Honduras contra el Goliat corporativo

Por Luciana Ghiotto*

El 21 de septiembre terminó nuestra visita a diversos territorios de Honduras para presentar el informe “Inversiones mafiosas contra Honduras: demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño”(1). Este informe fue el producto de la investigación que desarrollamos desde el Transnational Institute (TNI) junto con el Institute for Policy Studies (IPS), Terra Justa y la Red de Solidaridad con Honduras. Después de un año de investigaciones, entrevistas, conversaciones y debates, logramos compilar en un reporte de 130 páginas la información básica sobre la avalancha de catorce demandas arbitrales contra Honduras en el corto periodo de 2023 hasta la mitad de 2024, además de las cinco demandas que el país había recibido antes de 2023

Un país empobrecido en resistencia frente a las demandas de los inversores

Muchos países en América Latina han recibido demandas de inversores extranjeros: hasta septiembre de 2024, se han sumado 380 demandas (2). Sin embargo, ningún país es como Honduras. Este país ha recibido el mote de “país olvidado” (3), una verdadera “República bananera”. Según datos oficiales, más de la mitad de la población hondureña es pobre y el 44% trabaja en el sector informal (4). El 12% de la población es analfabeta (710.000 personas), números que escalan a 18% en las zonas rurales (5). Sin estar en guerra, es uno de los países más violentos del planeta (6) (violencia perpetrada por organizaciones criminales transnacionales, grupos locales de tráfico de drogas y pandillas en connivencia con políticos locales). Por la violencia y la pobreza, un 10% de los ciudadanos hondureños han emigrado del país, muchos en las inseguras caravanas de migrantes que caminan hacia la frontera con EEUU. En 2024 (hasta el mes de agosto) el país había recibido 6.000 millones de dólares en remesas de ciudadanos migrantes, lo cual representa un 25% del producto bruto hondureño (7). Mientras tanto, la riqueza del país está concentrada en un pequeño porcentaje de la población (17 familias), vinculados en muchos casos a redes de corrupción y narcotráfico.

Ver: Inversiones mafiosas contra Honduras

A su vez, el crecimiento de la industria de las maquilas posicionó a Honduras como uno de los 10 mayores proveedores de textiles a EEUU. En las afuera de San Pedro Sula, ciudad de la región norte donde se concentra el 80% de las maquilas hondureñas, un cartel en una colina reza el mantra “Exportar es progresar”. Una industria que mueve miles de millones de dólares en inversiones manufactureras, pero donde el salario mínimo de los trabajadores es cercano a los 450 dólares mensuales (8) en un régimen laboral donde se debe cumplir con metas de producción de 6,000 piezas diarias (9).

Una avalancha de demandas contra Honduras

Esta pequeña y empobrecida economía centroamericana recibió entre 2023 y 2024 la cantidad de catorce demandas en el arbitraje internacional, convirtiéndose en el segundo país más demandado de América Latina en el mismo periodo (después de México). Nuestro informe, que terminó de escribirse en septiembre de 2024, llegó a procesar las cuatro demandas que fueron presentadas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) durante el mes de agosto, cuando se hizo efectiva la salida de este organismo anunciada por el gobierno de Xiomara Castro en febrero de 2024.

Se pueden identificar diversos elementos que caracterizan estas demandas. En primer lugar, nuestro informe identifica que muchas de las inversiones fueron realizadas de manera irregular durante el periodo conocido como la narco-dictadura en Honduras, después del golpe de Estado de 2009. En general, estas inversiones estuvieron plagadas de actos administrativos corruptos y fueron impuestas en contra de la voluntad de las poblaciones locales, a la vez que se desarrollaron en el contexto del gobierno represivo de Juan Orlando Hernández (2014-2022). En varias de estas demandas los inversores tuvieron vínculos directos o indirectos con redes criminales y del narcotráfico.

Asimismo, siete demandas fueron presentadas en contra de los esfuerzos del gobierno de Xiomara Castro por renegociar los contratos sobre el costo de la electricidad. Sólo cinco de estos inversores exigen a Honduras más de 1.300 millones de dólares.

