Guatemala, Colombia, España La impunidad de los genocidios se celebra el Día de la Raza

Por Javier Sáenz Munilla*

Porque a la velocidad y complacencia con que vienen dándole, hacia atrás, a la manivela de la moviola, en un par de años si no antes, vuelven a llamar así a la actual Fiesta de la Hispanidad. Al fin y al cabo sólo le cambiaron el nombre y siguen celebrando y desfilando como mandriles -la cabra les imita- con el mismo propósito. Aunque como llaman “Héroes y Santos” a los conquistadores, quién dice que no vayan a nombrar el día como del Santo Genocidio.

En la víspera de tan infausta celebración, tuvo lugar en el Ateneo La Maliciosa de Madrid, un acto organizado por Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Icid) y las Brigadas Internacionales de Paz, de cuyas conclusiones, que ponen los pelos como escarpias a cualquier ser humano sensible, me dispongo a dar cuenta aquí.

Bajo el título de “Derecho a la memoria, acceso a la justicia y lucha contra la impunidad en Colombia y Guatemala”, que es también el nombre de la gira internacional que ha traído a Europa a varias víctimas y defensores de los DD.HH. de ambos países, este acto público tuvo un encuentro previo de solidaridad e intercambio de experiencias en el que participaron junto a los visitantes miembros de organizaciones españolas memorialistas, como La Comuna de los Presxs del franquismo o Ceaqua, coordinado por la dinámica Nuria Tovar de Icid.

En el encuentro previo pudimos escuchar la presentación emotiva y lúcida de una mujer de 89 años, llegada desde Guatemala para exponer uno de los múltiples casos del genocidio indígena en su país: el de su hija Luz Leticia Hernández, a la que lleva más de 40 años buscando, tras ser desaparecida por los militares el 21 de noviembre de 1982. Ahí, sentada junto a sus hijas Mirtala y Marta, doña Valentina lucía orgullosa con las fotografías de Luz Leticia, como testigo vivo e incólume de esa tragedia. Doña Valentina fue una de las fundadoras del Grupo de Apoyo Mutuo. Recuerdo cuando llegué a Ciudad de Guatemala, en noviembre de 1984, recién iniciado el proceso electoral convocado bajo el terror aun vigente de la Junta Militar que encabezaba el general genocida Mejía Víctores, sucesor de su conmilitón ultra-genocida Ríos Montt, recuerdo a las mujeres del GAM, encerradas en la catedral, cómo asomaban temerosas tras una rendija de la puerta entreabierta para atender al periodista que trataba de entrevistarlas. Un grupo de mujeres, las que iniciaron la lucha, como aquellas primeras empañoladas de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Con el mismo fin, el de encontrar con vida a los desaparecidos. 30.000 en Argentina, un gran país suramericano. Idéntico número en aquel entonces en Guatemala, un pequeño país centroamericano, entonces con apenas 8 millones de habitantes y treinta mil desaparecidos. Hoy en Guatemala, las víctimas reclaman por 45.000 desaparecidos; entre ellos 5.000 niños. ¡Cuarenta y cinco mil! Principalmente campesinos, trabajadores, indígenas.

El genocidio maya

José Silvio Tay, es un sobreviviente del genocidio Maya-Katchel. Agricultor y campesino, representaba en el acto a la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR), de la que es asesor.

En el Genocidio maya, durante los años de dictadura militar y guerra contrainsurgente, entre 1960 y 1985, en el también conocido como Holocausto Silencioso, fueron asesinadas o desaparecidas unas 200.000 personas en al menos 626 comunidades indígenas mayas, una de ellas la del pueblo Katchel. Son datos de la llamada Comisión de la Verdad o del Esclarecimiento Histórico. Esta Comisión no estaba facultada para identificar a los responsables de los hechos criminales. Tarea que aún hoy tratan de adelantar, a duras penas, organizaciones como la de Jose Silvio Tay.

Ardua y consecutivamente boicoteadas por el poder real de militares y/o grandes empresarios y terratenientes, que bloquean una y otra vez las iniciativas que pretenden verdad, justicia y no repetición. El actual gobierno progresista (por fin tras décadas de dictaduras militares y civiles, llegó a la Presidencia de Guatemala Bernardo Arévalo, hijo nada menos que del gran presidente Juan José Arévalo quien llegó al poder tras la Revolución de 1944 durante cuyo mandato salió indemne de 30 intentos de golpe de estado) no tiene sino el poder político y las instituciones, especialmente la justicia, siguen cooptadas por la mafia precedente.

Pese a los acuerdos de paz de 1996, la asistencia a las víctimas de la guerra no existe. Como estableció el último gobierno civil, el del corrupto Otto Pérez Molina, corrupto como los anteriores, las ong’s no pueden recibir fondos. Primer obstáculo para las memorialistas, como la asociación AJR, empeñada en llevar ante los tribunales a los asesinos y dirigentes del genocidio Ixil, los general Benedicto Lucas García y Mejía Víctores. Lograron llevar a juicio e incluso a la cárcel al general Rios Montt, condenado a 80 años y quien apenas pasó unas semanas tras las rejas. La mafia logró que se ordenara la revisión del proceso y quedó libre para morir anciano en la su cama.

Con el presente gobierno de Arévalo, Tay cree que renacen las esperanzas, pero se mantiene muy cauto Tras 85 audiencias en los tribunales desde marzo de este año, espera ansioso sentencia para el año 2026, aunque añade “Si no viene antes un recurso de la mafia ante el tribunal y echa todo para atrás. Si es así, comenzaremos de nuevo y a esperar los años que se precise. No vamos a detenernos”.

