Estados Unidos e Israel coaccionan a la Corte Penal Internacional
La emisión de órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant se está retrasando sospechosamente. El Presidente del tribunal ya ha sido sustituido, entre fuertes indicios de conjura
Por Craig Mokhiber*
El 20 de mayo de 2024, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, presentó a la CPI una solicitud de órdenes de detención contra los dirigentes israelíes Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, incluido el exterminio.
La misma declaración, incluyó una advertencia extraordinaria: «Insisto en que debe cesar inmediatamente todo intento de obstaculizar, intimidar o influir indebidamente en los funcionarios de esta Corte. Mi Fiscalía no dudará en actuar de conformidad con el artículo 70 del Estatuto de Roma si dicha conducta continúa».
El Fiscal no dio detalles sobre el origen de las amenazas contra los funcionarios de la CPI.
La Corte, de acuerdo con sus procedimientos establecidos, asignó entonces el caso a una sala de instrucción de tres jueces, presidida por la magistrada Iulia Motoc. Sólo ocho días después de que el fiscal anunciara las solicitudes de orden de detención y su advertencia sobre la intimidación de funcionarios de la Corte, The Guardian y +972 Magazine publicaron un reportaje en el que se revelaba una década de injerencias, presiones y amenazas por parte de conocidas agencias de inteligencia israelíes contra personal de la Corte Penal Internacional con el fin de desbaratar las investigaciones de crímenes israelíes.
Para entonces la Corte había guardado silencio sobre el expediente palestino, un silencio que duraría cinco meses. Los observadores de la Corte se preguntaban y se preocupaban por el retraso sin precedentes en la emisión de las órdenes. Y entonces, en algún momento a principios de octubre, publicaciones pro israelíes empezaron a difundir acusaciones anónimas en las que se acusaba al fiscal de la CPI de acosar a una funcionaria.
Pocos días después, el 20 de octubre de 2024, la CPI anunció que Motoc, el presidente de la sala de tres jueces encargada de decidir si se emitían órdenes de detención contra el primer ministro y el ministro de Defensa de Israel, había dimitido repentinamente. Citando «motivos de salud» no especificados, la Corte no proporcionó más información. Motoc fue sustituido por el juez esloveno Beti Hohler, y el juez francés Nicolas Guillou preside ahora la sala.
En tiempos normales, estos acontecimientos apenas se notarían. Pero estos no son tiempos ordinarios, y este no es un caso ordinario.
Israel, un Estado que había disfrutado de 75 años de impunidad respaldada por Occidente, por fin, al parecer, tenía que rendir cuentas por sus crímenes. Ya sometido a juicio por genocidio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y objeto de una serie de autos provisionales allí, los dirigentes israelíes recibieron en mayo un aviso del otro lado de la ciudad de La Haya de que la red seguía cerrándose.
La solicitud presentada en mayo por el fiscal a la CPI de órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant provocó la previsible respuesta de Israel, que lanzó airadas recriminaciones, invectivas y las habituales difamaciones tácticas contra la Corte. Al instante se le unieron sus aliados gubernamentales occidentales para atacar la petición del Fiscal, y funcionarios estadounidenses llegaron incluso a amenazar a la propia Corte. Ahora, el retraso en la emisión de las órdenes de detención, seguido del anuncio de la sustitución del presidente del Tribunal, ha suscitado serias dudas sobre el funcionamiento del Tribunal y sobre posibles maniobras ocultas.
Interferencias y retrasos
El hecho de que este retraso de cinco meses se produzca tras casi una década completa de estancamiento desde que se abrió la primera investigación preliminar sobre los crímenes de Israel en Palestina no ha hecho sino exacerbar esos temores.
En comparación, una solicitud de orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin fue atendida por la CPI en tres semanas. Y en sus otros casos, la Corte ha tardado una media de ocho semanas en emitir órdenes de detención.
La llegada de estos últimos acontecimientos tras las revelaciones de años de amenazas y acoso a jueces y funcionarios de la Corte por parte de agentes de los servicios de inteligencia israelíes y funcionarios de gobiernos occidentales, ha puesto en máxima alerta a los seguidores de la Corte y a quienes se oponen a la impunidad israelí.