Un país pequeño y empobrecido como Honduras parece no tener derecho a criticar el sistema de protección de inversiones. En este tipo de países se espera que la seguridad jurídica para los inversores prevalezca por sobre cualquier otro elemento, como la voluntad de comunidades enteras y su derecho constitucional a vivir en medioambientes sanos. La decisión del gobierno de Xiomara Castro de salir del CIADI fue enormemente criticada por la derecha política y los sectores empresariales, quienes catalogaron la decisión de “autosabotaje económico” (10).

Próspera, la demanda arbitral más resonante

La demanda contra Honduras que más ha llamado la atención es sin dudas la de Próspera. El grupo empresario norteamericano reclama casi 11.000 millones de dólares, equivalente a casi tres veces el Plan de Inversión Pública aprobado en el país para todo el año 2024. La demanda se basa en la revisión del gobierno en 2023 de la figura de las ZEDE, Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, tras identificarse diversas irregularidades en la aprobación de las reformas para facilitar su creación entre 2012 y 2013. Es por estas irregularidades que el gobierno de Castro ha llamado a las ZEDE “un acto de corrupción público-privada” que llevó a la cesión de soberanía del Estado.

La estrategia de ataque de Próspera a la decisión del gobierno de revisar la figura de las ZEDE ha sido inteligente: los abogados de la empresa, la firma White & Case, argumentan no solamente la violación del capítulo de Inversiones del CAFTA-DR sino también la violación de un Acuerdo para la Estabilidad Jurídica y Protección al Inversor (LSA) que se negoció en secreto con el Estado y al cual no tenemos acceso. No se conocen sus cláusulas ni sus compromisos específicos. Próspera sostiene en sus comunicaciones oficiales que “el marco ZEDE fue diseñado y adaptado específicamente para garantizar la seguridad jurídica, y el marco ZEDE prevé múltiples capas de garantías de estabilidad jurídica en todos los niveles de la ley”. Como siempre, en este sistema la transparencia brilla por su ausencia, y las empresas tienen la cancha inclinada hacia su lado.

Sin dudas, el caso es muy jugoso: un grupo económico que se ha aprovechado de un país con turbulencias institucionales y de una legislación que lo beneficia con el objetivo de crear una ciudad modelo libertaria en una isla paradisíaca del Mar Caribe. Un intento de replicar la pequeña Singapur, pero en Centroamérica. No es menor el dato de que la ZEDE Próspera fue estratégicamente ubicada en la isla de Roatán, hacia donde es difícil movilizar personas, sean fuerzas policiales o manifestaciones populares.

Claramente, esta mega-demanda ha recibido mucha atención de la prensa internacional y de las organizaciones sociales y políticas de Estados Unidos. Las implicancias de este caso han llevado a que senadores estadounidenses exijan al gobierno de Joe Biden que retire el mecanismo de arbitraje de los tratados de EEUU, ya que en estos está incluido el mecanismo jurídico que habilita este tipo de demandas arbitrales (11).

A pesar de la visibilidad que ha tomado el caso Próspera, este no es el único caso relevante contra Honduras. Todas las demandas arbitrales recientes contra el país, aunque diversas por sus sectores económicos y por la procedencia de los inversores, ponen en evidencia la fragilidad institucional de este país, donde las decisiones son tomadas por políticos adictos al poder y en connivencia con los grupos económicos. Muchas de estas inversiones son resistidas por las comunidades. Un tercio de las demandas interpuestas desde 2023 corresponde a inversiones que han generado resistencia por parte de las poblaciones locales.

Por ejemplo, las ZEDE despertaron resistencia comunitaria en Crawfish Rock en la isla de Roatán, y además a nivel nacional por su trascendencia para todo el país. En noviembre de 2023 se realizó el Encuentro de Resistencia contra las ZEDE en el que las organizaciones sociales denunciaron que éstas han avanzado en la expropiación territorial.