500 años de abandono

Mirtala del Rosario sostiene desde la tribuna las fotografías de su hermana, desaparecida en la lucha urbana contra la dictadura en 1982. Cuando se le pregunta por la reparación que espera, responde que ni por 10.000 quetzales (la moneda y el pájaro nacional de Guatemala) van a vender la memoria. “Queremos saber la verdad, qué le pasó a Luz Leticia. Y queremos sus huesos. No quetzales. Queremos sus huesos, tenemos derecho”.
Mirtala es ahora la voz vibrante de Luz Leticia y también de los 45.000 desaparecidos. La voz de las víctimas del genocidio maya, de sus comunidades abandonadas y explotadas. “Las comunidades indígenas campesinas viven en la mayor de las pobrezas, 5 dólares al día un trabajador en las haciendas ¿cómo hace para dar de comer a 6 personas?. El gobierno no tiene fondos para la educación, porque se los robó el gobierno anterior. Sin arreglar las carreteras y caminos destruidos por las riadas…Este abandono no es de ahora; es de 500 años”. La sala estalló en aplausos. En el exterior, las banderolas de la propaganda postfranquista tremolaban en la víspera de la Fiesta Nacional. ¡Vaya Raza!

Cortinas de humo en Colombia

Sergio Arboleda Quevedo, de Medellín, Antioquia, departamento en el que ha sido victimado el 25% de los desaparecidos en la dizque democracia colombiana. Es abogado y Subdirector de la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Su empeño, de momento frustrado, es llevar ante los tribunales por genocidio al ex presidente ultraderechista y narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez.

Tan difícil se lo están poniendo en el progresista momento político que vive el país suramericano, que con fecha 7 de noviembre de 2023, la AJL y otros colectivos de abogados, en nombre de varias familias víctimas de ejecuciones extrajudiciales, decidieron acudir a la jurisdicción universal en Argentina, siguiendo la estela de la española Ceaqua.

Los ejecutados extrajudicialmente pertenecen al conocido caso de los `Falsos Positivos’. Hasta el momento 6.400 asesinados por militares y policías, la mayoría de ellos, muchachos que pasaban por ahí, varios indigentes, perseguidos sociales, a los que disfrazaron de guerrilleros, los asesinaron y cuyos ejecutores cobraron su victoriosa lucha contrainsurgente en forma de ascensos, medallas y pagas extra.

Sucedió entre 2002 y 2008, bajo la Presidencia del narco-paramilitar Álvaro Uribe Vélez. Pero en Colombia hay más de 100.000 desaparecidos y miles y miles de muertos en el conflicto que abrieron las derechas contra el pueblo al asesinar en 1948 al caudillo liberal Jorge Elíecer Gaitán.

¿Por qué los falsos positivos? Cuenta Arboleda cómo en el llamado Plan Colombia, Estados Unidos regó el país andino con miles y miles de millones de dólares para crear un poderoso ejército que derrotara a las guerrillas y acabara con el narcotráfico, dirigido en parte y consentido principalmente por militares y policías, entre otros funcionarios. Los dineros fueron en parte a la compra de armas, a veces revendidas por los militares a las guerrillas, y en parte a las arcas de generales y altos funcionarios. Llegó el momento en el que el Amo del Norte pidió resultados. Y los milicos, con su Comandante en Jefe Presidente Uribe al frente, los presentaron: 6.400, al menos, falsos guerrilleros caídos en combate.

Dice Arboleda, que con la “cortina de humo” que ha creado el gobierno de Colombia con la aplicación de la llamada “Justicia Transicional”, prevista en los acuerdos de paz firmadas con las FARC para juzgar y condenar a los responsables de la violencia, queda la idea de que así está sucediendo. Pero, para el abogado antioqueño, mayoritariamente se pone el acento en juzgar los crímenes de los guerrilleros y apenas los del Estado, se persigue a los ejecutores directos pero se esconden nombres y órdenes de los generales que los decidieron.

“La justicia militar se encargó de investigar esos crímenes. Los militares entorpecen y esconden las pruebas y no hay voluntad del Estado de esclarecer hechos y establecer responsabilidades. La JEP (Justicia Especial para la Paz) no permite que se investigue a ex-presidentes. Las víctimas no pueden confrontar con los ejecutores. Se limitan los casos a determinadas brigadas y batallones. En Antioquia sólo se investiga a la IV Brigada y hay cuatro más en el Departamento. Por eso acudimos a la querella argentina”.

España, en la misma senda

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) dictaminó que la actual Ley de Memoria Democrática, pese a sus indiscutibles avances, “ha consolidado el modelo de impunidad al impedir el acceso a la justicia de las víctimas del franquismo y de la transición”. La impunidad, dice Lara, es una decisión política y negar el acceso a los violadores de los derechos humanos es lo que impide la investigación de esos crímenes. Son crímenes contra la humanidad y el Derecho Internacional obliga a perseguir esos delitos y a juzgarlos. “Cuando escucho Justicia Transacional recuerdo las palabras de Slepoy -abogado impulsor de la querella y ya fallecido- quien dijo que la Justicia no necesita de ningún adjetivo”.

Las palabras de Lara aunaron los casos de los tres Estados cuyas víctimas y representantes llenaron las paredes del Ateneo La Maliciosa de hechos y cifras que claman Verdad, Justicia y Reparación. Era la víspera del Día de la Celebración de la Impunidad de los Genocidios, mal llamada Día de la Hispanidad. Fiesta Nacional en este estado-país de naciones.

Más información en: verdadjusticiaguatemalablog.wordpress.com y en ‘Une tu voz’

* Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @pepitorias
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