En un caso, el propio jefe del Mossad amenazó a la anterior fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y a su familia. (En su haber, Bensouda resistió los ataques y, actuando con valor y principios ejemplares, procedió a abrir una investigación sobre los crímenes israelíes).
Se espera que el cambio de jueces en este caso prolongue aún más la decisión sobre las órdenes de detención en un proceso ya desmesuradamente retrasado. Y los retrasos sin precedentes (y ahora agravados) han suscitado dudas sobre si hay factores «entre bastidores» en juego.
Pero Israel no es el único Estado que interfiere en la labor de la CPI. Actuando en nombre de Israel, legisladores estadounidenses, el Departamento de Estado y funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos han unido sus fuerzas para presionar, amenazar e intentar descarrilar el caso contra funcionarios israelíes, amenazando incluso con sanciones contra la Corte.
Riesgos de peso
Aunque es imposible saber cómo fallarán finalmente estos jueces, y no hay nada en el expediente público que ponga en duda su integridad judicial, los cambios en la composición de la sala también podrían tener importantes implicaciones de fondo. Por ejemplo, la nueva jueza Hohler publicó un artículo en 2015 (mucho antes de incorporarse a la CPI) en el que sugería que la complementariedad podría impedir el escrutinio de Israel porque «Israel en general tiene un sistema jurídico que funciona bien, encabezado por un Tribunal Supremo respetado.»
Dejando a un lado las amplias críticas internacionales al Tribunal Supremo israelí (ya evidentes en 2015) por su largo historial de aprobación de políticas de apartheid y crímenes de Estado contra los palestinos, y por su largo historial de tolerancia con los crímenes de guerra israelíes, desde entonces ha quedado claro que Israel no tiene intención de investigar o procesar a Netanyahu o Gallant por los crímenes alegados en la solicitud de órdenes de detención del fiscal de la CPI.
Debemos esperar que la juez Hohler se dé cuenta a estas alturas de que cualquier objeción de complementariedad (es decir, que Israel se investigará a sí mismo) carece totalmente de fundamento, como ya ha constatado la Corte Internacional de Justicia. Pero su anterior evaluación profundamente distorsionada del sistema judicial israelí es, no obstante, motivo de preocupación. En el mismo artículo, la juez Hohler también dio a entender que las consideraciones políticas externas pueden influir en las decisiones de la Corte porque «la CPI depende en gran medida del apoyo de sus Estados partes, incluso para cualquier tipo de ejecución, así como para garantizar realmente la comparecencia de los presuntos autores en La Haya».
Si bien esto puede ser cierto, y muchas partes del estatuto (de Roma) de la CPI son aliados occidentales de Israel, las preocupaciones sobre la aplicación no deberían desempeñar ningún papel en las decisiones de los jueces sobre el fondo.
Por su parte, el nuevo magistrado presidente Guillou, de Francia, llegó a la Corte con un marcado perfil «antiterrorista». Anteriormente fue Jefe de Gabinete del Presidente del Tribunal Especial para el Líbano, que condenó a un miembro de Hezbolá por el asesinato de Rafik Hariri en 2005, y antiguo enlace con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde colaboró (entre otras cosas) en enjuiciamientos antiterroristas en el momento álgido de la muy abusiva «guerra contra el terrorismo» estadounidense. El juez Guillou también ha defendido públicamente (antes de incorporarse al Tribunal) el enjuiciamiento del «terrorismo» no estatal en tribunales internacionales (lo que sólo ha ocurrido en el Tribunal del Líbano, en el que prestó sus servicios), a pesar de la falta de una definición de terrorismo en el derecho internacional y por encima de las objeciones de los defensores de los derechos humanos y otras personas preocupadas por el efecto jurídico corrosivo de los encuadramientos de la «guerra contra el terrorismo» en materia penal y en situaciones de conflicto armado.
