Entrevista a Leonel Rivero Rodríguez, abogado de los trabajadores migrantes de FLOC
Entre Monterrey, México, y Toledo, Ohio
Toledo. Desde 1967, cuando se fundó FLOC (Farm Labor Organizing Committee / Comité Organizador de Trabajadores del Campo), hasta 1994, la lucha de los trabajadores del campo en Ohio era mayormente una que llevaban a cabo migrantes mexicoamericanos de Texas. Después del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), una medida que destruyó la agricultura mexicana, en 1994, la mano de obra llegaba a Ohio desde México. Nada de lo que, a base de marchas, huelgas, arrestos, han logrado los trabajadores migrantes a través de su sindicato, FLOC, ha sido fácil. Pero nada había sido tan malo como lo que, en 2007, le pasó a Santiago Rafael Cruz, representante de FLOC en Monterrey, México: fue asesinado. A raíz del crimen, FLOC contrata los servicios de Leonel Rivero Rodríguez, reconocido abogado de los derechos humanos en México, para determinar qué pasó y exigir justicia.
Entre 1983 y 1996, Rivero Rodríguez representó a varios sindicatos en industrias como General Motors, Volkswagen y Renault. También representó a muchos empleados universitarios, incluido el de la Universidad Nacional Autónoma de México; a los trabajadores del diario La Jornada y a los de la Industrial Nuclear. De 2001 a 2003, fue abogado del Distrito Federal de México, Delegación Cuauhtemoc, en cuestiones relacionadas con la corrupción a altos niveles del gobierno.
De 1997 a 2008, su trabajo se ha centrado en la defensa de los derechos humanos. Entre otros casos, representa al movimiento Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, cuyos miembros se encuentran procesados por defender su tierra ante el intento desarrollista de construir un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Provee defensa legal a los estudiantes procesados por su participación en la última huelga en la Universidad Autónoma de México. Junto a un equipo de abogados como María del Pilar Noriega García, Digna Ochoa, Plácido y José Lamberto, defiende a un grupo de individuos acusados por el Gobierno Federal por su presunta participación en grupos guerrilleros. Provee asesoría legal a varias organizaciones de derechos humanos, como la Coordinadora Popular de Madres Educadoras (COPOME), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), Frente Popular Francisco Villa, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS). Es parte de un equipo internacional de siete abogados que vela porque se protejan los derechos humanos en los casos contra Euskal Herria.
De paso por FLOC en septiembre, le preguntamos a Rivero Rodríguez sobre el vínculo que establece Monterrey, México, en el flujo de los trabajadores migrantes de Ohio; le pedimos que nos hable del caso de Santiago Rafael Cruz en el contexto de México y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humos; y finalmente, que nos pinte un cuadro de los derechos humanos en México.
¿Qué significa Monterrey para los trabajadores migrantes mexicanos que van a los Estados Unidos contratados bajo el programa de visa H2A?
Monterrey significa el paso final hacia los Estados Unidos, porque es donde los trabajadores migrantes llevan a cabo los trámites migratorios en el consulado norteamericano, como la expedición de visa para poder pasar a los Estados Unidos. Monterrey se ha convertido en un punto estratégico en México porque no solamente se concentran ahí los migrantes, sino también es el lugar en el que se llevan a cabo toda una serie de movimientos legales e ilegales. También es un paso para la gente que si en algún momento es rechazada, puede optar por pasar de manera ilegal, irregular, digámoslo así, a los Estados Unidos.
¿Cuáles son los casos típicos de corrupción que FLOC está tratando de prevenir?
El trabajador migratorio temporal tiene que pagar un costo aproximado de 350 dólares, que incluyen el trámite de visa y el traslado, Ese dinero, al llegar a los Estados Unidos, es reembolsado por los patrones. Sin embargo, algo que aparentemente es muy sencillo, no lo es trasladado ya a la cuestión mexicana. Y no es tan sencillo porque lo primero que no podemos dejar de lado, es la grave crisis económica que hay en México y el alto índice de desempleo. Eso implica que hay una sobreoferta de mano de obra, la cual satura el mercado y además propicia que si la gente quiere ir a trabajar a los Estados Unidos, muchas veces paga de 1,000 a 1, 500 dólares como una compensación o como un soborno a la persona que lo contrata para poder ir a los Estados Unidos.
El trabajo de FLOC es, a partir de que conoce de esos abusos, reportarlos a la NCGA, para que cesen.
¿Cómo intervienen las autoridades mexicanas en la corrupción?
De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, una ley que deriva del artículo 123 constitucional, que regula las relaciones obreropatronal y que en su momento fue una de las propuestas más avanzadas del siglo XX, por el nivel de proteccionismo que se le daba al trabajador, pues esa ley establece que, para los trabajadores que se tengan que desplazar fuera del país, el empleador tiene la obligación de hacerles extensivas cuando menos las prestaciones que la propia Ley Federal del Trabajo o la constitución consagran en su favor.
