Guerra contra el glifosato: México
Ariel Noyola Rodríguez*. LQS. Mayo 2021
Las presiones sobre México también han venido del exterior. Desde que Donald Trump era presidente de EE.UU., autoridades de Washington expresaron su “preocupación” ante la imposición de restricciones para el uso del herbicida
Poder Judicial, el último resquicio de Bayer-Monsanto
Grandes empresas del agro a favor del uso de glifosato, un agroquímico considerado nocivo para la salud humana y el medio ambiente, han desatado una guerra judicial en contra del Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tras la publicación de un decreto que establece que el herbicida será erradicado de forma progresiva.
A través de amparos, estas corporaciones pretenden invalidar el decreto presidencial. El Poder Judicial se ha convertido en el último resquicio de las empresas que no están dispuestas a abandonar el uso del agroquímico patentado por Monsanto y que fue introducido al mercado en 1974.
El decreto ha puesto al Gobierno de México en una encrucijada, pues los fundamentos que han justificado la toma de decisiones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para negar permisos de importación, entran en contradicción con los lineamientos que se establecen en la resolución presidencial.
En teoría, el decreto permite actualmente a empresas privadas el uso de glifosato, pues la restricción solamente es aplicable a la Administración pública federal, según se lee en el documento publicado el 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.
Antes de este decreto, sin embargo, la Semarnat negó varias veces autorizaciones para la importación de glifosato tomando como base el principio precautorio para la prevención de riesgos de ocurrencia de daños graves e irreversibles a la salud humana y al medio ambiente.
Adicionalmente, la dependencia gubernamental fundamentó su negativa tomando como referencia la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), orientada a evitar el uso de plaguicidas de “alta peligrosidad”.
Es aplicable para el glifosato, pues de acuerdo con la recomendación, existe “presunción fundada respecto de que su uso puede generar un daño medioambiental y a la salud irreversible”.
Tomando en cuenta lo anterior es que la Semarnat argumentó su decisión de negar la autorización de permisos de importación. Sin embargo, el decreto del presidente López Obrador sobre el glifosato no plantea de facto una prohibición a particulares, sino que indica que su uso deberá reducirse de forma progresiva hasta lograr su erradicación total en una fecha que no podrá ser posterior al 31 de enero de 2024.
Así las cosas, el decreto terminó colocando al presidente mexicano ante su propio laberinto, pues permitir a empresas privadas el uso de este agroquímico contradice el principio precautorio para la prevención de riesgos, así como la recomendación de la CNDH.
Por otra parte, en caso de que se decida negar autorizaciones para la importación de glifosato, no se estaría respetando el decreto, donde en ningún lado se indica que empresas privadas tengan prohibido comprar el agroquímico en el exterior.
Es decir, los fundamentos que han guiado la política de la Semarnat sobre el glifosato durante el último año y medio chocan con los lineamientos contenidos en el decreto presidencial publicado hace cuatro meses.
En la práctica, esta contradicción se ha traducido en el incumplimiento de los términos establecidos en el decreto del presidente, denuncian empresarios vinculados al sector agrícola. Aunque en el decreto no se prohíbe, acusan, en los hechos la Semarnat dejó de otorgar permisos para la importación del herbicida.
Estrategia legal contra el decreto presidencial
Empresarios de la agroindustria que promueven el uso de glifosato han iniciado una batalla judicial en contra del Gobierno. A través de amparos buscan echar abajo el decreto presidencial, un documento cuyos términos, aseguran, no se están respetando.
El pasado 19 de abril la empresa Bayer-Monsanto obtuvo una suspensión provisional de un juez contra el decreto. Y se espera que el próximo 7 de mayo se emita un dictamen definitivo.
Entre tanto, la Semarnat informó a través de un comunicado que interpuso un recurso de queja donde, señala, la suspensión temporal no aplica porque el decreto no va en contra de leyes, decretos, reglamentos o disposiciones de observancia general.
Adicionalmente, explica la Secretaría a cargo de María Luisa Albores, el decreto no se aplica a particulares sino a la Administración pública federal, mientras que el principio de precaución al que se hace referencia en el decreto corresponde a la prevención de daños graves o irreversibles.
Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC y una de las investigadoras más reconocidas en agricultura y medio ambiente, sostiene que los amparos contra el decreto son un “intento por dejar sin efecto el proceso de transición para el uso de alternativas agroecológicas” impulsado por el Gobierno. Las empresas, asegura, se están amparando como una “medida de prevención” ante el intento de erradicar el uso del agroquímico.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA), uno de los siete organismos cúpula del Consejo Coordinador Empresarial y que, según sus cifras representa un 75% de las exportaciones agrícolas, se ha conformado como uno de los principales grupos opositores al decreto.
En entrevista con RT, Rogelio García Moreno, vicepresidente agrícola de la organización, admite que el CNA y sus socios ya tienen articulada una estrategia legal para plantar cara a las iniciativas promovidas por el presidente López Obrador para erradicar el uso de glifosato.
La estrategia está a cargo del despacho Conesa Labastida y Asociados, dirigido por Luisa Conesa Labastida, una abogada que ya cuenta con experiencia en presentar acciones de inconstitucionalidad contra las iniciativas del mandatario.
“Decidimos que era necesario organizarnos y buscar, en el marco de la ley, convencer a la opinión pública de que el glifosato no representa un peligro como se ha venido argumentando desde este Gobierno que, hay que decirlo, ha sido objeto de presiones por parte de movimientos ambientalistas”, asevera el vicepresidente agrícola del CNA.
En este sentido, explica García Moreno, los amparos refutan las afirmaciones contenidas en el decreto del presidente López Obrador, donde se apunta que el herbicida tiene “efectos nocivos” para la salud de personas y animales, además de ser considerado un “probable cancerígeno” en humanos, citando investigaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés).
Otro aspecto a tomar en cuenta, resalta, es que el Gobierno de México no está cumpliendo con los lineamientos del decreto publicado en diciembre del año pasado pues, asegura, las autorizaciones para importar glifosato se dejaron de otorgar de tajo, y no de manera progresiva como se había prometido.
“En los últimos meses el Gobierno del presidente AMLO no nos ha dado un solo permiso para la importación de glifosato o de material técnico para elaborarlo (…) no es cierto que apenas desde este año (como consecuencia del decreto) se empezaron a reducir los volúmenes de importación, desde hace mucho tiempo dejaron de dar autorizaciones“.
De acuerdo con datos de una solicitud de acceso a la información presentada ante la Semarnat a la que tuvo acceso RT, las cantidades y volúmenes autorizados para la importación de glifosato se han venido reduciendo durante el Gobierno de López Obrador.
Durante 2018 la cantidad autorizada para importar glifosato en estado sólido fue de 39.412 toneladas, mientras el volumen permitido para importar glifosato formulado fue de 41.604 kilolitros. En contraste, a lo largo de 2019 la cantidad y volumen autorizados para la compra del agroquímico en el exterior fue de 20.662 toneladas y 25.000 kilolitros respectivamente.
En su respuesta a esta solicitud de información, la Semarnat reconoce que desde el 1 de enero de 2020 y hasta el 5 de febrero de 2021 (fecha de recepción de la solicitud de información), se negó la importación de glifosato en estado sólido y líquido.
El vicepresidente del CNA advierte que, ante la negativa de la Semarnat para otorgar permisos de importación, los inventarios del herbicida se están agotando.
“Tengo información de que los productores están buscando glifosato con sus distribuidores en varios estados de la República y ya no están encontrando el producto”.
Lamenta que, si bien de acuerdo con los lineamientos del decreto la prohibición sobre el uso de glifosato no es aplicable en la actualidad, sino hasta después del 31 de enero de 2024, en los hechos el Gobierno de AMLO no está acatando los términos establecidos.
“Hoy aparentemente (el glifosato) no está prohibido, pero en los hechos sí lo está; aun cuando como empresa deberías poder importar, la Semarnat finalmente no te deja, porque para hacerlo necesitas realizar un trámite administrativo que este Gobierno no está procesando”.
García Moreno hace referencia a una autorización sanitaria que se expide por la autoridad gubernamental, un procedimiento que se requiere para la venta y suministro de plaguicidas de acuerdo con la Ley General de Salud.