Nada de esto prueba irregularidades en el cambio de composición de la sala, ni sugiere indicios de nada poco ético por parte de los jueces. Pero tampoco el Derecho es una máquina en la que se llega a decisiones basadas en la aplicación neutral de la ley a los hechos. Las opiniones, experiencias, predisposiciones y sesgos de los jueces importan. Cualquiera que pretenda influir en el tribunal lo sabrá. Y este hecho ni siquiera tiene en cuenta la influencia corruptora de las amenazas israelíes y las campañas de presión de Estados Unidos contra el personal de la CPI.
Los defensores de los derechos humanos recuerdan bien cómo una campaña de presión similar lanzada por Israel contra el juez Richard Goldstone, que dirigió la Misión de Investigación de la ONU sobre Gaza en 2009, obligó a Goldstone a retractarse esencialmente de las conclusiones de la Misión, destruyendo efectivamente su reputación en los círculos jurídicos internacionales y de derechos humanos después de una carrera de décadas en el derecho.
Acusar al fiscal
Para aumentar la preocupación por los ataques a la independencia de la Corte, en octubre una pequeña cuenta X anónima tuiteó acusaciones infundadas de terceros de que el fiscal de la CPI, Karim Khan, había acosado a una empleada. De algún modo, el Daily Mail, un tabloide inglés pro israelí de derechas (que se ha hecho famoso por publicar desinformación israelí y que ha sido prohibido por la Wikipedia inglesa por su falta de fiabilidad y sus invenciones) encontró esta pequeña cuenta X y reprodujo las acusaciones. A partir de ahí, la historia se repitió en sitios de noticias pro israelíes de todo Occidente. Aunque es imposible saber si hay algo de verdad en las acusaciones, Khan las ha negado y ha dicho que forman parte de la campaña de amenazas y acoso contra él y el Tribunal por su trabajo. Por su parte, la presunta víctima no presentó ninguna denuncia, y ni ella ni el Mecanismo de Supervisión Independiente (MSI) del Tribunal consideraron oportuno proceder a ninguna investigación o acusación. Lo que está claro, sin embargo, es que esta acusación anónima se convirtió rápidamente en forraje para una campaña de deslegitimación contra el Fiscal y, por extensión, contra la CPI.
Los medios de comunicación proisraelíes y los grupos de apoyo, viendo el valor propagandístico de vincular las acusaciones al caso contra Netanyahu y Gallant, informaron de ellas con titulares como «El fiscal de crímenes de guerra que acusó a Netanyahu, acusado de conducta sexual inapropiada», en un claro intento de desacreditar los cargos contra los acusados israelíes.
Estafar a La Haya
Lo que sí sabemos es que (1) la Corte, ya sea por miedo o por favoritismo, ha sido reticente durante mucho tiempo a avanzar en los casos contra israelíes, (2) las agencias de inteligencia y los actores gubernamentales israelíes y occidentales han estado trabajando para presionar a los jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional, y (3) los retrasos en el expediente de Palestina ya no tienen precedentes. Con estos conocimientos, debemos plantearnos al menos tres preguntas:
En primer lugar, si los «motivos de salud» del juez Motoc contribuyeron a ello o fueron la tapadera de algo más siniestro.
En segundo lugar, si los subsiguientes nombramientos sustitutorios estuvieron en absoluto influidos por las posiciones de fondo de los jueces, presuntas o reales.
Y en tercer lugar, si los cambios estaban diseñados para justificar nuevos retrasos en los procedimientos, beneficiando así a los acusados israelíes y proporcionando más tiempo para manipulaciones de trastienda.
Salvo nuevas filtraciones o revelaciones de la CPI, es posible que no conozcamos la respuesta a estas preguntas hasta que haya sonado el martillo, si es que llega a sonar. Pero conociendo el hecho de que los retrasos judiciales siguen aumentando incluso cuando el exterminio en Palestina continúa sin cesar, junto con el conocimiento de que actores nefastos han estado apuntando a la Corte para obstruir la justicia, la vigilancia pública es imperativa.
Tanto la CPI como quienes pretenden corromperla deben saber que el mundo está observando.