¿Cómo?
Por medio de un procedimiento de supervisión que tiene que llevar a cabo la autoridad laboral mexicana, una supervisión del contrato de trabajo que implica, por ejemplo, que un patrón que traslada trabajadores al extranjero tendría que dejar una fianza o una garantía pecuniaria que garantizara, en caso de algún incumplimiento, se compensara al trabajador de ese fondo. Eso no se hace. Desde ese momento la autoridad está incumpliendo con un mandato constitucional.
Ahora, cuando la autoridad ha tenido conocimiento de los actos de corrupción por medio de quejas o denuncias que han levantado trabajadores afectados, no ha hecho nada; ha protegido, solapándola, a esa red de corrupción. Inclusive, recibe dinero de esas mismas redes de protección. La propia experiencia de FLOC ha sido que mucho de su personal fue perseguido y acusado por las autoridades tanto del gobierno de Nuevo León como de otros estados de la república en donde tiene socios y afiliados. Esa es una manera en la cual el gobierno participa en un no hacer, en una omisión, en no vigilar que los derechos de sus trabajadores sean respetados; y en un hacer, que es recibir dinero y proteger esas redes de corrupción.
¿Se ha convertido Monterrey en una imagen borrosa de Tijuana, puente para llegar a Estados Unidos?
No, yo creo que no, no ha llegado a ese nivel; aunque es una zona estratégica, sobre todo porque es un territorio de paso para los trabajadores que van a los campos de Florida, de Carolina del Norte, de Ohio. Sin embargo, Tijuana sigue siendo una de las fronteras con mayor movilidad que existen, importante por el alto grado de latinos que por ahí circulan, no solamente mexicanos sino también centroamericanos y gente de Suramérica, que pasan para California, para Arizona, para Nuevo México…
¿Monterrey está más especializado en el trabajo agrícola mexicano?
Exactamente, Monterrey se centraliza más en ese trabajo agrícola. Ahora, ¿en qué se ha hecho estratégico Monterrey? Pues, en congregar a los trabajadores migrantes, la clase de trabajadores más desprotegida, más vulnerable que durante siglos ha sufrido explotación. Es una clase que siempre ha estado privada en México no sólo de los derechos más elementales, sino que además ha sido oprimida. Esto los hace doblemente vulnerables. Primero, ante las autoridades mexicanas, porque no respetan sus derechos; y después, todavía más vulnerables, en los Estados Unidos, porque llegan con un desconocimiento total y con una historia de opresión. Eso los marca como trabajadores.
¿Nos puedes dar una síntesis sobre el caso de Santiago Rafael Cruz? ¿Qué pasó y dónde está el caso en estos momentos?
Santiago Rafael Cruz arribó a la ciudad de Monterrey a mediados del mes de febrero de 2007; iba contratado por el sindicato FLOC para reforzar sus actividades en defensa de los trabajadores migrantes y, lamentablemente, al mes y medio, el nueve de abril de 2007, fue asesinado en el interior de las oficinas del sindicato. Su asesinato se dio en un contexto en el cual existía una espiral de violencia en Monterrey; tan sólo en los cien primeros días del año se habían producido más de cuarenta ejecuciones, y en algún momento el gobierno trató de establecer la muerte de Santiago como una ejecución más del crimen organizado, de la delincuencia común que estaba sucediendo.
Desde un principio, con el sindicato FLOC, como la coadyuvancia que yo represento, sentimos que esto tenía un origen distinto; no coincidimos con la hipótesis de las autoridades de que era un crimen más. Ni que era un crimen pasional ni el resultado de una disputa sindical, sino que tenía sus antecedentes en actos previos de hostigamientos que había sufrido el personal de FLOC en distintos momentos.
El caso ha sido sumamente difícil y ha tenido la particularidad de que nos hemos enfrentado a algunos obstáculos que normalmente no ofrecen tanta resistencia por parte de las autoridades locales y federales para que lleven a cabo una investigación. Hemos ido acompañando esa investigación, aportando evidencias a la fiscalía, que en algún momento no fueron consideradas, tratado siempre de impulsar el caso, de que no se archive.
En estos momentos hay una persona detenida, procesada y sentenciada. Pero quedan 3 personas prófugas (en su asesinato participaron 4). Varias de las evidencias que hemos acercado a la fiscalía son para tratar de corroborar la identidad de los otros agresores, para impulsar que sean detenidos.
Un paso importante para FLOC es establecer el móvil del asesinato, porque en tanto no se esclarezca, podemos pensar que el riesgo no ha desaparecido, sobre todo si se piensa que el móvil fue el trabajo de defensa de los trabajadores migrantes.
Aunque el caso de Santiago se encuentra en un impasse, pues no se ha podido detener a los demás copartícipes, seguimos impulsándolo a nivel local para que siga adelante; además, le hemos pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que abra una audiencia en su próximo período de decisiones, en octubre, para llevar el caso y discutirlo en ese organismo; y junto con el estado mexicano tratar de que el caso recobre impulso para lograr la detención y el esclarecimiento del mismo.
