¿Podemos o yes, we can?

La estrategia de la plataforma Podemos se parece extraordinariamente al estilo de Barack Obama durante la campaña presidencial de 2008. Al igual que en la España actual, en esa época gobernaba en Estados Unidos una verdadera cuadrilla de rufianes (George W. Bush, Condoleezza Rice, Dick Cheney, Donald Rumsfeld) que legislaban a favor de oligarquías, exacerbando las diferencias de clase, y explotaban el fenómeno del terrorismo para recortar las libertades ciudadanas e incluso legalizar la tortura. Las intervenciones militares en Afganistán e Irak, con su enorme coste humano y económico, y la crisis de las hipotecas subprime, que marcó el inicio de un descalabro financiero mundial, convirtieron al gobierno republicano de George Bush en uno de los más impopulares de la historia. En ese escenario, apareció Barack Obama, que anunció su candidatura a la presidencia frente al edificio del Capitolio en Springfield, Illinois, donde Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso “Casa dividida”, que citaba la Biblia para pedir el fin de la esclavitud. Obama no escogió al azar ese lugar altamente simbólico. Su propósito era apropiarse del espíritu de Lincoln, proclamando que era posible “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”. Pablo Iglesias Turrión intenta movilizar el apoyo de los ciudadanos con un discurso semejante, manifestando que puede cambiarse el sistema desde dentro e iniciar una nueva etapa de prosperidad, igualdad y libertad. Sin embargo, yo no lo creo posible.

Después de la victoria electoral que le convirtió en el presidente número 44 de Estados Unidos, Barack Obama, que había recaudado 16’4 millones con pequeñas donaciones individuales de menos de 200 dólares, afirmó en Chicago: “El camino por delante será largo. Nuestro ascenso será empinado. Puede que no lleguemos en un año ni en un mandato. Sin embargo, nunca me he sentido tan esperanzado como esta noche. Os prometo que, nosotros, como pueblo llegaremos. […] Estados Unidos puede cambiar”. Las expectativas que levantó Obama se disiparon poco a poco y tal vez pase a la historia como el artífice de la guerra de los drones, que ha sembrado el terror en Oriente Medio, asesinando al menos a 2.000 personas. A pesar de las promesas electorales, la prisión militar de Guantánamo sigue en funcionamiento y, aunque formalmente finalizó la guerra de Irak, la ocupación norteamericana se ha consolidado, garantizando el control de las reservas de petróleo y fortaleciendo la vigilancia sobre Irán y los países limítrofes. Algunos analistas excusan al Presidente de los Estados Unidos, alegando que la Realpolitik no tolera planteamientos utópicos y muchas veces ni siquiera soporta el reformismo más moderado. Lo cierto es que la campaña de Obama deslumbró a las empresas de publicidad. La revista Advertising Age le nombró “hombre del marketing de 2008”, pues consideró que había marcado un verdadero hito. Un hito publicitario, sí, pero no un hito político, pues Obama había seguido la misma senda que otros candidatos, recibiendo para su campaña casi 80 millones de dólares del sector financiero y empresarial, una cantidad cinco veces superior a la suma de todas las pequeñas donaciones particulares. Eso explica que continuara con la guerra unilateral de las élites contra los trabajadores, los desempleados, los pobres y las minorías. Se trata de una guerra silenciada que empezó a finales de los 60, cuando la tasa de ganancia del gran capital sufrió una caída significativa. Mientras los filósofos de la Escuela de Frankfurt especulaban sobre la sociedad de la opulencia y reemplazaban el término de marxismo por el de “teoría crítica”, mucho más aséptico, se gestaba la contrarrevolución liberal que liquidaría el Estado del bienestar. El exceso de teoría suele producir una percepción confusa y deficiente de la realidad. Aunque Marx había desarrollado una potente herramienta de interpretación del capitalismo, sus discípulos no advertían la dirección que tomaba el mundo.

