Guatemala. Nuevo gobierno instiga conflictos al no cumplir compromisos
Para Carlos Barrientos, presidente Otto Pérez no puede seguir ignorando leyes internacionales sobre pueblos indígenas y tribales. Hace un año el brutal desalojo de centenares de familias en el valle del Polochic. El pasado 14 de enero, el ex-general Otto Pérez Molina cumplió un año en la presidencia de Guatemala. Según el CUC (Comité de Unidad Campesina), una de las más importantes e históricas organizaciones indígenas del país, el presidente Molina se quedó “muy corto” ante las expectativas que había generado durante su campaña electoral y a lo largo de los primeros meses de su mandato.
En marzo de 2012, miles de personas se movilizaron a pie y recorrieron más de 200 kilómetros para llegar hasta la capital guatemalteca. Hombres y mujeres, jóvenes, adultos y ancianos caminaron por nueve días, compartiendo temores, esperanzas, sueños, pero también proyectos, propósitos de cambio y demandas para autoridades acostumbradas a desoír el clamor de los pueblos originarios.
En aquella ocasión, Daniel Pascual, coordinador general del CUC, había explicado que no iban a aceptar migajas del gobierno, sino a exigir “una solución inmediata a la histórica conflictividad agraria que existe en Guatemala”. Esto iba a ser posible solamente con la aprobación de una Ley de Desarrollo Rural Integral, que garantizase el acceso y la legalización de las tierras para las familias indígenas y campesinas, colocando un alto definitivo a los desalojos forzosos.
Entre otras demandas, pedían también la condonación de una deuda agraria que sumaba más de 300 millones de quetzales (38.5 millones de dólares), la desmilitarización de las comunidades, así como poner fin a la criminalización de la protesta social, “respetando el derecho del pueblo a rechazar la explotación minera, las hidroeléctricas, los monocultivos a gran escala y los demás megaproyectos”.
Los caminantes hacían un llamado urgente al gobierno para frenar la grave crisis alimentaria que afecta al país y para bajar los altos índices de pobreza. Según una encuesta del INE (Instituto Nacional de Estadística), la tasa nacional de pobreza en Guatemala aumentó en 2.71 puntos en los últimos cinco años y en la actualidad se sitúa en casi el 54% de sus 15 millones de habitantes. El 13.3% sobrevive en condiciones de pobreza extrema, pero en el área rural, donde radica el 54% de la población del país, esa miseria se eleva hasta un 60%.
De acuerdo con datos brindados en 2012 por Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), el país ostenta también la tasa más alta de desnutrición crónica infantil en América Central y una de las mayores del mundo, equivalente a 49.3% de niños y niñas menores de 5 años. Una de las zonas más afectadas por esta grave situación es el fértil Valle del Polochic, en Alta Verapaz, donde las mejores tierras fueron sufriendo un rápido proceso de reconcentración y extranjerización, y donde la producción de alimentos fue sustituida por los monocultivos de caña de azúcar y palma africana.
Las promesas del nuevo gobierno nunca fueron cumplidas. En la entrevista brindada a Opera Mundi, el secretario ejecutivo del CUC, Carlos Barrientos, lamenta la actitud del actual presidente y alerta sobre el riesgo de una escalada del conflicto social en el país.
Desalojos y hambre
Uno de los focos de mayor tensión es el ingenio Chabil Utzaj, situado en valle del Polochic, propiedad del coloso nicaragüense Grupo Pellas. El 15 de marzo de 2011, un fuerte contingente de militares y policías, con el apoyo de guardias de seguridad del Ingenio, desalojó a 14 comunidades indígenas de la zona, dejando en total desamparo a unas 800 familias q’eqchi’s, que durante generaciones venían habitando y trabajando esas tierras.
