La coyuntura de la economía española en su larga crisis
La economía española sigue atrapada en un ciclo que alterna recesión, estancamiento y depresión. Combinada con una política de empleo nefasta, pone en el disparadero las tasas de paro. En el caso español, además, la posición desfavorable en la inserción en los mercados europeos, como le sucede a otros países de la periferia, en un marco de políticas e instituciones que favorece a los países centroeuropeos, y las políticas de austeridad aplicadas de manera más contundente aquí explican las diferencias con el resto de países de nuestro entorno. La aplicación de políticas de ajuste parece ser la orientación de los últimos gobiernos, sobre todo desde 2010, que han coincidido hasta el punto de constitucionalizar como objetivo absoluto el pago de la deuda pública, con una reforma del artículo 135 de la CE (aprobada por los dos partidos mayoritarios del Estado español), que pone por delante el interés de las grandes corporaciones frente al del conjunto de la ciudadanía.
Deuda fundamentalmente contraída desde 2007 por la caída de la recaudación fiscal, la regresividad del régimen fiscal y la evasión y el fraude de las rentas del capital y, especialmente, de las grandes empresas; y acelerada por la inmensa generosidad del rescate a la banca privada desde 2011, lo que mantiene intervenida en la práctica la mayor parte de la política económica, supervisada por Bruselas. Aunque los dos últimos gobiernos se han mostrado “ejemplares” (a iniciativa propia, yendo más allá de los postulados exigidos por la Troika) el que ahora está al mando ha llegado incluso más lejos que el anterior, con unos recortes históricos en casi todas las esferas de la actividad pública, ejecutando una reforma laboral sin parangón, que pulveriza los derechos sociolaborales y de la negociación colectiva. Esto ha propiciado la destrucción de empleo y una intensa devaluación salarial, quizá con el propósito de restaurar la tasa de rentabilidad en este último tiempo erosionada.
La deuda pública de la economía española, aún cuando todavía acumula un porcentaje inferior a la media de la eurozona, ha multiplicado por dos su peso, en términos del PIB, y no parece que, con los déficits crecientes acumulados (fundamentalmente por los costes del rescate bancario y de las prestaciones correspondientes al alto desempleo) haga otra cosa diferente a acelerarse. Salvo que cambiase drásticamente la orientación de la política económica. Un factor explicativo central del alto crecimiento de la deuda pública es la conversión de la elevadísima deuda de las empresas privadas en deuda soberana, al descargar el peso de la deuda privada sobre la ciudadanía, especialmente aquellas capas sociales que realizan un mayor esfuerzo fiscal en razón a su capacidad de renta: los y las trabajadoras.
Desde 2010 en España se ha procedido a un proceso de desendeudamiento que agudiza la crisis, y se adivina será duradero. Las empresas proceden a desapalancarse (pagar sus deudas para reducir su peso en sus balances), una vez sus costes financieros se han disparado hasta un nivel difícilmente soportable producto de una elevadísima deuda acumulada. Al destinar los recursos a pagar la deuda causa más recesión y, en particular, interrumpe las iniciativas y niveles de inversión. Es preciso advertir que este proceso de desendeudamiento puede ser prolongado, porque las empresas tardaron décadas en llegar hasta estos niveles y deben reducir sus compromisos financieros para que su actividad no siga asfixiada, más aún en un contexto de sequía del crédito.
El proceso de endeudamiento privado se impulsa ascendentemente desde finales de los 90, tras una fuerte desregulación financiera, y se acelera por el nuevo contexto creado por el Sistema Euro, donde las facilidades de crédito, en los países periféricos a tipos de interés reales históricamente muy bajos, no se aprovecharon para dar un impulso ordenado, innovador y avanzado a la inversión, sino que se dilapidó en la burbuja inmobiliaria y, aunque en menor medida, en el sector turístico (que en vez de diversificarse siguió la inercia del monocultivo del sol y playa hasta el punto de saturar buena parte de nuestra costa), con el consiguiente endeudamiento masivo. Ese proceso se agota a partir de 2007, donde se alían irremediablemente la erosión de la tasa de beneficio y el incremento de los costes financieros de las empresas. Desde entonces el problema de la deuda privada es el principal de todas las economías de la periferia europea (salvo Grecia), que ha sido enfrentado con diferentes mecanismos de socialización hasta el punto de trasladar al sector público, y a la espalda de las mayorías sociales, la crisis de las empresas privadas, en especial de las corporaciones del sistema financiero. La vía en que se ha logrado este resultado paulatino de relativa conversión de la deuda privada en pública ha consistido en, primero, establecer un régimen fiscal con una presión fiscal muy inferior a la media europea, muy laxo con las rentas del capital y con el fraude, reduciendo drásticamente los ingresos públicos; en segundo lugar, aumentar el gasto público, sobre todo por las ayudas directas a la banca. Desde 2009 hasta finales de 2012, el Estado español se ha endeudado en 136.083 millones de euros para ayudar al sector bancario. Esto supone que de todo lo que se ha endeudado el Estado (pasando del 40,2% al 84,2% del PIB) desde entonces, un 41,26% ha sido para dárselo a las entidades financieras españolas y otro 29,38% ha sido para dárselo a los acreedores de la deuda pública española en concepto de intereses. Esto es, el 70% del incremento de la deuda tiene relación directa con los mal llamados rescates –que, por otro parte, condicionan la política económica, pautada por los tratados de austeridad marcados desde Bruselas-. En definitiva, desde 2009 hasta finales de 2012, la deuda pública ha aumentado aproximadamente un 18% sobre el PIB debido a las ayudas a la banca; un 13% sobre el PIB debido al pago de intereses de deuda pública, y otro 13% sobre el PIB al gasto corriente que excede los exiguos ingresos fiscales.
