La lacra ultra sobre los Agulló

Cuando el próximo jueves se cumplan dos décadas de la muerte del joven antifascista Guillem Agulló, su familia mirará de reojo el teléfono. Hasta hace poco más de un año, la ultraderecha recordaba con puntualidad suiza cada aniversario del crimen. Llamadas con amenazas de muerte a medianoche y pintadas con cruces célticas ante la casa familiar en Burjassot (Valencia; 38.000 habitantes). Misivas anónimas desestimadas en los juzgados por falta de pruebas. Sin arrestos. Advertencias que modificaron itinerarios. “Nos decían: ‘Rojos, os vamos a matar”, relata el padre, un afable prejubilado de 63 años que fue concejal de la izquierda nacionalista en los ochenta. Las intimidaciones llegaron al móvil de una de sus dos hijas. El cerco permanece impune.

Agulló tenía 18 años cuando una navaja hundida en el corazón frenó su prometedora carrera de nadador. Había sido preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Su vida basculaba entre la dureza de los entrenamientos y el compromiso político en los grupos antifascista Sharp y nacionalista Maulets. El joven carismático quedó noqueado en 1992 por el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez, primer crimen xenófobo de España. Y se prometió combatir el odio.

El ultraderechista Pedro Cuevas le asestó la cuchillada letal en abril de 1993, cuando Agulló se encontraba en una acampada con amigos en Montanejos (Castellón). El antifascista portaba un brazalete con el lema “Nazis no” bordado por su madre, Carme. Un mensaje que incendió la violencia. Los agresores que le rebanaron la vida se despidieron a la romana y cantando el Cara al sol, según una amiga. “Cuando los compañeros les vieron, les identificaron como neonazis”, explica por primera vez esta testigo, que pide el anonimato.

La Audiencia Provincial de Castellón despolitizó la causa. Rechazó el trasfondo ultra. Condenó a Cuevas a 14 años de prisión por homicidio, que se redujeron a cuatro por buen comportamiento. Una de las abogadas de Agulló, la entonces primeriza Mercè Teodoro, atribuye la exigua pena a una calculada estrategia de la defensa, pilotada por letrados con fama de progresistas, que enmarcaron la muerte en una pelea juvenil.

Dos décadas después, el padre sostiene que el encuentro mortal no fue fortuito. Asegura que un amigo de su hijo le confesó tras el crimen que Agulló estaba amenazado por la extrema derecha, que había pensado en marcharse de Valencia y que un miembro de Burjassot del grupúsculo neonazi Acción Radical (AR), propagador por el corazón de la Valencia de los noventa del odio contra homosexuales, inmigrantes y toxicómanos, avisó a los agresores de la presencia del antirracista en Montanejos. Este periódico ha intentado sin éxito contactar con Manuel Canduela, condenado por pertenecer a la desmantelada AR y actual presidente del partido ultra Democracia Nacional (DN).

Quienes conocieron a Agulló se revuelven con la sentencia. Y se encienden al repasar la deriva extremista del único condenado, que hoy tiene 41 años. El homicida se presentó en 2007 en las listas por Chiva (Valencia) de Alianza Nacional (AN), una formación heredera del partido fundado por Ricardo Sáenz de Ynestrillas que preside el abogado Pedro Pablo Peña. Propugna en su web la imposición del ius sanguinis, derecho de sangre, para obtener la nacionalidad, en la línea de los fascistas griegos de Amanecer Dorado o del movimiento húngaro Jobbik.

“Esto es propio de partidos que se identifican con el nazismo”, explica la investigadora Anna Ortega. Antes de su aventura electoral, el homicida de Agulló fue detenido en 2005 en la Operación Panzer, que desmanteló una presunta red neonazi que operaba bajo la organización Frente Anti Sistema (FAS). El grupo justificaba el III Reich, divulgaba el nacionalsocialismo por Internet y alentaba el odio contra inmigrantes y homosexuales, según la fiscalía. La Guardia Civil se incautó en la casa de Cuevas, en el barrio valenciano de Benicalap, de 40 brazaletes con esvásticas, una daga nazi y puños americanos prohibidos. También moldes para producir hebillas con el emblema de las SS. El homicida de Agulló fabricaba supuestamente este material. El juicio a los 18 miembros del FAS, entre los que figuran dos militares, se celebrará en las próximas semanas. La fiscalía pide dos años de prisión para Cuevas por asociación ilícita.

Un camarada del homicida de Agulló fue el exresponsable de Alianza Nacional en Valencia Juan Manuel Soria. El ministerio público le sitúa en la cúpula del FAS. La Guardia Civil encontró en su vivienda de Chiva reflexiones sobre el nacionalsocialismo; documentación sobre AN, que se constituiría medio año después en Madrid; planes para crear la asociación medioambiental de corte ultra Pensamiento y Acción Ecologista (PAE) y un carné de Nueva Acrópolis, según ha podido saber EL PAÍS. Los afiliados al FAS pagaban una cuota de 40 euros y reclutaban con conciertos de música RAC (rock anticomunista). El instituto armado sospecha que el grupo preveía crear una asociación tapadera de amigos de la II Guerra Mundial.

Los tentáculos del FAS también alcanzaban presuntamente a un dirigente del partido ultra España 2000. Su segundo concejal en Silla (Valencia), Alejandro Serrador, El Silla, está imputado en la Operación Panzer. Su abogado y presidente de la formación, José Luis Roberto, confía en un escrito colgado en Facebook en que la implicación del edil acabe en una falta por tener en su domicilio “una vieja escopeta de caza sin documentos”. Serrador carecía de licencia, guardaba en casa objetos de “parafernalia neonazi” y almacenaba más de una decena de armas blancas, según la fiscalía.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, cree que el homicidio de Agulló alertó sobre la dimensión de los crímenes ideológicos. La abogada de la familia opina que reveló la “tendencia” de los tribunales valencianos a “despolitizar” las causas. Y la Plataforma contra la Impunitat, que reúne a una treintena de asociaciones, considera que evidenció el alcance de la violencia ultra en la Comunidad Valenciana, donde desde 2007 se han colocado más de una veintena de artefactos explosivos ante sedes de partidos de izquierda y asociaciones culturales. Coinciden en que el huevo de la serpiente ya se incuba. Según Ibarra, desde la muerte de Agulló se han registrado más de 80 homicidios por odio en España. Una maraña de 2.000 webs nazis y racistas infecta el ciberespacio. Y 4.000 agresiones al año propagan la ira al diferente.

Cae la tarde en Burjassot y el padre de Agulló se encoge de hombros, impotente, al repasar el periplo ultra de Cuevas y su entorno. Pide que la fiscalía reabra el juicio. Su hijo se ha convertido en un faro moral para la izquierda. Tiene una plaza en su pueblo, poemas y canciones dedicadas por cantautores y grupos como Obrint Pas. “Hoy estaría entre nosotros si no se hubiera parecido tanto a mí”, sentencia este hombre de convicciones sólidas como el acero. Se ha recorrido media España para explicar cómo era su hijo. Y el próximo sábado asistirá al homenaje organizado por sus amigos en Burjassot.

Como ellos, ni olvida ni perdona.