La Iglesia Católica solo dedica a Cáritas un 2% del dinero que recibe del Estado
Por Eugenio Piñero*
La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta anualmente una Memoria anual de actividades de la Iglesia Católica (IC) con la que pretende ofrecer una justificación del dinero que recibe por parte del Estado español en concepto de Asignación Tributaria. En mayo de 2023 presentó la Memoria referida a las cuentas de 2021
La Asignación Tributaria es un sistema de financiación pública de la Iglesia Católica a través de la Declaración anual de Renta. El contribuyente puede marcar la “X” a favor de la IC en su Declaración, lo que supone que el 0,7% de su cuota íntegra se le abonará directamente a la IC. En 2021 la IC recibió 321,3 millones de euros gracias a la Asignación Tributaria, dinero que sale de las arcas públicas, es decir, del bolsillo de toda la ciudadanía española, y que se desvía a una corporación privada.
Hasta 2006 la IC era la única entidad que tenía el privilegio de no pagar el IVA de las compras que realizaba. La Comisión Europea exigió al gobierno español que obligara a la Iglesia Católica a pagarlo, como a cualquier otra entidad o ciudadano de la Unión Europea.
Y el gobierno socialista lo hizo, pero le compensó con una subida de la Asignación Tributaria, del 0,52% al 0,7% a partir de ese año. Este acuerdo con la IC conllevaba la obligación por su parte de presentar una Memoria en la que quedaran justificadas las cuentas; es decir, una Memoria en la que se justificara en qué se gastaba las cantidades recibidas cada año por este concepto. De ahí que la IC presente una Memoria anualmente.
Pero la La Iglesia Católica incumple sistemáticamente la obligación adquirida de justificar en qué se gasta el dinero público que recibe por las X de la Renta, ya que las casi 100 páginas que presenta la IC están dedicadas prácticamente a publicitar el número de parroquias, número de misioneros, seminaristas, monjas de clausura, bautizos, comuniones, fieles laicos, países donde tiene presencia, universidades, alumnos, santuarios, bienes inmuebles BIC, fiestas religiosas… Y solo menos de 10 páginas las dedica a explicar lo que realmente debería justificar: el empleo del dinero público en concepto de Asignación Tributaria.
El gobierno, que es quien debería fiscalizar cómo y en qué se gasta la IC el dinero público que recibe, hace absoluta dejación de funciones, tal y como ya denunció el Tribunal de Cuentas en su informe sobre las cuentas de la IC de 2017. Y desde entonces nada ha cambiado en la actitud del ejecutivo. Los sucesivos gobiernos (populares y socialistas) han “mirado para otro lado” y no han vigilado en qué se gasta la IC el dinero público recibido, ni le han exigido a la IC una verdadera justificación. Y es por ese motivo por lo que la organización Europa Laica realiza un Informe crítico sobre las Memorias anuales de la IC.
El Informe crítico de Europa Laica sobre las cuentas presentadas en la Memoria desvela, entre otras cosas, que de los 321,3 millones de euros que recibió en 2021 en concepto de Asignación Tributaria, el 65,1% lo empleó en los salarios de sacerdotes y obispos, en el pago de la Seguridad Social de los mismos y en el funcionamiento de la propia Conferencia Episcopal. Y solo destinó un 2% (6,5 millones de los 321,3) a Cáritas.
Con los datos ofrecidos por la propia CEE podemos descubrir la falsedad de su publicidad engañosa, cuando anima en la campaña de renta a que el contribuyente marque la X de la IC para así poder destinar dinero a obras sociales y caritativas. La realidad es bien diferente: solo 6,5 de los 321,3 millones los gasta en ese concepto. Los 315 millones restantes, los gasta en otros asuntos menos caritativos.
Otro dato sorprendente que arroja su Memoria de actividades es que cada año la IC presenta “superávit” (le sobra dinero) que invierte, parte en un “fondo de reserva” (es decir, lo destina a inversiones financieras para su propio beneficio), y parte en subvencionar a 13 TV, su televisión privada. Esto último ha sido denunciado por la propia Comisión Europea por violación de las leyes de la competencia, ya que la IC destina dinero público a una cadena privada de televisión. En 2021 destinó 6 millones a 13 TV y 32,8 millones los invirtió en su “hucha particular”.
Por otro lado, la IC invierte casi tanto dinero en publicidad dirigida a convencer al contribuyente para que marque la X de la IC como el que destina a Cáritas diocesanas. En 2021 gastó en publicidad 5,1 millones de euros. La inversión resultó un buen negocio, pues consiguió multiplicar por 60 la cantidad de millones empleados en publicidad.
En el Informe crítico también se analizan otros aspectos, como la creciente secularización de la sociedad española (menos bodas, menos bautizos, menos comuniones, menos católicos practicantes), así como el descenso del alumnado de Religión en los colegios y el descenso continuo de contribuyentes que marcan la X de la IC en la declaración de renta. Este continuo desapego de la sociedad española respecto de la IC obliga a una urgente revisión del sistema de financiación pública de esta corporación religiosa.
Desde Europa Laica se denuncia la situación privilegiada de la IC en el seno de la sociedad española; privilegios no solo económicos, sino también sociales, educativos, legislativos, etc. Situación de privilegio que deriva de los Acuerdos firmados en 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, además de una larga lista de leyes que llegan a considerar a la IC como una entidad sin ánimo de lucro. Cosa realmente difícil de creer después de descubrir que anualmente la Iglesia Católica recibe aproximadamente 12.000 millones de euros de dinero público en subvenciones directas e indirectas (exenciones de impuestos) y después de haberse apropiado de alrededor de 100.000 inmuebles por el inmoral procedimiento de la inmatriculación (calles, parques, solares y monumentos incluidos).
La Iglesia Católica española se comprometió, con la firma de los Acuerdos de 1979, a la autofinanciación, lo que a día de hoy no solo no ha ocurrido, sino que las subvenciones con dinero público han ido en aumento. Después de 44 años de incumplimientos, es obligado plantearse la derogación o anulación de dichos Acuerdos.
Sin embargo, los diferentes gobiernos siguen dando por buenos esos Acuerdos y no cesan de subvencionar con cantidades mil millonarias a esta corporación privada “con ánimo de lucro”. ¿Hasta cuándo?
* Vicecoordinador de Valencia Laica y autor del Informe sobre la Memoria de Actividades de la Iglesia Católica.
Publicado en la revista El Otro País, n.º 108 (página 22)
– Ilustración realizada por Acacio Puig
– Somos Agnósticas, Ateos, Librepensadores
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