El desalojo de miles de personas para expandir el cultivo de caña de azúcar generó una grave situación de inseguridad alimentaria, militarización y criminalización de la lucha para el acceso a la tierra, a tal punto que la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) asumió el caso y dictó medidas cautelares a favor de las 14 comunidades desalojadas. El órgano de derechos humanos de la OEA (Organización de Estados Americanos) ordenó al gobierno guatemalteco garantizarles la alimentación, salud, vivienda y seguridad.
La Marcha indígena, campesina y popular logró que el gobierno se comprometiera a utilizar recursos de la Secretaría de Asuntos Agrarios, “para que no menos de 300 familias afectadas al año tuvieran acceso a la tierra”. Asimismo, se comprometió a garantizar que las empresas de seguridad privada contratadas por el Ingenio Chabil Utzaj y cualquier otro grupo de fuerza irregular, respetaran el derecho de la población de no ser víctima de presiones y amenazas.
Lamentablemente, estas promesas quedaron en papel. Ejemplo de ello es el nuevo desalojo perpetrado el pasado 13 de febrero por las maquinarias pesadas del ingenio Chabil Utzaj (Grupo Pellas), contra familias q’eqchi’s en la Comunidad de Agua Caliente, Panzós, que tenían sembrados maíz en más de una caballería de tierra (unas 45 hectáreas), para dar espacio a nuevas extensiones de caña de azúcar.
Además, el dirigente indígena destaca la falta de beligerancia gubernamental ante los esfuerzos realizados por las organizaciones sociales y los familiares de las víctimas, para “combatir la impunidad y recuperar la memoria histórica”, dice.
Durante el largo conflicto armado interno (1960-1996), la población ha sufrido más de 600 masacres, el asesinato y desaparición de más de 200 mil personas y el desplazamiento forzado de un millón de guatemaltecos. El inicio del proceso en contra del ex presidente y general retirado Efraín Ríos Montt y de otros altos mandos de las Fuerzas armadas por los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos durante su mandato (1982-83), “ha sido posible únicamente gracias al esfuerzo de los familiares y la Fiscalía”, afirma Barrientos.
Lea la entrevista completa:
– Opera Mundi: ¿Cómo evalúa el desempeño que ha tenido el gobierno del presidente Otto Pérez Molina?
– Carlos Barrientos: Al inicio de la marcha presentamos nuestras demandas históricas, que tienen que ver con resolver la conflictividad agraria, frenar el avance del modelo extractivista, de las hidroeléctricas y la expansión de los monocultivos, así como detener la criminalización de la protesta social, la persecución contra las comunidades y aprobar una cuantas leyes de beneficio social. Lamentablemente, el gobierno se ha quedado en muchas promesas y compromisos incumplidos, resolviendo sólo en parte el tema de la condonación de la deuda agraria con el Fondo de Tierras (Fontierras) o Deuda Chortí.
– OM: ¿En qué quedaron las otras demandas?
– CB: El gobierno no sólo no quiso asumir el compromiso de retirar el ejército de las zonas donde había una fuerte conflictividad – como en los municipios de San Juan Sacatepéquez, en Santa María Xalapán, Sierras las Minas, Santa Cruz Barillas y en Alta Verapaz – sino que inauguró dos nuevas brigadas militares. Se trata de una escalada militarista que ha llevado al ejército a tener un presupuesto casi igual al que tenía durante el último año del conflicto bélico.
El resultado ha sido una profundización de la represión contra las comunidades indígenas, las cuales exigen ser consultadas antes de implementar megaproyectos que acaparan territorios y explotan sus recursos. Un ejemplo es el estado de sitio y la represión ocurrida en Santa Cruz Barillas o la masacre en Totonicapán, cuando una protesta pacífica de indígenas maya k'iche contra el alza de las tarifas eléctricas y las instalación de una hidroeléctrica, fue brutalmente reprimida por militares, con un saldo de ocho muertos y más de treinta heridos de bala.
Este gobierno no quiere entender que ya no puede continuar violentando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales, ni puede continuar criminalizando y reprimiendo la protesta social.
– OM: ¿De qué forma está criminalizando la protesta?
