Colombia. Gobernando desde los territorios y con las comunidades
Por Pedro Santana Rodríguez*.
Brevemente descrita la coyuntura colombiana se caracteriza por una situación económica en que crece la economía en medio de una crisis global, si bien las tasas de crecimiento no son las óptimas, la característica de la economía colombiana es que crece más que sus pares de la región Latinoamericana, con un crecimiento del 3%
También es uno de los países que más crece en el conjunto de los países que conforman la OCDE. Esta tasa de crecimiento es difícil de mantener, pero todos los pronósticos que se hacen desde afuera sobre la economía colombiana, los del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, apuntan a unos pronósticos cercanos al 2% para la economía colombiana.
A ello ha contribuido en primer lugar el dinamismo del sector interno de la economía, los relativamente buenos precios de los hidrocarburos, del carbón y del café, la reforma tributaria que entrega más recursos al Estado para la atención de la inversión social y en primer lugar el estímulo a la siembra de los alimentos con la rebaja de los insumos y el crédito que ya viene redundando en la baja, aunque aún leve, de la inflación, uno de cuyos componentes más importantes es la importación de los alimentos (27%). Colombia importa cerca de 15 millones de toneladas de alimentos principalmente trigo, maíz y frijoles para el consumo humano, pero también para la alimentación de los animales. En la medida en que se profundicen las políticas que impulsan la soberanía alimentaria con el estímulo a la producción de los alimentos este rubro debe descender de forma significativa. También ha contribuido a ese resultado el incremento de la inversión externa.
En el frente político como ya hemos indicado la característica principal de esta coyuntura es el realinderamiento de las fuerzas políticas, el estancamiento en el Congreso de las reformas sociales más importantes: la de la Salud, la pensional y la laboral; la crisis de la coalición con los partidos tradicionales, Liberal, Conservador y de la U, que aún no culmina y también la aprobación en el Congreso de la República de importantes proyectos como la reforma tributaria, el marco jurídico para la paz, la jurisdicción agraria, el tratado de Escazú, la reforma constitucional que le confiere al campesinado ser sujeto de derechos, el Plan Nacional de Desarrollo, la matrícula gratuita para el ingreso a las universidades públicas, la ley de paridad en los altos cargos del gobierno, y la modernización del Código electoral, aunque este último con problemas que deberá examinar la Corte Constitucional en su examen previo a su vigencia, pues se trata de una ley estatutaria.
Es lo que he calificado como un balance agridulce, es decir, contradictorio pues se avanza sobre todo en materia agraria pero las reformas estructurales al modelo no avanzan con la celeridad requerida si este gobierno quiere dejar trazada la ruta de una transición hacia una democracia más profunda en lo político y más equitativa en lo social. Un aspecto nodal de esta transición democrática es el desmonte de las reformas neoliberales en sus aspectos más nocivos: la privatización del sistema de salud y la conversión de esta en una mercancía, se requiere legislar desde la perspectiva del derecho fundamental a la salud como lo mandata la ley estatutaria 1751 de 2015; la dignificación del trabajo y la recuperación de derechos como el pago de las horas extras, el pago del 100% de los dominicales y festivos, la eliminación o en todo caso la reducción al mínimo de los contratos laborales basura sin prestaciones sociales ni seguridad social y las facilidades para que los trabajadores se puedan organizar en sindicatos que es una institución democrática para la protección de sus derechos, y un sistema de pensiones que avance en su cobertura que es muy baja inferior al 25% de los trabajadores y que otorgue un ingreso mínimo a las personas de la tercera edad que no lograron reunir las condiciones para tener una pensión digna. Estas reformas fueron el eje programático de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.
El conflicto armado muestra en el mejor de los casos un estancamiento pues el avance de los procesos de diálogo y negociación, como era de esperarse, es lento. Han disminuido, pero no desparecido los asesinatos de los líderes sociales, el Estado y su fuerza pública no controlan todo el territorio donde se sigue desarrollando una confrontación entre distintos actores que tiene como principal causa el control sobre las economías ilegales ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal. El cese al fuego entre el Estado y los diversos actores armados no ha sido respetado y el gobierno ha logrado un acuerdo para un cese al fuego bilateral con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que deberá iniciarse el 5 de agosto previa negociación con esta guerrilla de los protocolos y los mecanismos de verificación que se negocian actualmente. Este 30 de junio vence el cese bilateral con las Disidencias de las FARC, autodenominadas Estado Mayor Central, que dirige Iván Mordisco. Indepaz ha podido verificar más de 120 violaciones por parte de esta organización y cinco violaciones por parte de la Fuerza Pública. Es aconsejable su continuidad, pero a condición de avanzar en los mecanismos de verificación y monitoreo del mismo que no se ha hecho y de dónde provienen buena parte de sus problemas. Terminada esa negociación se debe dar inicio sin dilaciones a la instalación de la Mesa de Diálogo y negociación con esta insurgencia.