Las demandas en el arbitraje también involucran la resistencia comunitaria en contra de proyectos energéticos como el de Los Prados en la zona de Choluteca, al sur del país, donde la instalación de paneles solares generó el desplazamiento de pobladores y diversas afectaciones a la salud y al medioambiente. El costo del rechazo para las comunidades locales fue la persecución y criminalización de líderes locales. La inversión fue llevada a cabo por empresas noruegas, inclusive un fondo público “de desarrollo”, como Norfund que se presenta como “inversor en el desarrollo que crea empleos y sostiene la transición hacia la emisión cero” (12). Pero para que Honduras pueda anunciar que su matriz de energía se está diversificando y avanza hacia las energías sustentables, se sacrifican territorios y se cambia el uso del suelo. En vez de producir alimentos para una población empobrecida, “la tierra ahora produce fotovoltaicas” (13). Este caso muestra cómo detrás del discurso de la transición energética se esconden los efectos más sucios en los países más pobres del sur global.

Demandas asociadas con una economía de enclave

Varias demandas arbitrales contra Honduras se derivan de su carácter de economía de enclave. Al menos cuatro de las demandas tienen que ver con su especialización en manufactura para la exportación. Incluso si a primera vista se trata de demandas aisladas, estamos frente a inversiones que colaboran en la profundización de la economía de exportación, y que no son destinadas para el disfrute de las poblaciones locales. Nos referimos a inversiones en: 1) infraestructura de carreteras, 2) construcción de viviendas para trabajadores de las maquilas, 3) infraestructura portuaria.

La demanda asociada a la infraestructura para carreteras e instalación de peajes fue presentada por la empresa Autopistas del Atlántico, un consorcio de capitales colombianos y hondureños (con participación de capitales chilenos, costarricenses y panameños) que contó con el financiamiento de Goldman Sachs y JP Morgan Chase de los Estados Unidos. El proyecto en cuestión es el corredor El Progreso-San Pedro Sula, zona de producción de bananos de empresas extranjeras como la United Fruit Company y Chiquita Brands. Autopistas reclamó que su contrato fue violado al suspenderse la carretera de pago tras las protestas de las comunidades y posterior cancelación del contrato en 2018. En esa ruta se intentó instalar cabinas de peajes, lo cual fue resistido por los pobladores de El Progreso durante más de un año. Frente a las cabinas de peaje se instaló un campamento donde se explicaba que el cobro atentaba contra el derecho a la libre circulación, ya que no existía una vía alterna para circular y que se había construido la carretera con los impuestos de la gente. Incluso, los pobladores anticipaban que estos peajes encarecerían el costo del acceso a los alimentos que llegaban mediante camiones, lo cual tendría un impacto directo sobre las economías familiares. Finalmente, e incluso después de comprobarse numerosas irregularidades en la firma del contrato, la empresa presentó la demanda en el CIADI en abril de 2023, reclamando 179 millones de dólares.

Una segunda demanda que sale de la economía de enclave es la relacionada con las viviendas para trabajadores de las maquilas en el Valle de Sula, en plena zona maquilera de Honduras, donde dos inversores de nacionalidad estadounidense, los hermanos Argüello, demandaron al Estado por 100 millones de dólares (más 2 millones por “daños morales”). A pesar de que los inversionistas prometían “pueblos modelos”: casas dignas, seguridad, áreas verdes y otros servicios, la realidad es que el paso de los huracanes Eta e Iota en 2020 mostraron la fragilidad de la infraestructura, la ausencia de planes de contingencia y la falta de respuesta sobre los seguros contratados. De acuerdo con los pobladores, los inversores ni siquiera comenzaron las tareas de reparación de los daños. Toda la inversión había sido una farsa: las casas resultaron ser de mala calidad y los servicios prometidos jamás se construyeron. Por estos motivos, los pobladores reunidos en el Patronato del Residencial Castaños de Choloma decidieron dejar de pagar las cuotas, exigiendo respuestas por parte de los inversores y sosteniendo su derecho al acceso a una vivienda digna.