Nada garantiza que el Gobierno de México consiga erradicar el uso del glifosato en la agricultura, advierten investigadores e integrantes de organizaciones sociales. Bajo esta perspectiva, el decreto del presidente AMLO es apenas un primer paso, una “hoja de ruta” para poco a poco eliminar el agroquímico
En el artículo 3 del reglamento de autorizaciones para la importación, exportación y certificados de exportación de plaguicidas, nutrientes vegetales y sustancias y materiales tóxicos o peligrosos, se indica que la Semarnat además de emitir una opinión técnica respecto a la protección del medio ambiente, está facultada para autorizar la importación y exportación de plaguicidas.
Para empresarios acostumbrados a usar el glifosato, la Semarnat se ha convertido en una piedra en el zapato. Haciendo uso de sus facultades, el anterior titular de la Secretaría, Víctor M. Toledo, fue quien comenzó a impedir la importación de miles de toneladas del herbicida, una acción que le valdría no solo el rechazo de empresarios agrícolas y ganaderos, sino incluso pugnas al interior del gabinete.
Presiones al interior del Gobierno y desde Washington
Las presiones para continuar utilizando glifosato han venido no únicamente de las empresas, también se han expresado en el equipo del presidente. Víctor M. Toledo, quien se desempeñó hasta agosto del año pasado como titular de la Semarnat, reveló semanas antes de su renuncia que miembros del círculo más cercano al presidente López Obrador se dedicaron a operar a favor de los intereses de los agronegocios.
En un artículo publicado en el diario La Jornada el también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aseguró que había sido objeto de “espionaje” como parte de la denominada “operación glifosato”, un conjunto de acciones orientadas a imponer el uso del herbicida.
Esta operación, acusó, había “surgido de las entrañas” de los “gigantes agroalimentarios y de agroquímicos”, así como de “empresas nacionales afectadas” (encabezadas por el CNA), en complicidad con varios de los funcionarios del gabinete.
El “espionaje” consistía en una filtración de un audio donde se le escucha cuestionar varias de las decisiones tomadas por el Gobierno. Toledo relata que había sido convocado varias veces por Alfonso Romo, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, para tratar el tema del glifosato.
En las reuniones, asegura, tuvo conflictos con Víctor Villalobos, actual titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), pues mientras la Secretaría a su cargo fomentaba prácticas agroecológicas, la de su compañero de gabinete veía por los intereses de los agronegocios.
Cuestionado sobre los audios filtrados a los medios de comunicación, el presidente López Obrador destacó que en su gabinete existían “discrepancias” y que, en este sentido, el entonces titular de la Semarnat tenía “libertad de opinar”.
Cabe destacar que la filtración del audio no provocó la renuncia de Toledo de forma inmediata. No fue sino casi un mes después cuando presentó su renuncia, no por motivos políticos, aclaró, sino de salud. En conferencia de prensa, el presidente López Obrador explicó que Toledo se encontraba “mal de salud” y resaltó que no todos los funcionarios tenían la capacidad de “resistir presiones”.
Toledo desempeñó un papel clave en la estrategia para erradicar el glifosato. A finales de noviembre de 2019, se dio a conocer que la Secretaría a su cargo negó la importación de 1.000 toneladas de glifosato a un particular.
La decisión se fundamentó en el principio precautorio para la prevención de riesgos de ocurrencia de daños graves e irreversibles a la salud humana y el medio ambiente; así como en la recomendación 82/2018 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), orientada a que la Semarnat impida el uso de plaguicidas altamente peligrosos.
Detener las importaciones del agroquímico le valió a Toledo no solamente pugnas con integrantes del gabinete, sino también amenazas. En septiembre del año pasado se informó que un grupo de desconocidos había irrumpido en su casa ubicada en Morelia (Michoacán) para robar varios documentos y rociar la azotea con glifosato.
Las presiones sobre México también han venido del exterior. Desde que Donald Trump era presidente de EE.UU., autoridades de Washington expresaron su “preocupación” ante la imposición de restricciones para el uso del herbicida.
