Franquismo pavloviano en el kilómetro cero del negacionismo histórico
Por Luis Suárez-Carreño*
No descubro nada si afirmo que la Comunidad de Madrid es cada día noticia por la forma en que la gestión del gobierno regional acumula récords; un par de ellos recientes: los recortes a la financiación de sus universidades públicas, reducida hasta la inanición en justo castigo por -en palabras de la visionaria presidenta- ser centros de adoctrinamiento progresista-, la tasa más baja de gasto sanitario por habitante, o la velocidad en la producción de cambios legales mayúsculos mediante el trámite de urgencia evitando que la oposición o la ciudadanía tengan ocasión de incordiar con sus reparos, véase la última ‘Ley Ómnibus’, ahora en tramitación…
Hoy quiero aquí referirme a otro prodigio, su negacionismo histórico y memorialista, materia en la que tanto el gobierno regional como su fiel -o más bien mimético y servil- alcalde de la capital nos han obsequiado recientemente con actuaciones memorables… perdón, memorables apesta a memoria, digamos notables.
Empecemos por la incoación del expediente para declaración de lugar de memoria democrática del edificio de la antigua Real Casa de Correos, posterior DGS (Dirección General de Seguridad) y actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, publicada por el BOE el pasado mes de octubre. Según la alegación presentada por la Consejería de Presidencia de la Comunidad, ‘tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo histórico es una auténtica barbaridad’ (cita literal). Por el contrario, según la Consejería, el edificio actualmente es ‘un espacio de concordia y reconciliación para todos los madrileños’.
El argumento ‘de peso’ esgrimido por la Comunidad es que ‘la Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que ha vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos’, y que “un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio”. Por supuesto a la Comunidad de Madrid ni se le pasa por la cabeza consultar la opinión de los miles de víctimas de las torturas en ese edificio que aún sobrevivimos; probablemente confía en que con el paso del tiempo nos vayamos extinguiendo y con ello buena parte del recuerdo de aquellos años.
Hay que empezar por recordar lo que la declaración de Lugar de Memoria Histórica (LMD) supone, porque a tenor de la reacción de la Comunidad de Madrid parecería que implicase su demolición o al menos su ocupación o confiscación. En realidad, la declaración, cuando llegue, que esperamos que llegue, ya que de momento lo único que hay es la incoación del expediente para su declaración, tiene un efecto más que nada simbólico e informativo: el LMD, una vez declarado, deberá disponer de medidas de protección, cosa que en el caso de la antigua DGS no es necesario puesto que ya está protegida por su declaración de BIC (Bien de Interés Cultural), así como de difusión, interpretación y promoción ciudadana (artículo 53 de la ley 20/2020 de Memoria Democrática). Es decir, nada que afecte a su integridad física ni al uso que tenga por parte de su propietario y ocupante, es decir, el gobierno de la Comunidad de Madrid.
Concretamente, el artículo 53.2 de la ley mencionada establece que el Estado debe producir medios explicativos sobre esos lugares, así como la instalación de placas o paneles interpretativos, y, en el caso de lugares en los que se hayan producido crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos, como es obviamente la antigua DGS, ‘se señalizará un punto de reconocimiento de las víctimas’.
En otras palabras, los LMD son un tributo a las luchas y las víctimas del pasado, así como un instrumento de conocimiento de nuestra historia y de fortalecimiento de la conciencia democrática colectiva. Es algo tan evidente desde el punto de vista democrático y del respeto a nuestra historia como inocuo o indiferente para el propio edificio y las actividades o usos que en él tengan lugar.
La doctrina del gobierno regional resulta verdaderamente innovadora y única en el contexto internacional: la Sra. Ayuso debería por ello generosamente compartirla y difundirla, explicar a países como Alemania, Portugal, Francia, Austria, Polonia, Sudáfrica, Camboya, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, EEUU, Canadá, Guatemala… por citar alguno, que sus lugares conmemorativos de crímenes contra los derechos humanos, esos que cuidan y veneran y son espacios de aprendizaje para sus jóvenes, deberían desaparecer pues corresponden siempre a periodos ínfimos de tiempo en relación a la inmensidad de la historia, a veces mucho más ínfimos que los 40 años (1939 a 1979) de la DGS. Por ejemplo, los campos de concentración nazis (un máximo de 8 ó 9 años), Villa Grimaldi en Chile (17 años de dictadura militar), o la ESMA en Argentina (7 años de dictadura militar), espacios de tortura y muerte como aquella.