La tasa de ganancia empezó a recuperarse en los 80, gracias a la cruzada lanzada por Ronald Reagan y Margaret Thatcher contra los sindicatos y las políticas sociales. Comenzó a circular la idea de que el frágil pacto firmado entre el capital y el mundo del trabajo en la época de crecimiento y progreso resultaba insostenible, pues era demasiado costoso. Había que recortar gastos y bajar la presión fiscal, especialmente a los súper ricos, verdaderos manantiales de prosperidad, que invertirían y crearían trabajo si los impuestos no les asfixiaban, con el absurdo pretexto de la solidaridad y la redistribución de la riqueza. En Estados Unidos, el grueso de la liberalización se produjo durante la presidencia de Bill Clinton. Clinton nunca se apartó de los dogmas del neoliberalismo. En materia económica y política exterior, aplicó las mismas fórmulas que Bush padre e hijo, pero despertando menos oposición, gracias a un talante más cercano y amable. Si examinamos el período comprendido entre 1989 y 2008, advertiremos que tanto Clinton como los Bush introdujeron los cambios necesarios para eliminar cualquier clase de traba o control estatal en las actividades de los grandes bancos y las empresas de servicios financieros. En 1992, George H. W. Bush permitió que los bancos operaran fuera de sus fronteras. Esa medida significó el fin de la pequeña banca, incapaz de competir con los gigantes que hacían negocios en el ámbito internacional. Cuando Bill Clinton derogó la ley Glass-Steagall en 1993, según la cual no podían fundirse los bancos comerciales y los bancos de inversión, los gobiernos cedieron la soberanía nacional a los grandes bancos. Pocos advirtieron el riesgo que implicaba este cambio. Los bancos de inversión trabajaban con la industria y los bancos comerciales con los mercados financieros. Borrar esta división provocó que los grandes bancos se convirtieran en los agentes reguladores de la actividad económica, con independencia de cualquier criterio ético, social o político. Los bancos que aprobaban las inversiones y sopesaban los riesgos eran los mismos que realizaban la inversión de capital e imponían sus condiciones al mundo del trabajo. La contabilidad y auditoría de los bancos dejó de ser una responsabilidad estatal. Desapareció la supervisión federal de Wall Street. Las empresas privadas, propiedad de los bancos, adquirieron el privilegio de realizar las auditorías de los bancos y sus inversiones. Este fraude, que no merece otro nombre, propició que los grandes bancos realizaran inversiones de alto riesgo y aplicaran una “contabilidad creativa” para ocultar su falta de liquidez y solvencia. Las operaciones especulativas se hicieron tan complejas y opacas que la opinión pública presumió que no podían enjuiciarlas. Sólo los técnicos cualificados podían valorar las ventajas y los riesgos del apalancamiento, los productos derivados, la titulización de los activos financieros o la privatización de las bolsas. Eso sí, cuando los bancos sufrieron grandes pérdidas, se recurrió al Estado para inyectar dinero público. El laissez-faire está bien, pero para los trabajadores, que deben afrontar en solitario las reglas del mercado, sin esperar que el Estado les arroje un flotador en los momentos de crisis.