Riesgo para la reputación
De hecho, la reputación de la CPI, de sus magistrados y de su actual fiscal ya está muy dañada, debido no sólo a una década de retrasos en el caso de Palestina, sino también a un desequilibrio dramático en la acción a nivel mundial.
La Corte se ha centrado casi por completo en el Sur global y en presuntos adversarios de Occidente. Hasta la fecha, los perpetradores de Israel y de todos los demás países occidentales han gozado de total impunidad en virtud del Estatuto de Roma de la CPI.
Para los Estados del Sur global y los defensores de la justicia de todo el mundo, la CPI es cada vez más sospechosa. Si no se hace justicia en el caso actual, y cualquier percepción de parcialidad a favor de Israel, cualquier concesión a la presión de Estados Unidos o a los patrocinadores occidentales de la Corte, representará casi con toda seguridad el principio del fin de la CPI.
Perseguir los delitos contra la administración de justicia
Pero Israel y Estados Unidos deberían tomar especial nota. El riesgo al que se enfrentan va más allá del mero riesgo para su reputación. El tipo de injerencia en la que se han visto envueltos no es sólo un escándalo moral, sino también una violación del derecho internacional. Y algunos de los actos revelados podrían ser objeto de enjuiciamiento penal por la propia Corte.
El artículo 70 del Estatuto de Roma de la CPI codifica los delitos contra la administración de justicia y, lo que es más importante, otorga a la Corte competencia para enjuiciarlos.
Entre ellos se incluyen «obstaculizar, intimidar o influir de manera corrupta en un funcionario de la Corte con el fin de obligarlo o persuadirlo de que no cumpla sus funciones o las cumpla indebidamente» y «tomar represalias contra un funcionario de la Corte a causa de las funciones desempeñadas por éste u otro funcionario» (entre otros delitos). Los condenados por estos delitos pueden ser encarcelados por la CPI hasta cinco años.
Además, todos los Estados Partes en el Estatuto de Roma estarían legalmente obligados a perseguir estos delitos si son cometidos por sus nacionales o en su territorio. Aunque Estados Unidos e Israel no son partes en la CPI, la mayoría de sus aliados occidentales más cercanos sí lo son y estarían obligados a cooperar. Los Países Bajos, donde se encuentra la CPI, están obligados, en virtud de un acuerdo con la Corte como país anfitrión, a garantizar la seguridad del personal de la Corte y a protegerla de injerencias.
De hecho, los fiscales neerlandeses están estudiando emprender acciones legales contra altos funcionarios de los servicios de inteligencia israelíes por sus presiones y amenazas contra funcionarios de la CPI en los casos de Palestina.
Última oportunidad para la justicia
Los riesgos para la CPI son reales. Tanto Israel como Estados Unidos han demostrado que no respetan el Estado de derecho y que no tienen reparos en amenazar o corromper de cualquier otro modo a la Corte. La propia CPI tiene un largo camino por recorrer para demostrar al mundo que está comprometida con el papel de justicia universal que se le ha encomendado, en lugar de servir como un mero brazo selectivo del poder occidental. Pero la solidez del caso contra Netanyahu, Gallant y otros dirigentes israelíes, en el primer genocidio del mundo retransmitido en directo y bajo el resplandor de una atención pública sin precedentes, da motivos para la esperanza.
Hoy, Israel está siendo juzgado, sus dirigentes están siendo juzgados y el propio sistema de justicia internacional está siendo juzgado.
Actores nefastos están trabajando tanto públicamente como en la sombra para obstruir el curso de la justicia.
Para que prevalezca la justicia, todos debemos permanecer vigilantes.
* Craig Mokhiber es abogado internacional especializado en derechos humanos y ex alto funcionario de las Naciones Unidas. Dejó la ONU en octubre de 2023, escribiendo una carta muy leída en la que advertía del genocidio en Gaza, criticaba la respuesta internacional y pedía un nuevo enfoque para Palestina e Israel basado en la igualdad, los derechos humanos y el derecho internacional.
– Nota original: Turmoil at the ICC as fears rise over Israel and the U.S. interference
– Edición en castellano tomada del blog personal de Rafael Poch de Feliu
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