En mayo de 2020, Robert Lighthizer, Representante de Comercio de EE.UU., envió una carta a Graciela Márquez, en ese entonces titular de la Secretaría de Economía, en la que advertía que la “fortaleza de la relación bilateral podría verse socavada” dado el enfoque del Gobierno de AMLO sobre productos transgénicos y glifosato.
En febrero de este año, el diario británico The Guardian reveló una serie de correos electrónicos que fueron enviados entre empresarios de Monsanto, Bayer AG, CropLife America y funcionarios de EE.UU., donde se ponía al descubierto una intensa campaña de cabildeo impulsada desde hace más de año y medio para convencer al Gobierno de México de no prohibir el uso del herbicida.
El Servicio de Agricultura Extranjera de EE.UU. por su parte, en un reporte publicado a principios de marzo pasado, advierte que la prohibición del uso de glifosato podría “afectar la producción de algodón”.
En caso de que el suministro se vea reducido, se lee en el documento, “aumentaría la mano de obra utilizada y los costos para combatir enfermedades y plagas, además de que se reducirían los rendimiento”.
El 22 de marzo, en una carta enviada al secretario de Agricultura, Thomas Vilsack y a la representante de la Oficina Comercial de EE.UU., Katherine Tai, 27 asociaciones agropecuarias de origen estadounidense señalaron que la relación comercial con México era objeto de un “deterioro alarmante” como consecuencia del decreto que contemplaba la eliminación del maíz transgénico y el glifosato.
Sobre esta última misiva, el presidente López Obrador negó que la relación comercial con EE.UU. estuviera en proceso de deterioro, a la vez que reiteró su rechazo hacia el uso del herbicida. “Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, consumidores y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo (…) tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias”, puntualizó.
Desenlace incierto
Según datos publicados por la Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) el glifosato es, de lejos el herbicida, más utilizado en el país. Entre 2010 y 2019 México importó un total de 178.470 toneladas, siendo el año 2015 el de mayor volumen de importación, con 25.281 toneladas.
Nada garantiza que el Gobierno de México consiga erradicar el uso del glifosato en la agricultura, advierten investigadores e integrantes de organizaciones sociales. Bajo esta perspectiva, el decreto del presidente AMLO es apenas un primer paso, una “hoja de ruta” para poco a poco eliminar el agroquímico, puntualiza Silvia Ribeiro, investigadora uruguaya radicada en Ciudad de México.
Sostiene que, paradójicamente, representa una “garantía” para los empresarios acostumbrados a utilizarlo en sus plantaciones, pues del documento se desprende la conclusión de que, hasta que no haya métodos alternativos, el agroquímico se continuará importando a razón de miles de toneladas cada año.
De hecho, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que de acuerdo con el decreto presidencial tiene la misión de promover y coordinar investigaciones científicas, desarrollos tecnológicos e innovaciones para encontrar alternativas al glifosato, finalmente publicó en abril una recomendación sobre cotas de importación.
Para 2021 el Consejo recomienda cotas de importación de 16.526 toneladas de glifosato formulado y de 1.257 toneladas de glifosato técnico que, de manera conjunta, representan una reducción de apenas un 5% en comparación con las cantidades que se importaron durante 2018.
Cabe destacar, sin embargo, que se trata de solo una recomendación y que hasta el momento no se han otorgado nuevos permisos para la importación del agroquímico, según informa la Semarnat.
Silvia Ribeiro puntualiza que la erradicación del glifosato y el cambio en la forma de producción dependerá de múltiples factores, no solo de un decreto. El Gobierno de México, destaca, tendrá que fortalecer los apoyos a organizaciones campesinas y asociaciones rurales, que tienen sus propios conocimientos y formas de organización.
Erradicar el uso del glifosato, concluye, es parte de una batalla de un espectro más amplio, una batalla que confronta dos modelos de agroalimentación que se contraponen.
Por un lado, el de los agronegocios, que atenta contra la salud humana y el medio ambiente y, por otro lado, el de los sistemas campesinos locales, que fomenta la diversidad cultural, una alimentación sana y el cuidado de la naturaleza.
* Nota original de RT. @noyola_ariel
– Alternativas al Glifosato
– Químicos de larga duración
– Colombia: Glifosato
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