Obama siguió la misma línea que Clinton y los Bush. No constituyó una sorpresa para los que conocían la identidad del equipo del antiguo senador afroamericano. La mayoría de sus asesores procedían del mundo de la alta gestión empresarial y algunos habían falseado sus balances comerciales, alimentando la burbuja que provocó la crisis de 2008. Cuando los asesores se convirtieron en cargos políticos, Financial Times aplaudió la “madurez y sensatez” de Obama. En política internacional, empleó el mismo criterio, rodeándose de halcones y suscitando el aplauso de Henry Kissinger y Richard Perle. Cuando The New York Times le pidió explicaciones, Obama respondió: “Los estadounidenses estarían justificadamente inquietos si pasara por alto la experiencia, tan sólo para crear una imagen de cambio. […] Lo que vamos a hacer es combinar la experiencia con ideas frescas”. No cuestiono la integridad personal de los candidatos de la plataforma Podemos, pero creo que está impregnada del mismo espíritu reformista del famoso “Yes, We Can” y de ahí la coincidencia del lema. Ideas frescas, sí, pero sin cuestionar el sistema. Podemos se aleja de cualquier discurso revolucionario y se limita a pedir el improbable regreso del Estado del Bienestar. Habla de salir de la OTAN, pero no cuestiona el euro ni la UE. Habla de un nuevo proceso constituyente y de realizar una auditoría de la deuda, pero no de ruptura. No se atreve a pedir el impago de la deuda, si bien sabe que ésta no dejará de crecer. En 2007, representaba el 36% del PIB, pero en 2013 se había elevado hasta el 93%, casi un billón de euros. Dado que la Hacienda Pública cada vez recauda menos por culpa del altísimo desempleo, los porcentajes se agravarán, consumiendo cada vez más recursos. En 2013, el Estado pagó 190.000 millones de euros a sus acreedores, de los cuales 38.590 se correspondían a unos intereses de usura. Los acreedores son bancos españoles y alemanes, algunos con grandes paquetes de acciones en las agencias de calificación que determinan la prima de riesgo. Dado que el PIB de España es ligeramente superior al billón de euros, el pago de la deuda absorbe el 19% y equivale al 40% del gasto público. Y en 2014 es probable que se iguale con el PIB. De hecho, ya está en el 94,05%.

La reforma del artículo 135 señala que “una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario”. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de “Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”, que desarrolla el artículo 135, estableció que a partir de 2020 solo se admitirá un déficit estructural del 0’4% del PIB para el Estado y las Comunidades Autónomas. En el caso de los Ayuntamientos, se fija como obligación ineludible un déficit cero. De acuerdo con esta Ley Orgánica, que marca un verdadero punto de no retorno, la deuda pública no debe superar en esas fechas el 60% o el límite fijado por la UE. Los Ayuntamientos que incumplan el objetivo del déficit cero serán disueltos por la Administración central. Las Comunidades Autónomas que superen el 0’4% establecido serán intervenidas para corregir su política presupuestaria. Si algún Ayuntamiento o alguna Comunidad Autónoma sueña con una rebelión presupuestaria para expandir el gasto social, serán suspendidos en sus funciones, ignorando la soberanía popular que ha ordenado su mandato. La reforma del artículo 135 de la Constitución representa una vergonzosa claudicación ante los acreedores: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Aprobada por el PSOE, con los votos del PP y UPN, la reforma de la Constitución es un verdadero golpe de Estado que suprimirá a medio plazo los derechos laborales y sociales. No hace falta saber matemáticas para entender que será necesario recortar en seis años 400.000 millones de euros del gasto público para alcanzar un déficit de un 60%. Esa cantidad equivale al gasto anual de la sanidad pública de todo el Estado multiplicado por seis. Una reducción semejante sólo puede obtenerse, aplicando brutales recortes en salarios, pensiones, sanidad, educación, transporte público. Es evidente que se intentará convencer a la sociedad de la necesidad de privatizar todos los servicios públicos, pues la Administración carecerá de recursos para gestionarlos. Para no dejar ningún hilo suelto, la Ley Orgánica 2/2012 establece que si la economía mejora y crece por encima del 2%, el aumento de los ingresos se destinará a reducir el techo de la deuda y no a incrementar o mantener el gasto social. La derogación del artículo 135 no podrá realizarse sin abandonar el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza que firmaron el 2 de marzo de 2012 todos los estados miembros de la UE, salvo Reino Unido y la República Checa. Algunos de los países que firmaron el tratado aún no lo han ratificado, pues éste contempla normas presupuestarias muy estrictas y sanciones automáticas para los que incumplan el objetivo de un déficit del 3% y una deuda pública que no supere el 60% del PIB. En definitiva, nada cambiará sin salir del euro y la UE y Podemos aún no se ha pronunciado en ese sentido.