El tercer grupo de demandas asociadas al modelo económico para la exportación son las presentadas por dos operadores del Puerto Cortés. Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de Honduras y la empresa filipina Servicios de Terminal de Contenedores Internacionales (que maneja OPC) presentaron sus demandas en el CIADI en agosto de 2024, días antes de que se oficializara la salida de Honduras de esta institución arbitral (y aún no existe información sobre los montos reclamados). Se trata de las empresas que operan los containers en el puerto más grande de Honduras, ubicado sobre el Mar Caribe y a sólo 60 km de la zona de las maquilas en San Pedro Sula. Por Puerto Cortés pasan casi la totalidad de importaciones y exportaciones de Honduras, tanto manufacturas como banana y otras frutas (14). No hay información concreta de los motivos por los que se presentaron estas demandas, salvo alegaciones de que “la República de Honduras ha violado ciertas obligaciones” del contrato firmado (15). Nuevamente, la opacidad del sistema salta a la vista.

Como vemos, las demandas arbitrales no son sólo una cuestión jurídica. Se trata de un tema profundamente político, que pone el modelo económico en el centro del debate. Discutir las demandas arbitrales no sólo es hablar de montos siderales reclamados por inversores, sino que sirven para mostrar el fuerte empobrecimiento que se sostiene en países como Honduras, tristemente destinados a sostener empleos precarizados y de bajo costo para producir las manufacturas que se consumen en los países ricos. En ese sentido, la salida del CIADI por parte de Honduras, aun si ha sido una decisión valiente, no es suficiente, especialmente viendo cómo los tratados comerciales y de protección de la inversión han profundizado un modelo económico hecho para la exportación y para los grandes capitales, y no para las poblaciones locales. El país olvidado nos muestra que la división internacional del trabajo debe ser rediscutida y, con ello, sus tratados de comercio y de inversión.

Notas:
1.- Informe “Inversiones mafiosas contra Honduras; demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño”. IPS, Terra Justa, Honduras Solidarity Network, TNI. https://isds-americalatina.org/honduras/
2.- Transnational Institute (TNI): ISDS en números. www.isds-americalatina.org
3.- ONG Entreculturas, https://www.entreculturas.org/honduras/
4.- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Honduras. Boletín Estadístico: Empleo informal, 2022. https://www.trabajo.gob.hn/wp-content/uploads/2024/01/BOLETIN-EMPLEO-INFORMAL_2022-.pdf
5.- Otras voces en educación. https://otrasvoceseneducacion.org/archivos/405480
6.- Insight Crime. https://insightcrime.org/es/investigaciones/elites-crimen-organizado-honduras-introduccion-honduras/
7.- La Prensa: https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-recibio-6-mil-millones-dolares-remesas-NF21605796
8.- El Heraldo: https://www.elheraldo.hn/economia/cuanto-aumento-salario-minimo-maquila-de-honduras-2024-a-2026-EM18142503
9.- Criterio: https://criterio.hn/la-maquila-en-honduras-una-maquina-destructora-de-cuerpos/
10.- Comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en la red social X; 4 de marzo de 2024. https://x.com/COHEPHonduras/status/1764712417018204529
11.- Congreso de los Estados Unidos. Carta de 33 senadores al presidente Joe Biden. 2 de mayo de 2023. https://www.warren.senate.gov/imo/media/doc/2023.05.02%20Letter%20to%20Tai,%20Blinken%20re%20elimination%20of%20ISDS.pdf
12.- Norfund: https://www.norfund.no/
13.- Referentes de la comunidad que resisten al proyecto Los Prados.
14.- International Container Terminal Services: https://www.ictsi.com/our-offering/our-terminals/operadora-portuaria-centroamericana-sa-de-cv
15.- Securities and Exchange Commission: https://cdnweb.ictsi.com/s3fs-public/2024-08/International%20Centre%20for%20Settlement%20of%20Investment%20Disputes%20%28ICSID%29%20registers%20the%20arbitration%20requested%20by%20ICTSI%20and%20OPCagainst%20the%20Republic%20of%20Honduras_0.pdf

* Transnational Institute (TNI)
– Honduras – LoQueSomos

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