¿Hay más casos como el de Santiago en Monterrey?
Que yo sepa, no existe en este momento ningún caso como el de Santiago. El caso de Santiago tiene que ver con una agresión a un organismo que protege derechos de los migrantes y que de alguna manera las causas del asesinato pueden tener íntima relación con la defensa de los trabajadores.
¿Qué es la Comisión Interamericana de los Derechos y cómo piensan ustedes insertar el caso de Santiago en ese organismo?
Es un organismo casi contencioso que tiene su origen en la Convención Americana de Derechos Humanos, el pacto de San José (1969), un instrumento internacional que ha sido suscrito por todos los países de América, por el cual los países se obligan a respetar los derechos consagrados en esa convención americana. La Comisión es un organismo ante al cual tanto individuos como estados pueden someter controversias sobre violación a los derechos humanos. Por ese mecanismo se persigue obligar a los estados a que respeten esos derechos humanos. También, como en el caso de Santiago, se busca que la Comisión obligue al estado a investigar y castigar a los responsables del crimen.
¿Puede el estado mexicano desoír a la Comisión?
En caso de que el estado mexicano no llegara a aceptar una decisión de la Comisión, puede ser sujeto de una determinación internacional, lo que en México llamamos un extrañamiento; un requerimiento para que cumpla. Inclusive, el caso de puede llevar ante la OEA.
Si la Comisión Interamericana lo determina, podemos pasar al mecanismo contencioso, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevar el caso ante la Corte, es llevar a juicio al estado mexicano y someterlo a la jurisdicción de la Corte, y que la Corte se pronuncie y resuelva si el estado mexicano ha cumplido o no ha cumplido con sus obligaciones de respetar los derechos humanos; y sobre todo, el derecho a la garantía de protección judicial que tiene la familia de la víctima, a que su derechos de debido procesos sean respetados
¿Cuán factible te parece que va a ser la propuesta que le hacen a la Comisión?
Nosotros llevamos a la Comisión, hace tres semanas, una petición para que abra una audiencia en su próximo periodo se sesiones, que es la tercera semana de octubre, para que las partes, quiero decir, el gobierno mexicano, exponga sus argumentos. Nosotros consideramos que el gobierno no ha llevado una investigación eficaz y que por eso no se ha logrado esclarecer ni el asesinato ni se ha podido detener a todos los responsables.
Lo que pretendemos con esa audiencia es que la Comisión tenga claro conocimiento de cuál es la situación actual del caso y que con base en eso se exhorte al estado mexicano a que redoble los esfuerzos de investigación para que se esclarezca el asesinato de Santiago.
Creemos que es factible que la Comisión atienda nuestra petición; se le hicieron llegar todos los antecedentes del caso; además, hemos mantenido reuniones bimestralmente con las autoridades mexicanas.
¿Por qué acudir a la Comisión?
El origen de la intervención de la Comisión está relacionada con una petición que se le hace para que otorgue medidas provisionales; una facultad que tiene la Comisión que obliga a los estados a velar por la seguridad y los derechos de las personas que son sujetas de esas medidas provisionales. En este caso hay tres integrantes de FLOC que son sujetos de esas medidas provisionales y que por lo tanto el estado mexicano está obligado a garantizar su seguridad por medio de diferentes medidas, como teléfonos celulares, rondines, escoltas, para que no sufra ninguna agresión la gente de FLOC. Pero también tiene que ver con la investigación del caso.
¿Están esperanzados de que la Comisión los va a atender?
Consideramos que hay grandes posibilidades de que la Comisión sí nos dé la audiencia.
Por último, ¿nos podrías pintar un cuadro general en cuanto a la situación actual de los derechos civiles en el México del 2008?
Bueno, un cuadro cercano de los derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales en México va de la mano de la crisis del estado; hay serias violaciones a algunos derecho, como en el caso concreto de los derechos civiles, de participación política, de libertad de expresión, de garantías judiciales, de debido proceso; los derechos de tránsito, sobre todo a partir de que el ejército ha tomado un papel preponderante en la seguridad pública. Esto ha traído de la mano muchos abusos por parte de las autoridades militares. Ha restringido seriamente derechos de tránsito, de libertad de movimiento; ha habido mucha violación a los derechos de legalidad, de actos de molestia que no tienen un fundamento y que la autoridad los ha llevado a cabo de manera arbitraria.
En cuanto a los derechos sociales, hay una crisis tremenda que ha llevado al gobierno a hacer recortes en el gasto social, sobre todo en la cuestión de materia educativa, de salud. Ha habido una disminución sustancial de los recursos presupuestales, que han demeritado no solamente la calidad del servicio sino que han excluido a buena parte de la población de esos servicios de salud.
En general, podemos decir que el cuadro no es nada halagüeño y que estamos entrando a una crisis de respeto a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