Por otra parte, se avanza en el diálogo y los acercamientos con las bandas y combos armados ligados a la llamada macrocriminalidad. Estos avances son importantes en Buenaventura donde hay logros significativos en la disminución de la violencia y también en el Valle del Aburra y Antioquia. Estos avances no son del todo entendidos por el Congreso de la República que en la pasada legislatura no avanzó en el debate sobre el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia de estas organizaciones criminales. Si bien para su avance se puede utilizar el marco jurídico de la Ley 975 de 2005 conocida como la ley de Justicia y Paz, se requiere con cierta urgencia que el Congreso apruebe la ley que ha sido presentada a consideración del Congreso de la República. Esta ley debe ser socializada y discutida con los voceros de estas organizaciones, si se quiere avanzar en su sometimiento. El gobierno deberá sortear los obstáculos que a diario interpone el fiscal General, Francisco Barbosa más interesado en el protagonismo político y en la oposición al gobierno que en facilitar los procesos de paz. También debe emplearse a fondo en la defensa de la constitucionalidad de la ley 2272 que ha sido demandada por la oposición y que por lo pronto tiene ponencia negativa por parte del magistrado Jorge Enrique Ibañez, magistrado conservador de la Corte Constitucional. Allí tendrá que acudir el gobierno para defender la constitucionalidad de la norma. No es fácil avanzar pues los enemigos agazapados de la paz están incrustados en los más altos organismos del Estado.
Gobernar desde los territorios y con las comunidades
En medio de las marchas en favor de las reformas del 7 de junio, de las marchas de la oposición en contra de estas reformas el 20 de junio, del cerco informativo, la desinformación y las mentiras propagadas desde los grandes medios de comunicación, que son la verdadera oposición, pues ya ni siquiera lo disimulan. La directora de la Revista Semana, Vicky Dávila, llamo desde su cuenta de twitter a marchar con la oposición este 20 de junio. En medio de la crisis mediática y de los escándalos ligados a su familia, su hermano Fernando y su hijo Nicolas, y del affaire protagonizado por el embajador en Venezuela Armando Benedetti y su jefa de gabinete, Laura Sarabia, el presidente Gustavo Petro decidió trasladar a todo su gabinete a gobernar durante esta semana desde la Guajira. Este departamento es uno de los más afectados por el dominio político de los clanes regionales mafiosos que han controlado desde hace decenas de años el poder departamental y los poderes municipales, en este caso el clan mafioso ligado a Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar. Allí hay unas poderosas estructuras mafiosas ligadas con el narcotráfico y el contrabando que han logrado controlar los poderes políticos de la región.
Petro decidió a mi juicio de manera acertada trasladar al alto gobierno para hacer frente a la problemática de una de las regiones más bellas de nuestro país, pero al mismo tiempo más pobres y olvidadas por los gobiernos centrales al punto que la Corte Constitucional declaró el 8 de mayo de 2017 el estado de cosas inconstitucional en la Guajira y adujo entre otras razones la muerte de más de 4.770 menores por causas asociadas a la desnutrición (Sentencia T/302 de 2017). Pobreza, desempleo, crisis del sistema de salud, minería y extractivismo, falta de políticas públicas que promuevan el desarrollo regional, grandes proyectos de generación de energía eólica, una etnia indígena de las más grandes del país, la comunidad Wayúu, dominio de clanes mafiosos ligados a los partidos tradicionales, todo ello es parte de la problemática de esta región. Pero también es parte de sus potencialidades.
Ante el cerco mediático al que han sometido los grandes medios de comunicación a su gobierno, Petro traslada el gobierno a las regiones para hacer frente a la problemática y de paso para responder a las órdenes de la Corte Constitucional, esto tiene a mi juicio dos consecuencias, la primera acercar el gobierno a la gente. Este ha sido un gobierno mayoritariamente de escritorio con la excepción del proceso de los diálogos regionales para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, de las Audiencias, Cumbres y Encuentros para discutir la reforma a la salud, y del proceso de la Convención Nacional Campesina y de la Convención Comunal el gobierno ha sido de escritorio, es decir gobierna desde Bogotá. También, aunque no se han vuelto a realizar los Consejos de Seguridad y la instalación de los llamados Puestos de Mando Unificado, han sido mecanismos de participación importantes. Petro quiere acercar el gobierno a la gente, consultarla, escucharla y avanzar en poner en marcha políticas para enfrentar estos problemas. Es un salto adelante para no dejarse aislar de quienes quieren debilitar a su gobierno.
Una segunda consecuencia es que se adelanta al proceso electoral que esta en marcha para la elección de las autoridades locales y regionales poniendo en el centro de la atención de las comunidades en esas regiones cuáles son sus necesidades más sentidas y urgentes y cuáles los proyectos que deberán ponerse en marcha. Es un reto a los partidos tradicionales que aliados con las mafias en esas regiones las han condenado al atraso y a la violencia. En cierta forma quiere ubicar problemas que la gente debe reclamar a quienes aspiran a gobernarlos.
Claro que esta estrategia tiene riesgos uno de los cuales es que se descuiden los proyectos estratégicos de carácter regional y nacional que están debidamente formulados y financiados en el Plan Nacional de Desarrollo y que deben ejecutarse desde las carteras ministeriales y los institutos descentralizados del orden Nacional. Este es el riesgo de la dispersión. El otro riesgo es el del incumplimiento con los acuerdos a que se lleguen con las comunidades en estas regiones. El gobierno deberá establecer quién hace el seguimiento que debería ser efectivamente un jefe o jefa de gabinete que establezca una pantalla de control y el seguimiento de los acuerdos con las comunidades. Pese a los riesgos esta estrategia es una buena respuesta al filibusterismo de los partidos tradicionales y una salida democrática para avanzar en la alianza del gobierno con el pueblo y sus organizaciones sociales.
* Pedro Santana Rodríguez es Director de la Revista Sur
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