Franquismo: el garrote vil de Mariano Rajoy

José Utrera Molina, un ultramontano, familiar del funcionario con el que el presidente de España resiste la querella por crímenes del franquismo.

“No figuran todos, pero esto recién empieza", dice Carlos Slepoy, diez horas antes de subirse al avión que lo llevará nuevamente a Madrid. El argentino, uno de los abogados que con más tozudez, dignidad y valentía enfrentó a la dictadura militar, viene trabajando desde el 2010 en España en el desarrollo de la única querella que hoy existe abierta en el mundo contra los crímenes ocasionados por el franquismo. La causa tiene en la actualidad 150 denuncias, y otras tantas en preparación, que sirven como muestra de la magnitud del genocidio que se investiga: 115 mil desapariciones y asesinatos, y por lo menos 30 mil niños robados que sufrieron cambio de identidad.

La expresión de Slepoy se refiere a lo decidido por la jueza María Servini la semana pasada, cuando después de reunirse varias veces con una delegación que cruzó el Atlántico y le pidió agilidad en el trámite, ordenó la detención internacional y extradición al país de cuatro imputados: Celso Galván Abascal, Jesús Muñecas Aguilar, José Ignacio Giralte González y Juan Antonio González Pacheco, conocido como "Billy el Niño". La querella, en realidad, apunta en esta primera etapa a esos genocidas y a cinco más: Rodolfo Martín Villa, Fernando Suárez González, Rafael Gómez Chaparro Aguado, Jesús Cejas Mohedano y José Utrera Molina. El garrote vil del presidente español Mariano Rajoy.

Salven a mi suegro

La representación de las víctimas, llevada adelante desde Europa por Slepoy y Ana Messuti, y desde Argentina por los doctores Máximo Castex, David Baigún, Beinusz Szmukler y Ricardo Huñiz, comenzó denunciando esas desapariciones, muertes y apropiación de menores desde el inicio de la llamada Guerra Civil (ver entrevista) hasta la muerte de Francisco Franco, en 1975. Pero después se extendió hasta la actualidad, a partir del aporte de asociaciones españolas que advirtieron maniobras de sustracción de criaturas en tiempos de democracia.

Después de un frustrado viaje de Servini a Madrid para tomar testimonio a familiares de asesinados y desaparecidos, el año pasado se planteó como opción las videoconferencias desde Europa, suspendidas en tres oportunidades por supuestas cuestiones burocráticas. La última vez que deberían haberse producido, el Estado español adujo que no respetaban "tratados internacionales" en materia jurídica.

Pero la razón del boicot era otra. Entre los genocidas buscados, además de los cuatro que Servini ordenó detener la semana anterior, figura Utrera Molina, reconocido ultramontano franquista de 86 años, suegro del actual ministro de Justicia de Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón. Utrera Molina está imputado por haber integrado el gobierno que sentenció a muerte a Salvador Puig Antich, ejecutado mediante garrote vil el 2 de marzo de 1974. Antich militaba en el Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) junto con otros jóvenes anarquistas como Santi Soler y Xavier Garriga, y en septiembre de 1973 participó de un tiroteo en el que se enfrentó con un grupo franquista que lo venía siguiendo. Después de su detención, fue acusado supuestamente por haber matado al subinspector Francisco Anguas Barragán, sin pruebas, y en un juicio sumarísimo armado por los criminales. Molina estampó su firma en la orden de ejecución, para que un verdugo ajustara el cuello de Salvador con un collar de hierro hasta destrozarle la garganta.

El anciano es el principal referente de la Fundación Francisco Franco. Empezó a militar en las fuerzas de choque del régimen como parte del Frente de Juventudes (organización juvenil del partido fascista), carrera que coronó en 1975 al ocupar el Secretariado General del Movimiento y la Vicepresidencia del Consejo Nacional, poco antes de la muerte del dictador. Fue también presidente del Banco Rural. En 2010 escribió un artículo de opinión en el diario ABC, en el que calificaba la Ley de Memoria Histórica, y el intento por investigar los crímenes y desapariciones impuestos por Franco, como una "vandálica invasión del gobierno socialista".

Los genocidas que siguen paseando por la calle

La Red Ciudadana contra los Crímenes del Franquismo (Aqua) armó una lista con más de 300 asesinos identificados, entre los que se encuentran varios que integran la querella manejada por Servini.

Algunas historias del grupo de los nueve:

– Villa fue senador, asambleario y ministro entre 1976 y 1979. Lo llamaban "la porra de la Transición", por sus órdenes de reprimir manifestaciones obreras y estudiantiles. Está acusado de comandar operaciones parapoliciales con mano de obra fascista, y de ser responsable directo de la muerte de cinco trabajadores durante una jornada de huelga en marzo del '76 en la iglesia Vitoria de San Francisco de Asís. Villa no ahorró balas, como pedía Sarmiento: decidió terminar el pleito ordenando a la policía abrir fuego contra los 5000 manifestantes que ocupaban pacíficamente el lugar. Es uno de los empresarios más exitosos de España. Nunca renegó de su pasado franquista, y hasta hoy lo reivindica.

– A González Pacheco lo llaman "Billy el Niño". Está mencionado en 17 querellas como responsable de malos tratos, torturas, lesiones y distintos delitos contra estudiantes y militantes sindicales contrarios al régimen. Siempre absuelto por no presentarse a los juicios y gracias a la enorme habilidad de sus abogados, terminó gozando de cierta tranquilidad gracias a la Ley de Amnistía de 1977, extendida a "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley". Prestó declaración ante la Audiencia Nacional por su presunta relación con los asesinos de los abogados de Atocha, y por los grupos antiterroristas paramilitares Antiterrorismo ETA y Batallón Vasco Español. El 1 de julio de ese año '77, Villa lo condecoró con la "Medalla de Plata al Mérito Policial", y le organizó una cena homenaje "como desagravio a la persecución de la que es objeto por parte de algunos medios de comunicación". Al acto asistieron cien policías, entre ellos Manuel Ballesteros, luego jefe del Mando Único de la Lucha Antiterrorista. En esa época pasó a formar parte de la Brigada Central de Información, luego transformada en la Brigada Antiterrorista, a las órdenes de otro viejo y conocido genocida: Roberto Conesa.

– El comienzo político de Suárez, como tantos otros fascistas de su país, se dio en el Sindicato Español Universitario (SEU). Fue director del Instituto de la Juventud, jefe del Instituto Español de Emigración, y titular de la cartera de Trabajo en 1975. Mientras desempeñaba ese cargo firmó, junto con el resto de los ministros de entonces, la sentencia de muerte de los últimos asesinados por el franquismo, en septiembre del '75: José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot y Angel Otaegui.

* Artículo publicado por el diario “El Tiempo”

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