Nos describen la salida del euro como una versión del apocalipsis, pero el apocalipsis ya ha comenzado y apenas lo hemos advertido. España está intervenida y rescatada, aunque algunos prefieran hablar de reforma constitucional y líneas de crédito para sanear la banca. Una auditoría de la deuda significaría reducir un problema político a una negociación que tal vez ya esté en marcha. No hay que descartar la posibilidad de una quita, que sólo prolongaría la agonía de la economía española, pero que se presentaría como un logro ante la opinión pública. La deuda no es una cuestión de contabilidad, sino de soberanía elemental. No se puede reformar la Constitución sin romper el marco normativo que ha convertido a España y otros países de la UE en colonias de la Troika, abocándolos a una depauperación progresiva, que incluye paro masivo, hambre, desahucios, suicidios y represión policial. Ahora más que nunca se pone de manifiesto el carácter ilegítimo de la Constitución de 1978, que consagró la reforma del franquismo orquestada con las propias leyes de la dictadura y nos impuso a un Jefe de Estado inviolable e inimputable. La deuda es una herramienta de dominación. Salir del euro ya no es una cuestión económica, sino la única alternativa para recuperar algo de independencia y dignidad. Es evidente que España sufriría un ataque especulativo, pero Argentina rompió la paridad con el dólar y su economía mejoró espectacularmente. La actual crisis del peso argentino no demuestra que se equivocaran en el pasado, sino que el modelo capitalista –con rostro humano o inhumano- conlleva inevitablemente crisis cíclicas, que golpean con especial saña a la clase trabajadora. Salir del euro sería complicado, pero permanecer en él significa aceptar un horizonte de precariedad laboral, deterioro de los servicios públicos y pérdida de soberanía. ¿Nos resignaremos a los salarios raquíticos, las pensiones miserables y las leyes represivas? Estos agravios convivirán con el fraude fiscal (72.000 millones de euros al año), la evasión de capitales (un billón de euros en paraísos fiscales), la economía sumergida (un 28% del PIB), y una fiscalidad que castiga a los más pobres (incremento del IVA) y favorece a los más ricos (las Sociedades de Inversión de Capital Variable o SICAV, que permiten a las grandes empresas tributar el 1%, mientras los trabajadores pagan entre un 24% y el 43%).

Podemosintenta reinventar el lenguaje político, cuestionando la conveniencia de seguir utilizando términos como “derecha” e “izquierda”. Presenta la lucha de clases como el malestar de “los de abajo” contra las élites políticas y económicas y no como la esencia del sistema capitalista. Explota las simplificaciones excesivas, con una gran carga emocional, con el propósito de movilizar al elector vagamente de izquierdas, con una conciencia política difusa y algo superficial. No me gusta hacer política-ficción, pero no me extrañaría que poco a poco se gestara una coalición entre un PSOE renovado y una Izquierda Unida bajo el liderazgo de las nuevas generaciones. La candidatura de Eduardo Madina, secretario general del Grupo socialista, cambiaría radicalmente las expectativas de voto. Madina es joven, seductor y tiene un talante negociador. No cultiva el revanchismo, pese a haber sufrido un atentado que le costó una pierna. No creo que en solitario lograra una mayoría absoluta, pero podría pactar con una IU encabezada por Alberto Garzón y tal vez por Pablo Iglesias Turrión. Garzón ha anunciado que Podemos e IU convergerán en un futuro y no me parece descabellado. Una candidatura con estos tres líderes (Madina, Garzón, Iglesias) levantaría muchas ilusiones y crearía la sensación de que es posible un cambio. Si estos políticos concurren por separado, sus posibilidades de gobernar se reducen notablemente. Si llegan al poder, se formaría un revuelo semejante al que despertó François Hollande, actual Presidente de Francia, o Felipe González en 1982, con sus demagógicas promesas de crear 800.000 puestos de trabajo y abandonar la OTAN. Hollande encendió la ilusión de los indignados españoles y franceses, pero un año después el 76% de sus votantes han manifestado que están profundamente desencantados. Hollande ha continuado con los recortes y ha incrementado el presupuesto de Defensa para modernizar el armamento nuclear. Siguiendo las directrices de la Troika, ha anunciado la disminución del gasto público y una reforma de las pensiones que aumentará el período de cotización. ¿Engañó Hollande a la opinión pública o los verdaderos amos del mundo le impusieron su guión? El poder real no está en los gobiernos, simple hoja de parra del capitalismo, sino en las grandes corporaciones transnacionales, controladas mayoritariamente por los gigantes de la banca. El discurso reformista de Podemos es tan endeble como el del 15M y, aunque habla de nacionalizar la banca, no plantea con claridad que una banca pública, ética, no es la solución, pues no liquidaría el problema de la deuda. Además, ¿quién proveería de fondos a la banca pública? No puede haber una banca pública, sin una expropiación de la banca privada y esa medida no es reformista, sino revolucionaria y hace añicos el discurso moderado de Podemos. Lo cierto es que mientras España permanezca en la UE y sometida a la disciplina del euro, no podrá liberarse del lazo mortal tendido por sus leyes. Las normas de la UE prohíben que el BCE preste dinero a los Estados miembros. Se trata de dinero público, pero ese dinero sólo puede prestarse a la banca privada a intereses bajísimos –actualmente al 0’25%. No hay, en cambio ninguna objeción o prohibición que impida a la banca privada emplear esos fondos para comprar deuda pública, imponiendo a los Estados unos intereses que oscilan entre el 4% y el 6%. Esta artimaña explica que el crédito no fluya a las empresas, pues es un negocio mucho más rentable y seguro prestar a un Estado que ha convertido el pago de la deuda en “prioridad absoluta”. Al igual que la banca, los recursos naturales y las grandes empresas estratégicas no pueden continuar en manos privadas, si queremos que la soberanía popular llegue algún día a ser algo real, efectivo, y no simple propaganda electoral.