Lugares que no sólo son monumentos y museos nacionales en sus países, sino que son promovidos y protegidos por Naciones Unidas a través de UNESCO y su Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, en cuya página de internet podemos leer: ‘Los lugares de memoria forman parte del patrimonio material e inmaterial de las comunidades’. Algunos hasta están incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de esa organización (Auschwitz, por ejemplo, nada menos que desde 1979). Qué aberración, ¿verdad, Sra. Ayuso?
Mientras tanto, y en leal alineación con su jefa regional, el ayuntamiento de Madrid, a iniciativa de la junta del distrito Moncloa-Aravaca, ha decidido cambiar el nombre a la actual Avenida de la Memoria por el de Avenida de la Concordia; avenida llamada de la Victoria hasta que en 2017 el ayuntamiento presidido por Manuela Carmena la cambió a ‘de la Memoria’… así, sin más, memoria, sin antifascista, antifranquista, ni siquiera democrática; como si fuera una loa a la salud mental y en contra del alzhéimer. Pues ni eso, ni la mención de la memoria a secas es tolerable para esta derecha que al parecer ha olvidado que el grupo popular del parlamento europeo votó a favor de la resolución ‘Sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa’ en septiembre 2019, donde entre otras cosas se dice:
‘Pide a la Comisión que preste apoyo efectivo a los proyectos que promueven la memoria histórica y el recuerdo en los Estados miembros y a las actividades de la Plataforma de la Memoria y la Conciencia Europeas, y que asigne recursos financieros suficientes en el marco del programa Europa para los Ciudadanos, con el fin de apoyar la conmemoración y el recuerdo de las víctimas del totalitarismo, tal y como se establece en la posición del Parlamento sobre el programa Derechos y Valores 2021-2027’
Ah, y sobre el comodín de la concordia ¿qué decir? A todos nos encanta la concordia, por supuesto, pero no como sustituta del conocimiento; esa que nos venden es una concordia ignorante o boba, concordia mediante supresión de la memoria, fake-concordia. O como ha dicho la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) al respecto: Sin Memoria no hay Concordia.
De lo anterior -y de muchos otros ejemplos similares en años recientes- se puede concluir que nuestras autoridades tanto autonómicas como municipales, si no son franquistas declaradas, desde luego no son antifranquistas, o, por decirlo barrocamente, son anti-antifranquistas: Ayuso y Almeida, y toda su tropa están abierta y militantemente contra el antifranquismo, esto es, en contra de cualquier medida que suponga recordar y, obviamente, condenar, el franquismo. Ya sabemos, no obstante, que dos negaciones equivalen a una afirmación, y aunque nuestras autoridades no van por ahí diciendo abiertamente ‘Soy franquista ¿qué pasa?’, podrían calificarse como franquistas vergonzantes.
Hasta hace no mucho, aquí la derecha se mostraba más bien indiferente con la memoria del franquismo, como si no fuera con ellos; en los últimos años ha desarrollado en cambio una patológica intolerancia: saltan ante cualquier mención al tema, lo que, me temo, les delata. En eso recuerdan al Dr. Strangelove (magistralmente interpretado por Peter Sellers) en la mítica película de Kubrick ‘Teléfono rojo, volamos hacia Moscú’, aquel nazi reconvertido en científico al servicio de los EEUU en plena guerra fría, cuya mano se le disparaba hacia el cielo de forma involuntaria o como reflejo pavloviano.
Las autoridades madrileñas reaccionan pavlovianamente, es decir en modo reflejo, a cualquier referencia a la memoria del franquismo. Si los perros del Dr. Pavlov salivaban mecánicamente ante un estímulo asociado a la comida, aún sin presencia de esta, nuestras autoridades salivan anti-antifranquismo ante cualquier estímulo que ellas asocian al antifranquismo, como el simple concepto de ‘memoria’. Un síndrome que afecta de manera especialmente agudo a la Sra. Díaz Ayuso que habla ya de una francosfera… el fantasma del antifranquismo la persigue.
Madrid, kilómetro cero del negacionismo histórico, donde, a día de hoy, ningún espacio público informa y documenta sobre su turbulenta y trágica segunda mitad del siglo XX. Una ciudad abierta de par en par al turismo, la privatización y la desigualdad; cerrada a cal y canto al reconocimiento de su pasado y de sus víctimas.
* Miembro de la Plataforma por el Centro de Memoria Cárcel de Carabanchel
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