Hacienda especula con el patrimonio público

CGT*. LQS. Abril 2019

Nota de prensa: El Ministerio de Hacienda especula con el patrimonio público. Usan la seguridad de los trabajadores y trabajadoras para justificar un pelotazo inmobiliario

El Consejo de Ministros del pasado 15 de marzo, entre otras resoluciones, decidió la enajenación mediante subasta pública de un conjunto de locales de oficinas, trasteros y garajes de los que es titular la Administración General del Estado en el complejo EUROCIS, lugares en los que se encontraban ubicadas la Intervención General del Estado-Oficina de Informática Presupuestaria (IGAE-OIP) y la Secretaria de Estado de Adm. Públicas.15-03-19 NP Subasta inmueble.pdf. Es importante recordar que el 18 de abril del año 2018, el extinto Ministerio de Hacienda y Función Pública (MINHAFP) del equipo de Gobierno anterior (PP) del que era su máximo responsable el Ministro Montoro, en su nota de prensa aseguraba que el traslado del personal se realizaba para mejorar la seguridad en su trabajo[1].EUROCIS.MINHAFP.Nota de prensa.18.4.2018.pdf. En el mismo complejo tenían cedidos locales gratuitos el Centro Internacional de Prensa y la federación de Asociaciones de Prensa de España. En comunicado de la Presidencia del Gobierno se transmitió que el edificio presentaba una serie de riesgos por su antigüedad que obligaba a realizar unas obras de reforma que conllevaban su desalojo temporal (ECD Confidencial Digital 27-3-2018). Las obras de mejora del edificio (EUROCIS) se estaban realizando desde hacía cinco años y las más costosas e importantes para la seguridad ya se habían realizado. Es increíble que dadas las instituciones de prensa implicadas dieran por válidas las explicaciones del MINHAFP sin realizar ninguna investigación.

Tras diversas peticiones de información y aclaración a los responsables del extinto Ministerio de Hacienda y Función Pública: Subsecretaria Dña. Pilar Platero Sanz; Interventora Gral. del Estado: Dña. María Luisa Lamela Díaz (anteriormente desempeñó el cargo de Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación), a los que se solicitaba entre otras cosas el informe o recomendación de desalojo del edificio “por motivos de seguridad de los trabajadores/as”. Este sindicato recibió la callada por respuesta, haciendo caso omiso al Derecho de información y a la transparencia que debe regir, en especial, para la Administración Pública.

La REALIDAD, NO EXISTE informe técnico competente alguno que inste o aconseje el traslado-desalojo del edificio. Los comunicados realizados por el extinto MINHAFP, en los que justifican el mismo por “motivos de seguridad”, FALTAN A LA VERDAD, como ha quedado demostrado en el juzgado al no aportarse los mismos[2]. Estamos hablando de un edificio, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, en el que prestaban servicios cerca de 2000 trabajadores/as., con calificación para uso comercial, y que se pondrá a subasta por 193 millones de €uros. Como contraprestación, los tres edificios en alquiler donde se ubicarán las diversas unidades administrativas costarán al erario público 17 millones de euros anuales.

Estos contratos de alquiler, que comprometen a la Administración por una permanencia de10 años, costarán a los contribuyentes la friolera de 170 millones de €., a los que habrá que añadir: los gastos de traslado y acondicionamiento de los locales alquilados ya que algunos no reúnen las condiciones necesarias; las obras realizadas para acondicionar el edificio anterior, varios millones de euros, despilfarradas. La empresa beneficiada con el sustancioso contrato de alquiler: MAPFRE, puede frotarse las manos. Desconocemos, si estos contratos se han realizado con las suficientes garantías, duda razonable dada la falta a la verdad y la transparencia observada en el proceso.

En resumidas cuentas, el Ministerio de Hacienda (PSOE) actual, ratifica la decisión del equipo anterior (PP) validando la venta del edificio, 193 millones de Euros, para pasar a utilizar unos locales de alquiler que costarán al erario público más de 170 millones a los que habrá que ir añadiendo, año tras año, 17 millones más (sin actualizaciones) lo que ocasionará un tremendo quebranto económico al erario público. Eso sí, dado que el negocio es el negocio, traspasan a la Agencia Tributaria la gestión de la subasta en detrimento de los responsables anteriores (Patrimonio del Estado), pensamos que por posible contaminación.

Esperemos que estas operaciones no pasen a la historia, como recomendaciones financieras del manual de la Escuela de Chicago – manual de cabecera de muchos de los tecnócratas junto con el de “Juan Palomo” (Yo me lo quiso yo me lo como) y el Código de Buen Gobierno del Conde de Romanones, en otra demostración de lo que es el LIBERALISMO SALVAJE, BENEFICIO PARA UNOS POCOS a costa del SAQUEO del PATRIMONIO PÚBLICO. Una operación de “cuento largo” diseñada por las lumbreras financieras (DIRIGENTES COMPETENTES Y PROBADAMENTE PREPARADOS) de este país de sainete (PP-PSOE), en la que seguro habrá “beneficiados” y los únicos perjudicados serán los contribuyentes (considerados sumisos dirigidos) y el erario público.

Notas:
*.- Sección Sindical de CGT-Hacienda
1.- Esta nota de prensa del extinto MINHAFP, inédita en la historia del Ministerio de Hacienda, ha sido considerada como la actualización del “cuento de la lechera”. El reconocimiento del MINHAFP de un acto “especulativo” es evidente. La colaboración de algunos representantes de los trabajadores también, en especial los integrados en GETHAS (Técnicos de gestión de Hacienda) conocidos como “los payasos de la TV” y palmeros/as de UGT. ¿Ajustes de cuentas con el cuerpo de Interventores a costa del erario público?. No es de extrañar conociendo las responsabilidades empresariales privadas (consultoras) de algunos de estos funcionarios, que dejan en agua de borrajas la independencia de los trabajadores públicos y legitima las “puertas giratorias” en la Administración. Una asignatura pendiente para una auténtica Reforma de la Adm. Pública que ningún gobierno de turno ha querido hacer y que los sindicatos corporativos evitan.
2.- Juzgado de los Social nº1 de Madrid.Proc.857/2018

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