España no puede luchar en solitario. Necesitaría que otros Estados en apuros (como Grecia, Italia, Portugal o Irlanda) se sumaran a una rebelión popular para poner fin a la dominación de la UE y la OTAN. La UE es una filial del imperialismo norteamericano y no una reunión de pueblos libremente asociados. Somos una pieza del Bloque Atlántico, que se disputa el control de los recursos estratégicos con el Bloque Asiático (Rusia y China). Hace falta acabar con esa dinámica de bloques y sólo se conseguirá mediante la recuperación de la soberanía nacional, lo cual implica reconocer y promover el derecho de autodeterminación de los pueblos. Se trata de un programa ambicioso, un verdadero desafío al capitalismo, que sólo ha sido planteado por fuerzas marginales de la izquierda, pero si no asumimos ese reto nos espera la miseria, la humillación y la destrucción de las libertades democráticas, cada vez más vulnerables y precarias. Una izquierda realista y honesta debería concienciar a la opinión pública, explicándole cuáles son las alternativas reales. La lucha de clases nunca desapareció. El socialismo no es una ideología muerta, sino una vía hacia el fin de las desigualdades y la emancipación de los pueblos. Hasta que no comprendamos eso, el capitalismo nos seguirá matando. Poco a poco, pero de forma inexorable. El poder popular no se materializará en círculos o asambleas, sino en la calle, la verdadera trinchera del pueblo trabajador. Y para conseguir eso, hace falta una pedagogía política sin miedo a desenmascarar al capitalismo. El ya desaparecido John Foster Dulles, Secretario de Estado de Estados Unidos entre 1953 y 1959, lo dejó muy claro: “Los Estados Unidos no tienen amigos; sólo tienen intereses”. No deberíamos olvidar esta frase, que muestra el núcleo duro del capitalismo, su verdadera e implacable filosofía. No hay espacio para reformas. La esperanza sólo puede nacer de la insurgencia y la ruptura, pero casi nadie se atreve a decirlo. Es más fácil depositar una papeleta en una urna y esperar, pero el desencanto y la ira brotarán más tarde o más temprano, cuando resulte evidente que el reformismo sólo es un ardid del sistema para desmovilizar a los descontentos. Los gobiernos lo saben y por eso endurecen sus leyes. El pueblo trabajador debería prepararse para luchar y resistir. Nos hace falta una nueva Comuna de París.

* Rafael Narbona

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