– CB: Hay un acoso y una persecución permanente a los líderes comunitarios y a las organizaciones comprometidas con la lucha. Además, se aprobaron leyes que limitan el derecho a la protesta, a la libre manifestación y movilización de los sectores organizados. Si hace unas décadas nos acusaban de guerrilleros y comunistas, ahora los sectores gubernamentales y empresariales nos tildan de narcotraficantes y hasta de terroristas. Han demonizado el tema y han lanzado una campaña mediática contra el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Integral, que simplemente propone garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y el acceso democrático y seguro a la tierra para miles de familias indígenas y campesinas.
– OM: En el caso del Valle del Polochic y del ingenio Chabil Utzaj ¿qué respuestas dio el gobierno?
– CB: Muy pocas. Se comprometió a entregar tierra a 300 familias cada año durante el período 2012-2014 y no ha cumplido. Ya ha pasado el primer año y ni la Secretaría de Asuntos Agrarios, ni el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) pudieron o quisieron terminar el proceso de valoración y adquisición de las tierras para las primeras 300 familias. Tampoco se cumplió con las demás medidas cautelares dictadas por la CIDH, para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de las 14 comunidades desalojadas.
Antes bien, continúa la represión y los desalojos, como la que ocurrió en Agua Caliente. Maquinarias pesadas que destruyen alimentos para sembrar más caña y dejan a la población originaria expuesta al hambre y las intemperies.
– OM: ¿Cómo sigue la situación de estas familias?
– CB: Dos años después del desalojo, la situación sigue siendo muy difícil. Muchas familias están acampadas a la orilla de la carretera, otras viven en champas y el resto pidiendo albergue a algún familiar, amigo, o alquilando una habitación. Es una situación de total indefensión y de abierta y brutal violación de sus derechos fundamentales. Además, el Grupo Pellas ha ido ampliando el área de cultivo de caña en al menos un 50%, alquilando tierras que antes los campesinos arrendaban para cultivar granos básicos. Esta situación ha afectado la seguridad alimentaria a dos niveles: se ha reducido la disponibilidad de granos básicos y se ha elevado el precio de los mismos en la región. Si antes el maíz se conseguía en entre 50 y 75 quetzales el quintal, ahora cuesta hasta 125 quetzales. Es por eso que rechazamos que los monocultivos y la producción de agrocombustibles estén por encima del derecho a la alimentación.
– OM: ¿En qué quedó la política de la ‘mano dura’ y del control de los altos índices de violencia en el país?
– CB: Todo quedó en un bluff, en un globo que se desinfló muy rápidamente. Los índices de violencia, corrupción e infiltración del crimen organizado y el narcotráfico han quedado casi iguales. La ‘mano dura’ únicamente existe para reprimir la protesta social y los militares siguen desempeñando funciones de seguridad pública.
– OM: Hubo avances significativos en cuanto al combate a la impunidad y la recuperación de la memoria histórica. ¿Qué papel ha jugado el gobierno?
– CB: Muy controversial y hasta trató de entorpecer el proceso, pretendiendo negar que en Guatemala hubo genocidio. El presidente Otto Pérez emitió un decreto para limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a hechos ocurridos antes de 1987 en Guatemala. De esa manera iba a cerrar la puerta a la justicia para miles de víctimas. La presión nacional e internacional lo obligó a desistir y a derogar el decreto. Si en Guatemala hubo avances importantes en cuanto al combate contra la impunidad y el enjuiciamiento de los genocidas, ha sido únicamente por el esfuerzo y el compromiso con la verdad de los familiares de las víctimas, las organizaciones comprometidas con esta lucha y la actual Fiscal general Claudia Paz y Paz.
– OM: ¿Qué se espera para los próximos años?
– CB: Posiblemente haya un aumento de la conflictividad, sin embargo vamos a mantener nuestras demandas históricas y a exigir que se resuelvan los problemas estructurales que afectan al país.
Fuente original: Opera Mundi (portugués)