El mundo empresarial ha observado en esta duradera crisis como su tasa de rentabilidad [1] ha descendido notablemente (ver Tabla 1 en Anexo), mientras sus costes financieros siguen lastrando los resultados, lo que apenas permite nuevas inversiones y crear de empleo. Asimismo, la caída de las inversiones y del consumo (debido al paro, la devaluación salarial, los recortes en el sector público y la incertidumbre reinante) han ocasionado un descenso muy acusado del nivel de actividad y de los negocios. Las empresas han optado por desinvertir e ir afrontando el pago paulatino de sus deudas, fortaleciendo sus niveles de solvencia. Sin embargo, esta estrategia está fracasando porque la disminución de la actividad económica real está colapsando la capacidad de hacer frente a las deudas de las empresas, dado el contexto recesivo. En suma, las estrategias de las empresas privadas, movidas al unísono hacia una línea de desinversión y reducción de la actividad, propician más recesión aun y profundizan la crisis, impidiendo, en última instancia, superar el problema de endeudamiento que arrastraban y procuraban aliviar. En un contexto de ausencia de medidas del sector público, el escenario general es de creciente colapso.
Parecería más sensato que la incapacidad e ineficiencia de los mecanismos de mercado, y de las estrategias del mundo empresarial privado, fuesen compensadas por una mayor iniciativa del sector público. Sin embargo, la política económica dominante se está basando en transferir el problema de la deuda al Estado, aplicar más recortes en las inversiones y políticas sociales que venían desde el ámbito de lo público. De tal manera que al deterioro de los niveles y capacidad de consumo de los hogares se suma el retrotraimiento del sector público, en materia de inversión y políticas sociales. Esto es, en definitiva, un nuevo factor añadido para conducir a la depresión económica.
En suma, dadas las circunstancias, los problemas estructurales de fondo, y las medidas aplicadas, lo más probable es que la recesión que ahora atravesamos suponga inclinarse a la depresión en 2013 probablemente prolongándose en 2014. Tras ese periodo, si acaso, la sangría empresarial, puede que reactive la economía española con las supervivientes. Pero es difícil que lo haga en forma intensa, lo que no augura un escenario que mejore un mero estancamiento. Para evitarlo no es suficiente con que se dilaten los compromisos que la Troika exige en materia de austeridad y objetivos de déficit, ni siquiera los escasos fondos y el mal diseño de las ayudas para el empleo juvenil, sino que sería necesario un viraje en los ámbitos de la política fiscal, con un esfuerzo fiscal más soportado en las rentas del capital y no tanto del trabajo, de redistribución intraeuropea, y de inversiones públicas más intensas, capaces de generar empleo a gran escala y de calidad, así como de orientar y desbloquear la inanición de la iniciativa privada en este contexto de desapalancamiento (o lo que es equivalente, el proceso de desendeudamiento) y cortocircuito del crédito. Sin duda alguna, estos parámetros invitan a plantearse medidas que revisen las relaciones y compromisos entre acreedores y endeudados a diferentes escalas, la regulación del sistema financiero privado, y situar en la agenda la urgencia de una banca pública que promueva el crédito, orientado a actividades socialmente útiles.
[1] [1] Conviene distinguir entre tasa de rentabilidad (que el rendimiento en relación con la inversión), la masa de beneficio (que es el excedente absoluto acumulado), del peso del excedente bruto de explotación en la renta nacional. Mientras que el primero y el segundo se han visto reducidos (lo que no impide que en el juego de la competencia una minoría de empresas pueda augurar una situación que les va a favorecer, al quedarse con cuota de mercado de otras empresas desaparecidas), el peso del excedente en la renta nacional se ha incrementado, ante el drástico desplome del fondo de salarios
– Cuestionario LOQUESOMOS: Daniel Albarracín
