, para ganarse su simpatía” pero no ven signos en el anuncio de Arias Cañete de que esta reforma sirva para ayudar a los afectados. Lo que sí ven es el peligro de nuevas “arbitrariedades” con la posible des- afección de las zonas que consideren ya degradadas. “Todo se resume en un concepto simplista, el Estado vive del turismo. Ya un anterior director de Costas dijo que iban a limpiar las playas para promover un turismo de calidad, y quieren hacerlo gratis”.
Apuntes sobre pesca,Gasóleo y sobre explotación
Diez puntos del documento presentado por el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentación corresponden al sector de la pesca, que actualmente está inmerso en las negociaciones de la Política Pesquera Común. El principal asunto sin cerrar es la relación de Europa con Marruecos, en unas reuniones marcadas por el usufructo de la monarquía alauita de las capturas del Sahara. El documento no hace referencia al principal problema que tiene el Ministerio en este sector: el alza de los precios del gasóleo, un 39% más caro que la media de los últimos cinco años, según la Confederación Española de Pesca, desde donde se solicitan ayudas a causa del descenso del precio del pescado más consumido. Los grupos ecologistas denuncian que el texto no hace referencias al sector pesquero artesanal y que se mantiene la apuesta por la sobreexplotación de los caladeros.
