Investigación de posible uso fraudulento de fondos de la UE en prácticas que vulneran los DDHH
Por Agencia Mp3*. LQSomos.
Ocho organizaciones sociales unen fuerzas y se dirigen a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por la posible utilización de fondos europeos en prácticas de política migratoria que vulnerarían los Derechos Humanos
Amnistía Internacional, Andalucía Acoge, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Asociación Pro Derechos Humanos de España, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Iridia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, Stop Mare Mortum y Red Acoge se han dirigido a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para solicitar la apertura de una investigación relacionada con el posible uso fraudulento de fondos europeos por parte del Estado español en actuaciones que podrían vulnerar los Derechos Humanos en la Frontera Sur.
Las ocho organizaciones denunciantes entienden que se pudieron emplear fondos europeos en acciones violentas realizadas por fuerzas policiales marroquíes y españolas contra personas que intentaban acceder al territorio europeo. La consecuencia de esas acciones fue la vulneración del derecho a la vida y a la integridad física, la falta de acceso al procedimiento de protección internacional y la vulneración del principio de no devolución.
La petición de investigación se refiere concretamente al uso de los fondos utilizados por España para ejecutar la llamada “política de lucha contra la inmigración irregular” -Fondo de Seguridad Interior (FSI) e Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (IGFV). Asimismo, las ocho organizaciones que se han dirigido a la OLAF creemos que el uso de estos fondos se puede vincular con actuaciones violentas y desproporcionadas perpetradas por las fuerzas policiales y que pudieron tener como consecuencia la muerte, las lesiones y la devolución ilegal de las personas migrantes y refugiadas, como las acaecidas en Melilla el pasado 24 de junio de 2022.
En este sentido, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, reclamaba el pasado miércoles 10 de mayo, al Gobierno de España que revise la cooperación con Marruecos en lo relativo al control de fronteras y que suspenda toda actividad en común que pueda conducir a violaciones de Derechos Humanos. La comisaria, asimismo, ha insistido en que “no se han dado los pasos concretos” para aclarar la tragedia de Melilla y que no se ha producido la “investigación independiente, completa y efectiva” que el mismo organismo reclamó a España hace poco más de un año.
Asimismo, señalan la inadecuada constitución y composición del mecanismo de vigilancia sobre el uso de los fondos, la falta de transparencia sobre su gestión y ejecución, así como la limitada participación de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al ámbito migratorio. Entienden que la OLAF tiene competencia para analizar lo ocurrido con los fondos referidos y determinar el posible incumplimiento de la normativa por falta de respeto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la falta de transparencia y por no disponer, además, de la adecuada constitución de los mecanismos previstos para la monitorización del uso de los fondos.
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